¿La sentencia que se cuestiona al declarar no probadas las excepciones propuestas por la Unidad de Víctimas y ordenar seguir adelante con la ejecución, dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor XX en contra de dicha entidad, adolece de los defectos específicos denunciados por la tutelante y viola, de esta manera, sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno? Responsabilidad subsidiaria del estado en la indemnización de las víctimas del conflicto armado. En la decisión mediante la cual el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Arauca declaró no probadas las excepciones propuestas por la Unidad de Víctimas y ordenó seguir adelante con su ejecución, se configuraron los defectos fáctico y sustantivo; no así el desconocimiento del precedente constitucional. El primero, a raíz de la valoración contraevidente que efectuó el juez accionado del acto administrativo de la UARIV que, en cumplimiento de una sentencia de Justicia y Paz, liquidó la indemnización administrativa del señor XX. El segundo, por la no aplicación de la disposición legal que, más allá de toda duda, regía el caso sometido a consideración del juez del proceso ejecutivo, esto es, el artículo 10° de la Ley 1448 de 2011. Estos yerros conllevan, a juicio de la Sala, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, no solo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sino también los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno - [Resumen automatizado: El 4 de octubre de 2017, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por medio de su representante judicial, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Arauca, con el propósito de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como el derecho fundamental a la reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado, presuntamente vulnerados a raíz de las decisiones tomadas por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor Javier Asdrúbal Cedeño Carvajal en contra de la mencionada entidad. || Y, de otro lado, en caso de que la respuesta a la primera pregunta sea positiva, ii) determinar si la sentencia que se cuestiona, al declarar no probadas las excepciones propuestas por la Unidad de Víctimas y ordenar seguir adelante con la ejecución, dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor Javier Asdrúbal Cedeño Carvajal en contra de dicha entidad, adolece de los defectos específicos denunciados por la tutelante y viola, de esta manera, sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno (problema jurídico sustancial).] - [Palabras claves: proceso, tutela, sentencia, reparación, unidad, derechos, víctimas, corte, indemnización, ejecutivo, sala, derecho]

¿Las providencias judiciales proferidas en una acción de reparación directa para reclamar la indemnización por el daño antijurídico sufrido por el actor en calidad de miembro de la Policía Nacional, en un accidente de tránsito que involucró una patrulla de la institución vulneró sus derechos fundamentales al encontrar probada la excepción de caducidad de la acción, en razón que se hizo uso del medio judicial dentro de los dos años siguientes a la calificación de pérdida de capacidad laboral y no desde el momento en que se conoció del daño? La Corte encuentra que, de las pruebas obrantes en el expediente, se extrae sin dubitación alguna que el daño tuvo origen en el accidente de tránsito ocurrido el 19 de diciembre de 2010. No obstante, dicha afectación tomó forma, únicamente, cuando la junta médico-laboral le asignó una pérdida de capacidad laboral del 32.13% al señor X. En ese orden de ideas, para la parte actora tuvo certeza de la configuración del daño en el momento en que fue dictaminado, esto es, el 14 de febrero de 2014, porque con base en ello identificaron verdaderamente la consolidación del perjuicio y dimensionaron la gravedad de las lesiones sufridas. Por lo anterior, la Sala Octava de Revisión estima que le correspondía a los jueces ordinarios valorar esta circunstancia y tenerla en cuenta a efectos de contabilizar los términos de caducidad. Frente a conductas constitutivas de violaciones a los derechos humanos, no debe aplicarse el término del artículo 136, numeral 8 de la C.C.A., en cumplimiento de los compromisos internacionales: este presupuesto no aplica al presente caso, ya que el daño que se reclama se deriva de un accidente de tránsito. Considera esta Corporación que le correspondía al Tribunal Administrativo de Antioquia aplicar el principio in dubio pro damnato y las subreglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional, resolviendo a favor de los accionantes las dudas acerca del momento a partir del cual debía iniciarse la contabilización del término de la caducidad y, en consecuencia, flexibilizar su criterio, toda vez que en el caso sub examine la parte actora tuvo certeza del perjuicio en el momento en que fueron notificados del dictamen de pérdida de capacidad laboral - [Resumen automatizado: Decisión que fue apelada y confirmada por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en auto del 29 de junio de 2017, al encontrar que en el asunto bajo estudio operó el fenómeno de la caducidad, término que corrió a partir del día siguiente al accidente de tránsito, es decir, el 19 de diciembre de 2010 (fecha que coincide con el conocimiento del hecho) al ser el momento en el cual sufrió las lesiones, y no desde el dictamen de pérdida de capacidad laboral. || En sentencia del 25 de octubre de 2017 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, negó la protección invocada, al encontrar que las providencias que los actores señalan como desconocidas por las autoridades judiciales accionadas, se refieren al término de 2 años que establece la norma para que opere la caducidad dentro de la acción de reparación directa, el cual debe analizarse según el caso concreto. || En síntesis, la reseña jurisprudencial indica que no existe una postura unificada por parte del Consejo de Estado en la materia, sin embargo, por regla general, el término de caducidad de la acción de reparación directa en casos en los que se reclame el resarcimiento de perjuicios causados por lesiones sufridas (por uniformados en servicio), se ha contabilizado a partir del accidente, por ser evidente el momento en que se tiene conocimiento de la afectación, independientemente de que, después de ello, se determinen sus secuelas las secuelas por la junta de calificación de invalidez.] - [Palabras claves: daño, término, caducidad, acción, sentencia, capacidad, derechos, administrativo, momento, parte, laboral, consejo, reparación, tutela, corte, lesiones]

(Tutela parcialmente anulada) La Corte señala que la empresa Cerro Matoso S.A. ha incurrido en irregularidades e imprecisiones a lo largo de treinta y cinco años de exploración y explotación minera y ha incumplido las obligaciones ambientales que le han sido impuestas, Se concluye que i). La garantía de participación no se encuentra supeditada al inicio o creación de una nueva medida administrativa. ii) El ámbito de aplicación del derecho fundamental a la consulta previa no se circunscribe únicamente a un proceso administrativo de licenciamiento ambiental y, iii). Se llevó a cabo un auténtico proceso de responsabilidad constitucional en el cual se ha acreditado la conducta, la culpa, el daño y el nexo causal que deben existir para declarar la obligación de indemnizar, para asegurar el goce efectivo de la garantía vulnerada. La empresa Cerro Matoso S.A. vulneró el derecho a la consulta previa al realizar modificaciones jurídicas y económicas sustanciales en Otrosí respecto a las actividades mineras de la empresa y al impacto que éstas tienen en su zona de influencia directa. Se concede el amparo y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Entre las disposiciones que se destacan están la de financiar y poner en funcionamiento un Fondo Especial de Etnodesarrollo, que tenga por objeto general la reparación y compensación de las víctimas que desde una perspectiva colectiva y étnica (etnoreparación), en razón a los perjuicios causados durante décadas por la compañía minera accionada - [Resumen automatizado: Se tutelen los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del Resguardo Zenú del Alto San Jorge – Cabildo Indígena de Bocas de Uré, Cabildo Indígena Guacarí la Odisea, Cabildo Indígena La Libertad, Cabildo Indígena La Lucha, Cabildo Indígena de Centro América, Cabildo Indígena de Bello Horizonte, Cabildo Indígena de Mira Flor, Cabildo Indígena de Torno Rojo, Cabildo Indígena Puente de Uré y del Consejo de Comunidades Negras de Uré ubicadas en el Departamento de Córdoba, en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, a la participación a través de la consulta previa, tendiente a obtener el consentimiento previo, libre e informado, según sus costumbres y tradiciones; y por medio de este amparo se garantice la integridad cultural, social, económica y a la supervivencia, vulnerado con la firma del otrosí número cuatro (4) al contrato 051 de 1996, del 27 de diciembre de 2012, suscrito entre la Agencia Nacional de Minería y CERRO MATOSO S.A.] - [Palabras claves: empresa, comunidades, ambiental, previa, explotación, salud, consulta, en, corte, san, derechos, derecho, medio, licencia, la, ambiente]

¿La Sección Tercera del Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales al no aplicar el inciso 3º del artículo 310 del CPC, a efectos de complementar el numeral 5º de la parte resolutiva de un fallo e incluir el nombre de la accionante como una de las personas que el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- debe indemnizar, con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 1995? La Sala concluye que no se configura la existencia de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto al negar la solicitud de corrección de una sentencia judicial, cuando ésta pretende alterar el sentido y alcance de una decisión mediante una nueva evaluación probatoria, o aplicando fundamentos jurídicos distintos, o inobservando aquellos que sirvieron de sustento a la decisión, que no fueron alegados en el proceso. Se confirman las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE la solicitud de amparo - [Resumen automatizado: Anyeli Sastre Rodríguez, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección Tercera Subsección A, del Consejo de Estado, por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados al incurrir la autoridad judicial en un exceso ritual manifiesto y desconocer el precedente constitucional. || Con fundamento en los hechos y las decisiones tomadas, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al no aplicar el inciso 3º del artículo 310 del CPC, a efectos de complementar el numeral 5º de la parte resolutiva del fallo de 23 de febrero de 2012, e incluir el nombre de la señora Anyeli Sastre Rodríguez como una de las personas que el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- debe indemnizar, con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 1995.] - [Palabras claves: sentencia, tutela, proceso, acción, parte, decisión, consejo, derechos, judicial, sala, juez, defecto, solicitud]

¿La Defensoría del Pueblo vulneró los derechos al debido proceso en actuaciones administrativas, a la igualdad, a presentar peticiones a las autoridades y a la vida digna de la actora, al negarse a entregarle la indemnización que le fue reconocida mediante sentencia, por reclamarla 20 días después? Negada. Artículo 65, numeral 4 de la Ley 472 de 1998. Entre los requisitos para acceder al pago de indemnizaciones cuando se trata de acciones de grupo, se encuentra que las personas deben acudir dentro de un término de 20 días posteriores a la publicación del extracto de la sentencia. Antes de reconocer el pago de la indemnización, se debe verificar si el solicitante cumple con los requisitos exigidos en la sentencia para formar parte del grupo que resultó favorecido por la condena - [Resumen automatizado: En el proceso de revisión de la sentencia proferida el primero (1) de octubre de dos mil nueve (2009), por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, en la que se negó la tutela incoada por María Aleyda Gómez Páez en contra del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo. || Al respecto, indicó que la Defensoría del Pueblo, en virtud de su función administradora y pagadora de las acciones de grupo, mediante Resolución No. 1087 del 11 de noviembre de 2006, ordenó y reconoció el pago de lo ordenado por el Consejo de Estado a 127 personas que se presentaron “dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia efectuada en el diario 'La República', la cual se surtió el 21 de septiembre de 2006, habiéndose vencido el término para que las personas que no se hicieron parte en el proceso se presentaran ante la Defensoría a reclamar la indemnización, el 20 de octubre de 2006, conforme a lo dispuesto en la ley y a lo decidido por el judicial que le puso fin a la acción de grupo”.] - [Palabras claves: defensoría, indemnización, grupo, sentencia, personas, fondo, dentro, consejo, pueblo, siguientes, derechos]