De la expresión que deroga "los artículos 8º inciso segundo parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996" prevista en el literal a) del artículo 626 del Código General del Proceso, no puede inferirse la supuesta carencia de una segunda instancia en los procesos a cargo de las diversas autoridades administrativas. Si bien es cierto que el artículo 24 del Código establece que las providencias que se profieran en el proceso jurisdiccional adelantado por autoridades administrativas, no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa, también lo es que las apelaciones contra providencias de primera instancia se deben resolver por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiere sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable. Esto significa que el proceso pase de una autoridad administrativa que cumple funciones judiciales a una enteramente judicial para desatar la segunda instancia. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; Art. 626 Lit. a) (parcial): Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador General de la Nación rindió el Concepto[13] de Constitucionalidad Número 006138 del 15 de julio de 2016, mediante el cual solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad propuesta contra el artículo 626 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por considerar que el cargo por desconocimiento al debido proceso no satisface la exigencia de pertinencia. || El ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverri demandó la inconstitucionalidad de la expresión “los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996”, prevista en el literal a) del Artículo 626 del Código General del Proceso, por considerar que su contenido prescriptivo al suprimir la doble instancia en los procesos jurisdiccionales a cargo de las autoridades administrativas, vulnera el derecho a un debido proceso.] - [Palabras claves: ley, instancia, proceso, autoridades, general, corte, demanda, cargo, norma, inconstitucionalidad, administrativas, expresión, contenido, código, parte, inciso, artículos]; Art. 626 Lit. a) (parcial): Fallo inhibitorio

¿Se vulneró el principio de excepcionalidad en la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas la norma demandada que confería al Ministerio de Justicia y del Derecho (y anteriormente al Ministerio del Interior y de Justicia) funciones jurisdiccionales para conocer los asuntos previamente asignados por la Ley 446 de 1998 a las superintendencias; la ley 1098 de 2006 a comisarios y defensores de familia; y en asuntos de insolvencia de personas naturales no comerciantes, regulados en la ley 1380 de 2010? Ese principio es imprescindible para asegurar la división de funciones de las ramas del poder público, el debido proceso, la imparcialidad de los jueces, y para evitar que esa asignación de funciones afecte el fortalecimiento institucional de la Administración de Justicia. INEXEQUIBLE aparte del numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), que subrogó el artículo 199 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) - [Resumen automatizado: En consecuencia, el Legislador actuó dentro del margen del artículo 1216 Superior, tomando en cuenta que "(i) las facultades jurisdiccionales fueron otorgadas por una ley de la República (...); (ii) Las materias sobre las cuales podrá versas dicha administración no son de aquellas proscritas constitucionalmente; (iii) las facultades otorgadas son de carácter excepcional ya que no constituyen la función principal ni general del Ministerio de Justicia y del Derecho y (iv) En el ejercicio de dicha función el legislador ordena que 'la operación de los referidos servicios de justicia debe garantizar la independencia, la especialidad y el control jurisdiccional a las decisiones pongan fin a la actuación, tal y como está regulada la materia en cuanto al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas". || Esa situación, sin duda, debilitaría la administración de justicia como institución pues en lugar de destinar los esfuerzos estatales al fortalecimiento de la actividad judicial, el Estado la privaría progresivamente de funciones y desdibujaría el reparto general de competencias entre las ramas del poder público, de manera que el crecimiento paulatino de las excepciones genera cada vez más dudas sobre el respeto por el principio o condición de excepcionalidad del artículo 116 Superior.] - [Palabras claves: funciones, norma, jurisdiccionales, materia, autoridades, principio, disposición, ministerio, ley, justicia, administrativas, constitución, competencia]

¿Otorgar al Ministerio del Interior y de Justicia funciones jurisdiccionales relativas a materias que en nada se relacionaban con la materia de la Ley 1480 de 2011, desconoció el principio de unidad de materia? ¿La atribución de funciones jurisdiccionales -a través de la expresión "asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes"- al ser genérica e indeterminada, constituyó una infracción del debido proceso (art. 29), así como de las reglas que determinan las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas (art. 116)? La Corte precisó las reglas que rigen, de conformidad con la Constitución y la ley, la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, de manera que (i) si es posible diferenciar claramente y no hay interferencia entre el ejercicio de funciones jurisdiccionales y el ejercicio de las funciones administrativas a cargo de la autoridad correspondiente, la asignación de competencias jurisdiccionales será constitucionalmente admisible; (ii) si las funciones administrativas y jurisdiccionales se encuentran tan estrechamente ligadas que no sea posible diferenciar -o eliminar- el riesgo de interferencia en el ejercicio de unas y otras en la entidad administrativa correspondiente, la disposición que atribuye las funciones jurisdiccionales será inconstitucional; (iii) en el evento en que las funciones administrativas y jurisdiccionales impliquen un riesgo de confusión o interferencia pero sea posible, desde el punto de vista jurídico y práctico, superar tales riesgos de confusión o interferencia, la disposición que atribuye las funciones será constitucional bajo la condición de que se eliminen tales riesgos. Ley 1480 de 2011, "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"; Art. 80 (parcial) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Con el fin de contribuir al acceso eficaz a la justicia y a la descongestión judicial, el Ministerio del Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá operar servicios de justicia en asuntos de protección al consumidor, saneamiento de la propiedad, insolvencia de personas naturales no comerciantes y controversias entre copropietarios relacionadas con violaciones al régimen de propiedad horizontal en normas de convivencia, así como en todos los asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes. || Las expresiones "saneamiento de la propiedad, insolvencia de personas naturales no comerciantes y controversias entre copropietarios relacionadas con violaciones al régimen de propiedad horizontal en normas de convivencia, así como en todos los asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales" del artículo 80 demandado, desconocen el principio de unidad de materia dado que, en primer lugar, no guardan relación con el objeto de la ley de la que hacen parte; y, en segundo lugar, algunas de ellas tienen una amplitud excesiva que hace imposible establecer la conexión con el objeto de la ley impidiendo, además, la identificación por parte del ciudadano de la forma como se materializarán tales facultades.] - [Palabras claves: ley, materia, funciones, jurisdiccionales, unidad, corte, administrativas, principio, autoridades]; Art. 80 (parcial) : INEXEQUIBLE

¿Vulnera el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, la atribución de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver controversias relacionadas con asuntos sobre los cuales también ejerce facultades de inspección, vigilancia y control? El ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades no judiciales representa una excepción al reparto general de funciones entre las ramas del poder - Condiciones bajo las cuales puede entenderse que las facultades jurisdiccionales asignadas a una Superintendencia son constitucionales. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 41 : CONDICIONALMENTE Exequible - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta que en la práctica deberá surtirse un proceso de transición en la modificación de la estructura de la entidad y que los funcionarios que formen parte de la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y la Conciliación pudieron haberse pronunciado en ejercicio de sus funciones previas de inspección, vigilancia y control sobre casos que luego sean objeto de reclamo judicial, es necesario asegurar que el mismo funcionario no haya intervenido en ellos al ejercer funciones administrativas, al igual que el funcionario que ejerza las funciones jurisdiccionales debe hacerlo de manera independiente, lo cual excluye que sobre el mismo un superior pueda invocar relaciones de jerarquía acudiendo a las normas que se aplican en el plano administrativo, exclusivamente, y que no son compatibles con la actividad jurisdiccional. || La Corte ha ido estableciendo en su jurisprudencia las condiciones bajo las cuales puede entenderse que las facultades jurisdiccionales asignadas a una Superintendencia son constitucionales: (i) las materias específicas deben estar precisadas en la ley, (ii) no pueden tener por objeto la instrucción de sumarios o el juzgamiento de delitos y, (iii) al interior de la Superintendencia debe estar estructuralmente diferenciado el ámbito de la función judicial del correspondiente a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control.] - [Palabras claves: superintendencia, funciones, ejercicio, nacional, jurisdiccionales, vigilancia, facultades, corte, ley, función, imparcialidad, administrativas, inspección, control, judiciales]; Art. 41 : CONDICIONALMENTE Exequible

Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Demanda contra la expresión "carácter definitivo" contenida en el Art. 41 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Luego de citar en extenso la Sentencia C-415 de 2002 en la que la Corte revisó la constitucionalidad del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, concluye que la norma demandada es exequible, porque “la forma en que ha sido estructurada no vulnera de manera alguna los derechos a la igualdad, el debido proceso y a la doble instancia, pues es sumamente claro que contra las decisiones definitivas que se tomen en vía judicial procede el recurso de apelación que se hará ante la autoridad judicial que tuvo originalmente la competencia para tramitar el asunto que se debate”. || Advierte que los cargos formulados en la demanda parten de una errónea lectura del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, pues todas las acusaciones hacen referencia a que contra las decisiones judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud no existirá recurso de apelación y que, por ende, no será posible intentar su control ante una instancia superior; a juicio del Ministerio Público, el actor pasa por alto que el mismo artículo demandado establece expresamente que la Superintendencia deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por la Ley 510 de 1999, en el que se prevé, precisamente, que los fallos definitivos y aquéllas providencias en que se declare la incompetencia para conocer de un asunto son susceptibles del recurso de apelación, tal como ya fue analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-384 de 2000.] - [Palabras claves: ley, superintendencia, decisiones, judiciales, nacional, definitivo, instancia, funciones, carácter, corte, judicial, apelación, recurso, expresión]