Acuerdos de reestructuración en las entidades territoriales. Se suspende término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones. El demandante considera que la norma acusada vulnera los artículos 2º, 13, 95-7 y 229 de la Constitución, porque durante la negociación y vigencia de un acuerdo de reestructuración los acreedores no pueden acudir ante los jueces para hacer efectivo el pago de obligaciones surgidas "con posterioridad" a la celebración del acuerdo. Ley 550 de 1999; Art. 58.13 : Cosa juzgada. - [Resumen automatizado: A su juicio, ello vulnera el artículo 2º Superior, en tanto “burla la finalidad esencial que sustenta la existencia misma de las autoridades de la República”, al impedir que los jueces puedan tramitar procesos en contra de las entidades estatales sometidas a una reestructuración de pasivos iniciados por obligaciones surgidas “con posterioridad a la negociación y celebración del respectivo acuerdo, en detrimento de la obligación constitucional que le asiste a la Rama Judicial de salvaguardar los derechos y bienes de las personas”. || Así mismo, algunos eventos se circunscriben a lo que la jurisprudencia ha llamado (iii) cosa juzgada aparente (o cosa juzgada absoluta aparente), “si pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales”[11].] - [Palabras claves: acuerdo, corte, cosa, norma, juzgada, constitucional, ley, sentencia, obligaciones, posterioridad, pago, procesos]; Art. 58.13 : Cosa juzgada.

La Corte Constitucional carece de competencia para estudiar la exequibilidad de los decretos expedidos en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política. Dicha competencia recae en el Consejo de Estado. Auto 1A de 1993. El artículo 20 transitorio otorga facultades al gobierno nacional para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta de orden nacional. Decreto 2153 de 1992, "por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones"; Art. 4 y 52 (parciales) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes, || “Como se desprende de las providencias antes citadas la Corte ha fundamentado sus decisiones de inhibición y de rechazo para conocer de los decretos dictados en desarrollo del artículo 20 transitorio en la ausencia de norma expresa que le asigne dicha competencia, así como en la interpretación de las disposiciones transitorias en concordancia con el artículo 241 de la Constitución, que indican que la Corte no es competente para decidir sobre la constitucionalidad de dichos decretos. || “Y como el control jurisdiccional de los decretos dictados por el Gobierno con fundamento en el artículo 20 transitorio de la Carta no está atribuido a la Corte Constitucional ni en el artículo 241 ni en las disposiciones transitorias de la misma, la conclusión necesaria y que la Sala reitera es que su control corresponde al Consejo de Estado, por lo cual debe procederse al estudio de fondo de la demanda”.] - [Palabras claves: corte, normas, decretos, transitorio, gobierno, competencia, constitucional, constitución, en, artículos, ley, presidente]; Art. 4 y 52 (parciales) : Fallo inhibitorio

Acuerdos de reestructuración aplicables a entidades territoriales, no hay lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad - Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 58 numeral 13 (parcial) de la ley 550 de 1999 - [Resumen automatizado: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 58 numeral 13 (parcial) de la ley 550 de 1999 "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley". || En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Luddy Felicia Mena Marmolejo, demandó la inconstitucionalidad del artículo 58 numeral 13 (parcial) de la ley 550 de 1999 "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley" || Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.] - [Palabras claves: ley, ejecución, entidades, por, territoriales, entidad, procesos, iniciación, acuerdo, norma, magistrado, en, asegurar, cargo]

Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho. Ley 550 de 1999; Art. 58, Num. 13. - [Resumen automatizado: Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales: (...) || En este sentido, el artículo 58 es preciso al señalar que "las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales". || 6. De otra parte, con la norma acusada tampoco se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia para el caso específico de los extrabajadores acreedores de las entidades territoriales que celebren el acuerdo de reestructuración, pues ellos disponen de la oportunidad y del escenario garantizado por la Ley 550 para ver atendidos sus créditos.] - [Palabras claves: territoriales, entidades, ley, acuerdo, entidad, obligaciones, empresas, territorial, servicios, desarrollo, económica, norma]; Art. 58, Num. 13.