La Sala determinó que sí hay lugar a resolver el recurso que presentó un ciudadano para que se establecieran medidas judiciales más específicas para garantizar los derechos colectivos presuntamente amenazados por las condiciones de deterioro en las que, dicen los demandantes, se encuentra la vía que conduce desde el kilómetro 10 del municipio de Trinidad hasta el corregimiento de Bocas del Pauto de Casanare. Un grupo de ciudadanos presentó una acción popular al considerar que las condiciones del tramo vial amenazaban sus derechos a la seguridad y salubridad pública, al ambiente sano, equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros. El Tribunal emitió una medida cautelar que obliga al departamento del Casanare a adelantar obras de rehabilitación y mantenimiento en las zonas más críticas del tramo vial hasta que se dictara la sentencia definitiva que le corresponde emitir al Consejo de Estado. El Consejo de Estado revocó esa determinación y aclaró que la ley prevé que en las acciones populares los coadyuvantes tengan la oportunidad de interponer todos los recursos previstos para las partes, siempre y cuando, al momento de interponerlos, no lo hagan en contra de los intereses de la parte que están ayudando. Así aun cuando el actor popular no haya interpuesto recursos contra el fallo del tribunal, dado que el coadyuvante pretende que se establezcan medidas más efectivas para proteger los derechos e intereses colectivos por los que pugnan los accionantes, sí se cumplían los presupuestos para que se estudiara el recurso de apelación

El Consejo de Estado dejó sin efectos la medida cautelar por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender cualquier intervención del Parque Nacional dentro de la licitación para la adecuación del sistema masivo Transmilenio por la Carrera Séptima. En el curso de una acción popular ante la probable amenaza de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio cultural, al goce del espacio público y de un ambiente sano supuestamente provocada por este proyecto de movilidad, el Tribunal decretó la medida para salvaguardar la integridad de los bienes e intereses representados en el parque, que no contaba con un plan director dentro del proyecto. La decisión fue apelada ante el Consejo de Estado y se accedió a la solicitud de los recurrentes al encontrar que las medidas cautelares que son solicitadas ante organismos colegiados en el curso de acciones populares, como esta, deben ser resueltas en Sala y no únicamente por el despacho del magistrado a quien le correspondió el reparto de la acción. Ante este vicio de procedimiento, el Consejo de Estado dejó sin efectos el auto que concedió la medida cautelar consistente en la suspensión de todos los actos relacionados con la intervención del Parque Nacional dentro de la obra de adecuación de Transmilenio por la Carrera Séptima

Imposibilidad de decretar medidas cautelares en el fallo de primera instancia en acciones populares dada su naturaleza preventiva y transitoria. Al desatar un recurso de apelación en una acción popular se señaló que de acuerdo al artículo 229 del CPACA las medidas cautelares contenidas en dicho estatuto serían aplicables a los procesos que tengan como fin la protección de derechos e intereses colectivos. Asimismo, dada la naturaleza preventiva de las medidas cautelares y, por ende, transitoria, no pueden ser adoptadas en el fallo de primera instancia, dado que las órdenes allí previstas están orientadas a definir la litis. El decreto de medidas cautelares en la sentencia resulta contrario al carácter provisional y accesorio de aquellas, en razón a que la finalidad de estas es, precisamente proteger y garantizar temporalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Así mismo, desconoce el derecho a la doble instancia, pues el trámite de apelación del auto que decreta una medida cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia

Las medidas cautelares en la acción popular son transitorias y, en los eventos en que el juez decida en la sentencia, adoptarlas como definitivas, como es el caso, la verificación de su cumplimiento, ya no debe estar supeditada a lo que disponga en los autos emitidos con ocasión de la cautela sino a lo que se ordene en el fallo, pues las decisiones que allí se toman desplazan las actuaciones que se surten con ocasión de la medida preventiva, más aún si se tiene en cuenta que pueden ser modificadas o, incluso, revocadas por el Juez de segunda instancia en sede de apelación. El hecho de dictar medidas cautelares al interior de una sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble instancia de la autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una medida cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que en el primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe admitir el recurso y correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público, lo cual resulta aún más dispendioso. Lo anterior, aunado al hecho de que hace ilusorio un pronunciamiento en segunda instancia

Se definen las características de las medidas cautelares en acciones populares y los requisitos que deben cumplir estas medidas cuando son soportadas en el principio de precaución - Las medidas anticipadas en materia de acciones populares presentan las siguientes características: i) Flexibilidad en cuanto a la oportunidad para su adopción, pueden ser decretadas antes de la notificación de la demanda o en cualquier estado del proceso; ii) pueden ser adoptadas de oficio o a petición de parte; iii) No son taxativas; iv) Deben estar dirigidas a prevenir un daño inminente o hacer cesar el ya causado; v) Encerrar órdenes de cumplimiento inmediato; vi) Pueden son susceptibles de impugnación vía recursos de reposición y de apelación; vii) Los recursos se conceden en efecto devolutivo; viii) Oposición por razones legalmente establecidas. En relación a aquellas medidas anticipadas soportadas en el principio de precaución estableció, deben: (i) contar con un mínimo de evidencias que permitan acreditar que se está ante el peligro de daño grave e irreversible de un determinado ecosistema o recurso (no certeza absoluta), (ii) resultar adecuadas para impedir que dicha afectación se concrete y (iii) tener una motivación completa, en la que se expongan con claridad y suficiencia las razones por las que dicha medida es adoptada

¿Debe entenderse que con la ley 1437 de 2011 se limita la posibilidad del Juez constitucional para decretar medidas cautelares? - No, ha dicho la Sala que debe entenderse que el Juez popular sigue estando facultado para decretar cualquier medida cautelar y en particular, si así lo considera necesario, las contempladas en los artículos 25 y 230 de la Ley 472 de 1998 y del CPACA, respectivamente. Advierte la Sala que la intención del legislador no fue derogar la Ley 472 de 1998 en relación con la posibilidad que tiene el juez de decretar cualquier medida cautelar, pues se precisó en los antecedentes de la Ley 1437 de 2011, el proyecto deja intactas la medidas cautelares concebidas por la Ley 472 de 1998, en las acciones encaminadas a la protección de derechos e intereses colectivos, que permiten al juez adoptar todas las que considere necesarias para su protección, con independencia de que sean pedidas en la demanda, u otras diferentes. Así mismo se mantienen intangibles aquellas concebidas para las acciones de grupo por la misma normativa. Por lo demás, considera la Sala que las otras disposiciones de la Ley 1437 de 2011, no amenazan las garantías ya otorgadas por la Constitución y la Ley 472 de 1998 para la protección de los derechos colectivos, razón por la que se pueden aplicar en su totalidad

¿En la acción popular el recurso de apelación contra el auto que abre a pruebas no es el procedente sino el de reposición? Acción popular - Recurso de apelación. Medidas cautelares. Pruebas

Con la construcción de una estación de servicio, el almacenamiento de grandes cantidades de combustible en tanques subterráneos puede causar en cualquier momento peligro para la comunidad, más aun si se tiene en cuenta que en el sector funcionan dos emisoras radiales, las cuales emiten ondas gercianas, siendo potencial el riesgo de una catástrofe. Estación de servicio - Notificación a vecinos de licencia de construcción. Suspensión de licencia de construcción. Acción popular - Medidas cautelares

¿Mediante acción popular se puede ordenar, como medida cautelar, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de no tramitar ningún documento de legalización de construcciones ubicadas en las áreas excluidas de la reserva forestal? Acción popular - Recursos. Medidas cautelares. Reserva forestal - Protección. Legalización de construcciones

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de 50 salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de 6 meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. Acción popular - Desacato. Multas. Medidas cautelares. Agua potable - Venta a habitantes rurales. Suministro a través de pila pública

¿El alto grado de contaminación de las aguas negras o residuales que se mezclan con las aguas lluvias y rebasan la capacidad del alcantarillado al cual están erradamente conectadas, inundando el sótano de una Central de Transporte, hace procedente la acción popular? Servicio público de alcantarillado - Contaminación por mezcla de aguas negras y aguas lluvias. Derecho a la salubridad. Acción popular - Medidas cautelares. Inmuebles públicos - Tuberías de desagüe de aguas lluvias