¿Vulneraron las entidades demandadas los derechos fundamentales de los accionantes en virtud de la amenaza de desalojo de los asentamientos que son ocupados al margen del rio Guatiquía por 212 familias que tienen la condición de desplazados por la violencia y se encuentran en pobreza extrema? La Corte concluye que la población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre asentada en terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con los márgenes y cauces activos de los ríos o estructuras de contención como son los diques, tienen garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando las autoridades públicas inicien procedimientos administrativos de restitución de bienes de uso público tendientes a desalojarlos. En este caso debe protegerse el derecho a la vivienda digna, adoptando medidas transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y ayuda humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se adelanten por parte de las autoridades públicas competentes - [Resumen automatizado: El señor José Samuel Rojas Mora, actuando en nombre propio y como representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, interpone el día nueve (9) de julio de dos mil quince (2015) acción popular[2] solicitando[3] la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar, a la honra, los cuales considera vulnerados por la Alcaldía Municipal de Villavicencio, Fonvivienda, la Gobernación del Meta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República, ante la amenaza de desalojo de los asentamientos que actualmente ocupan al margen del río Guatiquía (sector Covisan), del municipio de Villavicencio en su condición de desplazados. || 6.1 El señor José Samuel Rojas Mora actuando en nombre y representación de doscientas doce (212) familias desplazadas y refugiadas en los asentamientos denominados: “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del río Guatiquía (sector Covisan), considera que el municipio de Villavicencio, así como otras entidades del orden regional y nacional le están violando a estas comunidades desplazadas sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar y a la honra, al iniciar un proceso de restitución de bien de uso público y amenazarlos con realizar el desalojo del lugar en el que residen, sin previamente garantizar un albergue temporal y soluciones de vivienda en las cuales puedan ser reubicados.] - [Palabras claves: villavicencio, población, personas, vivienda, derecho, desplazamiento, autoridades, derechos, tutela, municipio, situación]

¿Se encuentra cobijada una mujer cabeza de hogar desplazada, discapacitada dentro de los efectos inter comunis dispuestos en la sentencia SU-254 de 2013? Concede - "A este respecto, es de aclarar que los efectos inter communis que se otorgarán a esta sentencia, cobijará a todas las solicitudes de indemnización administrativa realizadas por víctimas de desplazamiento forzado, en cuanto: (a) se hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y en virtud del Decreto 1290 de 2008; (b) hayan sido negadas por la anterior Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sin la observancia debida de la regulación vigente, del procedimiento para el reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía administrativa, señalados en el capítulo IV, artículo 20 y ss. del pluricitado decreto, y de los parámetros constitucionales para la interpretación del mismo,; y (c) respecto de las cuales se hayan interpuesto acciones de tutela, por los mismos motivos que se alegaron en estas acciones constitucionales presentadas por los accionantes dentro de los presentes expedientes - [Resumen automatizado: Elide Galvis, actuando en nombre propio y en representación de su núcleo familiar, interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna y la reparación integral de las víctimas, ante la negativa de la entidad a reconocer y entregar la indemnización administrativa a que tienen derecho en razón del desplazamiento forzado sufrido. || Para dar respuesta a lo anterior, la Corte se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada; (ii) la obligación del Estado colombiano a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno; (iii) la indemnización administrativa para aquellas solicitudes presentadas bajo el marco dispuesto por el Decreto 1290 de 2008 pero negadas por Acción Social en su momento; y finalmente, (iv) resolverá el caso concreto. || Ante la disparidad de posiciones con respecto a la procedencia de la condena en abstracto en sede de tutela, así como la diversidad de criterios empleados por los juzgados administrativos para tasar los perjuicios, la Sala Plena resolvió, mediante auto 207 del 30 de junio de 2010, ordenar a Acción Social que hasta tanto la Corte dictara la sentencia de unificación, suspendiera el cumplimiento de cualquier orden de pago relativa a la indemnización administrativa proferida con base en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves: reparación, social, administrativa, tutela, indemnización, decreto, acción, víctimas, ley, derechos, desplazamiento, daño]

¿La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales del accionante al emitir una respuesta que se limita a informar la fecha probable de entrega de la ayuda humanitaria pero que omite señalar cuál es el procedimiento para cobrar debidamente dicha ayuda? Concede - cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. Se advierte que la entidad tanto en relación con la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia como de los componentes de estabilización socioeconómica, incumplió con el deber de informar el procedimiento que debían seguir los accionantes para recibir efectivamente la ayuda humanitaria. Omisión que desconoce la situación de vulnerabilidad manifiesta de los accionantes como personas víctimas del desplazamiento, y que se infiere, influyó en la falta de cobro de la ayuda humanitaria - [Resumen automatizado: Mediante comunicación del 29 de noviembre de 2011 el Subdirector Técnico de Atención a Población Desplazada del Departamento Administrativo para la Prosperidad, respondió la petición del actor, informándole que: "(…) en la actualidad se encuentra una asignación de turno vigente, por lo cual no es viable acceder a una nueva programación." Asimismo, le manifestó que la solicitud de asistencia humanitaria ya se encontraba en trámite a través del turno 3D-129271 y que la fecha probable de entrega sería entre marzo y mayo de 2012[3]. || Determinar si ¿la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales de petición, al mínimo vital y al debido proceso de los accionantes (Wbal de Jesús Palacio López y Manuel José Muñoz) al emitir una respuesta que se limita a informar la fecha probable de entrega de la ayuda humanitaria (marzo-mayo 2012), pero que omite señalar cuál es el procedimiento para cobrar debidamente dicha ayuda? || En el caso del señor Manuel Muñoz, la presentación de la demanda de tutela tuvo origen en la omisión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas de entregar la ayuda humanitaria en la fecha probable de marzo-mayo de 2012, fecha que la entidad informó, en respuesta al derecho de petición presentado por el actor.] - [Palabras claves: entrega, ayuda, entidad, derecho, derechos, corte, petición, atención, tutela, proceso, desplazamiento]