¿Las Corporaciones demandadas vulneraron el derecho al debido proceso de la entidad accionante, al incurrir en una vía de hecho en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la misma? Negada. Defecto procedimental. Defecto sustancial o material. Excepción de inconstitucionalidad. No existe incompatibilidad entre la excepción de inconstitucionalidad y la competencia de la Corte Constitucional para determinar de manera definitiva, acerca de la inexequibilidad de una norma. Pero cuando ya se ha dictado una sentencia con alcance erga omnes, es esta decisión la que debe prevalecer. Impuesto de alumbrado público. Los concejos municipales están autorizados legalmente para la creación y regulación del impuesto de Alumbrado Público. Resulta inviable entrar a analizar la legalidad de un Acuerdo Municipal por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho - [Resumen automatizado: 1.1.4 Frente a la anterior decisión, la empresa SURTIGAS interpuso el recurso de apelación, y alegó la excepción de inconstitucionalidad al solicitarle al Tribunal Administrativo de Córdoba inaplicar el Acuerdo 017 del 4 de junio de 2004, en tanto esta norma no solo excede las facultades constitucionales que le corresponde a los concejos municipales, sino porque al servir de sustento para la expedición de los actos administrativos acusados, el IAP que se pretende imponer carece de base constitucional y legal para subsistir de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se señala que no le es dable a los concejos municipales determinar todos los elementos constitutivos de un impuesto (hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos activo y pasivo), en tanto el principio de predeterminación tributaria señala que es en la Ley en donde deben estar delineados cuando menos los rudimentos del impuesto, razón por la cual no es aceptable una simple autorización como la que plantean las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.] - [Palabras claves: acción, tutela, corte, sentencia, proceso, hecho, constitucional, consejo, decisión, judiciales, judicial, administrativo, empresa, ley, derecho, constitución, excepción]

¿Las entidades demandadas han vulnerado los derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa, igualdad, seguridad social en conexidad con la vida digna y la salud, así como la especial protección a las personas en estado de debilidad manifiesta de la actora, al negarle la pensión de invalidez sobre la base del incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema? Concedida. Ley 860 de 2003, Art. 1° relativo al requisito de fidelidad al sistema de seguridad social. Lo que en su momento suponía la inaplicación de una norma por vía de excepción de inconstitucionalidad, ahora tiene el alcance de una sentencia con efectos erga omnes, con alcance de cosa juzgada constitucional, en tanto la norma inaplicada ya fue declarada inexequibilidad en sentencia C-428 de 2009. Ahora, se puede reclamar con la seguridad de que tal prestación sería reconocida con el cumplimiento de los únicos requisitos exigidos para tal efecto: una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y haber cotizado cuando menos 50 semanas en los tres últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez - [Resumen automatizado: La ciudadana Claudia Céspedes Paternina[1] presentó acción de tutela el 19 de enero de 2009 en contra de la Administradora de Riesgos Profesionales (AFP) ISS Cartagena, que cambio a La Previsora Vida S.A., hoy Positiva S.A., la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A., pues consideró que esas entidades habían vulnerado sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa, igualdad, seguridad social en conexidad con la vida digna y la salud, así como a la especial protección a las personas en estado de debilidad manifiesta. || Con esta PCL, la accionante reclamó ante la AFP Porvenir S.A. el reconocimiento de la prestación económica derivada de su invalidez, a lo cual dicha entidad en comunicación número 234117 del 14 de agosto de 2008, le negó tal prestación, argumentando que “al consultar nuestro sistema observamos que durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez dada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, usted tiene cotizadas un número de semanas superiores a las 50 semanas exigidas por la ley; no obstante observamos que por el tiempo transcurrido entre el momento en que usted cumplió 20 años de edad (1994-07-12) y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez (2007-10-03), uestes necesita como requisito de fidelidad para con el sistema haber cotizado 138 semanas, y usted solo cuenta con 121.28 semanas durante este término.”[7]] - [Palabras claves: invalidez, momento, reconocimiento, calificación, fecha, dicha, derechos, tal, tutela, corte, ley, derecho, origen, acción, capacidad, sentencia, proceso, protección]

¿Cajanal vulneró los derechos a la tercera edad, a la seguridad social y al mínimo vital de la actora cuando negó su solicitud de sustitución pensional, argumentando que ésta no reúne la condición de "cónyuge" del causante y que no probó que estuviera separada, divorciada o viuda de su primer matrimonio para poder ostentar tal calidad del pensionado fallecido? Concedida. El derecho a la sustitución pensional no depende de la clase de vínculo generador de la familia, sino de la relación real de convivencia y afecto que existía entre el fallecido y su beneficiaria, por lo que no se exige a los convivientes el requisito de que se encuentren en estado de soltería, viudez o divorcio al momento de iniciar la unión, pues tal circunstancia entrañaría una vulneración de su derecho a ser tratadas de igual forma que las demás que han creado una familia a partir del matrimonio. Excepción de inconstitucionalidad - [Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente || La Corte debe establecer si la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL- CAJANAL- vulneró los derechos de la actora cuando negó su solicitud de sustitución pensional, con base en dos argumentos: (i) que la señora Blanca Inés Vásquez no reúne la condición de "cónyuge" del causante y (ii) además, no se probó que estuviera separada, divorciada o viuda de su primer matrimonio para poder ostentar la calidad de "cónyuge" del pensionado fallecido. || Es así como en la sentencia T-202 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, - sobre una resolución del Instituto de los Seguros Sociales, del año 1994, en la cual se denegaba una solicitud de sustitución pensional elevada por el compañero permanente de una persona pensionada, fallecida en el año de 1988, con el argumento de que el actor no se ajustaba a los requisitos de una norma del decreto 758 de 1990 - la Corte expuso que la decisión del Instituto vulneraba la Constitución y que "el hecho de que las resoluciones en cuestión fueron dictadas bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, implica que dichas actuaciones administrativas debieron sujetarse a lo dispuesto en el artículo 13 que reconoce el derecho a la igualdad..."[15] ] - [Palabras claves: derecho, sustitución, corte, permanente, sentencia, años, puede, vida, igualdad, personas, derechos, constitución, tutela, decreto, persona, proceso, si]

¿Es procedente vía tutela solicitar el reintegro de un agente de la Policía retirado del servicio con fundamento en un acto administrativo cuya motivación o fundamento de derecho se declaró inconstitucional? Inconstitucionalidad sobreviniente de un acto administrativo. Decaimiento de los actos administrativos. La existencia de un fallo de legalidad de un acto administrativo no implica que, hacia el futuro, las normas que le dieron sustento no puedan ser declaradas inconstitucionales. Existencia de otros mecanismos de defensa idóneos. Principio de inmediatez. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente || Copia informal de la Sentencia de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No.0234 del 27 de junio de 2001 en lo relativo al retiro del servicio activo de la Policía Nacional, instaurada por el señor Franklin de Moya Fernández ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, correspondiente al expediente 08-001-23-31-05-2001-2160-00-L.M. del 5 de mayo de 2004, en la que se deniegan la peticiones de la demanda. || - De una parte, el accionante manifiesta que el acto administrativo (Resolución 02304 del 27 de junio de 2001) que determinó el retiro del Servicio en la Policía Nacional del señor Franklin De Moya Fernández, como consecuencia de una disminución en la capacidad sicofísica fue demandado por la vía contencioso administrativa, lo que hace improcedente que se lleve a cabo la revocatoria directa del acto por cuanto ya existe un fallo ejecutoriado.] - [Palabras claves: acto, administrativo, tutela, policía, acción, hecho, servicio, vía, nacional, fuerza, sala, norma, efectos, ejecutoria]

¿La entidad estatal que otorgaba a sus funcionarios con hijos con limitaciones físicas o con talentos excepcionales, un auxilio en dinero consistente en una contribución que cubre un porcentaje para matrícula y pensión de conformidad con el sueldo del funcionario, pero después expide un acto administrativo que limita y establece una distinción frente a los hijos con discapacidad, considerando que no son beneficiarios del subsidio, aquellos niños que se encuentren matriculados en Colegios de Educación Formal que reciben estudiantes de educación especial, vulnera derechos fundamentales? Clases de actos de la administración que adopta por medio de las llamadas Circulares. Excepción de inconstitucionalidad. Derecho a la educación especial del menor discapacitado. Discriminación y exclusión social. Concedida - [Resumen automatizado: En el presente asunto, la distinción contenida en la Circular del 28 de enero de 2005 referida a lo no inclusión en el auxilio educativo a los hijos de los funcionarios con discapacidad que se encuentran matriculados en colegios de educación formal rompe abiertamente con los derechos fundamentales contenidos en la Carta y los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad, relacionados con: (i) los derechos de los niños establecidos en el artículo 44 de la Carta y en la Convención de Derechos del Niño, (ii) la protección especial otorgada por la Constitución a las personas con discapacidad consagrada en su artículo 47, la cual debe ser interpretada de conformidad con los Convenios y Tratados de derechos humanos ratificados por Colombia frente al tema de la discapacidad, en especial su derecho a la integración social en el ámbito de la educación, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional y (ii) el derecho a la igualdad adoptado por el artículo 13 de la Ley Fundamental, en especial frente aquellos que se encuentran en un Estado de debilidad manifiesta.] - [Palabras claves: educación, derecho, especial, derechos, personas, discapacidad, debe, niños, corte, parte, mismo, carta, en, convención]