¿Se vulneraron el principio a la igualdad, al debido proceso y los derechos políticos del actor, por el hecho que tanto la jurisdicción penal como contencioso administrativa se hayan negado a declarar la ineficacia de la sanción penal por el delito de peculado por destinación oficial diferente, en razón de la modificación de la descripción típica del delito y con ello, dejar sin efectos la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos prevista en el artículo 122 C.P. Sección Quinta del Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este Tribunal, en síntesis, concluyó que era necesario modificar su precedente al respecto y señalar que el principio de favorabilidad no resultaba predicable respecto de la evaluación sobre la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, en tanto ese escenario es ajeno al del derecho sancionador y se inscribe, en contrario, en la garantía de la transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública. La Sala ha concluido que en tanto el ejercicio de cargos y funciones públicas es un derecho político de raigambre constitucional, cuando concurre un cambio normativo que quita sustento jurídico a la causal de inhabilidad para dicho ejercicio, debe primar la eficacia del derecho fundamental. Improcedencia de la acción de tutela al haberse pronunciado una Alta Corte sobre el problema jurídico planteado y esta sentencia no ha sido objeto de reproche de constitucionalidad - [Resumen automatizado: Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.” Al sintetizar los requisitos generales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación, en la sentencia C-590 de 2005, describió el defecto sustantivo como “los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.” || El precedente sobre pérdida de eficacia de las inhabilidades no resulta aplicable al caso del accionante, al menos por tres tipos de razones: (i) la falta de una acusación particular y concreta contra la decisión del Consejo de Estado; (ii) la inexistencia de un cambio normativo o un hecho sobreviniente que afecte la sentencia adoptada por dicho alto tribunal; y (iii) la ausencia de carácter objetivo de la causal alegada para modificar el supuesto jurídico que dio lugar la inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas.] - [Palabras claves: sentencia, tutela, principio, penal, corte, favorabilidad, derechos, aplicación, acción, consejo, judicial, decisión, constitucional, sala]