La inhabilidad de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y distritales para ser contratistas de la respectiva entidad territorial o de sus entidades descentralizadas, no vulnera los artículos 40, 93, 126, 154 y 292 de la Constitución Política y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; como tampoco requería tramite de ley estatutaria \ Explicó la Corte que, en realidad, las inhabilidades para celebrar contratos con el Estado no constituyen, en todos los casos, limitaciones al ejercicio de funciones públicas, sino únicamente cuando la inhabilidad se refiera a la celebración de ciertos contratos, como el de concesión, en el que por su objeto concreto, el particular pueda resultar investido de funciones públicas, lo que no es el caso del contrato de prestación de servicios. También precisó que, a pesar de que el numeral 2 del artículo 23 relativo a los derechos políticos prevé que la ley puede reglamentar su ejercicio "exclusivamente" por las razones allí indicadas y no prevé aquellas relativas al parentesco, la jurisprudencia de la CIDH ha admitido que los Estados establezcan, mediante su legislación interna, causas diferentes de limitación de los derechos políticos, a condición de ser razonables y proporcionadas. Ley 1296 de 2009 , "por medio de la cual se modifica el artículo 1o de la Ley 1148 de 2007" (Mod. Art. 49 Ley 617 de 2000) - [Resumen automatizado: En cuanto a la posible falta de aptitud de la demanda porque la norma carecería de un contenido deóntico autónomo que impediría separarla del resto de la disposición (artículo 49 de la Ley 617 de 2000) y que la Corte debería inhibirse porque la demandante no conformó una proposición jurídica completa[15], es necesario precisar que si bien el Decreto 2067 de 1991 prevé la posibilidad de inadmitir la demanda para solicitar al accionante la integración de la unidad normativa[16], la Corte Constitucional dispone también de la facultad de realizar la integración en la sentencia, como excepción a la regla de la justicia rogada que rige este tipo de control de constitucionalidad mediante acción pública, razón por la cual, en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y en consideración del carácter público de la acción de inconstitucionalidad, se determinará si la norma demandada conforma una unidad normativa con otra que, en ese caso, requiera ser traída al presente juicio de constitucionalidad.] - [Palabras claves: corte, sentencia, constitución, legislador, constitucional, inhabilidades, política, ley, norma, derechos, funciones]

¿La inhabilidad, para ejercer al cargo de Registrador de Instrumentos Públicos, al abogado por haber sido sancionado disciplinariamente, resulta desproporcionada constitucionalmente? La Corte condiciona su exequibilidad a que se entienda que esa inhabilidad no cubre sanciones de multa o censura por faltas no graves impuestas de manera autónoma a los abogados, de acuerdo con la Ley 1123 de 2006. Razonabilidad y proporcionalidad como límites a la configuración legal de inhabilidades. Ley 1579 de 2012, "por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos"; Art. 79 Lit. e) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Del recuento normativo constitucional y la jurisprudencia que lo desarrolla, sobre los límites del legislador al consagrar el régimen de inhabilidades se puede concluir que: i) Las inhabilidades pueden encontrase señaladas en la Constitución o en la ley y en éste último evento, existe libertad de configuración legislativa; ii) la consagración legal de inhabilidades puede conllevar a la restricción, entre otros derechos, de acceso al ejercicio de cargos y funciones públicas; iii) Esta libertad de configuración normativa no es absoluta por cuanto está supeditada a la forma como la Constitución ha establecido ciertas inhabilidades y a criterios de razonabilidad y proporcionalidad a efectos de no afectar sin justificación el núcleo esencial del derecho de acceder a cargos públicos hasta anularlo; iv) de lo anterior se desprende que son incompatibles con la Constitución las causales de inhabilidad irrazonables y desproporcionadas a los fines constitucionales pretendidos; y v) las inhabilidades derivadas de cualquier tipo de sanción disciplinaria, resultan desproporcionadas en cuanto incorporan como hecho inhabilitante haber sido sancionado aún con medidas menores por faltas leves y de poca trascendencia y lesividad.] - [Palabras claves: inhabilidades, sido, legislador, cargo, corte, públicos, faltas, sancionados, función, norma, ejercicio, inhabilidad, constitución, cargos, ley, derecho]; Art. 79 Lit. e) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Inhabilidades de los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes para "contratar". Para el demandante la norma demandada viola el artículo 292 constitucional por cuanto amplia hasta el cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad las prohibiciones para ocupar o desempeñar cargos públicos en la correspondiente entidad territorial, por parte de los parientes de diputados y concejales, cuando la norma constitucional infringida afirma que dichas prohibiciones van hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. La norma demandada señala una prohibición para contratar, en ningún momento la norma acusada hace referencia a la designación como funcionarios públicos de los parientes de servidores ya mencionados. Ley 1296 de 2009, "por medio de la cual se modifica el artículo 1o. de la Ley 1148 de 2007" Art. 1 (Mod el Art. 49 de la Ley 617 de 2000) : Fallo inhibitorio por inepta demanda. - [Resumen automatizado: -. Así, la expresión "dentro del cuarto grado de consanguinidad" contenida en la norma demandada es inconstitucional, al violar lo previsto en el artículo 13 de la Constitución, pues establece una restricción irrazonable y desproporcionada que riñe con lo establecido en el sistema general de inhabilidades para la celebración de contratos estatales por los parientes de los servidores públicos de las entidades estatales aludidas. || Antes de realizar un estudio de fondo, debe esta Corte determinar sí acorde con lo señalado por varios intervinientes ( i ) existe incongruencia entre la norma acusada y la disposición constitucional supuestamente vulnerada; ( ii ) sí en efecto, la sentencia C- 348 de 2004 es una antecedente válido en la presente discusión jurídica; y por último ( iii ) sí el cargo de la demanda, con base en las conclusiones y en la jurisprudencia de la Corte, cumple con los requisitos de idoneidad de la demanda.] - [Palabras claves: norma, ley, consanguinidad, constitucional, constitución, municipales, parientes, grado, concejales, acusada, segundo, diputados, demanda, entidades]

¿Al configurarse como incompatibilidad de los miembros de Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión que durante el año siguiente a la finalización del período o de su retiro, el desempeñar funciones, recibir honorarios o tener intereses o actividades en operadores de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones, vulnera el derecho al trabajo y la libertad de escoger libremente profesión u oficio? ¿Resulta esta incompatibilidad discriminatoria frente a los otros servidores del Estado que no están sometidos a dicha prohibición.? Ley 182 de 1995; Art. 10 - Exequible por los cargos formulados - [Resumen automatizado: En cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad del artículo 10 de la Ley 182 de 1995 en el aspecto que se acusa, -a saber la extensión al año siguiente al retiro del miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión o de la terminación de su periodo, de la prohibición del ejercicio de funciones, la recepción de honorarios, la existencia de intereses o participaciones en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones-, la Corte encuentra que esa previsión del legislador, que tiene la finalidad legítima constitucionalmente de preservar la moralidad e imparcialidad de la actuación de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión no solamente resulta idónea para alcanzar dicha finalidad, sino que dada la posibilidad del ejercicio de la cátedra que la norma establece, así como su carácter temporal -concretamente limitada a un año- en manera alguna puede considerarse que resulte desproporcionada, ni que cercene de manera ilegítima los derechos al trabajo o a la elección de profesión u oficio a que alude el actor.Téngase en cuenta al respecto que los derechos pueden estar sujetos a límites y que en ese orden de ideas no cabe, contrario a lo que afirma el actor y el interviniente en representación de la Comisión Nacional de Televisión, presentar el derecho al trabajo, o el derecho a elegir profesión u oficio.] - [Palabras claves: televisión, nacional, comisión, directiva, junta, funciones, servicio, constitución, ejercicio, miembros, actividades, cargo, derechos, corte]; Art. 10 - Exequible por los cargos formulados

Conformación del censo electoral para el referendo - Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2004 - [Resumen automatizado: El ciudadano Juan Manuel Charry Urueña, considera que el Acto Legislativo 01 de 2004 es inconstitucional, por cuanto durante su trámite se incurrió en un vicio de forma, consistente en que no fueron excluidas del censo nacional electoral para la celebración del referendo constitucional del 25 de octubre de 2003, cédulas de ciudadanía pertenecientes a miembros activos de las Fuerzas Armadas y personas fallecidas; y, porque en el mismo se incluyeron a quienes no se les había entregado para aquel entonces su documento de identidad. || Tampoco se violó el artículo segundo de la Constitución, pues por el contrario, en este caso se respetó la soberanía popular y se garantizó la democracia participativa, dado que los ciudadanos, quienes acudieron a votar y quienes se abstuvieron de hacerlo, actuaron bajo el conocimiento de unas reglas claras en cuanto al número de votos requeridos para la aprobación del referendo, ya que habían conocido con antelación al certamen la conformación del censo electoral para el referendo que se llevaría a cabo el 25 de octubre de 2003.] - [Palabras claves: censo, constitucional, electoral, referendo, nacional, actos, corte, constitución, cédulas, acto, procedimiento]

Efectos de los fallos de constitucionalidad a partir del día siguiente al que se adoptó la decisión sobre la exequibilidad o no de la norma objeto de control. Razones: 1. Los fallos de inconstitucionalidad son obligatorios, generales y oponibles a todas las personas, sin excepción de ninguna índole. 2. Carece de sentido que una norma que fue encontrada contraria a la Carta Política se mantenga en el ordenamiento jurídico hasta el momento de la ejecutoria del fallo y, no obstante la declaración judicial de esa contrariedad, produzca efectos en situaciones particulares, pues ello sería contrario a la responzabilidad que tiene la Corte Constitucional de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución. 3. La producción de efectos de las sentencias de constitucionalidad a partir del día siguiente a la adopción del fallo, resulta indispensable para preservar la seguridad jurídica pues la determinación de los efectos de un fallo de constitucionalidad no puede quedar diferida a las incidencias propias de su notificación y ejecutoria - Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 01 de 2004 - [Resumen automatizado: Por el contrario, en aras de salvaguardar la integridad y supremacía del Texto Constitucional y de asegurar la vigencia de la garantía fundamental de la seguridad jurídica, concluye, por una parte, que las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente a su adopción, siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios ordinarios adoptados por esta Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56), y por el otro, sujeta las instituciones de la notificación y el término de ejecutoria contados a partir de la desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), para delimitar el plazo dentro del cual los ciudadanos pueden interponer el incidente de nulidad contra el fallo de constitucionalidad por vulnerar el debido proceso (Decreto 2067 de 1991, artículo 49).] - [Palabras claves: corte, sentencia, referendo, efectos, ley, constitucional, decisión, constitucionalidad, parte, fallo, decreto, control, fecha]

Desvinculación del servicio, caducidad contractual e inhabilidad sobreviniente. Control y registro de inhabilidades. Ley 678 de 2001, Arts. 17 y 18. - [Resumen automatizado: El carácter de la Constitución, que implica que los preceptos contenidos en ella han de ser entendidos y analizados de manera sistemática, como partes de un conjunto que se dirige a un objetivo específico, que no es otro que la realización del Estado Social de Derecho[23], permite afirmar, además, que el legislador con el propósito de afianzar el régimen de responsabilidad de quienes cumplen funciones públicas y de garantizar los principios de moralidad y eficiencia, así como los fines retributivo y preventivo inherentes a la acción regulada[24], bien podía establecer sanciones accesorias derivadas de la obligación de repetir contra el servidor o el particular por cuya culpa grave o dolo hubiere resultado condenado el Estado.] - [Palabras claves: ley, repetición, acción, públicas, funciones, ejercicio, sanciones, inhabilidad, responsabilidad, proceso, si, garantía, debe, público]