Delegación de funciones de alcalde municipal. Del artículo 92 de la Ley 136 de 1994 se lee que el alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y los jefes de departamentos administrativos unas precisas funciones que enumera taxativamente y en el parágrafo precisa que contra los actos de los delegatarios de estas funciones, procederá el recurso de apelación ante el alcalde, de conformidad con la normatividad vigente. Pues bien, la lectura de esta norma no puede ser aislada, más aun cuando el legislador promulgó la Ley 489 de 1998 que al ser la normativa especial que establece las disposiciones sobre función administrativa, que incluye los principios sobre delegación y desconcentración, prevalece sobre cualquier otra que le sea contraria en las precisas materias que ésta regula, y será aplicable, por mandato expreso de la misma ley, a las entidades territoriales en lo relativo a las reglas propias de la función administrativa y su delegación. Confirma fallo que negó la nulidad de la expresión "en única instancia" del artículo 2 del Decreto Municipal 2317 del 26 de octubre de 2005 "por medio del cual se dejan sin vigencia unos actos administrativos y se dictan otras disposiciones", expedido por el alcalde de Medellín

Delegación por la Secretaría de Tránsito y Transporte a particulares para el ejercicio de funciones administrativas consagradas en la Ley 769 de 2002. Una autoridad administrativa podrá conferir funciones administrativas a particulares siempre que cumpla con el procedimiento descrito: a) se precisen las funciones que se encomendarán a los particulares, b) las calidades y requisitos que deben cumplir las personas o entidades privadas, c) las condiciones del ejercicio de las funciones, d) la forma de remuneración si fuere el caso y su duración con las garantías que deban acreditarse y e) la celebración del convenio. El Código Nacional de Tránsito autoriza la atribución de algunas funciones administrativas de tránsito y transporte a particulares, relativas al aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas. Es decir, la regulación del tránsito vehicular y peatonal en vías públicas y privadas abiertas al público como organismo de apoyo a la autoridad de tránsito, como lo anuncia la resolución demandada, encuadra dentro de las funciones que la Ley 769 de 2002 autoriza conferir en particulares. La Sala revocará la sentencia del 30 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se declaró la nulidad de la Resolución 703 de 2007 proferida por el Secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Girón, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda