¿Los accionados vulneraron los derechos fundamentales de más de sesenta familias al iniciar y tramitar la acción de protección policiva sin aplicar el trámite dispuesto en el Decreto 747 de 1992, por tratarse de un bien rural, y ante las irregularidades que sugieren se presentaron en la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho sin adelantar previamente un estudio de enfoque diferencial de los grupos en situación de vulnerabilidad allí asentados para salvaguardar todas sus garantías? Concede - Las autoridades deben implementar en caso que pretendan recuperar bienes, medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados, particularmente el derecho a la vivienda digna. Así, de acuerdo con el Comité DESC y los Principios de Pinheiro, las autoridades deben, entre otros aspectos, (i) garantizar el debido proceso, (ii) consultar previamente a la comunidad afectada, (iii) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y razonable, (iv) suministrar a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas; (v) estar presentes durante la diligencia; (vi) identificar a todas las personas que efectúen el desalojo; (vii) no efectuar desalojos cuando haya muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; (viii) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados; y (ix) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados. Las autoridades municipales y de policía no tuvieron en cuenta los estándares internacionales sobre las reglas a seguir en materia de desalojos, obligaciones que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y vinculan al Estado colombiano - [Resumen automatizado: En segundo lugar, la acción de protección policiva, según se evidencia de la prueba documental, ya había caducado, esto es, la parte interesada no la ejerció dentro de los 15 días calendario siguientes al supuesto acto de invasión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 747 de 1992, pues en el hecho cuarto de la querella presentada el día 21 de septiembre de 2011, por el señor, se expone que contra algunas de las personas contra quienes se dirige la querella se formuló una denuncia penal desde enero de 2011, y que con posterioridad a dicha fecha se han asentado en este predio otras personas. || Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda, presuntamente vulnerados por el señor Juan Miguel de Vengoechea y por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, por iniciar y tramitar una acción de protección policiva en su contra, sin tener en cuenta que no se acreditó el requisito de haberla promovido dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se presentó la supuesta invasión en el predio objeto de controversia y, en particular, por inobservar todo el trámite dispuesto en el Decreto 747 de 1992, lo cual finalizó con la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de apróximadamente sesenta familias asentadas en el lugar donde se ejecutó la misma.] - [Palabras claves: proceso, diligencia, derechos, tutela, derecho, hecho, acción, fundamentales, vivienda, predio, parte, personas, lugar, ocupación, protección, lanzamiento]

¿Vulneró la entidad demandada los derechos fundamentales de los accionantes, quienes dicen ser víctimas de desplazamiento forzado, fueron vulnerados por las autoridades accionadas en el trámite del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho adelantando en su contra? Niega - El trámite de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos tiene su fundamento en el Decreto Ley 1355 de 1970, el cual establece como característica esencial la no controversia del derecho del dominio dentro del mismo y la protección tanto del poseedor como del tenedor. La regulación de este proceso es complementada por los Códigos de Policía de cada ente territorial, por medio de los cuales se regula los aspectos relacionados con la especificidad del debido proceso. Cuando no se trata de personas desplazadas por la violencia, esta Corporación ha dejado en firme la medida de lanzamiento por ocupación de hecho y a su vez ha exhortado a las autoridades municipales para que les informen a las personas desalojadas los programas sociales a los que pueden acceder. Asimismo, ha advertido que en la práctica de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se debe respetar la dignidad personal de los ocupantes, con especial esmero respecto de los ancianos y los niños que se encuentren en el inmueble y se debe proporcionar orientación respecto de la(s) entidad(es) del Estado a la(s) que pueden acudir para acceder a los subsidios de vivienda. Si bien en esta acción se alega la condición de víctimas del desplazamiento forzado por parte de los demandantes, en el expediente no obra prueba de dicha circunstancia, pues no consta un registro de su calidad de víctimas y, en todo caso, no siendo ésta, la prueba determinante de su condición de desplazamiento, requeridos los demandantes para ampliar los hechos acerca de la circunstancia de desplazamiento, éstos guardaron silencio, por lo que no existe prueba para derivar dicha condición de los demandantes - [Resumen automatizado: 2.1.2 Requerir a la Alcaldía de Villavicencio- Secretaría de Gobierno, para que se pronuncie acerca de la demanda de tutela que le fue notificada el 8 de febrero de 2012 y para que informe: a) si José Edgar Castillo Hernández , Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez Bonilla, quienes dicen ser ocupantes del predio objeto de proceso de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por Gustavo Zambrano Díaz, mediante apoderado, contra Personas Indeterminadas, aún ejercen actos de posesión sobre dicho inmueble o si fueron objeto de la medida de lanzamiento por ocupación de hecho. || 2.1.4 Requerir a Edgar Castillo Hernández, Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez Bonilla, demandantes en esta acción constitucional, para que informe: a) El lugar de donde fueron desplazados por la violencia; en qué circunstancias se produjo el desplazamiento; cómo fueron las circunstancias del desplazamiento; si se encuentran registrados como víctimas y ante qué autoridades solicitaron o han solicitado la asistencia social; b) a qué título habitan el inmueble que es objeto en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho.] - [Palabras claves: ocupación, hecho, proceso, lanzamiento, tutela, predio, si, villavicencio, personas, inmueble, diligencia, acción, derecho]

¿Una Alcaldía vulneró los derechos de los accionantes dado que por querellas iniciadas por ocupación de hecho, la accionada, sin previa notificación, decretó el lanzamiento de las personas indeterminadas que se encontraban ubicadas en el asentamiento? Las autoridades deben, entre otros aspectos, (i) garantizar el debido proceso, (ii) consultar previamente a la comunidad afectada, (iii) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y razonable, (iv) suministrar a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas; (v) estar presentes durante la diligencia; (vi) identificar a todas las personas que efectúen el desalojo; (vii) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; (viii) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados; y (ix) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados - [Resumen automatizado: En punto del derecho a la vivienda digna, la Sala debe reiterar su carácter fundamental, básicamente porque constituye una innegable expresión de la dignidad humana y se vincula de manera directa con la concepción social del Estado, como ente que tiene a su cargo la superación de las condiciones de desigualdad material que impiden el ejercicio de los derechos que se reconocen en la carta (art. || Cabe recordar entonces lo señalado en el fallo T-150 de marzo 5 de 2010, que a su vez reiteró lo determinado en el T-611 de agosto 13 de 2007, ambos con ponencia de quien ahora cumple igual función, donde se tomó en cuenta la definición contenida en el artículo 1º de la Ley 387 de 1.997, hacia la adopción de medidas para prevenir el desarraigo forzado y propiciar la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica del desplazado, quien ha debido "migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público".] - [Palabras claves: derecho, vivienda, derechos, protección, tutela, personas, fundamental, en, constitucional, cúcuta, debe, condiciones]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de la empresa accionante por parte de la policía y la alcaldía del domicilio de ésta, al no ejecutar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho debido a que los ocupantes reaccionaban violentamente contra la comitiva policial y al no tomar las medidas necesarias para que no volviera a ocurrir tal ocupación cuando se lograba el desalojo? Carencia actual de objeto. La protección del derecho a la propiedad privada por medio de la acción de tutela. La propiedad privada es un derecho fundamental cuando la afectación de ese núcleo mínimo de protección del goce y el uso de los bienes implique un menoscabo de ese atributo inherente a la persona en tanto ser racional, independientemente de cualquier consideración de naturaleza o de alcance positivo. El juez de segunda instancia erró al conceder el amparo constitucional al Fondo Ganadero del Meta y desconoció en su decisión el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela. En la medida en que existían otros mecanismos de defensa judicial y que el derecho a la propiedad no ostenta en casos como este el carácter de fundamental, debió el juez declarar la improcedencia de la tutela y abstenerse de estudiar el fondo del asunto. Queda claro que más allá de la procedencia o no del desalojo en un caso concreto, este no puede llevarse a cabo por las autoridades administrativas y de Policía sin tener en cuenta la previa verificación y garantía de los derechos fundamentales de quienes se encuentran ocupando el predio, mucho menos cuando dentro del grupo hay personas en condición de desplazamiento o sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales la solicitud de las autoridades debe ser aún mayor - [Resumen automatizado: 5.4 Podría argumentarse, sin embargo, que la acción de tutela era procedente en el presente caso atendiendo a que la orden contenida en la Resolución 112 de 2011 de la Alcaldía de Villavicencio, y en todas las decisiones precedentes que ordenaban diligencias de lanzamiento por ocupación de hecho en el predio San Isidro o Catama 2, constituye una obligación de “hacer”, pues exige la conducta positiva de la Policía respecto de la diligencia, y que frente a este tipo de órdenes el proceso ejecutivo no tiene el mismo grado de idoneidad. || 6. Aunque la presente tutela fue promovida por el Fondo Ganadero del Meta para proteger sus intereses en el bien ocupado, y actualmente el amparo carece de objeto pues antes de llegar a sede de revisión la orden de lanzamiento por ocupación de hecho se cumplió a cabalidad, hay varias razones por la cuales no puede dejar la Corte de pronunciarse sobre los derechos fundamentales de las familias desalojadas.] - [Palabras claves: derecho, acción, corte, tutela, derechos, propiedad, personas, sala, desalojo, proceso, fondo, hecho, fundamentales]

Improcedente la acción de tutela por vulneración al derecho a la vivienda digna en diligencia de lanzamiento por ocupación. Concluye la Sala que el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se realizó con todas las garantías y requisitos legales, y por tanto, no adolece de vicio alguno, y es, entonces, legítimo, lícito y justo. El derecho a la vivienda digna. El proceso de lanzamiento por ocupación de hecho - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible entonces identificar tres supuestos en los cuales procede el amparo por vía de tutela, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo precedente: (i) cuando esté de por medio la faceta de abstención o el derecho de defensa de la vivienda digna, es decir “la obligación estatal de no perturbar el goce del derecho injustificadamente, y de proteger a las personas contra injerencias indebidas de terceros en el goce del derecho a la vivienda”; (ii) cuando haya un reclamo relativo al respeto de un derecho subjetivo adquirido según el desarrollo legal y reglamentario del tema y, (iii) por último, cuando debido a la situación de debilidad manifiesta del accionante la posible vulneración al derecho a la vivienda digna ponga en riesgo su dignidad. || Por medio de auto del nueve (9) de septiembre de dos mil once (2011) el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con Función de Control de Garantías, vinculó a la Sociedad de Mejoras de Pereira al proceso para que se pronunciara sobre los hechos y las pretensiones del caso.] - [Palabras claves: derecho, vivienda, pereira, protección, tutela, sociedad, hecho, ocupación, proceso, diligencia, lanzamiento]

¿Las entidades demandadas incurrieron en vulneración de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios al impedir su acceso habitual a los inmuebles, con la iniciación de las obras civiles de ampliación de una ESE? ¿Tuvo lugar la vulneración de los derechos fundamentales invocados? ¿Los actores contaban con otro mecanismo de defensa judicial para hacer valer los derechos presuntamente vulnerados? Negada. Carencia actual de objeto. Existencia de otro mecanismo judicial. La conducta de las entidades demandadas fue legítima. - [Resumen automatizado: 1.- El Juzgado Primero Penal Municipal de Bello, por sentencia del 15 de marzo de 2007, decidió conceder el amparo solicitado y ordenó al Gerente de la E.S.E. Hospital Rosalpi: “que mantenga y si es posible mejore la salida y acceso de todos los afectados mencionados en este trámite, garantizando que la ejecución de la obra de ampliación del Hospital no sea un obstáculo para que puedan continuar disfrutando con seguridad, del sendero de acceso que cada cual utilizaba antes de la remoción de tierra con la funcionalidad propia de la Ebanistería, hasta que si es procedente, exista una decisión y el efectivo sellamiento de las puertas de los inmuebles, promovida por Entidad Social del Estado ante el competente, o hasta que una decisión judicial ordinaria solucione el conflicto de servidumbre”. || 2.- Por auto de quince (15) de agosto de 2007 el Magistrado Sustanciador resolvió ordenar que por la Secretaría General de esta Corporación se solicitara la siguiente información: (i) a la Inspección Cuarta de Policía del municipio de Bello, sobre el estado del proceso policivo; (ii) a la Alcaldía municipal de Bello y a la E.S.E. Hospital Rosalpi en relación con el estado en que se encuentran las obras de ampliación del Hospital Rosalpi y si las mismas impiden el acceso a la vivienda y a la carpintería; y, (iii) a la demandante, señora Lina Marcela Piedrahita Aristizábal sobre la situación actual de acceso a los inmuebles en que ella y su familia residen y en que funciona la ebanistería del señor Luis Fernando López Colorado.] - [Palabras claves: inmuebles, municipio, acción, tutela, derechos, acceso, fundamentales, ampliación, manera, obras, predio, inspección, servidumbre]