La Sala rechaza el medio de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020, suscrita por el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), por la cual "se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública", debido a que la misma fue emitida antes de ser expedido el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo del mismo año, por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Aclaró la Corporación, que a pesar de que la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020 está relacionada con la adopción de medidas en la CAM respecto de la enfermedad COVID-19, no se enmarca dentro de las medidas de carácter general en ejercicio de la función administrativa que son dictadas en el marco del estado de excepción, pues este fue expedido antes de que la emergencia económica, social y ecológica fuera declarada; en consecuencia, rechazó el medio de control

Control inmediato de legalidad. El Consejo de Estado determinó que todas las medidas administrativas de carácter general que se hayan expedido a partir de la declaratoria de emergencia originada por el coronavirus serán objeto de control inmediato de legalidad, sin necesidad de que se interponga demanda. Aun cuando la medida bajo estudio hubiera sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, la jurisdicción ejercerá el control inmediato que le ordena la ley, con el fin de examinar la legalidad de la determinación mientras esta estuvo en vigencia. Implica que decretos, resoluciones, circulares y demás actos de la administración que hayan expedido las autoridades a partir del 17 de marzo, cuando se decretó la emergencia, serán objeto de este juicio de legalidad, a pesar de que hayan sido dictadas en el marco de las facultades ordinarias de cada entidad. Adicionalmente, el Consejo de Estado advirtió que los plazos regulares para el ejercicio del control inmediato de legalidad podrían derivar en actuaciones judiciales tardías, por lo que estableció que, en caso de ser necesario, el juez contencioso puede impartir las medidas cautelares a que haya lugar, sin que exista una petición previa, como lo exige la regla regular. Además, dentro de los 10 días de haberse publicado el aviso sobre el control al respectivo acto administrativo, cualquier ciudadano podrá solicitar la medida. Con estos argumentos, la corporación judicial rechazó su competencia para efectuar control automático de legalidad sobre un memorando por medio del cual los cónsules y encargados de funciones consulares recibieron información sobre medidas de control establecidas para prevenir la COVID - 19 en Colombia. Según el Consejo de Estado, no era procedente adelantar este juicio, debido a que el acto administrativo fue expedido el 25 de febrero, 21 días antes de que fuera declarado el estado de emergencia

¿Hay límites formales para el control judicial contencioso administrativo de las decisiones disciplinarias? No, la diferencia fundamental que existe entre la actividad y valoración probatoria del fallador disciplinario, y la actividad y valoración probatoria del juez contencioso, no implica bajo ninguna perspectiva que el control jurisdiccional de las decisiones disciplinarias sea restringido, limitado o formal, ni que el juez contencioso carezca de facultades de valoración de las pruebas obrantes en un expediente administrativo sujeto a su conocimiento; y también ha explicado que el control que se surte en sede judicial es específico, y debe aplicar en tanto parámetros normativos no sólo las garantías puramente procesales sino también las disposiciones sustantivas de la Constitución Política que resulten relevantes. Se concluye, pues, que no hay límites formales para el control judicial contencioso-administrativo de los actos administrativos proferidos por las autoridades administrativas disciplinarias y la Procuraduría General de la Nación, salvo aquellos límites implícitos en el texto mismo de la Constitución y en las normas legales aplicables. Las argumentaciones de la Procuraduría a través de sus representantes y apoderados que puedan sugerir lo contrario -v. g. que el control judicial es meramente formal y limitado, o que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría tienen naturaleza jurisdiccional- no son de recibo por ser jurídicamente inaceptables y conceptualmente confusas