Derecho a la vivienda digna y el principio de confianza legítima. La Corte Constitucional ha estudiado diversos escenarios constitucionales sobre el derecho a la vivienda. Uno de ellos es la protección del derecho a la vivienda cuando existen ocupaciones de bienes fiscales o públicos. En dicho escenario, este Tribunal, mediante la técnica de armonización concreta, ha garantizado la protección de los bienes de uso público y, asimismo, el derecho a la vivienda digna. Esta técnica ha llevado a la Corte Constitucional a fijar las limitaciones de los principios en aparente tensión. En ese sentido, por un lado, el tribunal sostiene que la confianza legítima no es una fuente directa de derechos de propiedad y, por tanto, no es una vía de normalización de la posesión y, asimismo, no crea para el Estado la obligación de indemnizar por la adopción de una medida jurídicamente válida, la cual es la protección de los bienes públicos. Por otro lado, le impone a la administración el deber de cumplir con el debido proceso administrativo para la garantía de los derechos fundamentales de las personas - [Resumen automatizado: Irma Jesucita Benavides formuló acción de tutela contra el Municipio de Santiago de Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del Municipio de Santiago de Cali, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Santiago de Cali, la Inspección Urbana de Policía y el Fondo de Adaptación Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para obtener la protección de los derechos fundamentales a la vivienda, a la vida en condiciones dignas, el derecho a la protección del adulto mayor como sujeto de especial protección constitucional, el derecho a la protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad, a la integridad física psíquica y emocional, el derecho a un trato digno, el derecho a la salud, el respeto a la confianza legítima. || Producto de la renuencia declarada por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, ésta entidad, mediante oficio con fecha del 12 de marzo de 2018[13], le solicitó a la Inspección Urbana de Policía Categoría Especial Plan Jarillón que iniciara un proceso policivo de protección y restitución de bien inmueble, de acuerdo con los artículos 77 y 223 de la Ley 1801 de 2016, contra el señor Heriberto Erazo.] - [Palabras claves: tutela, vivienda, cali, derecho, cuaderno, corte, proceso, constitucional, derechos, manera, hogar]

¿La resolución que ordenó el desalojo de los accionantes y de sus familias entre las cuales se hayan menores de edad en condición de discapacidad del bien fiscal que ocupa violó su derecho a la vivienda? Concede - De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales para garantizar el derecho a la vivienda digna cuando se realicen desalojos forzosos es necesario (i) prevenir que las personas que serán desalojadas se queden sin vivienda por lo cual se deben adoptar medidas para garantizarles una vivienda adecuada con posterioridad al desalojo, (ii) garantizar la protección especial de sujetos que están en condiciones de vulnerabilidad como los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad. Se viola el derecho a la vivienda de los sujetos de especial protección constitucional que habitan un bien de uso público o de carácter fiscal, cuando se ordena su desalojo, sin la adopción de medidas alternativas a favor del accionante - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente || La accionante Elsa Margarita Tordecilla Díaz, quien habita el bien fiscal Parque Didáctico de Tránsito presentó la acción de tutela contra la Alcaldía de Montería con el objeto de que: (i) se suspenda la orden de la Inspección Primera Urbana de Policía de desalojar dicho predio; (ii) se declare que existió un contrato de trabajo por sus labores de cuidado y vigilancia del bien que ocupa. || Con relación al primero de éstos asuntos, en el expediente T-3897350, la Sala deberá resolver si la Inspección Primera Urbana violó el derecho a la vivienda y al mínimo vital de Elsa Margarita Tordecilla y su familia al ordenar su desalojo del bien fiscal, Parque Didáctico de Tránsito, que ha ocupado por espacio de trece (13) años como vivienda con sus tres hijos, dos de los cuales son menores de edad y otro en condición de discapacidad.] - [Palabras claves: vivienda, desalojo, sala, tutela, lugar, bien, derecho, sentencia, acción, protección, dos, montería, respecto, personas]

¿Son vulnerados los derechos de un madre cabeza de familia en precaria situación económica por ciertas entidades al ordenar la demolición de su casa debido a que su construcción sin licencia en un bien de uso público y se encuentra en una zona de riesgo?. Concedida. El derecho fundamental a la vivienda digna. Reiteración de jurisprudencia. Bienes de uso público. - [Resumen automatizado: En su lugar, la Corte tutelará el derecho a la vivienda digna de la accionante y de su núcleo familiar, ordenando a las entidades demandadas o a quien corresponda, por intermedio de sus representantes legales o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia informen, acompañen e incluyan a la accionante y a sus hijos en un programa de vivienda y de subsidios económicos, que la administración esté realizando, teniendo en cuenta su condición social y económica, respetando el orden de asignación. || Para la Sala es claro, que la actora y sus hijos eran ocupantes ilegales de un bien de uso público, por tal razón, y como se mencionó en el acápite cuarto de esta providencia, dichos bienes son imprescriptibles, inalienables e inembargables, dado que pertenecen al Estado o a otros entes estatales, destinados al uso común de todos los habitantes del territorio nacional. || Para la Sala es claro, que la actora y sus hijos eran ocupantes ilegales de un bien de uso público, por tal razón, y como se mencionó en el acápite cuarto de esta providencia, dichos bienes son imprescriptibles, inalienables e inembargables, dado que pertenecen al Estado o a otros entes estatales, destinados al uso común de todos los habitantes del territorio nacional.] - [Palabras claves: uso, vivienda, derecho, bienes, tutela, público, derechos, pereira, protección, bien, administración]

¿Procedía la querella para pretender la protección por perturbación de la tenencia de los bienes, resultado de un eventual incumplimiento contractual? Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas en procesos policivos. Los procesos policivos son actos jurisdiccionales y como tales no tienen ulterior revisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tal razón, una vez agotados los recursos ordinarios que tiene la decisión de policía, ésta queda en firme y por ello, si en la misma se ha violado el derecho al debido proceso, sólo queda el mecanismo de la tutela para solicitar su protección. Regulación estatal del servicio público de televisión y la televisión cerrada o por suscripción. Componentes. Los términos cosa y bien, así como la clasificación de bienes corporales e incorporales en el Código Civil colombiano. Posesión vs. Simple tenencia. El objeto de la posesión o bienes sobre los cuales puede recaer esta institución y su restricción respecto de los bienes de uso público y los bienes públicos. Fundamento y límites de las acciones posesorias. Las autoridades de policía hicieron un análisis equivocado del supuesto de hecho llevado a su conocimiento, lo que les permitió concluir que existía perturbación de la posesión sobre la unidad de bienes que componen el servicio público de televisión por suscripción, sin percatarse de que los bienes no eran poseídos por la querellante, además de que sobre uno de esos bienes la Constitución y la ley no admiten la posesión - [Resumen automatizado: 2.1.2 La empresa tutelante fundamentó el defecto orgánico por falta de competencia, en las siguientes razones: en primer lugar, las autoridades de policía desbordaron el marco de competencia funcional atribuida por los Códigos Nacional de Policía y Departamental de Policía de Nariño que los faculta para prevenir y evitar perturbaciones de la posesión o de la simple tenencia de bienes, al resolver sobre aspectos de naturaleza contractual, así como de derechos personales, derivados de un presunto contrato verbal de agencia comercial entre las empresas TELMEX COLOMBIA S.A. como operador o concesionario de la señal de televisión por suscripción en la zona uno de Pasto y CABLENET SUR LTDA., asunto que corresponde definir a los jueces de la república, lo que demuestra la vulneración del debido proceso. || 2.3.2 En segundo lugar, con el fin de abordar el fondo del asunto revisado por la Sala, se estudiarán los siguientes temas: (i) aspectos generales del poder, la función y la actividad de policía siguiendo la jurisprudencia reiterada de esta corporación; (ii) el alcance del amparo policivo en los procesos de perturbación de la posesión o de la simple tenencia de bienes en el ordenamiento jurídico colombiano; (iii) el debido proceso en las actuaciones policivas; (iv) la regulación estatal del servicio público de televisión y la televisión cerrada o por suscripción; (v) la reserva judicial para la protección de los derechos e intereses colectivos, y, (vi) naturaleza jurídica de la posesión en las normas civiles vigentes.] - [Palabras claves: posesión, derechos, bienes, televisión, autoridades, derecho, bien, policía, civil, tenencia, servicio, señal, querellante]

¿Existe violación al debido proceso cuando se notifica por edicto un acto administrativo, mediante el cual se ordena el desalojo de un inmueble de uso público, sin antes haber intentado su notificación personal, y es la acción de tutela el mecanismo procedente para pedir el amparo de derechos fundamentales vulnerados debido a la actuación de la entidad de no cumplir con el debido proceso?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas en procesos policivos de restitución de bienes públicos. Debido Proceso administrativo. Importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter particular - [Resumen automatizado: En la respuesta manifestaron que, a su juicio, los entes universitarios no tenían la obligación jurídica de programar acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas en el acceso a la educación superior, al menos por las siguientes razones: (a) porque ni la Ley 115 de 1994, ni la Ley 21 de 1991 contemplan una obligación, para las universidades, de implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso a la educación superior de los miembros de pueblos indígenas y tribales, sino que simplemente consagran el deber de que, una vez admitidos, tengan acceso a una educación con "elementos especiales" determinados en atención a las condiciones de vida y cultura de esos pueblos.[3] (b) Porque según su interpretación, la Corte Constitucional en la sentencia T-002 de 1994 prohibió cualquier clase de discriminación por motivos raciales, sexuales y religiosos entre otros- en los criterios de acceso a la educación superior.[4] (c) Porque la Universidad Industrial de Santander, si bien en algún momento tuvo una reglamentación sobre cupos especiales para miembros indígenas, fue posteriormente derogada en dos mil uno (2001).[5] Por tanto, les respondió a los peticionarios, de forma concreta (i) que la Universidad no está dispuesta a contemplar un sistema de acceso especial para estudiantes indígenas, (ii) que el acceso a la Universidad de los miembros indígenas, candidatizados por las Autoridades Tradicionales Públicas Especiales sólo era posible si se sometían a las reglas generales de admisión, y (iii) que si los candidatos superaban esas exigencias, no iban a ser discriminados en la Universidad.] - [Palabras claves: indígenas, especiales, educación, derecho, comunidades, corte, acceso, pueblos, miembros, superior, especial, sistema]

Persona de la tercera edad, cabeza de familia, que argumenta haber recibido su casa de habitación por parte del municipio como contraprestación por las labores realizadas. La entidad argumenta que el inmueble le fue otorgado provisionalmente en tanto se hacia beneficiaria de un subsidio, el cual ya le fue otorgado; por lo cual pretende su reivindicación sin adelantar acción de dominio. ¿Es válida la acción de tutela para impedir el desalojo alegando derecho a la vivienda digna, al debido proceso y a la protección debida a las personas de la tercera edad? Por ser un bien de una entidad de derecho público, la actora no cuenta con medio de defensa que le permita hacer valer su derecho de permanencia en el inmueble. Bienes fiscales, reivindicación y función social. Se insta a la entidad para legalizar o iniciar la acción de dominio, en el segundo caso la defensoría deberá acompañar a la actora en el proceso - [Resumen automatizado: La señora Arcenia Duarte Gómez reclama la protección constitucional de sus derechos a la vivienda digna, al mínimo vital y al debido proceso, porque el gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar la conmina a restituir la casa Trece, ubicada en la Manzana Doce e la Urbanización Mereigua del municipio, en la que habita en compañía de su familia hace más de 8 años y a que haga uso del subsidio que le fue otorgado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, para adquirir vivienda en otro lugar de la ciudad. || 4.1

¿Es procedente la tutela por quien reclama que un juez dentro del proceso de pertenencia, no podía declarar prescrito y a favor de un particular, un bien entregado por una sociedad particular a una entidad pública a título de cesión, dado que según los planos el bien es de uso público? Bienes públicos. Procedencia del recurso de revisión y acción de saneamiento. Negada - [Resumen automatizado: El Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público del Distrito Capital, por intermedio de apoderado, presenta acción de tutela en contra del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, motivado en que éste tramitó el proceso de Pertenencia de un predio que hace parte de un inmueble de mayor extensión, recibido por la Procuraduría de Bienes a título de cesión, de la Urbanización Modelia Sector E., sin integrar debidamente el contradictorio. || La titular del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, en atención a la solicitud de información sobre el asunto, elevada por el juez de primera instancia, da cuenta de que en su despacho cursó el Proceso de Pertenencia promovido por Pablo Antonio Torres Cruz y María Matilde Rivera de Torres contra MAZUERA VILLEGAS y CIA. || La pretensión del Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público, que coadyuva la sociedad MAZUERA VILLEGAS Y CIA S.A, de que se invalide la sentencia proferida el 9 de junio de 2003 registrada al folio 50C-1577174 el 11 de julio de 2003, no procede por vía de tutela, en razón de que el ordenamiento tiene establecido para el efecto el recurso de revisión, que deberá interponerse dentro de las oportunidades señaladas en el artículo 381 del C.] - [Palabras claves: civil, bogotá, inmueble, bien, acción, circuito, administrativo, proceso, departamento, juzgado, distrito, demanda]

Tutela como mecanismo para anular una providencia, en la que se violó el debido proceso, proferida hace 15 años y que declaró la prescripción adquisitiva de un bien de uso público. Las providencias acusadas omitieron aplicar la normatividad vigente en la época, que describía el terreno como un bien de uso público e imprescriptible. Las providencias acusadas desconocieron el derecho al debido proceso de la Nación. Art. 2519 C.C. En el terreno se evidencia un daño ambiental considerable, lo cual desconoce la normatividad al respecto. El remedio constitucional más adecuado para solucionar el presente problema jurídico y proteger el derecho al debido proceso del accionante consiste en permitir a las autoridades ambientales interponer el recurso extraordinario de revisión - [Resumen automatizado: Primero, afirma que las sentencias atacadas no incurrieron en una vía de hecho, en razón a que: (i) durante el proceso de pertenencia de la referencia “se surtieron todos los trámites y formalidades legales tendientes a confirmar que dicho bien era prescriptible, y que por lo tanto no existía ningún impedimento ni legal ni fáctico para ser adquirido por un particular.”[11] El interviniente señala que en el juez civil de la referencia “solicitó conceptos técnicos de entidades ambientales de la época como Inderena y la Capitanía del Puerto, (…) que coincidieron que el terreno que yo pretendía que se me adjudicara por prescripción adquisitiva no es una zona de bajamar y por lo tanto era perfectamente prescriptible.”[12] Sin embargo, ni en el expediente, ni en las copias del proceso civil bajo estudio, se encuentra que dichas pruebas hayan sido tenidas en cuenta por los jueces civiles. || Esta Sala considera que, en virtud de la naturaleza imprescriptible del bien de uso público cuya propiedad se declaró en las sentencias cuestionadas en este proceso, carecería de sentido exigir que la acción de tutela dirigida a proteger los derechos fundamentales eventualmente violados por dichas providencias, tuviera que ser presentada de manera inmediata. || Esta Sala considera que, en virtud de la naturaleza imprescriptible del bien de uso público cuya propiedad se declaró en las sentencias cuestionadas en este proceso, carecería de sentido exigir que la acción de tutela dirigida a proteger los derechos fundamentales eventualmente violados por dichas providencias, tuviera que ser presentada de manera inmediata.] - [Palabras claves: corte, acción, tutela, proceso, uso, sentencia, derechos, bienes, bien, derecho, civil, público, sala]