La indemnización en los procedimientos de expropiación debe ser reparatoria y plena, lo que significa que no basta con que se compense al propietario del bien, el valor de éste, sino que corresponde resarcir la totalidad de los daños que se lleguen a causar con la decisión de la administración de privarle de su derecho de propiedad. La indemnización plena incluye además de la compensación por el bien expropiado, la cual debe corresponder a su valor comercial, el reconocimiento por el daño emergente y el lucro cesante que se hubiesen causado con la ejecución de la decisión expropiatoria. La reclamación que se realiza de adecuación del monto de la indemnización por parte de quien ha sufrido los efectos de la expropiación, implica la posibilidad de reclamar tanto el justiprecio del bien, como el daño emergente y el lucro cesante que se hubiese generado por causa de la decisión del Estado. Las pretensiones dan cuenta de que el demandante incluyó peticiones relacionadas con el mayor valor a compensar por el predio, así como el reconocimiento de daños por lucro cesante y daño emergente, de lo que se sigue, que no puede predicarse la existencia de un fallo extra petita, pues es claro que dentro de la demanda sí se reclamó el lucro cesante reconocido

Diferencias entre expropiación judicial y expropiación administrativa. La expropiación judicial, tiene las siguientes características: (i) se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea porque el propietario se niegue a negociar, porque guarde silencio, o porque no cumpla con lo acordado (Artículo 58 y ss Ley 388 de 1997) (ii) Se adelanta mediante resolución que admite recurso de reposición. En firme esta resolución, la Administración demanda ante la jurisdicción civil al propietario para que entregue el inmueble, atendiendo el procedimiento fijado en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y CGP. La expropiación administrativa goza de las siguientes características, que difieren de la judicial: (i) También se presenta luego de fracasada la negociación entre la Administración y el propietario, pero es excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir el predio mediante el trámite de expropiación administrativa. (ii) Solo procede cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente en la ley (artículo 63 Ley 388 de 1997, motivos de utilidad pública y-o de interés social). (iii) Debe mediar declaratoria previa de urgencia, cuyas causales son taxativas y están definidas por el artículo 65 del mismo estatuto

Dictamen para la expropiación administrativa. I) De conformidad con el artículo 237 del CPC el dictamen debe ser claro, preciso y detallado para poder explicar los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones; II) Los dictámenes periciales que se rindan en un proceso especial de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble expropiado por vía administrativa, en particular en lo relativo a su avalúo comercial, los peritos están sujetos a reglas para la elaboración de avalúos contenidas en el Decreto 1420 de 1998; III) Para la elaboración de éstos avalúos se deberá aplicar uno de los métodos observando parámetros y criterios o, el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual, tal como dispone la Resolución 762 de 1998; y IV) Cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que se determine