¿El Tribunal Administrativo vulneró el derecho fundamental de la entidad demandante al debido proceso, por configuración de un defecto sustantivo, al considerar que el artículo 61 del Código de Comercio habilita levantar la reserva legal para documentos privados, para efectos de realizar un control político a una empresa que presta un servicio público? Concede - (…)en el caso de las empresas de servicios públicos mixtas, que sean entidades públicas, pero sometidas a las reglas del derecho privado para la realización de su objeto social, es evidente que dependiendo de la función que cumplan como entidad pública o como particular, pueden existir dentro de sus documentos algunos que tengan carácter público, mientras que otros pueden ser totalmente privados. Tendrán el carácter de documentos públicos aquellos que estén relacionados con el cumplimiento de la prestación del servicio público que le corresponda por ley, al igual que los que sean producto del ejercicio de prerrogativas propias de una entidad pública. Respecto de estos documentos el ciudadano tendrá la posibilidad de acceder a ellos en cuanto son de público conocimiento, salvo que exista una reserva expresa consagrada en una norma legal(…)se entenderá como documento privado y por tanto no podrá ser consultado por los ciudadanos, excepto que sea para la satisfacción de los fines consagrados en la Constitución o en la ley, aquellos que sean originados del ejercicio de las funciones que realice la entidad, equiparables a las que realizan los particulares en un mercado donde se necesita que compita en igualdad de condiciones para la eficaz prestación del servicio(…)De lo anterior, colige la Sala que la determinación del régimen jurídico de la reserva de los documentos de las empresas de servicios públicos mixtas, depende directamente de la naturaleza pública o privada del documento(…)el artículo 61 del C. de C. que aplicó el Tribunal accionado, a pesar de que sí estaba relacionado con la reserva de los documentos privados que fueron originados de la realización del objeto social de la ETB como comerciante, no contemplaba dentro de los supuestos constitucionales ni legales, al control político como excepción para levantar la reserva y en consecuencia ordenar el acceso a las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas - [Resumen automatizado: Mediante sentencia de única instancia del 13 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A, resolvió el recurso de insistencia, declarando mal denegado por parte de la ETB la solicitud elevada por la concejala, argumentando que dicha entidad es una empresa de servicios públicos, a la cual le resulta aplicable la Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", que en su artículo 19[1] remite al Código de Comercio[2] (en adelante C. || En síntesis, sustentó su oposición a la procedencia de la acción de tutela, porque: (i) la naturaleza jurídica de la ETB corresponde a una empresa de servicios públicos mixta, la cual no está exenta del control político aplicable a los órganos y entidades estatales; (ii) el derecho de petición opera frente a la ETB; y (iii) el Concejo de Bogotá es competente para vigilar y evaluar la gestión desplegada por la ETB, toda vez que dicha empresa integra la rama ejecutiva del poder público de la administración distrital, dentro del sector descentralizado por servicios] - [Palabras claves: reserva, derecho, control, documentos, ley, públicos, político, ejercicio, servicios, naturaleza, empresas, entidad, tutela, empresa]

¿La Policía Nacional vulneró los derechos de petición y de acceso a la información de la actora y su hija, al negarse a brindar la información acerca de las patrullas que se encontraban la noche en que su esposo y padre desapareció y fue torturado y asesinado, con el fin de remitirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organización que investiga la desaparición? Concedida. Alcance del derecho de petición y el derecho al acceso a la información. Las personas tienen derecho a conocer aquella información que tiene el carácter de pública y que no se encuentra sometida a reserva legal. La negativa de suministrar este tipo de información vulnera el derecho al acceso a la información - [Resumen automatizado: El tres (03) de septiembre de dos mil ocho (2008), la Directora Ejecutiva de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR, Sra. Jael Quiroga Carrillo, presentó una petición a la Dirección General de la Policía Nacional, mediante la cual solicitaba información sobre: (i) las patrullas de la Policía Nacional que se encontraban en el Barrio El Tunal, el 22 de abril de 2008, entre las 6:30 a.m. y 7:00 a.m., según consta en registro fotográfico captado por las cámaras de seguridad de los Conjuntos Cerrados Norte de Santander y Risaralda[1]; (ii) la labor que estaban desempeñando y (iii) el personal que estaba desempeñando esas labores. || El diecisiete (17) de marzo de dos mil nueve (2009), la Sra. Zonia Betancourt Rojas presentó una petición a la Dirección General de la Policía Nacional mediante la cual solicitaba información sobre: i) las patrullas de la Policía Nacional que se encontraban en el Barrio El Tunal, el 22 de abril de 2008, entre las 6:30 a.m. y 7:00 a.m., según consta en registro fotográfico captado por las cámaras de seguridad de los Conjuntos Cerrados Norte de Santander y Risaralda[6]; (ii) la labor que estaban desempeñando y (iii) el personal que estaba desempeñando esas labores; información que iba a ser remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.] - [Palabras claves: información, derecho, policía, acceso, nacional, petición, dos, derechos, reserva, general, documentos, público, bogotá, públicos, debe]

¿La entidad demandada vulnera el derecho a la información y al acceso a documentos públicos del actor, al negar la entrega de cierta información cuando invoca razones de movilidad y seguridad? Concedida. La publicidad de los documentos contribuye en un Estado democrático a evitar la arbitrariedad y garantizar la transparencia en las actuaciones de las autoridades. Por ello, la regla debe ser la publicidad de la información lo que correlativamente implica que solo una justificada decisión del legislador o el constituyente puede configurarse como excepción para considerar como reservada determinada información. No se puede presumir la mala fe del peticionario en el manejo de la información suministrada - [Resumen automatizado: El Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá, en sentencia proferida el 18 de junio de 2009, decidió negar el amparo solicitado por tres razones: i) porque el accionante dispone de otro medio de defensa judicial, a saber, la posibilidad de impugnar la decisión de la Secretaría Distrital de Movilidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985; ii) por cuanto no se demostró que con la actuación de la accionada se esté vulnerando derecho fundamental alguno ni que se esté causando un perjuicio irremediable al accionante; y iii) porque consideró que las razones de movilidad y seguridad alegadas para someter a reserva legal la información solicitada están amparadas constitucionalmente. || En otros términos, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá invocó razones distintas a la reserva legal o constitucional, para negar el acceso a la información solicitada por el señor Santiago Soto Molina, lo que significa que el otro mecanismo de defensa judicial no resulta idóneo para controvertir la decisión de la accionada, y en consecuencia, la acción de tutela es procedente para definir la violación del derecho al acceso a documentos públicos.] - [Palabras claves: información, derecho, tutela, acceso, acción, reserva, secretaría, documentos, bogotá, petición, solicitada]

¿Existe violación o no de los derechos fundamentales del actor por parte de la Cámara de Comercio que contestó en forma diversa los puntos sobre los cuales versaba un derechos de petición? Negada. Posible existencia de otro medio de defensa judicial. Naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio. Concepto de descentralización por colaboración. Reglas para determinar la eventual reserva que pudiera existir sobre los documentos de las cámaras de comercio. Los derechos de las veedurías ciudadanas en cuanto mecanismos de control social de la gestión pública. - [Resumen automatizado: De otra parte, la entidad accionada aduce que para el caso planteado existe otro medio de defensa judicial, concretamente el previsto en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, a partir del cual el peticionario puede solicitar al tribunal contencioso administrativo competente que resuelva de manera definitiva sobre la reserva alegada por la persona a quien se solicitan las copias o los documentos, situación que claramente determina la improcedencia de la acción de tutela impetrada. || Despejado el anterior interrogante, para decidir sobre el caso planteado la Corte deberá abordar y estudiar, en este mismo orden, los siguientes asuntos: i) la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio, y junto con ella, el concepto de descentralización por colaboración; ii) la eventual reserva que pudiera existir sobre algunos de los documentos cuya copia solicita el accionante; iii) la regulación existente en torno a las veedurías ciudadanas y la determinación de la calidad en que obra el demandante; iv) el alcance del derecho fundamental de petición, en relación con las circunstancias propias del caso concreto.] - [Palabras claves: petición, derecho, documentos, entidad, carácter, cámaras, comercio, cámara, corte, manera, funciones, acción, tutela, peticionario]