¿Hay lugar a sancionar disciplinariamente a un funcionario público por dar respuesta en forma verbal a una petición en interés general? La respuesta de petición en interés general puede ser verbal y pública. Bajo la recalcitrante exégesis de que la respuesta a la petición solo podía ser escrita, pese a que los peticionarios reconocieron haberla recibido públicamente y a satisfacción, no es posible dispensar legalidad a los actos demandados, pues lo contrario significaría desconocer los postulados constitucionales como el que resalta que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y publicidad y la prevalencia el derecho sustancial." No porque la forma de la respuesta a la petición haya sido verbal y pública, se considera que no la hubo, pues en tal caso se privilegiaría el excesivo rigorismo formal en detrimento de la realidad y del derecho sustancial. No es el incumplimiento formal del deber funcional el que determina la existencia de la falta disciplinaria, sino la infracción sustancial e injustificada al mismo, en virtud de que el modo escrito no es una solemnidad o requisito ad substantiam actus, esto es, sin el cual la respuesta no exista

¿Una entidad pública puede ampliar la respuesta a un derecho de petición en el trámite de la acción de tutela? No es válido que la entidad accionada emplee el trámite de la acción de tutela, y particularmente la contestación de la demanda, para complementar, adicionar o modificar la respuesta que en sede administrativa le brindó a la accionante, so pena de desconocer la importancia de aquélla y las garantías que dentro de la misma se otorgan a quienes acuden en primer lugar Administración, como tener certeza y claridad sobre la posición de ésta frente a determinado asunto

¿Cuál es el término idóneo para que la administración resuelva un derecho de petición sobre reparación administrativa en casos de protección especial a víctimas de la violencia sin que se viole el derecho fundamental de petición? - No existe, por eso en garantía del derecho de petición y de la protección especial que requieren las víctimas de la violencia, el hecho de que no exista un término claramente aplicable a las peticiones de reparación administrativa para víctimas de la violencia, no puede convertirse en un impedimento para la resolución de fondo de la estas controversias, y por consiguiente para la garantía de sus derechos fundamentales, razón por la cual estima la Sala que frente a este tipo de situaciones, el juez de tutela teniendo en cuenta las particularidades del caso en concreto, debe establecer si se han vulnerado o no los derechos invocados, y por consiguiente si se advierte o no por parte de las entidades accionadas, una actitud diligente frente a las solicitudes que se le han presentado, sobre todo cuando éstas son realizadas por sujetos de especial protección como las víctimas del conflicto

¿Procede la acción de tutela si se vulneró el derecho fundamental de petición al dejar de resolver una solicitud, cuando lo que se pretende es el cumplimiento de una orden judicial? - Si, dado que administración está en el deber de responder las solicitudes que presentan los ciudadanos, así lo solicitado sea el cumplimiento de un fallo, informando los trámites administrativos adelantados para acatar la providencia. Además para el debido cumplimiento de la garantía constitucional del artículo 23 no basta simplemente con una respuesta de las autoridades, pues es necesaria una resolución clara, precisa y congruente con lo solicitado, independiente que sea contraria o favorable a los intereses del suplicante, además, ésta debe ser puesta en conocimiento del interesado

Al momento de hacer una petición se deben aportar los documentos que se tengan en su haber y es una obligación de la Administración verificar dentro de sus archivos, si la información que reposa esta completa para resolver de fondo la solicitud que ante ésta se eleva. Derecho de acceso a la Justicia. Silencio administrativo negativo. Inactividad de la administración para resolver una petición. Documentos necesarios para resolver una petición

Procedimiento para el pago de bonificaciones económicas a desmovilizados. Para lograr el pago de las bonificaciones económicas a los desmovilizados se requiere del cumplimiento previo de los requisitos señalados en la ley y en la Directiva del Ministerio de Defensa Nacional, entre ellos, el oficio por medio del cual la Fiscalía General de la Nación recibe el material incautado por la información suministrada. Concepto y elementos del derecho de petición.

Elementos del derecho de petición: 1. La posibilidad de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las Autoridades Públicas, sin que estas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 2. Obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y; 3. Que dicha respuesta absuelva el fondo del asunto, sobre la base de la competencia y funciones de la entidad, refiriéndose de manera completa a lo planteado, evitando fórmulas evasivas o elusivas, independientemente de que su sentido sea positivo o negativo. El derecho de petición implica para el administrado la posibilidad, no solo de elevar una solicitud respetuosa a la Administración, sino el obtener una pronta resolución a lo pedido, de tal manera que la Entidad no se puede sustraer a su obligación de contestar en debida forma lo requerido, pues estaría desconociendo la garantía del derecho fundamental de petición. El hecho de que las peticiones presentadas por la accionada no contengan la invocación expresa del artículo 23 de la Constitución Política, como derecho de petición no la exime de dar contestación adecuada a la nueva solicitud planteada por el peticionario. Si la falta de contestación por parte de la entidad se traduce en la configuración del silencio administrativo negativo, esto no es óbice para que se desconozca el derecho fundamental de petición.

¿Cuándo no se aportan los documento requeridos por la entidad pública durante los 2 meses otorgados por el Art. 13 del C.C.A., previa presentación de una petición, y se aportan con posterioridad a éste plazo, puede reiniciarse la actuación o debe desestimarse? ¿La protección del fuero sindical circunstancial impide el despido a pesar de que haya una inminente liquidación de la empresa y exista un pliego de condiciones en curso?

La ley 712 de 2001 en su artículo 2, literal 4 señala como de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, las controversias referentes al sistema de seguridad social integral. Derecho de petición - Trámite. Silencio administrativo positivo. Pensión de jubilación - Reliquidación. Salario base de liquidación. Jurisducción contencioso administrativa - Competencia en materia de seguridad social integral. Jurisdicción ordinaria laboral - Competencia en materia de seguridad social integral