Desalojo forzoso: Violación grave de derechos humanos. Los desalojos forzosos son una violación grave de los derechos humanos, pues afectan desproporcionadamente a quienes ya se encuentran en desventaja y marginados, incluidas personas en situación de pobreza, ancianos, entre otras minorías. Además, no solo priva a las personas de un lugar donde vivir, sino también de sus medios de vida, sus comunidades, el acceso a servicios sociales y a recursos compartidos de las ciudades como bibliotecas, espacios deportivos y lugares religiosos. El Comité DESC ha definido el desalojo forzoso como "el hecho de hacer salir a personas, familias y-o comunidades de los hogares y-o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirle su acceso a ellos". De manera que son varios los elementos que hacen parte de esta definición y juntos o por separado constituyen un desalojo forzoso. Estos elementos son: i) Separación temporal o permanente de la vivienda; ii) separación de la vivienda en contra de la voluntad de los ocupantes; iii) separación de la vivienda sin alternativa de reubicación y sin indemnización adecuada; y iv) Imposibilidad de impugnar la decisión o un trámite de desalojo sin garantías procesales. Finalmente, entre otros aspectos, en la Observación General No. 7, también se señala que en general, los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos - [Resumen automatizado: Igualmente, se ordenará a la Inspección Urbana de Policía categoría especial Plan Jarillón que en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres y con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, documente, diseñe e implemente un proceso que asegure la asistencia legal a favor de las personas que enfrentan un desalojo forzoso y en el que se fije un plazo razonable para notificar la decisión de entrega del inmueble, tomando como parámetro, por ejemplo, el término previsto en el literal b, artículo 22 de la Ley 820 de 2003. || ORDENAR a la Inspección Urbana de Policía categoría especial Plan Jarillón que en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres y con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, documente, diseñe e implemente un proceso que asegure la asistencia legal a favor de las personas que enfrentan un desalojo forzoso y en el que se fije un plazo razonable para notificar la decisión de entrega del inmueble, tomando como parámetro, por ejemplo, el término previsto en el literal b, artículo 22 de la Ley 820 de 2003.] - [Palabras claves: vivienda, derecho, personas, cali, proceso, hogar, municipio, desalojo, sentencia, protección, riesgo, no, debido, dos, inmueble, en, parte]

Derecho a la vivienda digna y a la seguridad personal. Dada la gran importancia que comporta la materialización del derecho a la vivienda digna en relación con la posibilidad de poder llevar a cabo un proyecto de vida y la dignidad del ser humano, en aquellos eventos en los que el inmueble se encuentre ubicado en una zona que implica un riesgo para quienes lo habitan, se puede entender que el bien no cumple con unos requisitos mínimos para ajustarse a lo que se reconoce como habitabilidad y asequibilidad adecuadas y, por tanto, no sólo se encuentra amenazado el derecho fundamental a la vivienda digna, sino también, a la seguridad e integridad personal, debido a la inacción de las autoridades responsables de brindar solución a la situación, motivo por el cual, se hace imperativa la intervención del juez constitucional. De igual manera, la misma ley impone que las zonas de alto riesgo deben ser desalojadas de manera obligatoria, por tanto, en el evento en que quienes las habitan se nieguen a desalojarlas, los alcaldes deben ordenar la desocupación en concurso con la policía, así como la demolición de las construcciones averiadas, entre otras. Lo anterior, tratándose de zonas de alto riesgo no mitigable. En caso de que el riesgo sea mitigable, las entidades encargadas deben adelantar las obras públicas tendientes a reducirlo o desaparecerlo - [Resumen automatizado: Si recibe ingresos por otros medios, indicar cuál es la fuente (el origen de los ingresos que le sirven de sustento); la relación de sus gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vivienda, educación, vestuario, recreación, etc.); si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicar cuál es su valor y de darse el caso, cuál es la renta que pueda derivar de ellos; si tiene personas a cargo, indicar quiénes (parentesco) y edades; ii) su situación en términos de vivienda actualmente, específicamente, si aún se encuentra habitando junto con su familia, el inmueble ubicado en la avenida 25 No.22-80 Barrio Gaitán de la ciudad de Cúcuta; iii) si ha recibido comunicación o notificación alguna mediante el cual se le informe que su vivienda se encuentra en zona de alto riesgo de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, y que debido a ello, no es posible la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en ella.] - [Palabras claves: vivienda, riesgo, derecho, cúcuta, parte, manera, acción, alcantarillado, servicios, derechos, tutela, zonas, en]

¿El DPS y la Alcaldía Mayor de Bogotá vulneraron el derecho fundamental a la vivienda digna de las accionantes porque no procuraron una alternativa de habitación como condición para desalojar el terreno de alto riesgo no mitigable donde construyeron hogares improvisados? Los desalojos de inmuebles no deben dar lugar a que sus habitantes se queden sin vivienda, por lo que deben ser alojados en un albergue que garantice las condiciones mínimas del derecho a la vivienda digna antes de que se profiera cualquier decisión policiva sobre el predio en el que se encuentran asentados. En este sentido, cuando se trate de población desplazada que ocupe un inmueble, ya sea público o privado, para satisfacer su derecho a la vivienda y no tengan otra alternativa de habitación, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que se reubique a estas personas o se les proporcione otra vivienda - [Resumen automatizado: Problema Jurídico: Corresponde a la Corte Constitucional determinar si el Centro Penitenciario y Carcelario INPEC de Pitalito vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, al no trasladarlo a su lugar de residencia, aun cuando mediante providencia judicial se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, bajo el argumento de que, al encontrarse agotados los brazaletes de vigilancia electrónica, no ha sido posible entregarle uno de ellos al actor. || Señaló que la accionada ofició al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva con el fin de que emitiera una decisión respecto de la viabilidad de reemplazar el brazalete electrónico por cualquier otro mecanismo de vigilancia en el caso del actor, sobre lo cual dicha autoridad judicial no se ha pronunciado. || Corresponde a la Corte Constitucional determinar si el Centro Penitenciario y Carcelario INPEC de Pitalito vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, al no trasladarlo a su lugar de residencia, aun cuando mediante providencia judicial se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, bajo el argumento de que, al encontrarse agotados los brazaletes de vigilancia electrónica, no ha sido posible entregarle uno de ellos al actor.] - [Palabras claves: constitucional, derecho, corte, derechos, pena, libertad, prisión, el, vigilancia, proceso, electrónica, domiciliaria]

¿Vulneraron las entidades demandadas los derechos fundamentales de los accionantes en virtud de la amenaza de desalojo de los asentamientos que son ocupados al margen del rio Guatiquía por 212 familias que tienen la condición de desplazados por la violencia y se encuentran en pobreza extrema? La Corte concluye que la población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre asentada en terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con los márgenes y cauces activos de los ríos o estructuras de contención como son los diques, tienen garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando las autoridades públicas inicien procedimientos administrativos de restitución de bienes de uso público tendientes a desalojarlos. En este caso debe protegerse el derecho a la vivienda digna, adoptando medidas transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y ayuda humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se adelanten por parte de las autoridades públicas competentes - [Resumen automatizado: El señor José Samuel Rojas Mora, actuando en nombre propio y como representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, interpone el día nueve (9) de julio de dos mil quince (2015) acción popular[2] solicitando[3] la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar, a la honra, los cuales considera vulnerados por la Alcaldía Municipal de Villavicencio, Fonvivienda, la Gobernación del Meta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República, ante la amenaza de desalojo de los asentamientos que actualmente ocupan al margen del río Guatiquía (sector Covisan), del municipio de Villavicencio en su condición de desplazados. || 6.1 El señor José Samuel Rojas Mora actuando en nombre y representación de doscientas doce (212) familias desplazadas y refugiadas en los asentamientos denominados: “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del río Guatiquía (sector Covisan), considera que el municipio de Villavicencio, así como otras entidades del orden regional y nacional le están violando a estas comunidades desplazadas sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar y a la honra, al iniciar un proceso de restitución de bien de uso público y amenazarlos con realizar el desalojo del lugar en el que residen, sin previamente garantizar un albergue temporal y soluciones de vivienda en las cuales puedan ser reubicados.] - [Palabras claves: villavicencio, población, personas, vivienda, derecho, desplazamiento, autoridades, derechos, tutela, municipio, situación]

¿Vulneró una alcaldía municipal los derechos fundamentales a la vivienda digna y al mínimo vital de la accionante, al ordenar la demolición de la construcción en la que habita con su familia porque se ubica en una ladera de protección ambiental, que además ha sido calificada como zona de amenaza alta por deslizamiento e imponer una multa por violar la norma urbanística sin tener en consideración su precaria situación económica?Concede. Las autoridades locales tienen obligaciones específicas en lo que tiene que ver con la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, siendo éstas: prevenir la localización de la población en aquellos lugares, identificar las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio, censar a las personas ubicadas en tales zonas y proceder a su reubicación cuando se encuentran en situación de riesgo y, promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social dirigidos a esas personas, que pueden ser financiadas con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos. El objetivo de la multa por construcción irregular es evitar que las personas edifiquen sus viviendas en zonas de alto riesgo. De esta manera, el legislador pretende que la sanción desincentive la construcción de viviendas en este tipo de lugares, para que las personas vivan en sitios habitables, libres los riesgos para su dignidad, en este caso, la autoridad demandada interpeló la norma al margen de estas finalidades y terminó agravando aún más la situación de una familia que tomo la decisión edificar en una zona de riesgo ante la imposibilidad de acceder a otras soluciones de vivienda - [Resumen automatizado: De la citada diligencia resulta relevante lo siguiente: (i) la accionante afirmó ser la propietaria del inmueble; (ii) adicionalmente, declaró que una de las tres edificaciones es habitada por su hija y su yerno, y sus tres nietos menores de edad, (iii) sostuvo que ellos conforman su núcleo familiar pero, por tratarse de un espacio tan reducido, algunos días duerme en la casa de su hermana y, otros, en el inmueble sobre el cual versa la presente acción de tutela; (iv) aseveró que no ha recibido una propuesta de reubicación por parte de la Alcaldía de Manizales o por parte de cualquier otra entidad encargada de los planes de vivienda en el municipio.[6] || En suma, la Sala concluye que en este caso la Secretaría de Planeación de Manizales vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda digna de la señora María Fanny Ceballos Mejía, al expedir la Resolución No. 004 de 2012, mediante la cual decidió sancionarla por infracción a la norma urbanística, impuso una multa y ordenó la demolición de la construcción.] - [Palabras claves: vivienda, derecho, derechos, manizales, riesgo, tutela, personas, en, alto, zonas, sala]

¿Se vulnera el derecho fundamental a la vivienda digna al desalojar a unas personas desplazadas por la violencia de un lote de terreno de alto riesgo, sin ofrecerles previamente una solución de vivienda de carácter permanente y sin reubicarlas temporalmente? Derecho fundamental a la vivienda digna en el caso de las personas desplazadas por la violencia. Deber de las autoridades administrativas de reubicar a las personas asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable - [Resumen automatizado: En el escrito de tutela, el señor Luis Eduardo Marín Gallego afirma que su familia junto con las familias de los señores Silvio Foronda Marín, Amanda Cruz Muñoz, Amparo Valencia Cruz, Flor María Henao, María Serafina Sánchez, María Irene Londoño, Liliana Méndez, Orfilia López Londoño, Angélica Romero, Martha Riascos y Aleida Illera Caicedo, han sido amenazadas por la Alcaldía de Pereira y por la Gobernación de Risaralda de ser desalojadas de las viviendas de invasión que construyeron en el barrio El Danubio. || Por el contrario, en el expediente no obra prueba que demuestre que las señoras Amanda Cruz Muñoz y Aleida Illera Caicedo, sean habitantes del Danubio, o que se les haya ordenado desalojar sus viviendas; v) por otro lado, el actor afirma, en el escrito de tutela, que la Alcaldía de Pereira les ofreció un subsidio de arrendamiento por tres meses; vi) finalmente, los señores Luis Eduardo Marín Gallego, Amparo Valencia Cruz, Flor María Henao, Silvio de Jesús Foronda Martínez, María Serafina Sánchez, Liliana Méndez, Angélica Romero y Martha Riascos, no se han postulado para obtener un subsidio de vivienda[88].] - [Palabras claves: tutela, personas, cuaderno, vivienda, pereira, acción, derechos, actor, derecho, cruz]

¿La alcaldía Local de Ciudad Bolívar ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y de sus dos hijos menores, al haber ordenado el desalojo y la demolición de su vivienda además del pago de costo de la misma y la cancelación de una sanción por haber construido la casa sin licencia de construcción, y es la acción de tutela el mecanismo idóneo para amparar el derecho a la vivienda digna?. Concedida. La acción de tutela como mecanismo de protección del derecho a la vivienda digna. Reiteración de jurisprudencia. Insuficiencia de los mecanismos ordinarios frente a la posibilidad de un daño inminente - [Resumen automatizado: El obligatorio apoyo que deben brindar el Estado y la sociedad, demanda específicamente, para el caso, la participación de las autoridades locales competentes, concretamente las accionadas DPAE y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que han intervenido con conceptos y órdenes en contravía del principio de confianza legítima, con palmaria contradicción al determinar la zona como de alto riesgo no mitigable[12], luego de permitir el asentamiento durante bastantes años, y no dar acceso al programa de reasentamiento ni plantear la más mínima posibilidad de solución u opción de reubicación o reasentamiento para, en lo posible, no afectar los derechos fundamentales de la familia.] - [Palabras claves: vivienda, local, derecho, tutela, derechos, riesgo, acción, programa, bogotá, protección, vida, condiciones]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de los accionantes al ordenar el desalojo y la demolición de su vivienda por haber sido construida ilegalmente y estar ubicada en una zona de alto riesgo?. Negada. La sola recomendación de desalojo, en caso de riesgo comprobado con ocasión de la amenaza de derrumbe o del deslizamiento de tierra, no es suficiente para el cumplimiento del deber de las autoridades públicas de proteger la vida, bienes y demás derechos y libertades de las personas. La administración no puede omitir la adopción de medidas inmediatas para evitar el riesgo sobre vidas humanas ni dejar indefinidos los derechos de las personas desalojadas, sin comprometer con ello su responsabilidad - [Resumen automatizado: En el presente asunto, encuentra la Sala que la orden de desalojo de la vivienda ocupada por la accionante en el Barrio el Danubio de Pereira está fundamentada en la prevención de una seria amenaza, lo cual, en principio, no vulnera los derechos fundamentales de la accionante y de su núcleo familiar toda vez que, se considera que dicha orden tiene como motivo garantizar la protección de los habitantes del sector. || La demandante, María Teresa Hernández, impetró acción de tutela contra Acción Social y la Alcaldía de Pereira, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida, a la seguridad personal y a la intimidad familiar, los cuales considera vulnerados por la orden de desalojo y demolición de predios del Barrio Danubio Alto, lugar donde tiene asentada su residencia. || En el presente caso, la Sala determinará si existió por parte de la administración municipal de Pereira vulneración de los derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida, a la seguridad personal y a la intimidad familiar de la accionante y de su núcleo familiar, al ordenarle el desalojo y demolición de su vivienda ubicada en el Barrio Danubio Alto tras comprobar que fue construida de manera ilegal y que, además, se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad.] - [Palabras claves: vivienda, pereira, riesgo, alto, desalojo, zona, orden, fundamentales, sala, programas, derechos, manera, parte]