La sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas tiene como destinatarios los servidores públicos aun cuando se encuentren retirados del servicio - Se trata de una inhabilidad sobreviniente, más no de una incompatibilidad como ahora lo sugiere, razón por la cual no se puede predicar que se haya revelado con el acto demandado una nueva causal de esa naturaleza, sino que se trata como se ha dicho, de los efectos de una sanción accesoria aplicados en el ejercicio presente de la función pública, que le generó la imposibilidad de seguir ejerciendo como concejal o en general en cualquier empleo como servidor público, mientras la sanción se encontrara vigente. De otra parte, debe recordarse que el artículo 36 de la Ley 734 de 2002, incorporó las inhabilidades, incompatibilidades y el conflicto de intereses señalados en la Constitución y la ley, como en efecto lo hizo con lo previsto en los artículos 36 a 40 ídem, y particularmente lo concerniente al artículo 37, que trata de las inhabilidades sobrevinientes

La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades es reprochable tanto a quien incurre en la inhabilidad como de quien debe abstenerse a su celebración - Si bien es cierto la Ley 734 de 2002 (artículo 48, numeral 30), de manera más clara señala que constituye una falta disciplinaria gravísima la celebración de contrato estatal con persona que esté incursa en inhabilidad o incompatibilidad, dicha conducta, también está prevista como una falta gravísima en el artículo 25, numeral 10º de la Ley 200 de 1995, en tanto a partir de esta norma, en interpretación de la Sala, no sólo se reprocha la actitud de quien incurre en la incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, sino también de aquel que a pesar de tener conocimiento de que las personas involucradas en determinado asunto no pueden hacer parte del mismo por disposición del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, decide actuar en la actuación correspondiente

Se confirman los actos demandados mediante los cuales se impuso la sanción de destitución del cargo de personero que venía desempeñando e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años. ¿La amonestación que le había sido impuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de su ejercicio profesional como abogado, al no publicarse en la Gaceta del Foro o en el Diario Oficial, no tenía el carácter de sanción disciplinaria y, en consecuencia, no podía entenderse como una causal legal de inhabilidad para ser elegido personero? El correcto entendimiento de la norma en cita -Art. 62 Decreto 196 de 1971- supone que la totalidad de las sanciones disciplinarias, a saber, la amonestación, censura, suspensión y exclusión, debían ser inscritas en el registro de abogados, pero que, en todo caso, la amonestación no sería publicada en la Gaceta del Foro o en el Diario Oficial. Una vez efectuada la anotación en el referido Registro de Abogados la sanción de amonestación, impuesta a un profesional del derecho, adquiría una connotación pública, esto en la medida en que los interesados podían consultar el registro, en virtud a los principios de publicidad y moralidad que orientan la función administrativa que en ese sentido la Constitución Política y la ley le confieren al Consejo Superior de la Judicatura, respecto del registro de las sanciones

Inepta demanda de nulidad contra acto de destitución por supuesta incursión de la inhabilidad establecida en el literal f) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, al no incluirse en la demanda el acto que revocó el acto de destitución. El acto que revocó dejó sin piso no solo la declaratoria de nulidad solicitada, dado que por vía legalmente prevista estimo la contrariedad de estos actos con el ordenamiento jurídico, sino también el restablecimiento buscado que implicaba el reconocimiento económico deprecado. El restablecimiento es consecuencia de la declaración de nulidad de los fallos en cuestión que han sido sustraídos del mundo jurídico por el acto que los revocó cuya legalidad se presume, y que es susceptible de ser cuestionado judicialmente en razón a que este acto no adujo argumento alguno con relación al restablecimiento de carácter económico que se pretendía consecuencia de la declaratoria de nulidad de los fallos sancionatorios, por lo que anota la Sala que frente a este restablecimiento económico no se agotó vía gubernativa y por tanto no es posible emitir pronunciamiento en este tema \Revocatoria de acto disciplinario por desaparición de los fundamentos de derecho - inexequible la expresión dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, contenida en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 y exequible el resto del inciso, en el entendido de que esta prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil-

Reintegro al servicio y reconocimiento económico. Liquidación del reconocimiento; descuento de lo devengado a cargo del tesoro público, salvo casos de excepción. Violación del principio de imparcialidad con fundamento en que el Subdirector General, actuó como Presidente de la Comisión de Personal, y luego, como Director encargado firmó los actos acusados, sin declararse impedido ante la causal de inhabilidad consistente en haber conocido del proceso en instancia anterior