¿A partir de qué momento debe el INVIMA ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la publicidad de bebidas alcohólicas? Una empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas embriagantes vulneró derechos e intereses colectivos, al omitir escribir con claridad la leyenda "el exceso de alcohol es perjudicial para la salud". El INVIMA concurrió con esta vulneración al omitir sus deberes de control y vigilancia sobre la publicidad, identificación o promoción de los productos. Para efectos de unificar el criterio que ha de emplear el Juez para determinar el momento a partir del cual se configura la obligación del INVIMA por la omisión de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, la Sala precisa que, una vez este Instituto ha expedido los registros sanitarios y-o, ha extendido las autorizaciones correspondientes, debe iniciar de oficio y de manera inmediata, o a petición de cualquier persona, las investigaciones pertinentes en su calidad de autoridad sanitaria en virtud de su deber legal de vigilar y controlar al autorizado o al producto del bien registrado. En cuanto al incentivo económico en la acción popular, se unificó el criterio desde la sentencia IJ de 3 de abril de 2013 en la que decidió la improcedencia de su reconocimiento, incluso en aquellos procesos promovidos con anterioridad a la expedición dicha Ley 1425, fundada en que el ejercicio la acción popular, la impugnación y demás actuaciones surtidas no pueden hacerse valer como derechos adquiridos ni expectativas legítimas frente a la derogatoria que dispuso la nueva ley

¿Con la derogatoria del incentivo económico en la acción popular se viola un derecho adquirido por una expectativa creada? No, el estímulo económico de ninguna forma podía catalogarse como un derecho adquirido durante el curso del proceso, sino como una mera expectativa, habida consideración de la incertidumbre que frente a tal estímulo debía esclarecer el juez de la causa y, dicho sea de paso, siempre que las pretensiones de la demanda resultaren estimadas en la correspondiente sentencia definitiva. El Consejo de Estado precisa que la posibilidad a la cual se ha hecho mención acerca de que en la audiencia de pacto de cumplimiento se pudiere, eventualmente, reconocer el incentivo, se ha efectuado exclusivamente con el propósito de ilustrar que tal prestación económica no constituye un derecho adquirido, pues para ello se requería del agotamiento de algunas etapas procesales y del consiguiente análisis del juez constitucional de cara a su procedencia y no porque dentro de dicha audiencia debiere accederse al incentivo - SENTENCIA DE UNIFICACIÓN