Los conciliadores en derecho, en su rol de administradores de justicia con carácter transitorio, también están obligados a incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. Para esta Sala de Revisión no cabe duda que en el marco de las funciones jurisdiccionales transitorias que les son propias, los conciliadores en derecho, al igual que los jueces y demás autoridades del Estado que tienen asignadas funciones judiciales, no pueden actuar al margen de la aplicación de la perspectiva de género y, menos aún, en temas relacionados con asuntos de familia, pues, como se ha dicho, en el hogar es donde lamentablemente la violencia contra la mujer encuentra el escenario propicio para su ocurrencia. Antes bien, los conciliadores están compelidos a incorporar la perspectiva de género en su labor de mediación porque es precisamente esta herramienta analítica la que les permite, por ejemplo, (i) identificar antecedentes de violencia entre las partes para impedir que una mujer víctima de violencia de pareja sea confrontada con su agresor; (ii) advertir vicios del consentimiento en la formación de su voluntad al momento de suscribir el acuerdo conciliatorio; (iii) improbar aquellos convenios en los que la víctima haya renunciado a derechos ciertos e indiscutibles; o (iv) entender que no se puede privilegiar la unidad familiar por encima de la protección de los derechos de sus integrantes a vivir libres de violencia y discriminación, en este caso, de las mujeres - [Resumen automatizado: El 27 de agosto de 2018, la ciudadana Esperanza Cometa, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de los Juzgados Veintiuno Civil Municipal y Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados como consecuencia de las providencias judiciales proferidas en el marco de un proceso ejecutivo singular de menor cuantía iniciado en contra suya por su excompañero permanente, en el que el título base de la ejecución (acta de conciliación), a su juicio, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 640 de 2001 para su validez, toda vez que la obligación allí contenida estuvo precedida de actos constitutivos de violencia intrafamiliar.] - [Palabras claves: violencia, género, derechos, civil, proceso, derecho, mujeres, tutela, constitucional, mujer, justicia, judicial, judiciales, sentencia]

¿La acción de tutela es procedente para resolver respecto de la legalidad de un acta de conciliación suscrita por intermedio del ICBF, mediante la cual se decidió respecto de la custodia y el cuidado personal de dos menores de edad? La acción de tutela, en principio, no es el mecanismo para resolver acerca de la definición de la custodia y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, como quiera que existen en el ordenamiento jurídico mecanismos extrajudiciales y judiciales idóneos que permiten a los padres resolver respecto de estos aspectos fundamentales para velar por la protección y la garantía de los derechos de los menores de edad. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que el juez de tutela verifique, en cada caso en concreto, si los mecanismos de defensa ordinarios no son eficaces para resolver la situación fáctica y jurídica puesta en su conocimiento, ya sea porque los menores de edad se encuentran en tal situación de amenaza que exija la intervención inmediata del juez constitucional para salvaguardar de manera sus derechos, o porque, de no existir una orden judicial pronta, exista el riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela podrá ser concedida de manera transitoria. La Sala concluyó que en atención a que, prima facie, las niñas no se encuentran en un riesgo que amerite la intervención del juez constitucional y que, por ende, corresponde a las autoridades administrativas y judiciales competentes definir respecto de la custodia y el cuidado de ambas menores, la acción de tutela, en el caso en concreto, es improcedente por no acreditar el requisito de subsidiariedad - [Resumen automatizado: La señora Viviana interpuso[2], mediante apoderado[3], acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF, y el señor Jaime, su ex compañero permanente, quien actualmente ostenta la custodia de sus dos hijas menores de edad, conforme a lo acordado en una audiencia de conciliación celebrada en la sede Sincelejo de la entidad accionada, el día 10 enero de 2018. || En el caso concreto, la Sala observa que los hechos que la accionante considera que vulneran los derechos fundamentales de sus hijas menores de edad se configuraron el día 10 de enero de 2018, fecha en que se celebró ante el ICBF la audiencia de conciliación que le otorgó al padre de las niñas su custodia, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 31 de enero del mismo año; término que ni siquiera supera un (1) mes calendario, razón por la cual la Sala lo considera como un plazo prudente y razonable para reclamar la protección de los derechos supuestamente vulnerados.] - [Palabras claves: tutela, derechos, menores, edad, niñas, custodia, conciliación, acción, cuidado, padre, judicial]

¿Las decisiones judiciales que improbaron el acuerdo celebrado dentro del trámite de conciliación extrajudicial previsto como requisito de procedibilidad de la demanda de reparación directa instaurada por los accionantes en contra de La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional demostrado a pesar de existir una sentencia internacional que establecía la responsabilidad del Estado vulneran los derechos fundamentales de los accionantes? Los autos cuestionados no incurren en el defecto por desconocimiento del precedente, debido a que la decisión supuestamente ignorada no constituye precedente aplicable para este caso, en el que es evidente que no operó el fenómeno de cosa juzgada, pues el hecho de que existiera una sentencia proferida por un órgano internacional en la que se declarara la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de su familiar, no era suficiente, por sí misma, para avalar el acuerdo conciliatorio. Por lo tanto, este defecto no se configura. El auto que confirmó la decisión consistente en improbar el acuerdo, no carece por completo de motivación, ni presenta una argumentación abiertamente insuficiente o un déficit de motivación que la deslegitime como tal, pues la decisión se fundamentó en las facultades que tiene el juez administrativo cuando efectúa el control de validez de los acuerdos conciliatorios con el fin de proteger el patrimonio público. Las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en el defecto por violación directa de la Constitución en la medida en que desconocieron abiertamente los derechos a la reparación de las víctimas y el derecho de acceso a la administración de justicia. Lo anterior porque la indemnización reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos versó sobre la responsabilidad probada en un trámite en el que estas víctimas no participaron, por lo que al deducir que la redacción de la indemnización reconocida en la sentencia internacional incluye a las víctimas, quienes por no haber participado de ese proceso nunca serán reparadas, la juez desconoció los derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación de los accionantes. Del análisis del caso se concluyó que la tutela es procedente para (i) dejar sin efecto el auto mediante el cual la autoridad judicial accionada confirmó la decisión de improbar el acuerdo, y (ii) ordenar que profiera una nueva decisión en la que garantice los derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas - [Resumen automatizado: En caso de ser procedente, será preciso analizar el fondo del asunto, el cual plantea este problema jurídico: ¿incurren en defecto fáctico, desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y violación de la Constitución, los autos mediante los cuales el juez que realizó el control de validez, improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre los accionantes y el Ejército Nacional, en razón a que otra persona, distinta a los accionantes, fue reconocida como víctima en una providencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? || Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario abordar el análisis de los siguientes temas: primero, la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales; segundo, el examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso concreto, incluida la subsidiariedad cuando se trata de autos que deciden sobre acuerdos de conciliación; tercero, la naturaleza y el marco normativo de la conciliación prejudicial; cuarto, el derecho a la reparación de las víctimas; quinto, la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad agravada del Estado cuando sus agentes cometen crímenes de lesa humanidad; sexto, el fenómeno de cosa juzgada en materia de responsabilidad del Estado y respecto de condenas proferidas por tribunales internacionales; séptimo, con fundamento en lo anterior se resolverán los problemas jurídicos planteados en este asunto.] - [Palabras claves: reparación, tutela, derechos, corte, acuerdo, sentencia, derecho, en, víctimas, directa, juez, responsabilidad, estado]

¿Una compañía de capital privado vulnera los derechos fundamentales de una persona al solucionar de manera definitiva y en un solo pago su obligación pensional a través de una conciliación soportada por un cálculo actuarial y celebrada ante el Ministerio del Trabajo, aun cuando el trabajador había cumplido con los requisitos exigidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 171 de 1961 para acceder a una pensión vitalicia? Concede - Una vez el trabajador reúne los requisitos legalmente exigidos para acceder a esta prestación, obtiene la condición de pensionado y se hace acreedor a un reconocimiento pleno, indiscutible e irrenunciable de su derecho, que por esencia es de carácter vitalicio; de modo que solo su fallecimiento hace viable la extinción del mismo, con la única excepción de que haya lugar a la sustitución pensional establecida por el legislador o por las normas convencionales aplicables a la materia. De suerte que, siendo las descritas las formas de extinción del derecho a la pensión, es descartable constitucionalmente otro modo atípico, por cuanto se contrariaría el espíritu y la misma teleología de esta prestación. El pacto debe ser reinterpretado de suerte que la Sala lo entiende no como un pago único y definitivo de mesadas pensionales sino como un pago anticipado de las mesadas con que los accionantes lograron solventar sus necesidades básicas hasta una edad determinada. Sobre la aceptación jurisprudencial del pacto, siempre que haya un acuerdo expreso, basado en un cálculo actuarial y bajo la aprobación por parte de los inspectores de trabajo; la Sala reitera que esta figura jurídica, a pesar de su mención expresa en anteriores normatividades tributarias, se desarrolló sin perjuicio de los límites constitucionales y legales que constituyen garantías mínimas para el trabajador en tanto versa sobre derechos irrenunciables, dados por el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 y que por definición son de por vida. Cuando se trata de la conciliación laboral, esta Corporación ha indicado que si bien por imperio de la ley el asunto hace tránsito a cosa juzgada como en otras especialidades, la misma puede ser controvertida cuando el acuerdo de voluntades: (i) está afectado por un vicio del consentimiento que lo invalida (artículo 1502 del Código Civil) o (ii) si desconoce derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores - [Resumen automatizado: En el asunto sometido a Revisión, los señores Alfonso Corredor Vega, de 94 años, y su esposa, Lucía Ríos de Corredor, fallecida en el trámite procesal, instauraron acción de tutela contra IBM de Colombia y Cia S.C.A., al considerar que las consecuencias económicas derivadas del “Pacto de pago único de las mesadas pensionales futuras”, celebrado con la demandada en el año 2001, vulneran gravemente sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, al punto que ahora se encuentran sin recursos para subsistir por el agotamiento de los $226.726.497 que les fueron entregados en dicha oportunidad. || En consideración a los antecedentes reseñados corresponde a la Sala determinar si una compañía de capital privado -IBM Colombia - vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona- el señor Corredor Vega- y su cónyuge, al solucionar de manera definitiva y en un solo pago su obligación pensional con el primero a través de una conciliación soportada por un calculo actuarial y celebrada ante el Ministerio del Trabajo, aún cuando el trabajador había cumplido con los requisitos exigidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 171 de 1961 para acceder a una pensión vitalicia.] - [Palabras claves: derecho, derechos, año, años, trabajador, sala, si, edad, tutela, corte, pago, acción, ley]

¿Vulneró un juzgado los derechos fundamentales del accionante dado que inadmitió y posteriormente rechazó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por él contra un municipio, al considerar que incumplió con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, correspondiente a la conciliación extrajudicial?Concede. La Corte no encontró que la exigencia de tal requisito fuera contraria a la Carta Política, toda vez que, generalmente, los asuntos discutidos dentro de esta acción son de contenido patrimonial o económico que versan sobre derechos inciertos y discutibles y sobre actos de carácter particular que pueden ser conciliados por las partes. Los asuntos que se reclaman dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho son asuntos de carácter conciliable. Sin embargo, el juez de instancia debe realizar un análisis en el cual determine la calidad de los derechos que se encuentren en litigio ya que puede tratarse de derechos ciertos e indiscutibles protegidos por la Constitución Política y que, por ende, no ostentan el carácter de conciliables. El juez contencioso debió determinar que los derechos reclamados mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta, no tenían tal naturaleza que hiciera exigible la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues se enmarcan dentro de las pretensiones propias de la garantía de la estabilidad laboral reforzada protegida por la Constitución y que ostenta una carácter de derecho fundamental mínimo e irrenunciable - [Resumen automatizado: 3.- De conformidad con lo anterior, la Sala de Revisión debe determinar si las providencias mediante las cuales el Juzgado Octavo (8º) Administrativo de Tunja inadmitió y rechazó, respectivamente, la acción de nulidad y restablecimiento de derecho que inició el señor José Martínez Gómez en contra del Municipio de Zetaquirá (Boyacá), así como el auto mediante el cual el Tribunal Adminsitrativo de Boyacá confirmó esta última providencia , vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al exigir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para la mencionada acción. || 13.- En el caso bajo estudio, el peticionario considera vulnerados sus derechos al debido proceso y a la administración de justicia, en razón a que el Juzgado Octavo (8º) Administrativo de Tunja inadmitió y posteriormente rechazó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por él contra el municipio de Zetaquirá, así como por cuanto el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión proferida al considerar que el accionante incumplió con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, correspondiente a la conciliación extrajudicial.] - [Palabras claves: derecho, acción, requisito, nulidad, conciliación, administrativo, restablecimiento, tutela, derechos, procedibilidad, juez]

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante por el hecho de no haber tomado en consideración las primas extralegales que éste percibía en la cuantificación de su pensión de jubilación y por el hecho de no indexar su primera mesada pensional, so pretexto de que el actor y su empleador habían llegado a un acuerdo conciliatorio con respecto al valor de la pensión? Concede - (. . . )el valor de la primera mesada pensional, en el caso concreto, comprende un derecho cierto e indiscutible y, en virtud de tal característica, es intransigible e irrenunciable por su titular. (…)el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que no produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca el mínimo de derechos y garantías consagradas en la normatividad laboral a favor de los trabajadores, es decir que los pactos contra legem se entienden como no escritos. En el caso concreto, esta norma es perfectamente aplicable, pues no se trata de la pensión de vejez regulada en la Ley 100 de 1993, sino que se trata de la pensión de jubilación recogida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo - [Resumen automatizado: Determinado así el criterio reiterado y dominante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a propósito de la indexación de la primera mesada pensional, esta Sala observa que en el caso concreto el recurso de casación no gozaría de ninguna eficacia, contrario a la tesis expuesta en las sentencias de tutela objeto de revisión, toda vez que el actor causó su pensión de jubilación antes de 1991 porque tanto la fecha en la cual terminó su contrato de trabajo con Bancolombia, como la fecha en que cumplió 55 años de edad (ver supra 2.1.4.] - [Palabras claves: derecho, derechos, tutela, sala, acuerdo, corte, proceso, sentencia, conciliación, acción, partes, primera, juez]

¿La Policía Nacional y las Autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción, igualdad, de los niños, legalidad, publicidad, petición, lealtad procesal, información, defensa y el principio de la buena fe de la actora y su hijo, al no haber sido notificados o llamados a conciliar, desconociendo que también tienen la calidad de beneficiarios, por ser la compañera permanente y el hijo del causante? Carencia actual de objeto por hecho superado. En estos casos, no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para la Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Diferencia con la carencia actual de objeto por daño consumado. La notificación de la iniciación del trámite conciliatorio a los terceros interesados, garantiza la protección del debido proceso, el derecho de defensa y los principios de publicidad y contradicción de aquellas personas que, no obstante no ser parte directamente involucradas en el trámite, pueden resultar afectadas como consecuencia del acuerdo conciliatorio. Criterio "mutatis mutandi" - [Resumen automatizado: El pasado veinticinco (25) de Agosto de dos mil nueve (2009) la ciudadana Blanca Libia Henao Ciro en representación de su menor hijo Alejandro Bohórquez Henao a través de apoderado judicial interpuso acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción, igualdad, derechos de los niños, legalidad, publicidad, petición, lealtad procesal, información, defensa y el principio de la buena fe, los cuales, en su opinión, han sido vulnerados por la Policía Nacional, la Procuraduría Segunda Judicial Administrativa de Bogotá y el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá. || 10.- Aduce que de conformidad con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, la decisión judicial cuestionada incurre en: (i) defecto orgánico por cuanto el Juez Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, carece absolutamente de competencia para tomar decisiones, revocar y dar ordenes ante la existencia de una demanda contencioso administrativa que cursa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho que fue debidamente notificada a la Institución, nacida de los mismos hechos y donde se reclaman los mismos derechos que fueron negados a la accionante por la Policía Nacional; (ii) defecto procedimental por cuanto el juez actuó completamente fuera del procedimiento; (iii) decisión sin motivación por desconocer la existencia de un menor y su progenitora que reclaman sus derechos; y (iv) violación directa de la constitución, por cuanto el procedimiento y trámite adelantado contra las autoridades accionadas va en detrimento de los derechos fundamentales invocados por la accionante.] - [Palabras claves: derecho, conciliación, derechos, nacional, policía, menor, mediante, tutela, administrativo, reconocimiento, bogotá, acción]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de la accionante por parte de la Inspección de policía correspondiente al negarse acatar las órdenes contenidas en la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Paz de Santiago de Cali?. Concedida. Jurisdicción de paz. Las decisiones adoptadas por los jueces de paz en los asuntos en los que tiene competencia para el efecto, tienen fuerza obligatoria y definitoria, lo que significa que ponen fin al conflicto de que se trate, y en esa medida deben ser cumplidas por las partes y por las autoridades, cuyo concurso sea necesario a fin de lograr su acatamiento, como quiera que tienen los mismos efectos que las sentencias dictadas por los jueces ordinarios - [Resumen automatizado: El 1 de diciembre de 2009, la ciudadana Carlina Peñaloza Patiño, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Inspección de Policía del Barrio la Riviera de Cali, con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que, según afirma, fueron vulnerados por la entidad, al negarse a dar cumplimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia dictada, en equidad, el 3 de marzo de 2009, por el Juzgado Séptimo de Paz de Santiago de Cali. || La accionante considera que la Inspección de Policía del Barrio la Riviera de Cali, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al negarse a cumplir con la Sentencia dictada en equidad, por el Juez Séptimo de Paz de Cali, el 3 de marzo de 2009, en la que ordena que se le restituya el inmueble de su propiedad, que se encontraba arrendado. || Vista la situación fáctica, le corresponde a la Sala definir si la Inspección de Policía del Barrio la Riviera de Cali vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al negarse a acatar las órdenes contenidas en la Sentencia dictada en equidad, el 3 de marzo de 2009, por el Juzgado Séptimo de Paz de Santiago de Cali.] - [Palabras claves: cali, paz, jueces, cumplimiento, inmueble, juez, policía, inspección, proceso, justicia]

¿Vulneraron los demandados los derechos fundamentales del actor a la vida, a la salud, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital, a la seguridad social, estabilidad laboral e igualdad, al dar por terminado el contrato de trabajo, sin consideración a su estado de salud, teniendo en cuenta que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó a su favor una pérdida de capacidad laboral permanente parcial de origen profesional del 45.40%? Concedida. Reintegro. Contrato realidad. Se debe respetar el procedimiento establecido en la ley, que justamente protege al trabajador discapacitado de la posible discriminación de la que podría ser víctima, al tomar en cuenta como motivo determinante para el rompimiento del vínculo las condiciones de debilidad física manifiesta de la persona. Enfermedad profesional. El requisito exigido para terminar el vínculo laboral con una persona en condiciones de debilidad física manifiesta, no se cumple con la mera presencia inactiva de funcionarios de la oficina del trabajo. Tampoco se cumple si su presencia responde a solicitudes distintas a las de autorizar el despido de un trabajador en condiciones de debilidad física manifiesta. Estabilidad laboral reforzada. Conciliación ineficaz - [Resumen automatizado: Olmedo Collazos Carbonero interpuso acción de tutela por considerar que los demandados vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital, a la seguridad social, a la estabilidad laboral y a la igualdad, al dar por terminado el contrato laboral que tenía suscrito con el señor José David Guaza Carabalí, contratista a su vez del Ingenio del Cauca S.A., Incauca, lugar en el cual desempeñaba sus labores. || Corresponde a la Sala Segunda de Revisión resolver la siguiente pregunta: ¿Vulneraron el señor José David Guaza Carabalí y/o el Ingenio Incauca los derechos fundamentales del actor a la vida, a la salud, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital, a la seguridad social, estabilidad laboral e igualdad, al dar por terminado el contrato de trabajo, sin consideración a su estado de salud, teniendo en cuenta que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó a su favor una pérdida de capacidad laboral permanente parcial de origen profesional del 45.40%?] - [Palabras claves: laboral, trabajo, relación, trabajador, empresa, contrato, derecho, estabilidad, salud, corte, personas]

¿Un Tribunal de Arbitramento convocado para resolver el litigio surgido alrededor de un contrato de concesión vulneró los derechos del Estado colombiano al debido proceso y al acceso a la justicia al aprobar, mediante un auto, el acuerdo conciliatorio suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO - y la sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.? Acción de tutela improcedente, inexistencia de perjuicio irremediable. Contra el auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio cabía el recurso de reposición. La misma norma establece que el representante de la Procuraduría General de la Nación está facultado para interponer el recurso. - [Resumen automatizado: Acción de tutela instaurada por Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont, en su calidad de Procuradora Cuarta Judicial Administrativa, contra el tribunal de arbitramento que, mediante auto dictado el día 22 de noviembre de 2007, aprobó el acuerdo conciliatorio sobre el Contrato de Concesión Nº 447 de 2 agosto de 1994, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO - y la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A. || El día 19 de diciembre de 2007, la ciudadana Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont, actuando en su calidad de Procuradora Cuarta Judicial Administrativa instauró una acción de tutela contra el tribunal de arbitramento que, mediante auto dictado el día 22 de noviembre de 2007, aprobó el acuerdo conciliatorio sobre el Contrato de Concesión Nº 447 de 2 agosto de 1994, acuerdo suscrito entre el INCO y la sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A., por cuanto considera que esta providencia vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia.] - [Palabras claves: acuerdo, conciliatorio, tutela, auto, contrato, recurso, concesión, acción, tribunal, conciliación, proceso]

¿Procede la acción de tutela contra sentencia de Consejo de Estado por considerar que éste aplicó de manera retroactiva la Ley 863 de 2003 y realizó una indebida interpretación del artículo 98 de la Ley 788 de 2002, al negar la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado entre la sociedad actora y la DIAN, por estar en trámite un recurso de súplica? Deuda fiscal DIAN. Requisitos para que exista vía de hecho por aplicación retroactiva de una norma. Defecto sustantivo por aplicación retroactiva de una norma legal. Defecto sustantivo por indebida interpretación de la norma legal. Niega el amparo por razones expuestas. - [Resumen automatizado: Para que exista vía de hecho por aplicación retroactiva de la ley debe quedar demostrado (1) que la norma que sirve de sustento fundamental a la decisión impugnada fue aplicada retroactivamente al caso sin que existiera sustento legal para ello; (2) que dicha disposición sirve de manera fundamental a la argumentación del juez hasta el punto en el cual resulte claro que su no aplicación hubiera podido conducir a una decisión totalmente distinta; y (3) que no existía en el ordenamiento jurídico una norma similar que diera fundamento legal a la decisión impugnada e inadecuadamente motivada. || La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: || En este sentido se ha afirmado que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional, pues la intervención del juez constitucional se encuentra supeditada, entre otras cosas, a que la cuestión que se debata sea de evidente relevancia constitucional; que los efectos de dicha providencia vulneren o amenacen de manera clara y directa los derechos fundamentales de una persona; que no exista otro mecanismo judicial idóneo para proteger el derecho comprometido; que se interponga en un término razonable; que se alegue con claridad y especificidad el vicio en el cual presuntamente incurrió la decisión impugnada, etc.] - [Palabras claves: decisión, norma, vía, hecho, consejo, corte, interpretación, sentencia, acción, recurso, sala, tutela]

Vía de hecho. ¿Es procedente la tutela para solicitar revocar la decisión del juez de instancia que decretó el desalojo de un inmueble dentro de un proceso civil, dado que el accionante aduce que el bien en controversia fue objeto de conciliación en un proceso penal para precaver los efectos negativos de la denuncia penal? Identidad de hechos en el proceso penal y en el civil. Prejudicialidad. Los distintos jueces pueden tener diferencias en su interpretación legal. Existencia de otro mecanismo de defensa judicial. La conducta procesal del accionante. Negada - [Resumen automatizado: Orlando Ardila Sánchez interpuso el 2 de noviembre de 2005 acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, por considerar vulnerados sus derechos constitucionales al debido proceso, la personería jurídica, la propiedad privada y los derechos fundamentales de los niños, por las razones que cabe resumir así: || Sobre esta base se analizan finalmente las circunstancias propias del caso concreto, incluyendo lo referente a la existencia de otro medio de defensa judicial, la conducta procesal del aquí accionante, el trámite dado por el Juzgado accionado y las consideraciones procedentes con respecto a los derechos fundamentales que el demandante Ardila Sánchez invoca como violados en el presente caso. || A partir del análisis del caso, y en particular de lo sucedido en el proceso abreviado civil tramitado ante el Juzgado accionado donde Ardila Sánchez figura como demandado, la Sala encuentra que en este caso la controversia en torno a la configuración o no de una vía de hecho se relaciona con la interpretación realizada por la Juez Primero Civil del Circuito de Bucaramanga del artículo 154 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), norma en la que se fundamenta la solicitud de suspensión del proceso cursada por la Fiscalía 17 Seccional de Bucaramanga.] - [Palabras claves: proceso, tutela, civil, hecho, acción, juzgado, sentencia, derechos, sala, bucaramanga, suspensión, decisión, corte, derecho]

¿La entidad que niega el descuento por nómina, en razón de una conciliación en la que se determinó un porcentaje para alimentos congruos a favor de la esposa de pensionado, en el evento de argumentar que dicha conciliación no fue aprobada por autoridad judicial, vulnera derechos fundamentales? Personas de la tercera edad. Efectos del matrimonio respecto de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Alimento congruo y mínimo vital, reconocimiento de conciliación extrajudicial. Facultades administrativas de los centros de conciliación en materia de familia. Concedida - [Resumen automatizado: Esta Corporación ha dicho que es un deber constitucional proteger a aquéllas personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta, debido a que la Constitución de 1991 reconoce expresamente la existencia de algunos derechos a favor de quienes se encuentren en condiciones de debilidad, pues al ser Colombia un Estado Social de Derecho, la satisfacción de las necesidades de los asociados debe ser una prioridad y un mecanismo que apoye el desarrollo personal dentro de unas determinadas condiciones de bienestar general, en consecuencia el artículo 46 contempla “el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad(...)”, derecho que adquiere el carácter fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su falta de reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art.] - [Palabras claves: conciliación, social, protección, judicial, tutela, derechos, descuento, derecho, edad, condiciones, tercera, personas, cp, vida, pasto, acción]

¿Incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo el Tribunal de conocimiento al confirmar la decisión de primera instancia, proferida dentro del proceso verbal que instauró el actor contra una sociedad, y que declaró probada la excepción previa de ineptitud de la demanda por trámite inadecuado, al considerar que la demanda debía seguirse por el trámite del proceso ordinario dado que no se intentó la conciliación extrajudicial? El principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. Falta de aplicación normatividad, porque el trámite correspondiente es el del proceso verbal. La garantía mínima presunta. Derechos del consumidor. Concedida - [Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Comenta que apeló la anterior decisión, sin embargo, ésta fue confirmada a través del Auto N° 085 de noviembre 11 de 2004 por la Sala Civil del Tribunal accionado, quien entendió, equivocadamente, que las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a obtener la "resolución" del contrato, cuando, en verdad, "todas y cada una de las pretensiones incoadas, principales y subsidiarias, caen bajo la tutela jurídica de los artículos 11, 13 y 29, entre otros, del Decreto 3466 de 1982 (Estatuto del Consumidor), esto es, en todas se pretende obligar al proveedor o expendedor a hacer efectiva la garantía mínima presunta". || Así, afirma que la accionante desde la exposición de los hechos de la demanda civil hasta incluso la contestación de las excepciones formuladas por el apoderado de la sociedad Casa Británica S.A., expresó su intención de acudir al proceso civil ante el incumplimiento de la garantía mínima presunta, señalando claramente que el procedimiento a seguir es el verbal, previsto en el artículo 427 numeral 13 del parágrafo 2° del C.] - [Palabras claves: proceso, demanda, sala, corte, civil, verbal, tribunal, tutela, trámite, decisión, decreto, garantía]

¿Es procedente la tutela de forma transitoria ante la suspensión del pago de la pensión especial, voluntaria y temporal que fue reconocida en acuerdo conciliatorio, y de donde dice derivar su sustento personal como familiar, hasta el momento en que se le conceda a la persona la pensión de vejez? Principales características de la conciliación laboral e improcedencia de la acción de tutela para su controversia. Negada - [Resumen automatizado: El señor Tito Espinosa Guerrero, por intermedio de apoderada interpuso acción de tutela, por considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna e igualdad, por cuanto el Banco Cafetero S.A. en liquidación, cumpliendo lo acordado en un acta de conciliación, le suspendió el pago de la “pensión especial, voluntaria y temporal” reconocida, y lo desafilió de la EPS que le prestaba los servicios de salud. || Concluye la Sala Civil del Tribunal, que la acción de tutela resulta improcedente incluso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues éste “debe ser cierto, determinado y debidamente comprobado, sin que pueda el actor en este caso, para poner en movimiento la jurisdicción constitucional, alegar en su favor su propia incuria o desidia en reclamar con anterioridad y mediante las acciones legales los derechos que reclama, pudiendo además solicitar su pensión ante el Instituto de Seguros Sociales como lo plantea, proceso de reclamación y reconocimiento que no demora más del tiempo razonable para ello y al que están sometidos todos los trabajadores que pretenden acceder a su nuevo status de pensionados”.] - [Palabras claves: conciliación, acuerdo, laboral, reconocimiento, derechos, temporal, partes, especial, tutela, voluntaria, pago, años, acción, banco, derecho, actor]

¿Vulneró el juez laboral derecho fundamental, dentro del proceso ordinario que el ahora actor adelanta contra una sociedad, como quiera que admitió en conciliación a quien no figuraba como representante legal de la demandada? Sólo el registro de nuevo nombramiento desvincula al representante legal de responsabilidad frente a la sociedad. La audiencia de conciliación no puede llevarse a cabo con quien no figura como representante legal en los estatutos debido al carácter personal de ésta. Concedida - [Resumen automatizado: Esta Sala debe determinar si el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá quebrantó el derecho fundamental de la señora Eleonora Trujillo de Navarro, dentro del proceso ordinario que ésta adelanta contra la sociedad Textiles del Llano Ltda., como quiera que el Juez accionado admitió en conciliación a quien no figuraba como representante legal de la demandada. || De modo que la sentencia que se revisa será revocada, para en su lugar conceder la protección en el sentido de disponer que el Juez accionado i) declare la nulidad de lo actuado en el proceso Ordinario promovido por Eleonora Trujillo de Navarro contra Textiles Llano Ltda, a partir de la providencia adoptada en la Audiencia de 16 de junio de 2004, que resolvió "revocar el auto anterior por medio del cual se declaró fracasada la etapa conciliatoria" y "continuar la audiencia de conciliación con el señor Rigoberto Matiz", y ii) resuelva el recurso con sujeción estricta al ordenamiento, como es su deber artículo 230 C.P.-.] - [Palabras claves: representante, legal, audiencia, conciliación, bogotá, código, demandada, sociedad, juez, comercio, apoderado, proceso]

¿Viola alcalde el derecho a la salud en conexidad con la vida digna del actor, al abstenerse de tomar medidas que impidan los malos olores producidos por el caño que pasa frente al predio que habita? Dentro del proceso de tutela el juez de instancia ordenó la celebración de una audiencia de conciliación, la cual fue aprobada por las partes. ¿Puede negar el aquo la tutela aduciendo tránsito a cosa juzgada? ¿Son los derechos fundamentales, en particular la vida y la integridad física, objeto de transacción o desistimiento, caso en el cual son objeto de conciliación, judicial o extrajudicial?. Distinción entre la conciliación como etapa procesal y el acuerdo conciliatorio. Alcance de la conciliación en el proceso de tutela - [Resumen automatizado: El acuerdo, por supuesto, no releva al juez constitucional de su obligación de decidir de fondo sobre la acción a través de la respectiva sentencia, pues, lo ha dicho la Corte, "cuando surge una solución, ello no implica la finalización de la acción, si no que, necesariamente, el Juez constitucional debe fallar teniendo en cuenta si persiste o no la amenaza." En este sentido, en tutela, no se le reconoce a la conciliación el alcance otorgado por la ley para los otros procedimientos judiciales, pues a través del acuerdo "no es que las partes hayan puesto punto final a un litigio, sino que el Estado o los particulares o ambos han contribuido a defender un derecho fundamental y esto debe ser bien visto por el juez, e, inclusive, propiciarlo si es del caso", sin que ello conduzca a la terminación irregular del proceso. || El señor Andrés Avelino Madrid Morales, interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Puerto Parra, por considerar vulnerados sus derechos a la salud y al bienestar en conexidad con la vida digna, en razón a que la entidad accionada no ha iniciado las gestiones necesarias que permitan solucionar el problema de contaminación que afronta, por causa del mal estado en que se encuentra el caño "La cumbre", ubicado frente a su lugar de residencia ] - [Palabras claves: tutela, acción, derechos, derecho, acuerdo, conciliación, juez, actor, protección, constitucional, si, fundamentales]

¿Desconoció la Personería Municipal el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del accionante, al negarse a realizar la audiencia de conciliación gratuita por éste solicitada, aduciendo que su competencia es residual y que el actor tiene la posibilidad de acudir a los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de la ciudad de Cali? El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia: su alcance según la jurisprudencia constitucional. En aplicación del artículo 27 de la Ley 640 de 2001, la Personería Municipal de Buga sí tiene competencia para celebrar la audiencia de conciliación. ¿Cuáles son los deberes de la personeria ante problemas de competencia territorial? - [Resumen automatizado: Considera la Corte que también compete a la Personería Municipal, en cumplimiento de su función básica de velar por la promoción de los derechos fundamentales, (a) determinar cuál es el centro de conciliación competente para llevar a cabo la diligencia en cuestión, y (b) en caso de establecer que es en una jurisdicción diferente a la de Buga, llevar a cabo las labores de coordinación que sean necesarias para programar la realización de la audiencia de conciliación. || La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || ¿desconoció la Personería Municipal de Buga el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Donaldo Girón, al negarse a realizar la audiencia de conciliación gratuita por éste solicitada, aduciendo que su competencia es residual y que el actor tiene la posibilidad de acudir a los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de la ciudad de Cali?] - [Palabras claves: conciliación, justicia, buga, derecho, audiencia, cabo, sala, corte, actor, acceso, administración, tutela]

Conciliación sobre derechos fundamentales, improcedencia - [Resumen automatizado: En el caso objeto de estudio es clara la situación de indefensión en que se encuentra el accionante con respecto de la empresa de transportes accionada, ya que es evidente que se ha hecho imposible una respuesta efectiva a la violación o amenaza de que se trata: Desde hace varios años, el peticionario y otros transportistas afiliados a la empresa han solicitado la asesoría del Ministerio de Transporte para que intervenga ante la empresa con el objeto de que ésta suspenda la asignación de la ruta a uno de los socios de la empresa y en cambio la incluya en la rotación, para que todos puedan trabajar en igualdad de oportunidades. || 1.4

Conciliación, características, concepto - [Resumen automatizado: Como fundamento de sus pretensiones señalan que "se les terminó el contrato de trabajo por parte de CODENSA, de acuerdo a los contratos reconocidos individualmente, en la cual está relacionado en cada uno de nuestra adhesión al memorial de la presente acción de tutela en la cual se da un despido masivo de personas que ocupábamos dichos cargos la cual nos encontrábamos los suscritos accionantes atentando contra la libertad de asociación sindical y vulnerando así nuestra estabilidad." Lo anterior, con apoyo de las sentencias T-300 y T-436 de 2000 de esta Corporación, para solicitar que se les proteja el derecho a la libre asociación sindical, de conformidad con la normatividad internacional sobre la materia.] - [Palabras claves: tutela, conciliación, derecho, corte, acción, juez, derechos, sindical, trabajadores, acuerdo, jurisprudencia, asociación, partes, trabajo]