Se demandó la nulidad del acto de elección del alcalde del municipio de Tuluá (Valle del Cauca) alegando que hubo irregularidades en el proceso de votación y escrutinio. El Tribunal rechazó la demanda teniendo en cuenta que el actor no subsanó la falta de requisitos formales que le fueron señalados en el auto que la inadmitió. La Sala confirmó la decisión luego de considerar que el actor no precisó en qué etapas o registros electorales se presentaron las irregularidades. El artículo 139 de la ley 1437 de 2011 establece una exigencia adicional para la admisión de la demanda de nulidad electoral contra elecciones por voto popular, la cual se refiere al deber del actor de "precisar" las etapas, registros y, en consecuencia, también las zonas, puestos y mesas de votación en donde presuntamente se incurrió en las irregularidades o vicios que alega como fundamento de sus pretensiones. El demandante, lejos de subsanar la demanda, mantuvo la indeterminación inicial de su acusación, lo que le impide al juez electoral entrar a conocer del asunto y más todavía examinar oficiosamente todas las zonas, mesas y puestos de votación de dicha circunscripción, como lo pretende la parte actora, en un intento infundado por trasladarle su carga procesal al juez de conocimiento

El Consejo de Estado decidió no admitir la demanda que busca que se declare nulo el aparte del acto de elección del fiscal Francisco Barbosa que permite establecer su permanencia en el cargo por 4 años contados a partir de su posesión. Para la alta corte, la acción no contiene varios de los requisitos formales de claridad, precisión y orden que debe reunir una demanda de esta naturaleza, como lo son la designación de las partes, al no integrar o mencionar al contradictorio, y los fundamentos fácticos, pues este criterio no contiene un capítulo aparte en el escrito de la demanda. La corporación explicó que, tratándose de pretensiones de nulidad de un acto electoral, se debe explicar en qué causales generales se sustenta la acción. Además, como tampoco se dedica un capítulo específico a las pruebas, el demandante debe aclarar si, a su juicio, es suficiente adjuntar el acto demandado. A estas falencias, se suma el que no se hace referencia a un lugar y a una dirección donde las partes puedan ser notificadas. En cuanto a los anexos, tampoco se adjuntó copia del acto demandado, ni del acto en el que se confirma la elección del fiscal, ni el de la comunicación que notifica el acuerdo que comprende este nombramiento

¿Qué requisitos previos debe cumplir la demanda? Desde su aparición, este requisito de procedibilidad ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, en marcadas fases evolutivas hasta alcanzar la posición actual de la Sala Especializada en asuntos Electorales, prohijada, principalmente, por la sentencia de constitucionalidad C-283 de 2017 de la Corte Constitucional. La inexequibilidad del artículo 161.6 del CPACA conlleva admitir que el único fundamento del requisito de procedibilidad para la presentación de las demandas de nulidad electoral por causales objetivas es, en nuestros días, el artículo 237 de la Constitución de 1991. Sin embargo, la Sección ha negado valor a su aplicación directa, la norma constitucional debe ser desarrollada por el legislador estatutario, pues la existencia de un requisito procedibilidad para el ejercicio del contencioso electoral guarda relación con las funciones electorales que se otorgan a las autoridades administrativas. La ley estatutaria debe precisar las condiciones de tiempo, modo y lugar en el contexto de las cuales debe ser agotado la reclamación previa contenida en el artículo 237 de la C.P, así como el procedimiento que debe ser observado por quien pretende cumplir con ese presupuesto. Desde la expedición de la sentencia C-283 de 2017, la Sala Electoral del Consejo de Estado, en acatamiento de la misma y hasta tanto no se expida la ley que lo reglamente, no lo exige pues conforme con la ratio decidendi de dicho pronunciamiento, su configuración actual desconoce el derecho político a ejercer acciones en defensa de la Constitución o la ley, previsto en el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución, así como el derecho

Se negó la solicitud de suspender provisionalmente la elección del ciudadano Virgilio Almanza Ocampo como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según los accionantes, el acto declaratorio de la elección se produjo con falsa motivación, desviación de poder y la violación de varias normas constitucionales, por no haberse generado bajo la señalada modalidad. Por esa razón, solicitaron a la alta corte imponer una medida cautelar consistente en la suspensión del acto de elección del actual magistrado del CNE. El Consejo de Estado negó las pretensiones, al considerar que las normas aplicables a este caso no indican con claridad si esta elección debe darse por llamamiento del candidato no elegido perteneciente a la misma plancha ganadora de la curul que hubiera ocupado el siguiente puesto en orden sucesivo y descendente o por elección directa, a través de nuevas elecciones, como finalmente se hizo. La falta de claridad sobre los lineamientos de la elección se evidencian porque el mismo demandante admite la existencia de dos "conceptos disímiles" de autoridades distintas frente al particular: uno de la Procuraduría, indicando que la elección por falta absoluta solo podría suplirse a través de la coalición conformada el día en que fue elegido el fallecido magistrado Sanabria, y otro de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, precisando que el mecanismo a utilizar era el previsto para llenar las vacancias absolutas de los magistrados de la Corte Constitucional