Existencia de cosa juzgada sobre la constitucionalidad de la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones frente al derecho de igualdad entre el Estado y los particulares. Decreto 028 de 2008, "por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones"; Art. 21 : Cosa juzgada. Fallo inhibitorio en relación a otros cargos - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Finalmente, indica que el derecho de acceso a la Administración de Justicia, establecido en el artículo 229 Superior, también se ve limitado por la prohibición de decretar medidas cautelares de embargo sobre los recursos del SGP, cuando tales dineros son destinados constitucional y legalmente para cubrir los servicios y cumplir las finalidades de la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.] - [Palabras claves: recursos, corte, sentencia, entidades, obligaciones, norma, sgp, decreto, territoriales, constitución, cargo]; Art. 21 : Cosa juzgada. Fallo inhibitorio en relación a otros cargos

¿Al prohibir el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales y disponer que el pago de acreencias laborales se hará efectivo con ingresos corrientes de libre destinación en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes, vulnera los preceptos constitucionales referentes a la igualdad, el acceso a la justicia, la cláusula de reserva de ley, la efectividad de los derechos y los principios fundantes del Estado, o si por el contrario, dicha prohibición se ajusta a los mandatos constitucionales sobre inembargabilidad de recursos públicos y destinación social exclusiva de esos recursos?. Decreto con fuerza de ley. La Corporación reiteró los lineamientos trazados por la jurisprudencia en relación con el fundamento constitucional de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación como regla general y las excepciones referentes a los créditos u obligaciones de origen laboral con miras a hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas; la que tiene que ver con los créditos reconocidos en las sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; y la excepción que se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En estos dos casos, ratificó que es posible su ejecución dieciocho meses después del momento en que son exigibles o de la ejecutoria de la respectiva sentencia, en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso específico de la prohibición del embargo de recursos del SGP, la Corte señaló que está amparada por el artículo 63 de la Constitución que autoriza al Legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son inembargables, sin embargo no es absoluto. Si bien la Corte resaltó el avance que representa el que la norma acusada acepte la imposición de medidas cautelares en caso del pago de obligaciones laborales, su aplicación limitada a los ingresos corrientes de libre destinación, con cargos la "vigencia o vigencias subsiguientes", puede convertir en nugatorio el pago efectivo de dichas obligaciones. Por ello, la declaración de exequibilidad de los apartes acusados del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, se condicionó en el sentido de reafirmar la aplicación del plazo máximo de dieciocho meses para la cancelación de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia y agotadas los ingresos corrientes de libre destinación, se acuda a los ingresos de destinación efectiva. Decreto 28 de 2008, "por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones"; Art. 21 (parcial) CONDICIONALMENTE exequible. S.V - [Resumen automatizado: En el derecho colombiano es sabido y ampliamente aceptado, porque así lo señala la Constitución y se ha explicado de manera reiterada en la jurisprudencia, que el Gobierno puede expedir decretos con fuerza material de ley, siendo precisamente estos decretos los que debe examinar la Corte Constitucional de acuerdo con las competencias previstas en el artículo 241 de la Carta Política, pues en los demás casos el examen de constitucionalidad corresponde al Consejo de Estado, y en el caso particular del Decreto 28 de 2008, “por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”, éste constituye una norma con fuerza material de ley, cuya competencia corresponde a la Corte Constitucional, competencia que se deriva de una lectura integral y sistemática de la Constitución, que consagra la competencia principal y prevalerte de esta Corporación como garante de la supremacía e integridad de la Carta Política, dejando a salvo la competencia concurrente, pero residual, del Consejo de Estado] - [Palabras claves: corte, recursos, norma, ley, constitución, control, constitucional, gobierno, consejo, competencia, decreto, territoriales]; Art. 21 (parcial) CONDICIONALMENTE exequible. S.V

¿Es inconstitucional el requisito de solicitar constancia sobre la naturaleza de las cuentas, que debe efectuar el servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales? ¿Desconoce este procedimiento las excepciones al principio de inembargabilidad del presupuesto? Breve recuento del contenido de la jurisprudencia de la Corte en relación con el principio de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, y las excepciones a este principio. La autoridad competente para resolver el embargo, proceda o no, es el juez de conocimiento, la constancia es un asunto meramente administrativo. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 40 de la Ley 848 de 2003 "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004" - [Resumen automatizado: Para la Corte, lo establecido por el legislador en cuanto al deber del servidor público que recibe la orden de embargo, de obtener de la Dirección General de Presupuesto, la constancia sobre la naturaleza de los recursos objeto de la medida, es un trámite razonable si se entiende que con esta prueba, el juez del proceso, determinará si la orden de embargo la mantiene o no, al examinar si el crédito que se reclama ante las autoridades judiciales, corresponde a los que pueden ser objeto de excepción al principio general de la inembargabilidad presupuestal. || a) Debe declararse inexequible el artículo 40 acusado porque se violan las disposiciones constitucionales mencionadas, por cuanto impone como un deber a los servidores públicos que reciban órdenes de embargo sobre recursos incorporados en el presupuesto general de la nación, incluidas las transferencias a las entidades territoriales, a efectuar un trámite encaminado a obtener una constancia o certificación, lo que conduce a desconocer las excepciones que en materia de inembargabilidad de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: recursos, general, corte, presupuesto, ley, principio, embargo, nación, disposición, sentencia, público, constancia]

Bienes inembargables, los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionario de éstos - Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil - [Resumen automatizado: No hay violación del artículo 63 de la Carta, porque el legislador no extendió la inembargabilidad de los bienes destinados al servicio público cuando es prestado por particulares, como lo acusa el actor. || 2.1 El actor considera que el numeral segundo del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil viola los artículos 1, 2, 13, 63 y 365 de la Constitución por las siguientes razones: los artículos 1, 2 y 365 de la Carta consagran que en el Estado Social de Derecho son fines esenciales del mismo asegurar que todos los habitantes del territorio nacional tengan acceso a los servicios públicos, sin embargo, la disposición acusada permite que los bienes destinados a un servicio público, que es prestado por un particular, puedan ser embargados, sin tener en cuenta las consecuencias de suspensión que se derivan de esta situación para los usuarios del servicio. || Estas premisas conducen a concluir que en el caso bajo estudio no hay violación del artículo 63 de la Carta, porque el legislador no extendió la inembargabilidad de los bienes destinados al servicio público cuando es prestado por particulares, como lo acusa el actor.] - [Palabras claves: bienes, servicio, público, servicios, destinados, legislador, públicos, particulares, constitución, corte]

Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación - Norma acusada: Artículo 19 del Decreto 111 de 1996 . Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos - [Resumen automatizado: No obstante, es necesario hacer las siguientes precisiones: La Corte entiende la norma acusada, con el alcance de que si bien la regla general es la inembargabilidad, ella sufre excepciones cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias. || Los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente validos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. || 151 de la Constitución y en el capítulo 3 del título XII, "Del Presupuesto", de donde se deduce que es al Congreso a quien le corresponde expedir las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones; facultad entonces, que lo habilita para señalar los principios que deben gobernar el presupuesto general de la Nación, entre otros, su inembargabilidad, que tiene su justificación en la necesidad de asegurar la ejecución y el desarrollo de la política social del Estado.] - [Palabras claves: corte, norma, bienes, sentencia, constitución, recursos, ley, principio, sentencias, derechos, estado, embargo, acusada, general, derecho]

Inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación - Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 8o., parte final y 16 de la Ley 38 de 1989 - [Resumen automatizado: del artículo 58, porque al impedírsele al pensionado embargar las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto cuando la obligación pensional no ha sido satisfecha por la vía administrativa, el Estado se sustrae al cumplimiento de sus obligaciones sociales y, en particular, a sus deberes constitucionales de brindarle protección al trabajo y de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. || Puesto que los artículos impugnados, en lo esencial, consagran el principio según el cual los bienes y rentas incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables, La Corte Constitucional, previo el examen de los cargos formulados, juzga necesario hacer unas consideraciones sobre temas íntimamente concernidos por el principio cuestionado como son los atinentes a la noción de Estado Social de Derecho; la efectividad de los derechos constitucionales; los derechos de los acreedores del Estado emanados de las obligaciones de índole laboral; el derecho a la igualdad; el derecho al pago oportuno de las pensiones legales; los derechos de la tercera edad y los reconocidos por Convenciones del Trabajo ratificadas por el Estado Colombiano.] - [Palabras claves: derecho, pago, derechos, constitución, corte, normas, ley, social, nación, principio, igualdad, recursos, presupuesto, principios, constitucional, en]