Revisión automática del Proyecto de Ley Estatutaria 065 de 2012 Senado - 227 de 2013 Cámara , "por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" - Corrige publicación enterior - [Resumen automatizado: (iii) Sobre el Parágrafo 2 del artículo 15 relativo a la prohibición de las autoridades para negarse a la recepción y radicación de peticiones respetuosas, señala que la Corte debe declarar la exequibilidad de esta disposición, pero aclarando qué ocurre si la petición es irrespetuosa, por cuanto ello no está definido en el proyecto de ley objeto de revisión; (iv) así mismo, con referencia al Parágrafo 3 del artículo 15 relativo a la presentación verbal de las peticiones, solicita que la expresión “o ante el servidor público competente” sea declarada inexequible, con fundamento en las mismas consideraciones expuestas para solicitar la inconstitucionalidad del inciso primero de dicho artículo. || Con el fin de realizar un análisis sistemático e integral del proyecto de ley estatutaria objeto de revisión que tenga en cuenta otras disposiciones que sobre la materia están previstas en el ordenamiento jurídico, como en efecto lo son, la Ley 57 de 1985 sobre documentos oficiales, la Ley Estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, La Ley Estatutaria de Información Pública 1712 de 2014, entre otras normas, la Corte utilizará la siguiente metodología: En primer término, examinará el procedimiento legislativo surtido en el Congreso de la República para la aprobación del proyecto de ley y decidirá acerca de la constitucionalidad formal del mismo, tanto frente a las reglas establecidas en la Carta Política, como en el Reglamento del Congreso, cuyo alcance ha sido precisado por la jurisprudencia de esta Corporación.] - [Palabras claves: derecho, petición, información, ley, corte, autoridades, constitución, peticiones, derechos, documentos, reserva]

¿La regulación sobre el derecho de petición, contenida en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, vulnera la reserva estatutaria? e ¿igual violación desconoce la derogatoria del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, consagrada en el artículo 309? La regulación del derecho de petición incluida en el Título II, debió tramitarse como ley estatutaria. Fallo diferido hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que se surta el trámite de la ley estatutaria del derecho de petición, que supla el vacío que produce la derogatoria. En relación con la derogatoria del artículo 73, si bien deroga una norma consagrada en una ley estatutaria, su contenido es propio de las competencias ordinarias del legislador, razón por la cual su modificación no requería dicho trámite. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" Arts. 13 a 33 : INEXEQUIBLES. Art. 309 (parcial) : Exequible. Inepta demanda en relación con el Art. 10 - [Resumen automatizado: La jurisprudencia constitucional ha señalado que la introducción de las leyes estatutarias en el derecho colombiano tiene como fundamento: “i) la naturaleza superior de este tipo de normas requiere superior grado de permanencia en el ordenamiento y seguridad jurídica para su aplicación; ii) por la importancia que para el Estado tienen los temas regulados mediante leyes estatutarias, es necesario garantizar mayor consenso ideológico con la intervención de minorías, de tal manera que las reformas legales más importantes sean ajenas a las mayorías ocasionales y, iii) es necesario que los temas claves para la democracia tengan mayor debate y consciencia de su aprobación, por lo que deben corresponder a una mayor participación política.” El artículo 152 de la Constitución prevé que deberán tramitarse a través de las leyes estatutarias: (i) los derechos y deberes fundamentales, y los procedimientos y recursos para su protección; (ii) la administración de justicia; (iii) la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales; (iv) las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; (v) los estados de excepción; y (vi) la igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República.] - [Palabras claves: derecho, ley, petición, derechos, corte, estatutaria, fundamental, manera, artículos, constitución, regulación]

¿Significa lo establecido en el inciso 3 del artículo 25 del CCA que las autoridades públicas que emiten las respuestas se eximen de todo tipo de responsabilidad o más bien que la exclusión de responsabilidad se predica en concreto de la respuesta que se emite en desarrollo del derecho de petición de consultas? Alcances del derecho fundamental de petición y su relación con la democracia participativa. Alcance del derecho de petición de consultas. Diferencias entre estas dos formas de derecho de petición. Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. Naturaleza de los conceptos expedidos por la DIAN. Del contenido del concepto no es posible derivar responsabilidad patrimonial para la entidad que lo emite. - [Resumen automatizado: De acuerdo con el criterio formal, cuando se solicita un derecho de petición de consultas conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, entonces los conceptos emitidos a fin de responderlo, ni son obligatorios ni de su contenido se puede derivar responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad que lo emitió. || Los conceptos emitidos por las entidades públicas en respuesta a un derecho de petición de consultas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, insistimos, son orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente. || Los conceptos emitidos por las entidades públicas en respuesta a un derecho de petición de consultas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, insistimos, son orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente.] - [Palabras claves: derecho, petición, constitución, corte, conceptos, administrativo, administración, responsabilidad, contencioso, código, públicas, consultas]

Procedimiento que utilizarán las Superintendencias en el trámite de los asuntos sobre materias comercial y financiera - Demanda de inconstitucionalidad en contra del Artículo 52, parcial, de la Ley 510 de 1999, por el cual se modifica el Artículo 148 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: De manera que para conservar el principio de la unidad de materia, la Ley 510 podía modificar los títulos correspondientes a las Superintendencias de Valores y Bancaria, pero no al título general, del cual forma parte el art. || 2.1 Para el demandante, el hecho de que el artículo 52, incisos primero y segundo, de la Ley 550 de 1999 se refiera al procedimiento de Superintendencias distintas a la Bancaria y a la de Valores, rompe el principio de la unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución, pues, el objeto de la mencionada Ley corresponde, como el propio título lo dice : "Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades", sólo a esta clase de Superintendencias, y no a las demás. || Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 52, parcial, de la Ley 510 de 1999 "Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.] - [Palabras claves: ley, materia, corte, unidad, sentencia, valores, parte, principio, si, magistrado, constitucional, relación]

Empresas de servicios públicos domiciliarios; función administrativa por particulares; contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, presentación de peticiones, quejas y recursos; contrato de condiciones uniformes, partes - [Resumen automatizado: "Igualmente, la norma demandada viola el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, al no atender las solicitudes de las personas usuarias del servicio, quienes por no pagar las sumas exigidas en la norma demandada, no tienen la posibilidad de ejercer el derecho a que la empresa les explique el motivo o razón que tuvo para facturar de esa o de otra manera, o explicar por que aquéllas facturas quedaron mal elaboradas, o por que contienen valores de consumos no ralizados por el usuario o suscriptor; así mismo, viola la disposición acusada, el derecho de defensa y el debido proceso, contemplados en el artículo 29 de la Carta, al hacer las mencionadas exigencias de pago, porque la empresa pese a tener esta obligación de orden constitucional y legal, les impide a los usuarios el libre ejercicio de accionar ante ella, conforme a los procedimientos contemplados en la ley y los reglamentos de las empresas" (folios 2-3). || El ejercicio de la función administrativa por parte de todas las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios encuentra una preceptiva mucho más comprensiva en el inciso primero del artículo 154 de la ley 142, que al respecto permite circunscribir como actos administrativos propios de tales empresas y entidades los de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, y por supuesto, las decisiones que se produzcan en sede empresarial con ocasión del recurso de reposición.] - [Palabras claves: servicios, ley, públicos, domiciliarios, derecho, empresas, actos, servicio, inciso, recursos, pago]

Derecho de petición - Derecho a la información. Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 6, 17 y 25 del Decreto 01 de 1984 - [Resumen automatizado: Como las normas acusadas hacen parte de un decreto con fuerza de ley -Decreto 01 de 1984-, expedido en desarrollo de las atribuciones de que estaba investido el Gobierno, por virtud de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 58 de 1982, que es anterior a la Constitución de 1991, se concluye que, por este aspecto, las disposiciones mencionadas se encuentran ajustadas a los ordenamientos superiores, por cuanto la Carta de 1886 (con sus respectivas reformas) no establecía expresamente la categoría de leyes estatutarias, ni se le asignaba normativa ni doctrinariamente al derecho de petición el carácter de fundamental. || La categoría de leyes estatutarias no existía en la Constitución de 1886, razón por la cual los derechos fundamentales podían ser desarrollados a través de una ley o de un decreto con fuerza de ley, como así ocurrió con el derecho de petición, que fue regulado a través del Decreto 01 de 1984, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República. || En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano JORGE LEYVA VALENZUELA promovió ante la Corte Constitucional, demanda contra los artículos 5, 6, 17 y 25 del Decreto 01 de 1984, la cual se procede a decidir una vez tramitado el juicio correspondiente y previas las siguientes consideraciones.] - [Palabras claves: ley, derecho, petición, constitución, mediante, carta, decreto, ejercicio, política, corte, constitucional, facultades, leyes, normas]

Derecho de petición - Silencio administrativo negativo. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 49 (parcial), 60, 72 y 136 (parcial) del Decreto 01 de 1984 - [Resumen automatizado: No se concederán recursos administrativos contra las providencias preparatorias o de ejecución; así, pretende el legislador agilizar la toma de las decisiones de las autoridades, lo cual hace entender que los actos de trámite y preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares que produce la administración para una posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos. || En este sentido advierte que el silencio administrativo negativo derivado del artículo 52 del Código Contencioso administrativo, constituye una flagrante violación del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, pues si se exigen requisitos al interesado para la interposición de recursos en la vía gubernativa, y estos pueden o no ser atendidos por la administración, tal exigencia se convierte en inocua; en su concepto, con la disposición acusada se viola el derecho constitucional al debido proceso administrativo.] - [Palabras claves: vía, actos, derecho, administrativo, recursos, administración, derechos, ley, igualdad, acto, decisión]