La Sala determinó que sí hay lugar a resolver el recurso que presentó un ciudadano para que se establecieran medidas judiciales más específicas para garantizar los derechos colectivos presuntamente amenazados por las condiciones de deterioro en las que, dicen los demandantes, se encuentra la vía que conduce desde el kilómetro 10 del municipio de Trinidad hasta el corregimiento de Bocas del Pauto de Casanare. Un grupo de ciudadanos presentó una acción popular al considerar que las condiciones del tramo vial amenazaban sus derechos a la seguridad y salubridad pública, al ambiente sano, equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros. El Tribunal emitió una medida cautelar que obliga al departamento del Casanare a adelantar obras de rehabilitación y mantenimiento en las zonas más críticas del tramo vial hasta que se dictara la sentencia definitiva que le corresponde emitir al Consejo de Estado. El Consejo de Estado revocó esa determinación y aclaró que la ley prevé que en las acciones populares los coadyuvantes tengan la oportunidad de interponer todos los recursos previstos para las partes, siempre y cuando, al momento de interponerlos, no lo hagan en contra de los intereses de la parte que están ayudando. Así aun cuando el actor popular no haya interpuesto recursos contra el fallo del tribunal, dado que el coadyuvante pretende que se establezcan medidas más efectivas para proteger los derechos e intereses colectivos por los que pugnan los accionantes, sí se cumplían los presupuestos para que se estudiara el recurso de apelación

Las acciones populares están reguladas por la Ley 472 de 1998 que a su vez remite expresamente al CCA o al CPC, como es el caso del amparo de pobreza, notificación del auto admisorio de la demanda, clases y medio de prueba, recurso de reposición, recurso de apelación contra la sentencia, costas y en aspectos no regulados. En cada una de las remisiones el legislador se refirió al CCA o al CPC, en atención a que lo pretendido por este era la aplicación del estatuto que rige, ya sea la Jurisdicción Ordinaria o la Contencioso Administrativa, de tal manera que, si esta es derogada o reemplazada, se debe dar aplicación a la normativa que la sustituya teniendo en cuenta las reglas de vigencia y tránsito de legislación previstas en cada estatuto. En efecto, tanto el CCA como el CPC fueron reemplazados por el CPACA y el CGP. En consecuencia, el hecho de que la Ley 472 remita en algunos aspectos al CCA o al CPC sin hacer alusión a que también deben aplicarse las normas que los deroguen, modifiquen o adicionen, ello de ninguna manera puede ser entendido o interpretado como un vacío normativo, pues en este caso el juez debe dar aplicación a la norma de reemplazo. La acción popular que nos ocupa fue presentada el 26 de abril de 2018, la norma procesal aplicable en lo atinente a la forma e interposición de la apelación de la sentencia no es otra que el artículo 322 del CGP, puesto que el artículo 37 de la Ley 472, en estos asuntos, remite expresamente al estatuto procesal que rige en la jurisdicción ordinaria, que para esa fecha ya era el CGP. El Despacho advierte que, en el caso concreto, el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debió haber sido interpuesto dentro del término de tres (3) días siguientes, contados a partir de la notificación de la providencia

¿Al constatarse en segunda instancia que persiste la vulneración de los derechos colectivos, procede la modificación de las medidas dictadas en primera instancia para garantizar la efectividad de la protección de los derechos afectados? Recurso de apelación en acción popular. Existe una grave afectación al ambiente en la vía que comunica Manizales con la capital del país; concretamente, en la vía Potro Rojo - Letras, debido a la explotación y uso inadecuado de los recursos naturales presentes en la zona circundante a la vía, así como por las intervenciones efectuadas a la misma para su mantenimiento. Para la Sala en la vía Manizales - Bogotá se presentan situaciones de riesgo que exigen la adopción de medidas para la protección de los derechos colectivos: i) al goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la existencia de un equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y iii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. No se ha superado la situación de violación y amenaza de los derechos de manera que no es posible revocar la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Caldas. Por el contrario, resulta necesario adicionarla para reforzar la protección y ordenar a la CAR Regional de Caldas que, inicie el procedimiento administrativo (Ley 1333 de 2009) con el fin de determinar si al explotar los recursos naturales del sector ha generado daño al medio ambiente o incurrido en una acción u omisión que viole el Código de Recursos Naturales, o alguna disposición ambiental vigente. Concluye que la CAR Regional de Caldas, el Municipio de Manizales e INVIAS, vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

¿En la acción popular el recurso de apelación contra el auto que abre a pruebas no es el procedente sino el de reposición? Acción popular - Recurso de apelación. Medidas cautelares. Pruebas