La forma idónea para documentar el uso permitido del suelo en determinado predio es mediante concepto expedido por la autoridad competente. La jurisprudencia en relación con la limitación a la propiedad privada ha señalado que su afectación con ocasión de una ocupación a un inmueble no solamente deriva de la ejecución de trabajos públicos, sino que esta también puede configurarse en los casos en los que al titular del derecho de dominio se le impide ejercer derechos personales y reales sobre los bienes de su propiedad. La Sala precisa que la determinación del uso del suelo es realizada por la autoridad territorial, mediante los planes o esquemas de ordenamiento territorial, según la planeación propuesta por el municipio (artículo 8, 9, 16 y 17, Ley 388 de 1997), y no a través de una estipulación entre particulares, en una escritura pública de compraventa. El uso o usos permitidos en un predio están establecidos en las normas urbanísticas del plan o esquema de ordenamiento territorial de cada municipio (artículo 15, Ley 388). Son los curadores urbanos o las oficinas de planeación de cada municipio los encargados de otorgar las licencias de construcción, de acuerdo con el uso del suelo que haya asignado a la zona en la que se encuentre ubicado el predio

Se declara patrimonialmente responsable al Municipio de Turbo (Antioquia) de los perjuicios causados con motivo de la ocupación permanente de una porción de terreno de un inmueble de propiedad de la sociedad Grup Restrepo Arango Ltda. Acreditación del daño antijurídico, por omisión en las funciones de la administración municipal se encontró acreditada la falla del servicio. No es posible imputar responsabilidad a la Nación por el aparente incumplimiento del deber de seguridad y protección que hubiera evitado la invasión, al igual que la incursión guerrillera. Consejo de Estado. Jurisdicción y competencia. Omisión en el trámite y materialización del procedimiento administrativo y policivo de desalojo por ocupación de hecho. Liquidación de perjuicios. Perjuicio material. Daño emergente

Pruebas documentales. Fotografías. Ineficacia probatoria Responsabilidad del estado. Ocupación de inmueble. La actora conocía su destinación antes de adquirirlo. Inexistencia del daño. Administración municipal construyó una vía pública sobre un predio que estaba destinado para tal fin

¿La Ley 56 de 1981 y la Ley 142 de 1994, reservan la demanda de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica a la entidad prestadora del servicio público y en caso de que la entidad establezca la servidumbre de facto, quien resulte afectado con tal hecho puede solicitar la indemnización de los perjuicios? ¿La caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite suspensión salvo la excepción consignada con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez? Empresas de energía eléctrica - Imposición de servidumbres de conducción. Acción de reparación directa - Término de caducidad. Término de prescripción. Administración pública - Ocupación de inmuebles