¿Es la tutela procedente para dejar sin efectos el concepto del 29 de abril de 2014, dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la medida en que, según la parte actora, dicho concepto implica la vulneración de sus derechos fundamentales y, además, desconoce el contenido normativo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 - régimen de transición -, debido a que en aquel concepto, según el actor, se estableció la aplicabilidad de aquella norma -el CPACA- a los procesos iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo? Negada. Resulta importante precisar, por una parte, que los miembros de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no cumplen funciones jurisdiccionales y, por la otra, que los conceptos que esta emite, por regla general, no son vinculantes, tal y como lo establece el inciso 2º del artículo 112 del C.P.A.C.A. - 98 del C.C.A.; en otras palabras, debido a que no son providencias judiciales ni actos administrativos propiamente dichos: son la manifestación de las opiniones técnico-jurídicas de una autoridad investida de funciones asesoras o consultivas y, como tal, no tienen la entidad suficiente para definir o modificar una situación jurídica concreta, así como tampoco la tiene para definir algún derecho subjetivo particular (individual o colectivo)

¿Es procedente el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, contra la providencia que negó la prueba testimonial solicitada por el demandante? - No, de conformidad con el artículo 243 de CPACA, únicamente serán apelables ante el Consejo de Estado, los siguientes autos dictados por los Tribunales Administrativos: (1) el que rechace la demanda, (2) el que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite, (3) el que ponga fin al proceso y (4) el que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. Como se observa, la referida norma no previó el auto que deniega el decreto o práctica de alguna prueba como una de las providencias apelables ante el Consejo de Estado. En efecto, la Ley 1437 de 2011 modificó las reglas aplicables a la apelación de autos proferidos por los tribunales administrativos y, en el caso específico del auto que niega el decreto de pruebas o prescinde de su práctica, sólo contempló que fuera apelable cuando la decisión fuera proferida por los juzgados administrativos