Cuando el trámite de la conciliación prejudicial no se puede completar dentro del término de 3 meses a que alude la Ley, el interesado está posibilitado para acceder a la jurisdicción, sin que dicho plazo se extienda a la fecha de entrega de la constancia respectiva. Es evidente que la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la PGN y es el interesado en acudir a la Administración de Justicia, quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar demandas por fuera de los términos legalmente establecidos prejudicial no se puede completar dentro del término de 3 meses a que alude la Ley, el interesado está posibilitado para acceder a la jurisdicción, sin que dicho plazo se extienda a la fecha de entrega de la constancia respectiva. Es evidente que la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la PGN y es el interesado en acudir a la Administración de Justicia, quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar demandas por fuera de los términos legalmente establecidos

Si el Juez tenía duda acerca del cumplimiento del trámite conciliatorio, lo que debió hacer, tal y como se lo solicitó el actor, era proferir un auto previo a la admisión y requerir al Ministerio Público para que explicara lo sucedido y si era del caso, remitiera las constancias a que hubiere lugar. No obstante, lo que hizo el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena fue rechazar la demanda omitiendo lo referido por el actor respecto de la imposibilidad de realizar la diligencia de conciliación prejudicial e incluso, contrariando las normas que regulan la suspensión del término de caducidad originada en la misma

La ley le permite tener por cumplido el requisito de procedibilidad cuando el trámite de la conciliación prejudicial no se puede completar dentro de los tres meses establecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea porque no se logró celebrar la audiencia de conciliación en dicho lapso o porque la Procuraduría no expidió las constancias en tiempo. La frase "lo que ocurra primero" consagrada en la parte final del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, precisamente se estableció para ponerle un límite temporal a la suspensión del término de caducidad originada en la conciliación prejudicial y para evitar que el acceso a la Administración de Justicia se viera afectado eventualmente por la tardanza en el trámite de dicho requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación

¿La decisión del Tribunal de hacer valer el requisito de procedibilidad al momento de dictar sentencia infringe o no el principio constitucional de la prevalencia de lo sustancia sobre lo meramente formal y su desarrollo jurisprudencial? La ausencia de la conciliación prejudicial al momento de presentar la demanda conlleva su rechazo de plano en virtud del artículo 36 de la Ley 640 de 2001, sin embargo en el caso sub examine el proceso fue saneado con la ejecutoria del auto admisorio de la demanda. En este orden de ideas, el proceso objeto de análisis pudo sanearse por la tolerancia de las entidades demandadas que no ejercieron los recursos procedentes contra el auto que admitió la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa sin el lleno de los requisitos y no por el mero paso del tiempo o el cumplimiento de las diferentes etapas procesales

El agotamiento de la conciliación no es obligatorio en los procesos relacionados con la situación jurídica de las mercancías - En tratándose de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los que esté en discusión la definición de la situación jurídica de las mercancías, por su naturaleza misma, debido a que culminan con el decomiso de éstas, se ha establecido, por parte de esta Sala, que el agotamiento de la conciliación, como requisito de procedibilidad para la interposición de la acción, no es obligatorio para la parte demandante

No es obligatoria la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en actos de definición de situación jurídica de las mercancías - Existe dentro del ordenamiento jurídico una disposición especial contenida en la Ley 863 de 2003 artículo 38 inciso 9º, según el cual: "En materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías". En esta oportunidad, la Sala reitera que frente a los actos relacionados con la definición de la situación jurídica de las mercancías, no es obligatorio el agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial

¿El consorcio administrador del encargo fiduciario de los dineros del Fosyga esta exento de tramitar la conciliación prejudicial en demanda ante los contencioso administrativo? Es claro para la Sala que el Ministerio de Protección Social (hoy de Salud) entregó a un particular, es decir, al CONSORCIO SAYP 2011, la obligación de representación judicial y extrajudicial en los asuntos en que tenga interés o se afecten los recursos del FOSYGA, de modo que en éste caso en concreto, el Ministerio a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de los Fondos y Cuentas NO cuenta con la facultad de representación del citado fondo. Siendo ello así, la Sala concluye que es al CONSORCIO SAYP 2011 al que le es exigible tal representación, y dado que no es un ente público sino un particular que desempeña funciones públicas al manejar recursos destinados a la financiación del Sistema de Seguridad Social en Salud, no aplica la excepción que contempla el artículo 613 del C.G.P

¿Puede exigir el juez la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una demanda en asuntos aduaneros? - No, se vislumbra la vulneración al derecho fundamental de la actora al exigirle un requisito que no le era dable solicitar al juez ordinario. Al ser el objeto de la conciliación una suma de aranceles, la Sala concluye, que el asunto bajo estudio no es de aquellos que sea conciliable por tratarse de un asunto tributario, y por tanto, no le era dable al juez de primera instancia exigir el cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. En consecuencia el rechazo de la demanda interpuesta contra una resolución expedida por la DIAN, no cuente con sustento legal, es más, resulte abiertamente contrario a las disposiciones contenidas en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991

¿Qué ocurre si el demandante promueve el trámite de la conciliación prejudicial sin que éste sea necesario, por ser un asunto relativo a la definición jurídica de las mercancías, y durante el mismo caduca la acción correspondiente? La presentación de la solicitud de conciliación prejudicial en asuntos no conciliables, sí suspende el término de caducidad de la acción correspondiente, hasta el día en que se expide la certificación de que trata el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 640 de 2001. En oportunidad anterior, la Sala había manifestado que en los asuntos no conciliables, "no había lugar a tener en cuenta el artículo 3° del Decreto 1716 de 2009, relativo a la suspensión del término de caducidad, toda vez que, como ya se dijo, la conciliación no tiene cabida en este caso". Sin embargo, en este proveído la Sala rectifica el criterio aludido, para, en su lugar, determinar el alcance de los artículos 2° y 21 de la Ley 640 de 2001 y 3° del Decreto 1716 de 2009, relativos a la suspensión del término de caducidad de la acción, con ocasión del trámite de la conciliación prejudicial, en aras de garantizar el derecho de Acceso a la Administración de Justicia y dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal

¿Qué ocurre si se promueve el trámite de la conciliación prejudicial sin que éste sea necesario y durante el mismo caduca la acción correspondiente? - Cuando se presenta una solicitud de conciliación prejudicial y el asunto no es conciliable, dicha solicitud solo suspende el término de caducidad hasta el día en que se expide la certificación de que trata el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 640 de 2001

¿La resolución demandada perdió fuerza ejecutoria porque el aparte del artículo 121 en que se fundaba, fue declarado inexequible? A juicio de la Sala las normas acusadas no perdieron su fuerza ejecutoria porque la declaración de inconstitucionalidad descrita no tuvo como consecuencia la supresión del trámite de la conciliación reglamentada por el artículo 121 de la Ley 446 de 1998 a que alude la resolución demandada. Dicho trámite permanece aunque la competencia para adelantarlo pasó del Director del Centro de Arbitraje a los árbitros mismos y sigue teniendo el carácter de prearbitral en el sentido de que se surte como condición previa del proceso arbitral propiamente dicho. - Nulidad de la Resolución No. 020 de 2002 emitida por la Procuraduría General de la Nación al desconocer la reserva de ley, por cuanto el procurador no tenía competencia para dictar normas sobre administración de justicia

Naturaleza de la circular de servicio, corresponde a un acto administrativo de carácter general. Competencia para el control judicial de la circular de servicios. Clasificación de la cosa juzgada. La conciliación y su correspondiente acta es equivalente o tiene la misma fuerza de una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada plena respecto del asunto o diferencias objeto del acuerdo conciliatorio; de modo que cuando la ley señala que la conciliación tiene fuerza de cosa juzgada está diciendo que tiene materialmente fuerza de sentencia incontrovertible e irrevisable; pues las partes no pueden plantear o formular litigio sobre lo ya acordado, sino que lo que les está dado después del acuerdo es promover acción ejecutiva en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Naturaleza jurídica de la providencia judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 623 del Código de Comercio, cuando en un título valor el importe del mismo aparece en letras y números, en caso de diferencia, valdrá el importe consignado en letras y si aparecen diversas cantidades en cifras y en palabras, y la diferencia fuere relativa a la obligación de una misma parte, valdrá la suma menor expresada en palabras. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Audiencia de conciliación. Conciliación judicial. Ministerio de Transporte - Cobro por utilización sin autorización de los muelles Atunero y Camaronero. Cobro de tasas por uso portuario. Acto administrativo - Notificación

¿Procede la conciliación respecto de los efectos económicos de un acto administrativo sobre concesiones portuarias dónde no existe causal de revocabilidad? La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Conciliación. Texas Petroleum Company - Sucursal Colombia - Autorización para explotar el muelle ubicado en el sector de Mamonal, del Municipio de Cartagena. Zonas de uso público. Contrato de concesión. Concesiones portuarias. Ministerio de Transporte - Competencia. Superintendente General de Puertos - Competencia

El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. Tribunal de arbitramento - Transacción. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Rechazo. Proceso contencioso administrativo - Nulidad. Tribunal administrativo - Conflicto negativo de competencia. Mecanismo alternativo de solución de conflictos

¿Se debe distinguir entre la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción y la posibilidad de conciliar en dicha acción? ¿Las acciones que se encuentran sujetas a la previa solicitud de conciliación como requisito de procedibilidad son unicamente las de reparación directa y las de controversias contractuales? Sanción aduanera - Valor FOB de la mercancía aprehendida. Mercancía - Aprehensión por violación a normas sobre manifiesto de carga. Delito de contrabando de mercancía. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Conciliación

Acción de nulidad de los artículos 15, numeral 1, 16, numeral 1, y 33, numeral 3 de la Resolución 100-586 de 1998, "por la cual se compilan las resoluciones 1587 del 15 de agosto de 1997, 067 del 19 de enero de 1998 y 142 del 3 de febrero de 1998, se modifican algunas funciones de los grupos y se adicionan otras y se señalan nuevas funciones a las Intendencias Regionales y a la Oficina de Conciliación y Arbitramento". Superintendencia de Sociedades - Las atribuciones jurisdiccionales no se radican en determinado funcionario sino en la entidad. La asignación de funciones jurisdiccionales a Grupos Internos de Trabajo no constituye delegación de funciones

Anula la frase "Las conciliaciones requieren de certificado de disponibilidad previo a su iniciación", contenida en el Artículo 23 del Decreto reglamentario 0568 de 21 de marzo de 1.996