¿Está obligada la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal a retirar de sus sentencias en la página web, los datos personales de los procesados cuando la condena no se ha cumplido o no ha preescrito? No, la anonimización del procesado desde la expedición de la sentencia condenatoria, por tanto, no es una opción válida a juicio de la Corte. No se entendería que se oculte al público la identidad de quien recién ha sido declarado responsable de la ejecución de un crimen. Ese conocimiento de la colectividad, por demás, hace parte del padecimiento implícito en la expiación de la pena. Aunque técnicamente fuera posible lograr que a esa base de datos únicamente pudiera accederse a través del buscador propio de la Corte (full text), quitando el permiso de acceso a los buscadores usualmente utilizados por las personas en general (Google, Bing, etc.), estima la Sala que ello supondría crearle a la comunidad unas dificultades injustificadas en la verificación de una información pública a la que tienen derecho. La regla que establece la Sala de Casación Penal, que deben observar los funcionarios responsables de la administración de sus bases de datos es la siguiente: Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisión de demandas de casación, por ejemplo), se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor de acceso público -sin la supresión de los nombres de los procesados- permitiéndose que los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y sólo con autorización de lectura. Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa. La corte además manifestó que "le impondrá a quienes obtengan esa información (de las sentencias) que antes de asociarla a una base de datos supriman las informaciones personales de procesados, víctimas y testigos. Eso impedirá, en el caso de los primeros, que cuando lo haga la Corte porque se prescribió o cumplió la pena (o respecto de los otros en cualquier tiempo y por motivos aquí no dichos), continúen esos datos circulando en la Internet en sistemas de información que no controla. Es una obligación que puede imponer la Corte para el adecuado manejo de la información pública que produce, del cual hace parte el deber de proteger el derecho a la vida privada de las personas físicas y el derecho al olvido - [Resumen automatizado: Esta, para el cumplimiento de sus funciones y finalidades previstas en la Ley y los reglamentos, en observancia de los artículos 74 y 228 de la Constitución Política, así como del 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuenta con una "base de datos" que le permite al público "revisar los archivos de jurisprudencia" mediante distintos criterios de búsqueda, entre los cuales están los nombres de las personas. || Aquí se abordará esa temática, de la mano de la Constitución Política, de las leyes estatutarias 270 de 1996 (de la estructura y funcionamiento de la administración de justicia), 1581 de 2012 (de disposiciones generales para la protección de datos personales), 1712 de 2014 (de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional) y de la jurisprudencia constitucional naturalmente, en la búsqueda de una solución con la cual se consiga superar el desacuerdo que se advierte entre las determinaciones de junio 10 y junio 30 de 2015 y, al tiempo, precisar el protocolo que los responsables del manejo de las bases de datos de las providencias proferidas por la Sala de Casación Penal deben observar en adelante en relación con las informaciones personales y sensibles correspondientes a personas condenadas.] - [Palabras claves: datos, información, derecho, sala, corte, sentencia, acceso, personales, publicidad, base, si, bases, personas, pena, través, constitucional]

¿Está obligada la relatoría de la Corte Suprema de Justicia a retirar los datos personales de una persona que se encontraba siendo investigada en un proceso penal de los pronunciamientos de la Corte que se encuentran en su página web? Sí, la Sala Penal observa que para cumplir a través de la Relatoría con la función legal de divulgación de sus doctrinas, el nombre las partes o intervinientes no tiene vínculo necesario o útil con esa finalidad legítima en las bases de datos que en la actualidad están cargadas en el servidor de la página electrónica de la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto dispondrá que en el caso de la ciudadana MS, por conducto de la citada dependencia, los textos de las providencias en formato electrónico (pdf-doc) relacionadas con el asunto que concierne a la peticionaria, sean editadas sustituyendo en lo pertinente los nombres de aquélla, y demás sujetos procesales, con las respectivas iniciales. Además, dispondrá que a partir de ahora la Relatoría de la Sala de Casación Penal adopte las medidas que sean pertinentes para que en las bases de datos destinadas a la divulgación de las doctrinas de esta Sala, la búsqueda pertinente se realice mediante criterios inherentes a temas jurídicos (en aspectos sustanciales, procesales o probatorios), restringiendo el uso de los nombres y apellidos, o cualquier otro dato personal sensible de los sujetos procesales o interviniente, que resulte ajeno e innecesario con el fin de publicidad de la jurisprudencia, y que por el contrario propicie la vulneración de derechos derivados del habeas data de aquellos (artículo 15 de la Constitución Política de Colombia) - [Resumen automatizado: Desde esa perspectiva, como los pronunciamientos jurisdiccionales (autos y sentencia) son los actos materiales en los que por excelencia se manifiesta en forma tangible la función pública de administrar justicia confiada a la Rama Judicial, respecto de tal actividad es predicable la obligación superior expresada en el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, según la cual "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley" (subrayado ajeno al texto). || Sin embargo, en segundo término, también es necesario resaltar que motores de búsqueda en internet, como Google, Bing, Yahoo, y otros, pueden leer la información con la cual se alimentan las bases de datos que en la actualidad están cargadas en la página electrónica de la Corporación para efectos de divulgar la jurisprudencia de la Sala Penal, y que a través de esos canales, no siempre quien acude a los mismos, lo hace con el sano interés profesional o académico de investigar un determinado tema jurídico, y es por ello que algunas personas, como la aquí memorialista, entienden que el acceso irrestricto e indiscriminado a través del nombre, a la situación fáctica y procesal consignada en una providencia inherente a los asuntos tratados en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, puede ocasionarles perjuicio a su intimidad, honra, honor, o habeas data, en general.] - [Palabras claves: datos, información, corte, antecedentes, acceso, personales, sala, ley, pública, constitucional, bases, persona, derecho, penales]