Ley 1653 de 2013, "por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones" declarada INEXEQUIBLE al concluir que los elementos estructurales del arancel, contenidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013 vulneraban los principios de equidad, progresividad, justicia y excepcionalidad de las contribuciones parafiscales, así como los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. La inconstitucionalidad de los elementos estructurales de la Ley 1653 de 2013, por ser indispensables para el entendimiento y sentido del resto de disposiciones de la misma, conduce consecuencialmente a la inconstitucionalidad de toda la ley. Como ha establecido la jurisprudencia, una Ley cuyos elementos estructurales resultan manifiestamente contrarios a la Constitución, debe ser expulsada en su totalidad del ordenamiento, cuando estos últimos son declarados inexequibles - [Resumen automatizado: Esta regulación implica que el arancel judicial ha de cobrarse "tanto al demandante que posee grandes recursos [...] como también a aquella persona que, estando en una situación económica precaria, espera que por vía judicial le paguen una letra de cambio", lo cual plantea problemas desde el punto de vista del derecho a la igualdad, y de la progresividad en materia tributaria, "toda vez que el legislador no analizó los indicadores mínimos de riqueza para efectos de determinar la efectiva capacidad contributiva de los ciudadanos". || Pero además, considera que la propia regulación es contraria a los principios de igualdad o equidad tributarias, pues en principio la base gravable se calcula sobre las pretensiones dinerarias, pero cuando el demandante no haya estado obligado a declarar renta en el año anterior a la presentación de la demanda, o cuente con amparo de pobreza, el pago del arancel debe hacerlo el demandado vencido en el proceso, y no sobre la base de la pretensión dineraria inicial, sino sobre la base de condenas decretadas en la sentencia.] - [Palabras claves: justicia, ley, judicial, procesos, corte, pago, proceso, debe, demanda, derecho]

¿Debió la ley que regula el arancel judicial ser tramitada bajo trámite de ley estatutaria? Que la administración de justicia sea desarrollada por el legislador a través de una ley estatutaria, no implica que absolutamente todas las situaciones puntuales relacionadas con esta materia deban desarrollarse siguiendo este procedimiento calificado. Sólo en la medida que la regulación legal toque con la estructura básica de la administración de justicia, con sus principios fundamentales o aspectos que le sean sustanciales como rama del poder público, requerirá sujetarse al trámite especial de una ley estatutaria. Ley 1394 de 2010, "por la cual se regula un arancel judicial ": Exequible. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 3 y 12 - [Resumen automatizado: 3° de la ley impugnada al establecer que 'el arancel judicial se genera en todos los procesos ejecutivos, civiles y comerciales, y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales' y en los casos previstos en los literales a, b, y c, y el parágrafo 1°, viola el principio consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política de que 'la administración de justicia es función pública' y, por tanto, que 'la administración de justicia será gratuita y su funcionamiento está a cargo del Estado', como lo pregona el art. || No obstante, advierte la intervención que si la Corte resuelve pronunciarse de fondo sobre dicho argumento, debe concluirse que la ley es exequible, "[...] porque no regula de manera integral el derecho fundamental a la justicia, ni afecta su núcleo esencial y porque sólo reglamenta parcialmente un aspecto relativo que es el de financiamiento y que está deferido a la ley ordinaria por expreso mandato del artículo 2 de la ley 1285 de 2009." Al respecto, afirma que la sentencia C-713 de 2008 estableció expresamente que el arancel judicial no es una materia que se encuentre sometida a reserva de ley estatutaria, en la medida en que su contenido no se refiere a la estructura orgánica esencial de la administración de justicia.] - [Palabras claves: ley, justicia, judicial, administración, principio, sentencia, corte, cargo, derecho]

El nuevo arancel reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el artículo 1º y que contrario a lo que sostienen los demandantes, no resulta por sí mismo contrario a los principios de gratuidad y de acceso a la administración de justicia, en la medida que se inscribe dentro del margen de excepciones a la aplicación de la gratuidad en la justicia., que no es un principio absoluto. A la vez, presenta un margen de aplicación bastante reducido y sólo afecta a quien cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia y no se cobra a quienes no cuentan con capacidad económica, porque se excluye a las personas de los niveles 1 y 2 del Sisben y a quien solicite amparo de pobreza. Adicionalmente, en estricto sentido, el arancel judicial no viola el derecho de acceso a la administración de justicia, pues de acuerdo con su regulación, el particular no sufre ninguna restricción en el ejercicio del derecho de acción, como tampoco, en el desarrollo de la actuación procesal. En todo caso, el arancel se causa con posterioridad al proceso, esto es, como consecuencia de la condena impuesta por el juez en la sentencia, siempre que esta sea favorable al demandante, se encuentre debidamente ejecutoriada y haya sido el interés de pago (arts. 6, 8 y 9). El hecho de que se imponga al demandante y no al demandado, tampoco contraría los principios de equidad y progresividad tributaria, ya que por el contrario imponer este gravamen al demandado que debe asumir las costas procesales, implicaría una carga tributaria excesiva, que afectaría injustamente su capacidad contributiva. Ley 1394 de 2010, "por la cual se regula el Arancel Judicial"; Arts, 1, 3 y 5 (parciales) : exequibles - [Resumen automatizado: Los actores estructuran la demanda sobre la base de considerar que las artículos acusados, al establecer un arancel judicial a cargo del demandante dentro de los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones ha sido estimado en una suma igual o superior a los doscientos (200) salarios mínimos, con destino a sufragar los gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia, desconocen los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia, igualdad y gratuidad, así como también los principios de equidad y progresividad que orientan el sistema tributario. || Según el planteamiento de la demanda, tales contenidos normativos, al establecer un arancel judicial a cargo del demandante dentro de los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones ha sido estimado en una suma igual o superior a los doscientos (200) salarios mínimos, con destino a sufragar los gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia, desconocen los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia, igualdad y gratuidad, así como también los principios de equidad y progresividad que orientan el sistema tributario.] - [Palabras claves: judicial, justicia, principio, corte, administración, ley, pago, procesos, constitución, manera, recursos, judiciales]