Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de ejecución que reajustan pensiones superiores a 25 smlmv. La acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario con el que cuenta toda persona para acudir ante los jueces de manera directa o por quien actúe legítimamente en su nombre para solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Se caracteriza por su naturaleza subsidiaria y residual, ya que solo procede ante la inexistencia de otros medios de defensa idóneos y eficaces que permitan garantizar el ejercicio de los derechos. No obstante lo anterior, ante la existencia de otro medio de defensa, es procedente acudir a la acción de tutela cuando quiera que: (i) el recurso judicial no resulta idóneo o eficaz, o (ii) si bien existiendo otro mecanismo judicial ordinario o extraordinario de dichas características, es inminente evitar la consumación de un perjuicio irremediable. La Sala Plena reitera que, por regla general, no es procedente acudir a la acción de tutela para cuestionar actos administrativos de carácter particular, pues para tal propósito están previstos otros medios de control en la Ley 1437 de 2011. Esta regla es aun más exigente cuando se trata de cuestionar actos administrativos de ejecución en el que se da cumplimiento a un fallo judicial, pues la administración no manifiesta su voluntad, sino que se limita a ejecutar una decisión contenida en una sentencia judicial amparada en el efecto de la cosa juzgada. En ese sentido, solo es procedente acudir a la tutela cuando la administración en lugar de proferir un acto de ejecución, desborda el mandato judicial, y adopta un acto definitivo - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, las y los magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Antonio José Lizarazo Ocampo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991 ha proferido la siguiente || 2. Caso (ii) Expediente T-4.221.081: En primera instancia, por el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, autoridad judicial que en providencia del 15 de octubre de 2013 declaró improcedente el amparo de los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la accionante, confirmada en segunda instancia el 19 de noviembre de 2013, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de acción de tutela promovido por Mirtha Patricia Linares Prieto contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP-.] - [Palabras claves: sentencia, corte, tutela, cuaderno, derecho, instancia, sala, ley, acción, proceso, debido, administrativo, consejo, derechos, judicial]

¿La Superintendencia de Salud vulneró los derechos fundamentales de la legalidad, aportar y controvertir pruebas, libre competencia y confianza legítima de una E.P.S. ante el rechazo de la habilitación que solicitó para operar en el Régimen Subsidiado en Salud del Sistema General de Seguridad Social? Principio de subsidiariedad de la acción de tutela contra actos administrativos. Reglas jurisprudenciales. La solicitud de amparo que es objeto de revisión se instauró pese a que Salud Andina EPS S.A. había formulado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Por regla general, esa circunstancia constituye un desconocimiento del carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, conforme a lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991 y, lo establecido por la jurisprudencia de esta Corte, a menos que el amparo sea solicitado de manera transitoria ante la existencia de un perjuicio irremediable. Las características que debe reunir un perjuicio irremediable para que la acción de tutela se torne procedente de manera transitoria: (i) inminente, (ii) grave, (iii) urgente y (iv) carácter impostergable del amparo que se reclama - [Resumen automatizado: El 20 de agosto de 2014, Agropecuaria El Roble del Caribe S.A.S., empresa accionista de la Entidad Promotora de Salud, Salud Andina EPS S.A., por medio de su representante legal, formuló acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante Supersalud), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a “la legalidad, aportar y controvertir pruebas, libre competencia y confianza legítima”, ante el rechazo de la habilitación que solicitó la mencionada EPS a la Supersalud, para operar en el Régimen Subsidiado en Salud del Sistema General de Seguridad Social. || Con base en lo expuesto en precedencia, y al estimar reunidos los presupuestos de procedibilidad de la presente acción de tutela, la empresa accionante solicitó el amparo definitivo de sus derechos fundamentales a “la legalidad, aportar y controvertir pruebas, libre competencia y confianza legítima”, en el sentido de que se ordene a la Supersalud lo siguiente: (i) revocar las Resoluciones Nº 1485 del 13 de agosto de 2013 y 1744 del 19 de septiembre del mismo año; y (ii) proferir un nuevo acto administrativo con el cual habilite a Salud Andina EPS S.A. para operar en el Régimen Subsidiado en Salud.] - [Palabras claves: tutela, salud, acción, proceso, derechos, corte, nulidad, sala, derecho, solicitud]

¿Se configura un defecto fáctico capaz de vulnerar los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuando una decisión judicial se adopta con fundamento en un informe técnico, que fue decretado a título de prueba anticipada y posteriormente decretado como informe técnico dentro del proceso de una acción de grupo, y que no fue controvertido en su contenido por la contraparte en la respectiva instancia judicial? En el presente caso, la empresa demandante no solicitó la protección transitoria de sus derechos fundamentales, sino que interpuso la acción como mecanismo definitivo. En esa medida, no aportó pruebas que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para poder otorgar la protección por vía de tutela en tales casos. Por otra parte, la Corte no observa que existan pruebas dentro del expediente que acrediten que en el presente caso se cumplen los elementos exigidos por la jurisprudencia constitucional para conceder de oficio la protección transitoria de tales derechos. Al respecto, es importante reiterar que la jurisprudencia de la Corte ha exigido que los demandantes acrediten la existencia de un perjuicio irremediable para poder conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio. Al respecto, ha dicho esta Corporación:"Sea lo primero señalar, que esta Corporación ha aceptado la posibilidad de dar trámite a una petición de tutela como mecanismo transitorio, siempre que, por una parte, se acredite que es inminente un perjuicio irremediable para el derecho fundamental; y, por otra, que existe otro mecanismo de defensa judicial al que puede acudirse para decidir, con carácter definitivo, la controversia planteada en sede de tutela." (resaltado fuera de texto original) Sentencia T-136 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) - [Resumen automatizado: " (...) (i) no ataca un fallo de tutela; (ii) se han identificado de manera concreta los hechos que a juicio del actor quebrantan sus derechos, esto es, la incorporación  indebida de una prueba al proceso de acción de grupo a partir de la cual se estableció el monto de los perjuicios, así como la falta de idoneidad de la prueba pericial ordenada para este fin, aspectos que considera defectos fácticos que habilitan la acción de tutela; (iii) se cumple con la invocación del derecho fundamental violado, que en este caso se concreta en el debido proceso y en el acceso a la Administración de Justicia, asunto que tiene la relevancia constitucional requerida para que resulte procedente la acción de tutela contra providencias judiciales; iv) se cumple con el requisito de inmediatez en consideración a que la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que es objeto de la presente acción de tutela, se profirió 7 de septiembre de 2009 y la acción fue interpuesta el 8 de febrero de 2010, esto es, dentro del término razonable estimado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia para su procedencia, de manera que la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica sea resuelto dentro de un plazo proporcionado".[25]] - [Palabras claves: acción, tutela, proceso, prueba, grupo, pruebas, consejo, corte, sentencia, derechos, revisión, administrativo]