Sobre el Control Inmediato de Legalidad del Acuerdo ICETEX 21 del 31 de marzo de 2020 "por el cual suspende temporalmente la aplicación del literal b. del artículo 64 y el literal e. del artículo 65 del Acuerdo 025 de 2017 y el parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 020 de 2015" que se traduce en una suspensión del requisito de no encontrarse en mora para renovar el crédito u optar por el desembolso para el siguiente periodo académico mientras dure la contingencia generada por el COVID-19, decide la Sala la legalidad condicionada del plazo de vigencia, en el sentido de que la suspensión temporal de la aplicación del literal b. del artículo 64 y el literal e. del artículo 65 del Acuerdo 025 de 2017, y del parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 020 de 2015", debe ser la misma que prevé el Decreto Legislativo No. 467 de 2020 en el parágrafo 2 del artículo 1, es decir, hasta agotar el monto de los recursos dispuestos para financiar el Plan de Auxilios Educativos coronavirus COVID-19

La Sala considera que las medidas adoptadas en la Resolución 5491 de 19 de marzo de 2020, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, guardan conexidad, consonancia y proporcionalidad con las causas que dieron origen al estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020. \ Advierte que la decisión no enerva la posibilidad de que esta resolución pueda ser cuestionada acudiendo a los medios de control previstos en el CPACA con fundamento en otros argumentos distintos a los que fueron analizados en esta providencia, dados los efectos de cosa juzgada relativa

El Consejo de Estado definió que el Decreto 457 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", que ordenó el aislamiento obligatorio preventivo, no está sujeto a control inmediato de legalidad. La Corporación explicó que el Gobierno tomó la medida sanitaria en uso de sus facultades ordinarias y no como desarrollo de decretos legislativos expedidos con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica. La providencia destacó que como los jueces solo pueden ejercer las competencias que les otorga la ley, el Consejo de Estado no tiene la facultad de asumir el control automático del decreto. La decisión judicial resaltó que frente a la medida de aislamiento obligatorio preventivo procede el medio de control de nulidad y que cualquier persona puede acudir a ese mecanismo para controvertir la legalidad de esa disposición

El Consejo de Estado avocó conocimiento, en única instancia, del control inmediato de legalidad del Decreto 685 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por el cual se ordena la emisión de Títulos de Solidaridad (TDS), y se dictan otras disposiciones". La medida a examinar por parte del Consejo de Estado se basa en un decreto legislativo que dictó el Ministerio ordenando la inversión en títulos de deuda pública para conjurar los efectos económicos y sociales negativos ocasionados por la propagación de la COVID-19. Por medio del decreto frente al cual se avoca conocimiento se estableció el límite del valor de los bonos de deuda pública, las condiciones de su emisión y se estableció el control de las inversiones de los recursos en cabeza de la Superintendencia Financiera, entre otras medidas

Improcedente el control inmediato de legalidad la Resolución 507 de 25 de marzo de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, " por la cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1 del artículo 20 de la Resolución 518 de 2015, en cuanto al uso de los recursos de salud pública del Sistema General de Participaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones"; debido a que la medida de carácter general no fue dictada como desarrollo de un decreto legislativo proferido con ocasión del estado de excepción, sino en el marco de las competencias constitucionales y legales ordinarias asignadas al Ministerio de Salud y Protección Social

La Sala no avocara conocimiento sobre la Circular 174 de 2020, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estableció que la ley prohíbe la gratuidad frente a este tipo de prestaciones no tendrá control automático de legalidad. Determinó que no se trata de una medida de contenido general, que es la que habilita la aplicabilidad del control automático de legalidad que corresponde a este tipo de medidas. La directriz va dirigida, entre otros, a autoridades locales y empresas, para que ejerzan las actuaciones a las que hubiese lugar para garantizar la prestación del servicio, pese a la prohibición de gratuidad en la factura. Ello indica que no es una medida de contenido general, pues tiene destinatarios específicos, como las empresas que prestan los servicios y los entes territoriales

La Sala no avocara conocimiento sobre la Circular 144 de 2020 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Determinó que las medidas que la Superservicios adoptó frente a la reinstalación y reconexión de servicios públicos domiciliarios tampoco son de su competencia, por no tener un contenido general y abstracto. A juicio de la corporación esta medida pretende precisar que las medidas de reconexión del servicio y las directrices impartidas a las empresas y a las autoridades locales no implican la gratuidad del servicio, lo que indica que no es una medida con contenido general, abstracto y dirigido a un número de actores no determinado, que son las características que se exigen para activar el control automático

Se declara que la Resolución 0277 de 27 de abril de 2020, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- se encuentra ajustadas a derecho. Control inmediato de legalidad. El artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgo competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tramitar dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general, expedidas por las autoridades nacionales y territoriales, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que la providencia que decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial. Es automático e inmediato, dado que, tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general para desarrollar los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción, la entidad de la cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado. Es autónomo, por cuanto, es posible que se controlen los actos administrativos generales expedidos para desarrollar los Decretos Legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que lo declaró y de los Decretos Legislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo

Avoca conocimiento de la Resolución 630 de 2020 "Por la cual se establecen los lineamientos para la implementación del Decreto 561 del 15 de abril de 2020". Norma por medio de la cual el Ministerio de Cultura estableció los parámetros bajo las cuales artistas, creadores y gestores culturales podían ser incluidos como beneficiarios del ingreso solidario fijado por el Gobierno Nacional para aliviar los problemas de capacidad de pago y adquisitiva de los sectores vulnerables de la población durante la crisis generada por la COVID-19

Se declara no ajustado a derecho, el aparte que alude a los estratos 1 y 2 contenidas en el artículo 8º de la Resolución CRA 915 de 16 de abril de 2020, de la CRA. Por lo que el inciso primero del artículo 8, quedará en la siguiente literalidad: "Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y-o aseo aplicarán a los suscriptores y-o usuarios residenciales de estratos 3 al 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación, ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos o iii) la línea de crédito directo a empresas de servicios público domiciliarios prevista en el Decreto L. 581 de 2020". Se declarar que los demás artículos de la Resolución CRA 915 de 16 de abril de 2020, "Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19", se encuentran, en los aspectos que se conocieron dentro del Control Inmediato de Legalidad, ajustados a derecho, haciendo tránsito a cosa juzgada relativa, al tenor de lo dispuesto en las consideraciones de este proveído. Se declara que la Resolución CRA 918 de 6 de mayo de 2020, "Por la cual se modifica la Resolución CRA 915 de 2020", expedida por el expedida por el Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se encuentra ajustada a derecho, haciendo tránsito a cosa juzgada relativa, al tenor de lo dispuesto en las consideraciones de este proveído

El Consejo de Estado avoca conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución 058 de 14 de abril de 2020, expedida por la Nación-Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG "Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica"

Se declara la nulidad de la frase "(…) y la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria declarada por el Director General del INPEC por medio de la Resolución No. 1144 de 2020", contenida en el artículo 1 de la Resolución 197 de 25 de marzo de 2020 "por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para la contratación directa con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Presidente de la República, así como del Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria declarado por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y se dictan otras disposiciones", expedida por la Directora General (E) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, considerándose que existían reparos sobre la legalidad de la expresión que fijaba la fecha de vigencia de la medida con lo dispuesto en una resolución de emergencia penitenciaria y carcelaria expedida por el Director del USPEC

Declarar ajustada a derecho la Circular 003 del 13 de abril de 2020, expedida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos de carácter general que se profieren al amparo del estado de excepción. El control compete al Consejo de Estado, cuando el acto lo expide una autoridad del orden nacional, o al tribunal administrativo del lugar en el que se expide el acto de la autoridad territorial (artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 CPACA). En definitiva, el examen de legalidad que corresponde a esta Corporación se realiza mediante la confrontación del acto con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción y las demás normas superiores a las que debe sujeción el acto objeto del control oficioso

Se declaró la nulidad del aparte "(…) de las actuaciones del trámite administrativo de pago de sentencias y conciliaciones (...)" del artículo 1 de la Resolución 00453 de 3 de abril de 2020, expedida por el Fiscal General de la Nación. El Consejo de Estado determinó que la Fiscalía no podía suspender términos en los procesos de conciliación y pago de sentencias en los que la entidad hubiera sido condenada, a pesar de la emergencia generada por la COVID-19. El Consejo de Estado declaró nula la suspensión de términos en los procesos para el pago de sentencias judiciales, pues considera que la medida no es proporcional ni necesaria para preservar la vida y la salud de sus funcionarios y, en cambio, sí implica el incumplimiento de sentencias judiciales y la violación de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y al mínimo vital de los acreedores de dichas sentencias judiciales. Además, declaró nula la suspensión de términos en procesos de conciliación, pues la medida no guarda conexidad con la norma superior en la que se basa la expedición de este acto administrativo por parte de la Fiscalía, un decreto legislativo que suspendió términos en los trámites administrativos de pago de sentencias, pero no en el pago de conciliaciones

Se declara la legalidad de la Resolución 00742 del 20 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en los aeropuertos Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja, Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, Alfonso López de la ciudad de Valledupar y Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha", de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Se declara la nulidad de la Resolución 000309 del 31 de marzo de 2020 expedida por la Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud "Por la cual se suspenden los términos en algunos asuntos de conocimiento de la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional, con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social"

Se decidió el control inmediato de legalidad en relación con la Resolución 0042 del 26 de marzo de 2020, expedida por la Directora de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional de Colombia. Como la vigencia prevista en dicha resolución para las medidas relativas a la declaratoria de urgencia manifiesta y a la suspensión de los términos en las actuaciones contractuales sancionatorias, difiere de la prevista en la norma que desarrolla y permite su extensión en un periodo superior al que se señaló para el Estado de excepción, la Sala no las encuentra conformes con el ordenamiento superior artículo 215, con el Decreto Legislativo 440 de 2020 ni con lo previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. La Sala declarará la legalidad condicionada en el sentido de que las medidas desarrolladas en él estarán vigentes durante el Estado de emergencia económica social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19, declarado mediante el Decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, conforme lo prevé el Decreto Legislativo 440 de 2020 que desarrolla dicho Estado de excepción

Se declara la legalidad de la Resolución 0520 del 28 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, "por la cual se establecen los requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, para uso en la emergencia sanitaria declarada por COVID -19". La legalidad declarada se entiende hasta el vencimiento de los tres meses precisados en la sentencia C-155 de 2020, en la cual se declaró la inexequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto legislativo 476 de 2020

Se declara que la la Resolución 41076 del 3 de abril de 2020, "Por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos de conformidad con el Decreto 491 de 2020" proferida por el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía se ajusta al ordenamiento jurídico

Se declara que la Resolución 000027 del 25 de marzo de 2020 expedida por el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN "Por la cual se modifican los plazos definidos en el artículo 45 de Resolución 011004 del 29 de octubre de 2018, modificado y adicionado por el artículo 15 de la Resolución 000008 del 31 de enero de 2020; en el artículo 42 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, y en el artículo 4 de las Resoluciones 9147, 9148 y 9149 de 2006, establecidos para la presentación de información tributaria y cambiaria ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN", objeto de control inmediato de legalidad, se encuentra ajustada a la Constitución y a la Ley

Se declara la legalidad condicionada de los artículos 1 y 2 de la Resolución 5956 del 3 de abril de 2020, en el entendido de que la suspensión del artículo 2.1.10.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 5050 de 2016 y la posibilidad de que el deber de información al que se refiere no se dé con, al menos, tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de la interrupción del servicio por más de treinta (30) minutos, pero sí de manera previa, opera en los casos en los que la intervención sea urgente para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones y su buen funcionamiento

Se declara que las Resoluciones 116 de 30 de marzo de 2020, 133 de 13 de abril de 2020, 160 de 27 de abril de 2020, 174 de 11 de mayo de 2020 y 192 de 26 de mayo de 2020, proferidas por la Presidente de la Agencia Nacional de Minería -ANM- se encuentran ajustadas a derecho. Se declara que los artículos 1 parágrafo 1 y artículo 2 parágrafo 1 de Resolución 133 de 13 de abril de 2020; y artículo 1 parágrafo 5 de la Resolución 174 de 11 de mayo de 2020 referidos a la implementación de medidas para la notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, están ajustados a derecho, pero de manera condicionada, en el entendido que ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos

Se declara la ilegalidad de la expresión "interrupción" contenida en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 647 de 2020 "por medio de la cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante la Resolución No. 604 del 16 de marzo de 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública", expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. Los demás aspectos evaluados se encuentran ajustados a derecho. Improcedente para conocer de la legalidad de la prórroga de la medida de suspensión de los términos de las actuaciones administrativas y de la atención presencial al público

No repone Auto que avocó conocimiento del medio de control inmediato de legalidad frente a la Resolución No. 3019 del 19 de marzo de 2020 del ICBF, "Por la cual se modifican la Resolución No. 6100 de 2019 "Por la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Generaciones 2.0" y la Resolución No. 9530 de 2019 "Por la cual se adopta el Manual Operativo para el Fortalecimiento de Capacidades de los Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad y sus Familias", en el marco de la emergencia por COVID-19". Aun cuando la Procuraduría presentó un recurso para que el Consejo de Estado rechazara el control automático de legalidad sobre unas modificaciones adoptadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su manual de operaciones, la alta corte decidió ratificar su decisión de avocar conocimiento sobre ellas

Se declarada la improcedencia de control inmediato de legalidad respecto a la Resolución 691 de 2020, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), al no estar fundada en Decreto legislativo. Pese a lo cual la Sala mayoritaria, al emitir sentencia, consideró que los preceptos contenidos en el acto administrativo objeto de análisis no desarrollaban Decreto legislativo alguno, lo que hacía improcedente ejercer el control inmediato deprecado

Se declara que la Resolución 5952 de 26 de marzo de 2020 expedida por la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones "por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, el cumplimiento de los indicadores de calidad para el servicio de televisión y los efectos de las disposiciones en materia de medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad de datos móviles para tecnología de acceso 3G y de los indicadores de calidad de la transmisión de televisión por cable HFC analógico, televisión por cable HFC digital, televisión satelital y televisión con tecnología IPTV, y se dictan otras disposiciones", objeto de control inmediato de legalidad, se encuentra ajustada a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales

Se declara que la Circular Externa núm. 11 del 19 de marzo de 2020 expedida por el Superintendente de la Economía Solidaria, por la cual imparten "instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional declarada por el gobierno nacional mediante el Decreto Núm. 417 del 17 de marzo de 2020", objeto de control inmediato de legalidad, se encuentra plenamente ajustada a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales

Se declara la nulidad del artículo primero de la Resolución 40101 de 19 de marzo de 2020, proferida por el Ministerio de Minas y Energía con excepción de su parágrafo el cual se ajusta al ordenamiento jurídico. Se declara que los artículos 2 y 3 de la Resolución 40101 de 19 de marzo de 2020, proferida por el Ministerio de Minas y Energía se ajustan al ordenamiento jurídico. Se declaró la ilegalidad de la resolución por medio de la cual el Ministerio de Defensa decretó la suspensión de términos en los procesos disciplinarios que estaba adelantando, tras la emergencia decretada por el coronavirus. El Consejo de Estado declaró nula esta resolución, en la medida en que el secretario general del Ministerio de Defensa decidió suspender términos en las actuaciones disciplinarias antes de que el Gobierno hubiera dictado la disposición extraordinaria que permitió a las entidades suspender términos de procesos administrativos. Además, la alta corte señaló que la suspensión de términos en el trámite administrativo es un asunto que está reservado al legislador. De ahí que se haya concluido que el secretario general del Ministerio hizo uso de una competencia que no le había sido atribuida

El Consejo de Estado determinó que el plan de atención en salud adoptado por el Ministerio del ramo a propósito del coronavirus seguirá vigente, sin la necesidad de aplicar control automático de legalidad. El 12 de marzo pasado el Ministerio de Salud adoptó un plan para la prestación de servicios de salud durante la ejecución de las etapas de contención y mitigación de los efectos del coronavirus. La alta corte encontró que este plan del Ministerio de Salud, dirigido a las secretarías de salud locales y a todos aquellos actores encargados de la prestación de estos servicios, no estaba fundada en ninguno de los decretos legislativos que desarrollan el estado de excepción. Según el Consejo de Estado, esta resolución se basa en la declaratoria de emergencia sanitaria que dictó el Ministerio de Salud el 12 de marzo, y de ahí que no proceda efectuar el control automático de legalidad

El Despacho avocó conocimiento, ya que encuentra que el Decreto No. 595 del 25 de abril de 2020, "Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020 'Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del 'Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica' declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19'" fue adoptado por una autoridad del orden nacional, pues lo hizo el Presidente de la República, junto con la Ministra de Justicia y del Derecho; ello, en ejercicio de una función administrativa, toda vez que se trata de un decreto reglamentario expedido con la facultad conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. La corporación determinó que procede el examen frente a la prórroga de la suspensión de términos en trámites de extradición que fue decretada por el Presidente, decisión que no interfiere en el trámite del concepto que debe emitir la Corte Suprema de Justicia y que tampoco implica cancelación de órdenes de captura. Además, contiene una medida de carácter general, dado que no crea, modifica o extingue una situación particular y concreta, sino que prorroga la suspensión de los términos del trámite de un procedimiento administrativo y judicial, esto es, afecta la situación de todas las personas sometidas a dicho trámite

El Consejo de Estado admitió para su conocimiento el control automático de legalidad de las medidas implementadas por el Ministerio de Salud para prevenir, diagnosticar y ofrecer tratamiento a la COVID-19. La resolución, que le permite a la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes establecer procedimientos de fiscalización, importe y transformación de medicamentos, fue enviada a la alta corte, en el marco del control de legalidad automático que le asiste adelantar alrededor de actos generales de las entidades nacionales, en desarrollo de los estados de excepción. El Consejo de Estado encontró que el acto administrativo cumplía con todos los requisitos para adelantar el control automático, entre ellos, que se deriva del decreto legislativo por medio del cual el Gobierno Nacional estableció la necesidad de que las entidades del Estado impartieran las directrices necesarias para enfrentar el coronavirus, decisión que, a su vez, se dictó en desarrollo de la emergencia social, económica y ecológica decretada por el Ejecutivo

Por ajustarse a los presupuestos de procedibilidad y de competencia, previstos en los artículos 20 de la Ley 137 de 2 de junio de 1994, 111 numeral 8 y 136 del CPACA, se avoca el conocimiento del control inmediato de legalidad, de la Resolución núm. 048 de 7 de abril de 2020, "Por la cual se establece una Opción Tarifaria Transitoria para el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería", expedida por la Nación - Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas

El Consejo de Estado avocó conocimiento de la resolución por medio de la cual el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) adoptó medidas especiales para asumir el rol que le asiste durante la pandemia del coronavirus. Según la alta corte, se trata de una medida reglamentaria, de carácter general que desarrolla uno de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia social, económica y ecológica que acogió el Gobierno Nacional como medida para facilitar la ejecución de determinaciones tendientes a conjurar la crisis provocada por la COVID-19. Esto implica que están dados los presupuestos que habilitan al Consejo de Estado a aplicar el control automático de legalidad que es propio del acogimiento de estos estados de excepción

El Consejo de Estado es competente para revisar, enjuiciar o controlar la legalidad de la Resolución 000078 de 7 de abril de 2020 "Por medio de la cual se fija el listado de productos de primera necesidad, mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria de la Emergencia Económica, y Ecológica" expedida por los Ministros de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo en cuenta el carácter nacional de los Ministerios y contener disposiciones reglamentarias y-o medidas de carácter general que fueron dictadas en desarrollo de lo dispuesto por los Decretos Legislativos: (i) 417 de 17 de marzo de 2020, y (ii) 507 de 1 de abril de 2020 "por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso a los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020"

La potestad de expedir actos administrativos generales, se relaciona con la expresión inherente de la administración de proferir actos unilaterales encaminados a producir efectos jurídicos, y se forma por la concurrencia de elementos de tipo subjetivo (órgano competente), objetivo (presupuestos de hecho a partir de un contenido en el que se identifique objeto, causa, motivo y finalidad, y elementos esenciales referidos a la efectiva expresión de una voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa) y formal (procedimiento de expedición). Finalmente, la administración, en virtud del artículo 41 de la Ley 489 de 1998, también ejerce la potestad instructiva, actos de carácter informal (directivas, circulares, instructivos, etc.) que ayudan a desarrollar de manera alternativa la función administrativa y cuyos efectos se proyectan únicamente en el ámbito interno de la administración con el objetivo de orientar, instruir o informar a los ciudadanos sobre el principio de legalidad; no obstante, dichos actos pueden impactar de igual forma en el bloque de legalidad, por lo que en estos eventos resulta procedente el control inmediato

La Directiva DIR2020-1 del 13 de marzo de 2020, proferida por el secretario general de Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, que tiene por asunto "Medidas de prevención, preparación y respuesta por emergencia sanitaria CORONAVIRUS (COVID-19)", fue enviada a la alta corte para que se adelantara el respectivo control automático. A pesar de que la Directiva en cuestión está relacionada con la adopción de medidas respecto de la enfermedad COVID-19, no se enmarca dentro de las decisiones de carácter general en ejercicio de la función administrativa que son dictadas en el marco del estado de excepción, pues el acto administrativo fue expedido de manera previa a la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica dictada por el Gobierno el 17 de marzo, no procede juzgarla mediante este mecanismo de control de legalidad de las decisiones dictadas por el Ejecutivo en los estados de excepción

Colpensiones remitió copia de la Resolución 005 del 19 de marzo de 2020 "por el cual se suspenden términos procesales en las actuaciones administrativas y disciplinarias en la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)", emitida por su Director, para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad establecido en el artículo 136 del CPCA, disponiéndose sin embargo por parte de la Sala no avocar conocimiento del medio de control tras considerar que la expedición de la decisión administrativa obedeció a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y no fue desarrollo de los decretos legislativos proferidos durante el Estado de Emergencia, Social y Ecológica. Se concluyó que la decisión administrativa sometida a control inmediato de legalidad, no cumplía con el presupuesto normativo de ser una medida dictada como desarrollo de los decretos legislativos de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al haberse sustentado en la declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta en la Resolución No. 385 de 2020, por lo que no obedeció al desarrollo de un decreto legislativo conforme lo establece el artículo 136 del CPACA, razón suficiente para que no proceda el referido control

El Ministerio del Interior expidió la Circular Externa CIR2020-21DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, cuyo objeto principal fue establecer recomendaciones para las autoridades territoriales encargadas de la construcción de los planes de desarrollo territorial. En concreto, se trata de recomendaciones para que los gobernadores y alcaldes establezcan alternativas de participación y socialización, mediante herramientas tecnológicas, de los proyectos de plan de desarrollo. En este caso, la Sala Unitaria constata que la Circular Externa CIR2020-21DMI-1000 no reglamentó ni desarrolló el Decreto Legislativo 417 de 2020 (que declaró el Estado de emergencia económica social y ecológica) ni ningún otro decreto legislativo proferido por el presidente de la República en el marco de esa declaratoria, lo que impide que ese acto sea objeto de control inmediato de legalidad por parte de esta jurisdicción. Concluyó que los fundamentos de la Circular Externa CIR2020-21DMI-1000 son normas proferidas antes de que el presidente de la República expidiera el Decreto Legislativo 417 de 2020

El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación remitió Circular No. 15 del 18 de marzo de 2020 que contiene el "Protocolo de ingreso de visitantes y colaboradores al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la recepción del segundo piso, con el fin de disminuir la propagación del COVID-19" para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad. El despacho advierte que la Circular 15 del 18 de marzo por medio de la cual el Secretario General del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estableció el protocolo de ingreso de visitantes en la recepción de sus instalaciones, no tiene la capacidad de reglamentar o desarrollar Constitución, la ley ni los decretos expedidos por el Gobierno, por medio de los cuales se decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Las disposiciones contenidas en la circular contienen medidas exclusivamente destinadas al equipo de atención al ciudadano de la entidad, de tal manera que, si bien constituye una expresión del ejercicio de la función administrativa y contiene medidas que gozan de esta naturaleza, no alcanza la categoría de acto administrativo, en tanto, no modifican las situaciones jurídicas de los empleados a quienes se encuentran dirigidas ni de los visitantes de la entidad, cuya salud igualmente se pretende proteger

La Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación remitió copia de la Comunicación Interna No. 14 del 17 de marzo de 2020, por la cual se adoptaron parámetros para la radicación de autorización de pago y de solicitudes de comisión de servicios y gastos de desplazamiento de la entidad, para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad establecido en el artículo 136 del CPCA, concluyéndose por parte de la Sala que estaban dados los presupuestos para avocar el conocimiento del referido medio de control. Acorde con el objeto de esta jurisdicción, debe entenderse que, para efectos del control inmediato de legalidad, las medidas de carácter general expedidas en ejercicio de la función administrativa, como desarrollo de los estados de excepción, señaladas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, también incluyen a los actos internos de la administración, como circulares, memorandos, directivas y otros documentos similares, que reflejan jerarquía al interior de los órganos estatales. Por esto, la procedibilidad de su revisión judicial no dependerá del tradicional criterio material, en el que estos han de ser actos administrativos para que puedan ser controlados, sino que su examen atenderá a un criterio formal, en el que por ser actos sujetos al derecho administrativo (CPACA, art. 104), pueden ser inspeccionados judicialmente

No se adelantará control de legalidad a Resolución del Ministerio del Deporte 1 del 12 de marzo de 2020 por medio de la cual el Ministerio del Deporte decretó la suspensión de eventos deportivos en todo el territorio nacional, como medida para prevenir la propagación del coronavirus, no será objeto de control inmediato de legalidad. La alta corte sostuvo que esta directriz fue emitida antes de que el Gobierno declarara la emergencia social, económica y ecológica que tuvo como propósito impartir medidas oportunas para enfrentar los efectos de la presencia de la pandemia en Colombia. Ello implica que la determinación no está fundada en este estado de excepción o en alguno de los decretos legislativos derivados de él

La Sala declaró legal la resolución por medio de la cual fueron suspendidos los términos en los procesos disciplinarios a cargo de Corpoboyacá, así como los trámites de cobro persuasivo y coactivo o de depósitos judiciales que adelanta la entidad. A su juicio, suspender los términos de los señalados procesos está de acuerdo a la situación calamitosa que está enfrentando el país a raíz de esta crisis y, a pesar de mencionar medidas administrativas y legislativas distintas al decreto que declaró la emergencia social, económica y ecológica, realmente está amparada en este, logrando prevenir consecuencias jurídicas y de salud negativas para las partes y para los mismos funcionarios. La medida evita que tanto los funcionarios sustanciadores de las actuaciones administrativas suspendidas en sus términos, como los interesados, deban poner en riesgo su salud estando obligados a concurrir a los procesos, so pena de medidas disciplinarias en su contra, derivadas del vencimiento de términos, o perder los procesos

El Consejo de Estado determinó que no está sujeto a control automático de legalidad la suspensión del plazo de algunos contratos y convenios derivados del Fondo de Inversión para la Paz, que fue decretada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a propósito del coronavirus. La alta corte había decidido avocar conocimiento al tener en cuenta que uno de sus fundamentos explícitos había sido el decreto por medio del cual el Gobierno declaró el estado de emergencia. Sin embargo, la Procuraduría presentó un recurso de reposición, con la intención de que el Consejo de Estado decidiera no adelantar el control automático de legalidad respectivo, frente a esta determinación, por medio de la cual se suspendió transitoriamente la ejecución de contratos y convenios relacionados con programas de "Inclusión Productiva FEST, IRACA, Mi Negocio, Empleabilidad, Infraestructura Social y Hábitat, Jóvenes en Acción, Mejoramiento de Vivienda y ReSA". La alta corte encontró que esta determinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como fundamento la declaratoria de emergencia sanitaria dictada por el Ministerio de Salud y no la emergencia social, económica y ecológica, que es la que habilita al Consejo de Estado a enjuiciar de manera automática los actos de contenido general que emitan las entidades nacionales en cumplimiento del citado estado de excepción

Frente a la decisión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de tomar recursos destinados a inversión para trasladarlos a un proyecto para la implementación de transferencias en favor de la disminución de la pobreza, el Consejo de Estado sostuvo que la medida se basa en la norma que autoriza a devolver el IVA a los sectores más vulnerables, el traslado se motivó en el cumplimiento del artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, que creó una compensación en favor de la población más vulnerable mediante la devolución de una cantidad de dinero correspondiente al pago del IVA. Esta norma la reglamentó el Decreto 419 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 189.11 CN, que estableció que la canalización de los dineros para el pago de la compensación se hará a través de los programas de atención a la población más vulnerable del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (artículo 1.3.1.19.4). De ahí que no proceda el control automático que corresponde ejercer frente a actos generales que se dicten con fundamento en los decretos legislativos que desarrollen el estado de excepción decretado a raíz de la COVID-19

No tendrá el control automático de legalidad el Consejo de Estado frente a la circular que expidió la Fiscalía General de la Nación adoptando medidas preventivas contra el coronavirus y contra la propagación de enfermedades respiratorias. La Fiscalía emitió un acto administrativo en el que se determinó, entre otras, la necesidad de continuar labores en casa por parte de sus servidores, tomar medidas de autocuidado de la salud y la adopción de protocolos sanitarios. Fue enviado para adelantar control de legalidad en forma automática. La alta corte decidió no avocar conocimiento de la resolución dado que este acto administrativo fue expedido 17 días antes de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica decretada por el Gobierno, ello implica que la decisión del ente investigador no se da en cumplimiento de la declaratoria de estado de excepción ni de ninguno de los decretos legislativos derivados de ella. Esta circunstancia impide que se enjuicie la resolución por medio del control automático de legalidad, pero no implica que no pueda enjuiciarse, en caso de que algún ciudadano interponga una demanda contra ella

Consejo de Estado no avocará conocimiento de la suspensión de términos en procesos de insolvencia que conoce la Supersociedades. El Consejo de Estado determinó que la suspensión de términos en los procedimientos de insolvencia y mercantiles a cargo de la Superintendencia de Sociedades no tendrá control automático de legalidad. A juicio de esta autoridad judicial, la suspensión de términos adoptada por la Superintendencia se basó en el decreto del Gobierno del 23 de marzo, por medio del cual se impartieron instrucciones para cumplir la medida de aislamiento preventivo, y no en el acto por medio del cual se decretó la emergencia social, económica y ecológica. Eso significa que la decisión de la entidad vigilante de las sociedades comerciales en Colombia no está basada en ninguno de los decretos legislativos que desarrollan el estado de excepción decretado por el Gobierno, y de ahí que no sea procedente adelantar el control de legalidad automático

La Sala no adelantará control automático de legalidad sobre la resolución por medio de la cual la Fiscalía decretó la urgencia manifiesta para adelantar los procesos de contratación necesarios para conjurar la crisis generada por la COVID-19. Inicialmente se decidió avocar conocimiento del acto, por considerar que estaba fundado en los decretos legislativos por medio de los cuales se declaró la emergencia. La Procuraduría se opuso a esa determinación y presentó recurso de reposición. El Consejo de Estado revocó la decisión por medio de la cual decidió avocar conocimiento de la declaratoria de urgencia manifiesta por parte de la Fiscalía. Según la alta corte, esta resolución no desarrolla ningunos de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia social, económica y ecológica. Al contrario, la urgencia manifiesta decretada para simplificar los procesos de contratación necesarios para enfrentar la amenaza del coronavirus en la Fiscalía obedece a la aplicación de las reglas que impone el Estatuto de Contratación a las entidades que están sometidas al arbitrio de dicho código. De ahí que no proceda el control automático de legalidad que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a estados de excepción como el que estableció el Gobierno, tras la evidencia sobre la presencia del coronavirus en Colombia

Es improcedente el control de legalidad de Circular emitida por la Fiscalía General de la Nación, dado que constituye una medida preventiva del COVID- 19, proferida en ejercicio de la función administrativa y no en desarrollo de un decreto legislativo. Si bien la Circular constituye una "medida" preventiva de carácter general dictada en ejercicio de función administrativa, en el contexto de la situación sanitaria que para ese momento ya se presentaba a raíz del brote infeccioso por el COVID-19, en todo caso no fue proferida en desarrollo de ningún decreto legislativo. En la misma fecha en que se profirió la referida circular también fue expedido el Decreto 417 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", sin que aquella hubiera hecho mención alguna a este en su fundamento normativo que denominó "Marco legal - Documentos de referencia". Aunque por el curso de los acontecimientos, el contenido de la circular podría haber resultado afín con el del decreto, bajo ninguna circunstancia ello permite considerar satisfecho el requisito legal consistente en que la medida objeto del control inmediato de legalidad constituya un desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción. No significa lo anterior que la Circular no pueda ser objeto de ningún medio de control, sino únicamente que no lo es del establecido en el artículo 136 del CPACA

La resolución por medio de la cual el DANE suspendió la atención presencial al público, así como los términos de ciertos trámites, no será objeto de control automático de legalidad por parte del Consejo de Estado. La entidad estableció en la parte considerativa de este acto administrativo que la medida estaba basada, entre otros aspectos, en la declaratoria de estado de emergencia provocada por la pandemia generada por la COVID-19, la resolución fue enviada a la alta corte, para que esta determinara si había lugar adelantar un juicio sobre ella. La Sala decidió no avocar conocimiento de esta medida del DANE ya que esta autoridad no invocó como fundamento de esta determinación el decreto por medio del cual se declaró el estado de emergencia social, económica y ecológica producida por la presencia del coronavirus en Colombia. Según la alta corte la resolución no reúne las condiciones de los actos generales de las autoridades nacionales que deben ser objeto de control automático de legalidad por parte del Consejo de Estado, en el marco de las facultades que le son propias frente a las declaratorias de estado de emergencia. Esa decisión no impide que no se pueda ejercer el control judicial que en condiciones de normalidad ejerce este órgano judicial sobre los actos administrativos generales

El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la resolución por medio del cual se estableció la suspensión de términos entre el 24 de marzo y el 13 de abril en las actuaciones administrativas y contractuales de la Agencia Nacional Infraestructura (ANI), a raíz de la emergencia sanitaria y la consecuente emergencia social, económica y ecológica decretada por el gobierno. Se determinó que sí se trata de un acto de contenido general, propio de las medidas sujetas a su control durante los estados de excepción. Además, que el acto fue expedido en ejercicio de las funciones administrativas que le compete desempeñar a esta entidad adscrita al Ministerio de Transporte y tiene como fin desarrollar uno más de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia. Según la Sala aquí no se modifican términos legales para atender derechos de petición o para liquidar contratos sino los referentes a gestiones internas del organismo, dice la providencia. Este examen de legalidad indica que la medida aquí analizada viabiliza la continuidad de trámites que puedan adelantarse virtualmente, satisfaciendo, entre otros, las necesidades de cada una de las partes en los contratos, concesiones, interventorías y obras públicas. Además, la suspensión de términos no incluye actividades necesarias para garantizar la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y tampoco las obligaciones relacionadas con la operación de carreteras, puertos aeropuertos y la red férrea

¿Es competente el Consejo de Estado para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un particular contra los actos administrativos referidos a un titulo minero expedidos por el Departamento de Antioquia, en virtud de delegación conferida por el Ministerio de Minas y Energía? - Compete al Consejo de Estado en forma exclusiva y en única instancia, conocer de la demanda de la referencia, por tratarse de un asunto en materia minera de competencia de la Nación -Ministerio de Minas y Energía, no obstante la delegación que para su ejercicio éste confirió al Departamento de Antioquia, habida cuenta de que esta figura no acarrea una mutación en la titularidad de la función delegada. - Delegación características y naturaleza

Juzgados administrativos. Conflicto de competencia corresponde resolver al Consejo de Estado. Acto administrativo sancionatorio. Juez competente para conocer demanda. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Reglas de determinación de competencia

Conflicto de competencia entre las secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, respecto de un asunto relacionado con la actividad fiscalizadora realizada por la Contraloría General de la Repébilca. El asunto corresponde a la Sección Primera con ocasión de su competencia residual.