El Consejo de Estado ordenó a varias entidades estatales adoptar un plan para controlar la pesca industrial en los ecosistemas marinos y áreas costeras que allí se viene desarrollando. La pesca industrial está afectando la alimentación, bienestar y calidad de vida de las comunidades, que han visto en la pesca artesanal no solo una alternativa económica sino un conjunto de conocimientos que constituyen un proyecto de vida que se produce en conexión con los ecosistemas marinos, que es necesario proteger. A juicio de la alta corte, el Ministerio ni siquiera entregó evidencia de haber verificado o haber estado estudiando el impacto ambiental ni el costo económico, tanto del deterioro, como de la conservación de estas zonas. Se ordenó que los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Agricultura y Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Armada Nacional, junto con distintas personas de derecho público y privado - especialmente aquellas de carácter técnico y científico-, conformen una mesa de trabajo a la que se aportarán conocimientos para concretar el cumplimiento del fallo