Jurisprudencia Unificación. Interpretación del factor temporal de la inhabilidad consagrada en el artículo 179.5 de la C. Política. Para la Sala Plena es palmaria la necesidad de unificar jurisprudencia en este punto de derecho, buscando fortalecer la seguridad jurídica e igualdad, evitar la afectación de la congruencia interna del ordenamiento jurídico y proporcionar una jurisprudencia sólida y unificada como criterio de interpretación para evitar la incertidumbre tanto para operadores jurídicos como para ciudadanos, quienes pueden verse sorprendidos con decisiones contradictorias respecto de la configuración de la inhabilidad por la misma causal y bajo idéntico supuesto. El factor temporal de la inhabilidad debe interpretarse en el sentido de que inicia el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y culmina en la fecha en que se realizan los comicios para su elección, inclusive, porque afianza la eficacia de la norma constitucional. La Sala estima que se debe privilegiar una interpretación del numeral 5 del artículo 179 de la C. Política que se ajuste al propósito regulatorio de las inhabilidades y produzca efectos jurídicos en atención a la mayor garantía de los principios y valores democráticos protegidos por la Constitución, y ello se logra bajo el entendimiento de que la inhabilidad se configura si el pariente del candidato o del elegido ejerce autoridad en el lapso comprendido entre la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y la fecha de la elección del candidato, inclusive

Sentencia de Unificación. Se reitera la regla consistente en que en virtud de lo dispuesto en el ordinal 5.º del artículo 179 de la Constitución Política, todo aspirante a la Cámara de Representantes se encuentra inhabilitado para postularse y ser elegido como tal si tiene vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, ya sea con personas que ejerzan autoridad civil o política en una entidad del orden departamental por el cual se surte la elección, o con aquellas que ejerzan autoridad civil o política en un municipio que haga parte del departamento por el cual aspiran a ser congresistas

Reitera la Sala que la renuncia al cargo de elección popular impide la configuración de la inhabilidad del artículo 179, numeral 8 de la Constitución Política -"Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público, ni para una Corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente" \Generalidades de la pérdida de la investidura de congresista \Las diferencias entre las acciones públicas de nulidad electoral y la pérdida de investidura

Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por estar incursa en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 122 inciso final de la C.P - Por haber dado lugar, como servidor público, a que el Estado fuese condenando al pago de una reparación patrimonial - Que la condena sea producto de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada\ Pérdida de investidura por tráfico de infuencias - Fuentes Jurisprudenciales - Elementos constitutivos de la causal

¿La inhabilidad para ser elegido congresista del artículo 122 de la Constitución se configura en virtud de una sentencia condenatoria en firme dictada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acción de repetición? El artículo 122 in fine de la Constitución Política, establece una causal de inhabilidad diferente a las consagradas en el artículo 179 ibídem, la cual dispone que no podrá ser congresista una persona que haya causado una condena patrimonial al Estado, con ocasión de una conducta calificada como dolosa o gravemente culposa en una sentencia judicial ejecutoriada. En concepto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la inhabilidad instituida en el artículo 122 de la Constitución in fine, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2004, se configura en virtud de una sentencia condenatoria en firme dictada también por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en acción de repetición

¿Incurre en conflicto de intereses un congresista que participe en la votación en la cual se considere su traslado de una Constitucional Permanente a otra? - No, el acto de traslado de una comisión a otra compromete la voluntad política del Congresista y envuelve el ejercicio de un legítimo derecho que la Ley confiere por una sola vez a los miembros de cada una de las Cámaras. - pérdida de investidura de congresistas -Principio de favorabilidad - Violación del régimen de incompatibilidades congresistas - Competencia del Consejo de Estado para declarar la pérdida de investidura a congresistas por su participación en actividades relacionadas con los denominados grupos paramilitares

Para efectos de la configuración de inhabilidades de congresista, ¿la intervención en las etapas subsiguientes a la celebración del contrato, ejecución y liquidación, constituye gestión de negocios ante entidades públicas? Cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de tercero

¿Constituye conflicto de intereses y, por tanto, causal de pérdida de investidura la participación de un Congresista en la elección del Procurador General de la Nación pese a que en su contra -del Congresista- este Órgano de Control haya abierto una investigación? Si bien de acuerdo con el artículo 276 Constitucional, corresponde al Senado elegir al Procurador General de la Nación, éste servidor no es un agente delegado, dependiente, adscrito o vinculado ni esta Cámara ni al Congreso, esta función de elección es el resultado del principio de colaboración armónica que la misma Constitución en su artículo 113 prohíja. De otro lado, expone que en el caso concreto no se constituyó un conflicto de intereses en razón a que, cada Senador elige desde su fuero interno a quien considere el mejor candidato, a efectos de satisfacer el bien común, por tanto, los intereses en el ejercicio de esa función no chocan o se enfrentan ni siquiera en el evento en que, contra el Congresista pesen investigaciones a cargo del órgano de control. De esta forma, advierte que este hecho no los inhabilitaría para participar en la elección