La jurisprudencia ha justificado la existencia de la inhabilidad en la necesidad de evitar que el particular que gestiona o celebre el negocio, saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y, de otra, que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la Administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular. Dicha causal contiene en su redacción tres prohibiciones de forma tal que, no podrán ser elegidos alcaldes quienes: i) Hayan intervenido durante el año anterior a la elección en la gestión de negocios en interés propio o favor de terceros en entidades públicas del nivel municipal. ii) Durante ese mismo lapso, el año anterior a la elección, hayan celebrado, con un interés propio o favor de terceros, contratos con entidades públicas de cualquier orden siempre que el contrato se haya ejecutado en la respectiva entidad territorial. iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. Para la Sala, desde la óptica de las inhabilidades, cualquier modificación al contrato, independiente del nombre que las partes quieran darle, configura la inhabilidad de celebración de negocios, no solo porque en sentido estricto esos cambios constituyen una convención, sino porque esa es la interpretación que desde la perspectiva de las inhabilidades debe acuñarse

Se puede concluir que en un primer momento no existía certeza acerca del impacto que tuvo el régimen de inhabilidades previsto en la Ley 617 de 2000 con ocasión del condicionamiento expuesto por la Corte Constitucional al parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 en sentencia C-490 de 2011. La sentencia de constitucionalidad no dilucidó cual era el alcance de su condicionamiento. Por su parte, en sentencia SU-515 de 2013 quiso dar alcance al condicionamiento expuesto en la sentencia C-490 de 2011, y en este sentido determinó que la modificación introducida por la Ley 1475 de 2011 imponía concluir que el elemento temporal de la prohibición es, en efecto, de 12 meses y no ya de 24. Pese a ello la Corte no se pronunció en relación con el extremo temporal final a efectos de la configuración de la prohibición en estudio. En sentencia SU-625 de 2015 se eliminó cualquier asomo de duda, pues además de reconocer que la incompatibilidad contemplada en el numeral 7º del artículo 32 y 33 de la Ley 617 de 2000 se contabiliza ya no desde 24 meses sino desde 12, también explicó con contundencia y claridad que esos 12 meses se computan hasta el día de la inscripción y no de la elección. La Corte no solo mantuvo incólume la postura adoptada por la Sección Primera en la que se determinó que el extremo temporal final de la inhabilidad era el de la inscripción, sino que además avaló dicha tesis al sostener que la prohibición implicaba que "quien hubiese ejercido como gobernador y se inscriba como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes a la cesación de sus funciones, incurre en causal de inhabilidad". Por lo anterior, no cabe duda de que, la prohibición contemplada de los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 tiene como extremo temporal final la fecha de la nueva inscripción

¿Es competente el Consejo Nacional Electoral para ordenar la suspensión o separación temporal del cargo a gobernadores y alcaldes con parentesco o vínculo (según los grados previstos en el artículo179-5 de la Constitución Política) con candidatos al Congreso de la República? No, De ninguna manera el artículo 265 de la Constitución Política, después de la reforma del Acto Legislativo 01 de 2009, facultó al Consejo Nacional Electoral para adicionar las causales de suspensión ni para modificar su procedimiento, y si bien tiene competencia para velar por "el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías" esta atribución no puede considerarse como omnímoda o ilimitada hasta el punto de permitirle modificar leyes. Si bien, tiene la facultad de revocar la inscripción de candidatos inhabilitados, dicha facultad no se extiende para restringir el ejercicio de funciones públicas de servidores elegidos popularmente para precaver la configuración de una posible inhabilidad de sus parientes

¿Existe el deber, en cabeza de todo servidor público, de informar a la entidad a la cual preste sus servicios sobre la inhabilidad o incompatibilidad que sobrevenga al acto de su nombramiento o posesión? Servidor público - Deber de informar inhabilidad sobreviviente. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Nombramiento. Posesión. Alcaldes - Inhabilidad sobreviviente. Régimen disciplinario. Pérdida de investidura. Diputados - Pérdida de investidura - Norma alegada como incumplida: Ley 190 de 1995, Art. 6

¿El parentesco entre un jurado de votación y un candidato genera la nulidad de los votos depositados a favor de éste? Alcaldes - Nulidad de elección por parentesco con jurado de votación. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Voto - Causales de nulidad

¿La utilidad no es elemento esencial del contrato estatal? Alcaldes - Nulidad de elección por celebración de contrato estatal en período inhabilitante. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Contrato estatal - Elementos esenciales

¿En el proceso electoral no procede la declaratoria de desierto del recurso de apelación por falta de sustentación? Proceso electoral - Recurso de apelación. Declaratoria de desierto de recurso. Alcaldes - Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Inhabilidad por desempeño de cargo de tesorero municipal. Nulidad de elección

El demandante insiste en que un alcalde estaba incurso en causal de inhabilidad por haber intervenido, en el año inmediatamente anterior a su elección, en la ejecución de un contrato con el Departamento. Alcalde - Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Nulidad de elección. Celebración previa de contrato con el departamento

Se alega que quien fue elegido alcalde de un municipio, al momento de su inscripción tenía la condición de diputado de la Asamblea del departamento. Alcalde - Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Nulidad de elección. Coincidencia de período con otro cargo de elección popular. Aceptación de cargo de elección popular