Mora judicial el proceso de expropiación. El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Mención particular a la garantía del plazo razonable en la adopción de decisiones. Para identificar un caso de mora judicial, la jurisprudencia constitucional se ha valido del análisis de los siguientes parámetros: i) inobservancia de los plazos señalados en la ley para adelantar la actuación judicial; ii) inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora; y iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial . Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, se deben analizar los siguientes parámetros: i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del procesado); ii) la complejidad del caso; iii) la conducta procesal de las partes; iv) la valoración global del procedimiento; y v) los intereses que se debaten en el trámite. Además, esta Corporación adujo que pueden presentarse casos en los que a pesar de no advertirse mora judicial -en tanto la dilación o parálisis no es atribuible a una conducta negligente del funcionario, el procedimiento, en razón al diseño legislativo, las complejidades probatorias de los hechos y el cumplimiento de la etapa prevista para su desarrollo - [Resumen automatizado: La señora Martha Eda Cardozo Ospina, en calidad de agente oficiosa de su madre Blanca Esneda Ospina de Cardozo, instauró acción de tutela contra la Fiscalía 31 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá[1], la Fiscalía 78 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[2] y la Sociedad de Activos Especiales, solicitando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vida digna, intimidad personal y familiar, buen nombre y a la propiedad. || En consecuencia, i) concedió el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al hallar transgredida la garantía de “plazo razonable” en la adopción de las decisiones judiciales; en cambio, negó la protección a la intimidad personal y familiar, buen nombre, propiedad y vida digna; ii) ordenó a la Fiscalía 78 resolver, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia, lo relacionado con el expediente en el cual figura vinculada la agenciada; y iii) revocó la medida provisional consistente en la suspensión de la diligencia de entrega forzada dispuesta por la SAE.] - [Palabras claves: extinción, fiscalía, proceso, acción, dominio, tutela, ley, derechos, judicial, entrega, bogotá, sala, bienes, justicia, trámite, derecho]

¿Las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, de un lado, al haber declarado la extinción del dominio de un local comercial, sin que previamente se hubiere llamado al proceso a los terceros que habían adquirido derechos en relación con ese inmueble, y, del otro, al haber omitido la inscripción oportuna de las providencias mediante las cuales se adoptó esa decisión? (…)el cumplimiento de la regla de justicia plasmada en el artículo 34 de la Constitución, aunque tiene su expresión en el plano patrimonial y no en el penal, como lo ha manifestado esta Corte, mal podría llevarse a cabo mediante un sistema legal que presumiera la mala fe de las personas o que les impusiera la carga de probarla, cuando es el Estado -titular de la acción de extinción del dominio- el que corre con ella. Por lo cual debe la Corte reiterar que los titulares de la propiedad u otros derechos reales, aun sobre bienes en cuyo origen se encuentre alguno de los delitos por los cuales puede incoarse tal acción, se presume que lo son en verdad y que han actuado honestamente y de buena fe al adquirir tales bienes, de lo cual se desprende que en su contra no habrá extinción del dominio en tanto no se les demuestre a cabalidad y previo proceso rodeado de las garantías constitucionales que obraron con dolo o culpa grave."(…)es claro que en los procesos que se sigan en esta materia, los operadores judiciales tienen el deber de garantizar que los terceros de buena fe que hubieren adquirido legítimamente derechos sobre esos bienes, cuenten con las oportunidades procesales para defenderse y, de confirmar esta situación, tienen la obligación de adoptar las decisiones que correspondan con el fin de salvaguardar esos intereses - [Resumen automatizado: La señora Paola Cristina Ochoa Betancur, actuando a través de abogado a quien le confirió mandato su apoderada general, interpone la presente acción de tutela para solicitar la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión Extinción de Dominio de Bogotá y por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de la misma ciudad, autoridades judiciales que dictaron las sentencias de 30 de septiembre de 2004 y de 29 de abril de 2005, respectivamente, mediante las cuales se decidió, entre otros asuntos, declarar extinguido el dominio del local comercial identificado con la matrícula inmobiliaria 001-251641 de la ciudad de Medellín. || En ese sentido, la actora indica que las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto la circunstancia de que, para el momento en que se profirió la sentencia que declaró la extinción de dominio sobre el predio, éste ya no se encontraba en manos de la persona sobre la cual recaía la acción penal, hecho que, en los términos del artículo 3 de la Ley 793 de 2002, impedía considerarlo como un bien equivalente y, por tanto, adoptar una decisión como la señalada.] - [Palabras claves: extinción, dominio, derechos, acción, tutela, proceso, derecho, penal, judiciales, sala, terceros, corte]

¿se vulneró o amenazó el derecho fundamental a la vivienda digna, de los y las accionantes al ordenarse por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito la entrega anticipada del bien inmueble dentro del proceso de expropiación, sin haberse iniciado la construcción del Macroproyecto de Interés Social Nacional? Es claro que a la fecha de la interposición de la acción de tutela el macroproyecto se encontraba a la espera de la adquisición de predios, como el de los y las demandantes, y con mucho tiempo pendiente para ser iniciado, por lo que la medida de entrega anticipada del inmueble a juicio de esta Sala no tenía justificación. Adicionalmente, tenía la potencialidad de poner en peligro el derecho a la vivienda de sus ocupantes.Ahora bien, las normas legales y constitucionales que regulan el tema de la expropiación consagran que en todo caso la indemnización debe ser previa al traspaso de dominio del bien, sin embargo, las y los peticionarios temen que en la práctica transcurra un lapso considerable de tiempo entre el momento en que se realice la entrega anticipada del bien (10 de octubre de 2012) y el momento en que efectivamente reciban el valor de la indemnización. En este sentido, es lógico para los y las accionantes pedir la suspensión de la entrega anticipada del inmueble, y con ello evitar la amenaza sobre sus derechos y más aún cuando la construcción del macroproyecto no es tan evidente y urgente como así lo entendió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito - [Resumen automatizado: El pasado mes de octubre de 2012, Blanca Cenelia Estrada Correa, Yolanda Estrada Correa y otros[1], solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna, mínimo vital y debido proceso, los cuales fueron presuntamente vulnerados por el Municipio de Manizales, la Empresa de Renovación Urbana de Manizales y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, al haberse ordenado la entrega inmediata del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 100-2094 dentro del proceso de expropiación iniciado por la Empresa de Renovación Urbana de Manizales Ltda. || En atención a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si se vulneró o amenazó el derecho fundamental a la vivienda digna, de los y las accionantes al ordenarse por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales la entrega anticipada del bien inmueble dentro del proceso de expropiación, sin haberse iniciado la construcción del Macroproyecto de Interés Social Nacional del Centro Occidente de Colombia, San José.] - [Palabras claves: manizales, inmueble, civil, entrega, tutela, bien, accionantes, juzgado, sala, expropiación, proceso, anticipada, circuito, acción, mil]

¿Se vulnera el derecho al debido proceso de una entidad, al fijar el monto de la indemnización dentro del proceso de expropiación judicial promovido contra un ciudadano, con ausencia del cumplimiento de los requisitos especiales del procedimiento de expropiación judicial y el régimen probatorio específico para fijar el monto de la indemnización? Concede. La ausencia del cumplimiento de los requisitos especiales del procedimiento de expropiación judicial y el régimen probatorio específico para fijar el monto de la indemnización, dan lugar a un defecto procedimental absoluto amparable por vía de tutela, siempre y cuando la solicitud de tutela cumpla con los requisitos generales de procedencia de la acción contra providencias judiciales - [Resumen automatizado: En primer lugar, porque ordenó la realización de un dictamen pericial para establecer el valor del inmueble antes de tomar la decisión sobre la expropiación del bien objeto del litigio, pese a que según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, primero debe tomarse una decisión en relación con la expropiación del bien, trámite que no tiene lugar a la petición de pruebas conforme lo exige el artículo 454 C.P.C, y únicamente cuando esta providencia quede en firme, puede iniciarse la etapa de avalúo y fijación de la indemnización con base en dictámenes periciales, tal como lo indica el artículo 456 C.P.C . || Específicamente, debe establecer la Sala si las providencias proferidas por estas autoridades judiciales incurrieron en al menos uno de los siguientes defectos: (i) defecto procedimental, por haber ordenando indebidamente la apertura de una etapa probatoria en el proceso de expropiación judicial, acudiendo a peritos que no pertenecían al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y sin dar trámite a la objeción hecha al segundo dictamen pericial; (ii) defecto sustantivo, por haber fijado el valor de la indemnización sin tener en cuenta los componentes previstos en la normatividad vigente sobre la materia, o (iii) defecto fáctico, por haber dejado de decretar las inspecciones judiciales solicitadas por la entidad accionante en el escrito de objeción a los dictámenes periciales.] - [Palabras claves: expropiación, judicial, indemnización, proceso, debe, dictamen, decisión, tutela, valor, civil, sala, trámite, sentencia]

¿Es la acción de tutela el mecanismo procedente para determinar si fueron vulnerados los derechos al debido proceso., mediante la expedición del acuerdo que declaró de utilidad pública la vía que de Puente Iglesias conduce al Municipio de la Pintada por la margen izquierda del Río Cauca, y las demás resoluciones que se expidieron con fundamento en éste , las cuales concluyeron en la expropiación de un terreno que le pertenece a la sociedad accionante para la construcción de una vía para la comunidad que transita por dicho sector.?. Improcedente. Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. La Sala considera que la acción de tutela que se estudia no es procedente puesto que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable en cabeza de la sociedad demandante y la tutela en principio no es la acción pertinente para la protección de derechos colectivos y, no se reunieron los requisitos necesarios para que pudiera configurarse una excepción a esta regla. Por lo tanto la Sala se abstiene de estudiar el fondo del asunto - [Resumen automatizado: Rodolfo Andrés Correa Vargas, actuando en nombre y representación de la Propiedad Horizontal Parcelación Túnez Grande, y como coadyuvante del demandado en la presente acción de tutela, interpuso recurso de alzada contra el fallo de primera instancia, por considerar que (i) la sentencia es incongruente pues no existe identidad entre la presunta violación alegada, los derechos estudiados, las pruebas aportadas y los derechos que finalmente fueron amparados, (ii) se excedió el ámbito de competencia del juez constitucional, al decidir sobre un asunto que ya había sido objeto de debate en la jurisdicción contencioso administrativa, durante el trámite de la acción de nulidad que cursa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, (iii) al conceder el amparo se desnaturalizó la acción de tutela ya que la sociedad actora pudiendo apelar el auto que negó la suspensión provisional del acto administrativo dentro del proceso de nulidad no lo hizo, y en su lugar utilizó la acción de tutela para intentar revivir los términos vencidos, (vi) finalmente, argumentó que el juez de primera instancia incurrió en un arbitrario desconocimiento de las causales de procedencia del mecanismo impetrado, pues si bien estableció que en el caso existe un daño consumado concedió la tutela como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable lo cual no solo es contradictorio sino que constituye un claro defecto procedimental de la misma.] - [Palabras claves: proceso, tutela, acción, perjuicio, derecho, derechos, vía, sociedad, protección, parte, suspensión, nulidad]

¿Se vulnera el derecho al debido proceso y de defensa, de quien no ha sido vinculado, ni notificados del inicio del proceso de expropiación del inmueble donde habita y del que alega tener posesión desde hace más de veinte años, y sobre el cual corre un proceso de pertenencia? Publicidad de los procesos y la importancia de las notificaciones. Proceso de expropiación y de pertenencia. Negada - [Resumen automatizado: Los accionantes sostienen que el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá no les notificó la existencia del trámite del proceso de pertenencia iniciado por Jaime Alfonso Páez Gacharná, situación que les impidió obtener el reconocimiento de sus derechos como poseedores, en los mismos términos del demandante. || En comunicación de enero 12 de 2006, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU informó a esta Sala que: "...dentro del proceso de expropiación que se adelanta sobre el predio objeto de la acción se tienen como demandados a los señores Marco Antonio Arango Ceballos, en su calidad de propietario inscrito, y Jaime Alfonso Paez Gacharná, quien instauró demanda de pertenencia debidamente registrada en el folio de matricula inmobiliaria perteneciente al Inmueble, el cual fue aportado dentro del tramite de admisión de la demanda, de conformidad con el artículo 451, numeral 2° , del C.P.C, el cual reza: ' 2.- La demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre !os bienes y si éstos se encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso.'] - [Palabras claves: proceso, civil, expropiación, juzgado, circuito, pertenencia, derecho, dentro, bogotá]

La expropiación no tiene carácter contractual por no tratarse de una negociación voluntaria. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para entablar acciones de tutela en defensa de los derechos fundamentales de las personas jurídicas (municipio). Tutela excepcional contra providencia judicial. Proceso de expropiación. Oposición a la entrega del bien objeto de la expropiación, por parte de un tercero que alega posesión material o derecho de retención sobre el mismo. Validez de confesión inicial sobre reconocimiento de dominio ajeno. Sobre quien debe recaer indemnización por mejoras sobre inmueble expropiado en calidad de tenedor. En providencia judicial quebrantamiento de plazo a que dispone municipio para pago (art. 336 C.P.C) - [Resumen automatizado: En el proceso de revisión de los fallos proferidos por las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil Familia- Laboral, con citación oficiosa del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, la Alcaldía de Valledupar, el señor José Elías Mendoza Maestre y la sociedad Construcciones e Inversiones Santa Rosalía Limitada. || 1. La Procuraduría General de la Nación mediante apoderada presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil Familia- Laboral, en defensa del derecho fundamental al debido proceso del municipio de Valledupar, por considerar que fue conculcado por las actuaciones de la autoridad judicial demandada. || Con relación a las demás hechos alegados por la Procuraduría considera la Sala de Casación Civil que se incurrió en vía de hecho, por defecto fáctico y sustantivo, porque en forma manifiesta el Tribunal desconoció los alcances de un documento público que en relación con la prueba testimonial era trascendente, esto es, la constancia que dejó el Juzgado sobre la manifestación de Mendoza Maestre en el Acta de Entrega del bien expropiado; con mayor razón porque el mismo juez ratificó que dicho señor realizó esa manifestación.] - [Palabras claves: civil, posesión, proceso, valledupar, diligencia, derecho, tutela, municipio, sala, hecho, juzgado, tribunal]

Derecho a la propiedad - Expropiación - [Resumen automatizado: La Constitución Política vigente mantuvo, en términos generales, los mismos presupuestos jurídicos establecidos en el ordenamiento constitucional anterior en materia de expropiación, aunque debe resaltarse, además de la posibilidad de decretar la expropiación por vía administrativa, la mención expresa de que la indemnización que se pague deba ser fijada "consultando los intereses de la comunidad y del afectado", así como la decisión de no poder controvertir judicialmente los motivos de utilidad pública o de interés social invocados por el legislador. || Si bien debe reconocerse, acatarse y protegerse el principio de la prevalencia del interés general sobre el particular, que a su vez es el fundamento jurídico de la expropiación, ello no puede constituirse en motivo para que las distintas administraciones municipales declaren de utilidad pública determinados predios, cuando no se conoce con exactitud si puede asumirse o no los costos económicos que acarrea una decisión de tal naturaleza. || Por escapar a los propósitos de este pronunciamiento el analizar a fondo los alcances y características jurídicas de la expropiación, basta con señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Corte Suprema y Justicia y de esta Corporación[2] , la han definido como un instituto, un negocio o una operación de derecho público, por medio de la cual el Estado, por razones de utilidad pública o de interés social, priva coactivamente de la titularidad de un determinado bien a un particular, de acuerdo con un procedimiento específico y previo el pago de una indemnización.] - [Palabras claves: derecho, pública, expropiación, jurídica, sala, propiedad, social, utilidad, interés, seguridad, afectación, inmueble]