El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección del señor Antanas Mockus como Senador de la República porque encontró acreditada la causal de inhabilidad "celebración de contratos con entidades públicas", debido a que se demostró que aquel era el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro CORPOVISIONARIOS, quien en noviembre de 2017 celebró contratos con entidades estatales. En relación con la delegación nos encontramos en el marco del derecho civil, concretamente en la posibilidad que tiene el presidente de CORPOVISIONARIOS -un particular- de entregar al director ejecutivo -otro particular- una potestad que los estatutos le asignaron a él. En el derecho privado la acción de "delegar" se cristaliza a través del contrato de mandato, debido a que es mediante este negocio jurídico que se permite que los particulares entreguen a otro el curso de las acciones, funciones y-o responsabilidades que están a su cargo. Cuando los estatutos de CORPOVISIONARIOS permitieron al presidente "delegar" la representación legal de la ESAL al director ejecutivo, en realidad, le dieron autorización para que este, si así era su deseo, entregara a un tercero esa potestad. Sin que ello implicara que aquel dejara de ser representante legal, pues únicamente transmitía la función, pero no perdía su condición o cargo. Es decir, delegar la representación no implicaba que el presidente, es decir el señor Mockus, dejara de ser temporalmente el representante de CORPOVISIONARIOS o que compartiera esa calidad con el director ejecutivo, lo que ello implicaba es que aquel autorizó a un este último para que en su nombre y representación ejerciera una facultad y potestad que era suya. Por lo anterior, la Sección comprobó que el director ejecutivo actuó en nombre de quien verdaderamente tenía la representación legal de la entidad, esto es del demandado, es decir del mandante y por ende, los contratos fueron en realidad celebrados por este último incurriendo así en la prohibición contenida en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución

Se demandó la nulidad del acto de elección de Antonio Sanguino Páez, quien fue elegido Senador, alegando inhabilidad por coincidencia de periodos pues había sido elegido Concejal de Bogotá para el período 2016-2019. Las pretensiones no prosperaron porque previo a la inscripción de su candidatura al Congreso, el demandado había renunciado a la duma distrital. En conclusión, la inhabilidad consagrada en el artículo 179.8 de la C. Política, se materializa en el caso que un ciudadano resulte electo para más de una corporación o cargo público, cuando los respectivos períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente y no obre renuncia previa, que en este caso en concreto, debe ser con anterioridad a la inscripción de la candidatura. Al haberse inscrito y aceptado el demandado su candidatura al Congreso el 11 de diciembre de 2017, se tiene que la renuncia a la duma distrital se hizo en término, dado que la misma fue aceptada el 23 de noviembre de 2017 con efectos a partir del 1º de diciembre del mismo año, dado que la locución preposicional "a partir", quiere decir "desde", lo que significa que el 1º de diciembre de 2017 dejó de ser Concejal de Bogotá. Es decir, aun cuando se trata de períodos institucionales, los artículos 280.8 de la Ley 5 de 1992 y 44 de la Ley 136 de 1994 para el caso en concreto, crearon una excepción al régimen de inhabilidades por la coincidencia de períodos de que trata el artículo 178.9 de la C. Política y es que si se presenta la renuncia previo a la inscripción para el nuevo cargo de elección popular desaparece la inhabilidad, lo anterior al configurarse una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal, antes de la inscripción como candidato al Congreso

¿Debe ser anulada la elección del señor Cesar Augusto Lorduy Maldonado como Representante a la Cámara, según la causal de nulidad contenida en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA, por estar incurso en la inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 1 de la C. Política, por haber sido supuestamente condenado a pena privativa de la libertad? La Sala concluye que el demandante no demostró con grado de certeza que el señor Lorduy haya sido condenado penalmente a pena privativa de la libertad, elemento material de la inhabilidad consagrada en el numeral 1 art. 179 de la C.P., pues ni en el certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales proferido por la Policía Nacional se señala la existencia de algún antecedente penal. Según el demandante los periodos para los cuales el señor Lorduy fue designado como miembro de los consejos superiores o directivos o de las juntas directivas de la Universidad del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la ANDI, Asoportuaria, la Universidad de la Costa - CUC, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, y la sociedad Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S., coinciden en el tiempo con el de congresista para el cual fue elegido, sin que la renuncia a esos cargos enerve la inhabilidad, pues, a su juicio, fue elegido para más de un cargo público. La Sala anticipa que negará este cargo toda vez que ninguna de las anteriores designaciones corresponde a una elección en una corporación o cargo público

Únicamente la sanción disciplinaria que expresamente impongan inhabilidad tiene la capacidad de afectar el acto de elección o nombramiento de un funcionario público - Para la Sala es errónea la afirmación de los demandantes cuando aseveran que "para desempeñar el cargo de congresista se requiere tener ausencia de sanciones disciplinarias", toda vez que, ni la ley ni la Constitución prevén tal requisito para desempeñarse como Congresista, como quiera que lo que realmente exige el ordenamiento jurídico es que la sanción disciplinaria no sea de aquellas que inhabilitan para el ejercicio de cargos públicos. Así las cosas y en consideración a la taxatividad propia del régimen de inhabilidades no cabe otra conclusión sino afirmar que solo aquellas sanciones que expresamente impongan inhabilidad, serán las que tengan la facultad de limitar el derecho político de ser elegido

No se le puede otorgar consecuencias jurídicas a un documento del que evidentemente no se desprenden el mínimo de presupuestos para que se configure la inhabilidad para ser congresista cuando se interviene en la gestión de negocios o celebración de contratos con entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección - No puede la Sala Quinta del Consejo de Estado otorgarle consecuencias jurídicas a un documento del que evidentemente no se desprenden el mínimo de presupuestos para que se configure la inhabilidad endilgada, en el caso en concreto, el documento fue tomado de una página web cuya dirección electrónica es ilegible, lo que hace dudar aún más a la Sala sobre su procedencia y autenticidad, en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso. En este sentido, no sobra advertir, que la ley procesal impone a las partes cargas probatorias de obligatorio cumplimiento, que le permitan al juez esclarecer los aspectos planteados en la litis; lo que dentro del plenario se echa de menos por la parte accionante

Jurisprudencia Unificación. Esta providencia reitera la sentencia de unificación de 26 de marzo de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-0034-00. La adecuada interpretación del factor temporal de la inhabilidad contemplada en el num. 5 del art. 179 de la Constitución se configura desde el día de inscripción de la candidatura al cargo de elección popular hasta el día en el que efectivamente se declare la elección del candidato. La Sala considera que la tesis actual respecto del factor temporal de la inhabilidad para ser congresista por tener vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política, desconoce el derecho a la igualdad en materia electoral como finalidad propuesta al establecer dicha inhabilidad consagrada en el artículo 179-5. Para que se entienda estructurada la causal de inhabilidad prevista en la norma en comento, es necesario que se verifiquen los siguientes presupuestos: a.- Que exista un vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. b.- Que el vínculo sea con un funcionario que ejerza autoridad civil o política. c.- Que el ejercicio de esa autoridad tenga lugar en la respectiva circunscripción electoral y cuando menos el día de las elecciones

Ante la falta absoluta generadora de vacancia (la renuncia) no puede predicarse período en curso y, por tanto, si éste no existe no rige la inhabilidad para ser congresista - A fin de que se estructure la causal de coincidencia de períodos quien aspire a ser Senador o Represente a la Cámara no podrá momento de la inscripción. En el primer evento, a efectos de que no se configure la inhabilidad el candidato debe haber formalizado la respectiva renuncia. En cuanto a la renuncia, genera la vacancia absoluta del cargo y, por ende, ante dicha vacancia absoluta del encontrarse como Concejal o Diputado ni tener la calidad de servidor público al cargo de concejal o diputado, NO ES POSIBLE que para ellos rija la prohibición que consagra el artículo 179-8 de la Constitución Política, toda vez que se entiende que el respectivo período en esas corporaciones se extinguió

Cuando no se ejerza la autoridad civil que describe el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política sobre la inhabilidad para ser congresista por vínculos por parentesco con funcionarios que ejerzan dicha autoridad, la inhabilidad no será procedente - La autoridad civil consiste en la potestad para producir el ejercicio de actos de poder y mando, que se expresan y se hacen cumplir sobre los ciudadanos y la comunidad en general, con posibilidad incluso de compulsión o de coerción por la fuerza. Son expresión exógena de la autoridad. En otras palabras, "la autoridad civil implica la posibilidad de tomar decisiones en materia de policía administrativa, materializadas en actos administrativos, y de hacerlas cumplir incluso en contra de la voluntad de los destinatarios". Ahora bien, cuando no se ostenta en el desarrollo del cargo no función de policía administrativa alguna. No tenía competencia para dictar "actos de autoridad", que denoten en su ejecución control sobre la comunidad en general, la administración o los demás servidores públicos, por ende, ante la falta de acreditación del ejercicio de autoridad civil, no existe configuración de la causal de inhabilidad que invoca el numeral 5 del artículo 179 constitucional

Se genera inhabilidad para ser elegido congresista cuando haya intervención en gestión de negocios ante entidad pública dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección - Se reitera que en cuanto a la casual imputada de inhabilidad, la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado tiene decantado el criterio de que los elementos que la configuran son: i) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, ii) en interés propio o de terceros, iii) dentro de los seis meses anteriores a la elección y iv) en la misma circunscripción de la elección. No obstante, también ha precisado la jurisprudencia que no todas las diligencia que se adelanten ante entidades públicas pueden ser consideradas a la luz del ordenamiento electoral como "gestión de negocios" porque no necesariamente conllevan el rompimiento de la equidad frente a los demás candidatos o frente a los particulares que aspiren a celebrar un convenio con la administración pública, que es el bien jurídico que se pretende amparar con la prohibición constitucional

La adecuada interpretación del factor temporal de la inhabilidad contemplada en el num. 5º del art. 179 de la Constitución se configura desde el día de inscripción de la candidatura al cargo de elección popular hasta el día en el que efectivamente se declare la elección del candidato - La Sala Quinta del Consejo de Estado considera que la tesis actual respecto a cómo debe entenderse el factor temporal de la inhabilidad para ser congresista por tener vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política, desconoce el derecho a la igualdad en materia electoral como finalidad propuesta por el constituyente al establecer dicha inhabilidad consagrada en el numeral 5º artículo 179 Constitucional. Por consiguiente, es evidente que solo mediante la adopción de una interpretación diferente a la hasta ahora adoptada se puede alcanzar en mayor medida el objetivo fijado para esta disposición, esto es, impedir que el poder político se concentre en manos de pocas familias

¿Procede la solicitud de medida cautelar de urgencia en procesos electorales? No, el procedimiento electoral está instituido como un trámite contencioso especial caracterizado por su celeridad, goza de normas propias que procuran garantizar los principios que lo sustentan, en virtud de la naturaleza del acto administrativo cuya legalidad se cuestiona. En materia de medidas cautelares, la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo electoral corresponde al único mecanismo cautelar que puede formularse de cara a "proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia". En cuanto al carácter de urgencia con el que el demandante pide la medida y cuya razón de la inminencia nada explica, dice la Sala que comoquiera que en este proceso de nulidad electoral, a las voces del inciso final del artículo 277 ibídem la solicitud de medida cautelar se resuelve en el auto admisorio dictado por la Sala, podría, en principio, decirse que esta medida tiene la misma connotación de aquellas catalogadas como de urgencia, puesto que no implica la exigencia de adelantar el trámite que prevé el artículo 233 en relación con el traslado en auto separado de la solicitud al demandado en el término de 5 días para que se pronuncie sobre ella. Sin embargo, en estricto sentido no equivale a la medida cautelar de urgencia de que trata el artículo 234, pues como se señaló previamente ésta se decreta por el ponente, mientras que en el electoral, la medida de suspensión debe ser resuelta por la Sala de decisión. De acuerdo con lo anterior, en tanto la medida cautelar de urgencia no se predica del proceso electoral en los términos en que se encuentra concebida en el artículo 234