Interpusieron acción de tutela un grupo de abogados, con el fin de obligar al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura a brindar ayudas económicas a los profesionales del derecho afectados por la suspensión de términos de los procesos judiciales, decretada en todo el país, a raíz de la crisis generada por el coronavirus. El Consejo de Estado determinó que los órganos encargados de encontrar soluciones ágiles a la presentación virtual de acciones y trámites, la firma y votaciones electrónicas o la gestión procesal vía web, entre otros procedimientos ante la Rama Judicial, deben tener en cuenta la participación seccional y de los usuarios del servicio. Así las cosas, deben abrir espacios para que, a través de la WEB, los abogados litigantes y sus asociaciones profesionales puedan exponer sus apreciaciones sobre el particular. Es posible concluir que el Consejo Superior adoptó medidas tendientes a garantizar el derecho a la administración de justicia, acordes con los medios tecnológicos con los que hoy en día cuenta la Rama Judicial. Esto determinó la posibilidad de que, en ciertos casos exceptuados de la suspensión de los términos, las personas profesionales del Derecho pudieran seguir litigando

¿Cuando la definición de la jurisdicción ya ha sido determinada por el órgano constitucionalmente competente para ello mediante decisión que se encuentra en firme y que es conocida por el tribunal a quo, no hay lugar a alegar la nulidad procesal? Proceso de reparación directa - Nulidad por falta de jurisdicción. Acción de reparación directa - Rechazo de la demanda. Jurisdicción contenciosa - Conflicto negativo de competencia. Competencia en materia de servicios púiblicos domiciliarios. Consejo Superior de la Judicatura - Competencia en materia de conflicto de competencia