¿Las sentencias proferidas por los jueces accionados vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del accionante, por hacer una indebida valoración probatoria? Respecto del defecto fáctico, la demanda de tutela no procede cuando el juez accionado: (i) no omitió injustificadamente el decreto y la práctica de pruebas; (ii) valoró las pruebas obrantes en el proceso; y (iii) no desconoció las reglas de la sana crítica. En estos casos, no compete al juez constitucional (i) reemplazar al juzgador de instancia en la valoración de las pruebas porque con ello desconoce la autonomía e independencia de éste al igual que el principio de juez natural; (ii) ni realizar un examen del material probatorio que resulte exhaustivo. Se declara improcedente el amparo porque los jueces accionados decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes, las valoraron y fallaron acorde con la apreciación que hicieron de cada una de ellas - [Resumen automatizado: Dejar sin efectos las providencias proferidas por el Juzgado Terecero Adminsitrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá Sección Segunda y el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "F" Sala de Descongestión, primera y segunda instancia respectivamente, y ordenar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca o quien correponda proferir una nueva sentencia dentro del aludido proceso contra "LA NACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA", conforme a los derechos fundamentales conculcados. || Consideró que la demanda no expuso las razones que pudieron conducir al actor a interponer esta acción, "puesto que una vez revisado el escrito de demanda lo que se observa es una transcripción de los argumentos que el apoderado del señor Pulido Rojas expuso ante el Juez y el Tribunal Administrativo para que se declarara la nulidad de la Resolución No. 775 de 2003[17] por la cual se aceptó la renuncia, y a transcribir apartes de las definiciones que sobre los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad ha efectuado la Corte Constitucional." ] - [Palabras claves: instituto, renuncia, proceso, tutela, si, judicial, juez, sentencia, acción, septiembre, cuaderno, derecho, administrativo, decisión, pruebas, presentada]

¿La acción de tutela resulta procesalmente viable para reclamar el pago de acreencias laborales presuntamente adeudadas por un municipio? Improcedente -Debido a las características de subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, la misma sólo es procedente si no existen medios ordinarios de defensa judicial; si los mismos existen pero resultan ineficaces para proteger los derechos en conflicto o si se evidencia el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Este último se presenta cuando, la amenaza es inminente; de consolidarse afectaría de manera grave los bienes jurídicos que se pretenden amparar; requiere de medidas urgentes para evitar su materialización y, por lo mismo, de actuaciones impostergables que garanticen la protección. Estas condiciones -al igual que la idoneidad de los medios judiciales existentes- deben analizarse en cada caso concreto y, de no acreditarse las mismas, la acción constitucional se torna procesalmente inviable. Para el caso objeto de estudio, resulta relevante destacar que en aplicación de tal regla jurisprudencial genérica, la acción de tutela solo es procedente para reclamar el pago de acreencias laborales si se observa la afectación de un derecho fundamental, como lo es el mínimo vital, o si se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable en razón a la edad y estado de salud del accionante - [Resumen automatizado: Mediante apoderado judicial, Martha Luz Aguilera Segovia, Catedra María García Sierra, Jorge Eliécer Martínez Rey, Ramiro Rafael Barragán Molina, Carmen Raquel Barrios Galindo, Gabriel Eduardo Nadjar Pallares, María Margoth Rodríguez Sánchez, Duván Enel Baldovino Paredes, Ariel Antonio Navarro Méndez, Heriberto Cariz Montesino, Pablo Emilio Salas Rodelo, Nerelcy Suárez Gómez, Olga Inés Martínez Rey, Eusebia Leonor Jiménez Polanco, Luz Mary Acuña Benavides, Ingrid Dumit Mendoza Quiroz, Francisca Isabel Pérez Salcedo, Edwin Velilla Salazar, Emiro Nel Rodelo Atencia, Marcial Antonio Cerpa Hernández, Nelson de Jesús Martínez Chávez, Tacio Enrique Díaz Acuña, José Gabriel Paredes Ávila y Enea Luz Suárez Meneses, instauraron acción de tutela el 18 de abril de 2012- contra la Alcaldía Municipal de Sucre, Departamento de Sucre, por considerar que esta entidad conculcaba sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y al trabajo[1]. || 2.2.3 De la lectura de los aludidos artículos, esta Corporación ha diferenciado entre el ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada, que puede ser el guardar silencio sobre los hechos y pretensiones de la demanda, y la respuesta al informe requerido por la autoridad judicial acompañado de la posible consecuencia de la presunción de veracidad en caso de no ser contestado dentro del término conferido por el juez-.] - [Palabras claves: acción, constitucional, posesión, parte, fecha, tutela, juez, presunción, decreto, derechos, laborales, veracidad]

¿Se vulnera el debido proceso en una licitación en la que participo la sociedad accionante, al dar una interpretación a la expresión participación económica, de la experiencia de las uniones temporales o promesas de sociedad futura, contenida en los pliegos de condiciones, contraria a la que ha debido realizarse, lo que generó el rechazo de la oferta? La acción de tutela es improcedente para amparar actos administrativos precontractuales de adjudicación de licitaciones públicas, por la existencia de medios provisorios y definitivos de defensa judicial idóneos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para la protección del derecho al debido proceso administrativo, salvo que se acredite la actualidad o inminencia de un perjuicio irremediable, el cual además de ser personal, exige su demostración de manera concreta, específica y con repercusiones sobre los derechos fundamentales. Así, resultaría procedente el amparo tutelar de manera transitoria, aun existiendo la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los actos administrativos en el trámite de las citadas acciones caso en el cual procedería como mecanismo transitorio de tutela judicial. La subsidiaridad y el perjuicio irremediable en el ejercicio de la acción de tutela. Existencia de un mecanismo judicial de defensa idóneo - [Resumen automatizado: Pretensión: se declare que las accionadas vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa -y los principios rectores de la contratación estatal- de la parte tutelante; y se ordene, como medida transitoria, suspender y dejar sin efecto la Resolución 1880 de diciembre 27 de 2010, en tanto se tramita la respectiva acción ante la jurisdicción contencioso administrativa y se decide judicialmente la suspensión provisional de acto acusado. || Rechazó por improcedente la acción de tutela instaurada, por lo siguiente: (i) la parte interesada cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus derechos -artículo 87 del Código Contencioso Administrativo-; (ii) no acreditó un perjuicio irremediable que permitiera darle a la presente acción el trámite de mecanismo transitorio. || Por escrito de febrero 8 de 2011, el apoderado del accionante presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio, cuando aun existiendo un medio de defensa judicial, se evidencia que el derecho presuntamente vulnerado se encuentra sometido a un perjuicio irremediable, siempre que no se trate de actos de contenido general, impersonal y abstracto.] - [Palabras claves: acción, tutela, defensa, proceso, perjuicio, judicial, mecanismo, militar, derecho, actos, derechos, corte]

¿El Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y al trabajo de los actores, al despedirlos sin previo levantamiento del fuero sindical? Improcedente. Ausencia de los requisitos de temeridad, subsidiariedad e inmediatez. Terminación anticipada del proceso de fuero sindical y cosa juzgada entre las partes - [Resumen automatizado: Los señores Rafael Alberto Rueda Forero, Elena Isabel Jiménez Jiménez, Ramón Alberto García Arias, Edilberto Julio Ortiz Avendaño, Higirio Royce Pérez, Alberto de Jesús Valle Ocampo, Edgar Antonio Caicedo Cantillo, María Elsy Zaa Borja, Miltridate Alberto Devans Fontalbo, Zully Esther Ortiz Salas, Estelbio Néstor Forero Núñez, Freddy Habit Cacabelo Candia y Ramón Enrique Márquez Ramírez, mediante una misma apoderada, instauraron acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR), aduciendo vulneración de sus derechos a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y al trabajo. || Como quedó expuesto, los señores Rafael Alberto Forero Rueda, Elena Isabel Jiménez Jiménez, Ramón Alberto García Arias, Edilberto Julio Ortiz Avendaño, Higirio Royce Pérez, Alberto de Jesús Valle Ocampo, Edgar Antonio Caicedo Cantillo, María Elsy Zaa Borja, Miltridate Alberto Devans Fontalbo, Zully Esther Ortiz Salas, Estelbio Néstor Forero Núñez, Freddy Habit Cacabelo Candia y Ramón Enrique Márquez Ramírez, mediante la misma apoderada, solicitaron amparar sus derechos a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y al trabajo, presuntamente vulnerados por la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), hoy a cargo del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, al haberlos despedido sin previo levantamiento del fuero sindical.] - [Palabras claves: acción, tutela, juzgado, patrimonio, derechos, accionantes, sala, fuero, temeridad, sindical, respecto, julio, proceso]

¿El Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom vulneró los derechos al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y a los derechos adquiridos, invocados por los actores, al no haberlos incluido en el plan de pensión anticipada desde febrero 1° de 2006, momento en que fue liquidada Telecom? Improcedente. Ausencia de los requisitos de temeridad e inmediatez - [Resumen automatizado: Los señores Luis Eduardo Pacheco Arroyo, Ricardo Molina Parra, Raúl Eliécer Pérez Díaz, Germán Augusto Mercado Sibaja, Rafael Joaquín Torres Franco, Herney Alonso Acosta Payares, Carlos Arturo Movilla Puche y Rubén Darío Mendoza Arcos, mediante apoderado, instauraron acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR), aduciendo vulneración de sus derechos al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social, y a los derechos adquiridos. || Sentencia de mayo 13 de 2009, proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, donde se niega por “improcedente la acción de tutela instaurada por los señores RUBEN DARIO MENDOZA ARCOS, JORGE LUIS DURANGO LEON, CARLOS EDUARDO LOPEZ MILLAN, RAFAEL JOAQUIN TORRES FRANCO, LUIS EDUARDO PACHECO ARROYO, JORGE OTONIEL JIMENEZ CASTRO, CARLOS ARTURO MOVILLA PUCHE, GERMAN AUGUSTO MERCADO SIBAJA, HERNEY ALONSO ACOSTA PAYARES, RICARDO MOLINA PARRA, RAÚL ELIECER PÉREZ DÍAZ Y LIBIA DEL CARMEN TRUJILLO CORONADO contra el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM P.A.R.” (la Corte ha subrayado los nombres de los accionantes en la presente actuación fs.] - [Palabras claves: acción, tutela, años, juzgado, derechos, edad, días, marzo, anticipada, decreto, cada, derecho, servicio, corte, bajo, si]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo, teniéndose en cuenta el incumplimiento del requisito de inmediatez de esta acción, por parte de la entidad demandada al negar su inscripción a ésta por no cumplir con los requisitos para esto?. Negada. Aspecto de procedibilidad: de la inmediatez en la presentación de la acción de tutela. La acción de tutela tiene cierta relevancia por la consideración de que cumple con el objetivo de la Constitución Política de brindar una protección actual e inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto. - [Resumen automatizado: El requisito de la inmediatez, que la jurisprudencia constitucional ha elaborado como criterio para determinar la procedibilidad de la acción de tutela, tiene particular relevancia, no solo por razones de seguridad jurídica, sino, entre otras, por la consideración de que cumple con el objetivo de la Constitución Política de brindar una protección actual e inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela. || El 06 de agosto de 2010, el señor César Edwin Martínez Correa, actuando por conducto de apoderado judicial, acudió a la acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, a la honra, al buen nombre, al trabajo, a la asociación y al debido proceso, que, según afirma, han sido quebrantados por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva -S.C.C.P.-, al negarse a conferirle el carácter de miembro aspirante de la agrupación gremial, por no reunir los requisitos estatutarios establecidos para el efecto.] - [Palabras claves: acción, tutela, derechos, constitucional, protección, sociedad, fundamentales, judicial, ejercicio, amparo, término]

¿El INCODER vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de los accionantes, quienes tienen la calidad de campesinos, al revocar por un lado, la Resolución por la cual les adjudicó un predio, y por el otro, al excluir a un campesino que había sido beneficiario del mencionado programa? Improcedente. Hay una excepción mediante la cual, la Administración puede revocar su propio acto por la existencia de una actuación ilícita. El subsidio se encontraba sometido a condición resolutoria, entre otras causales, por la comprobación de falsedades cometidas por parte de los beneficiarios. El acaecimiento de irregularidades en el proceso de la adjudicación de tierras, fue el que dio lugar a la revocatoria directa de los actos administrativos - [Resumen automatizado: 1.1.3 Las actuaciones de la administración, entre las que se encuentran los actos administrativos particulares y concretos, son controvertibles en la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; mecanismo que ha sido considerado por la Corte en principio como idóneo y eficaz para resolver problemas jurídicos de este tipo[4]. || Respecto al expediente T-2.520.169, toda vez que no se observa actuación u omisión alguna por parte del INCODER que transgreda los derechos del accionante, que la entidad demandada indicó que tendrá en cuenta al gestor del amparo en futuros procesos de adjudicación y que este último dejó caducar los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance, la Sala revocará la sentencia que denegó el amparo y en su lugar la declarará improcedente. || Respecto al expediente T-2.520.169, toda vez que no se observa actuación u omisión alguna por parte del INCODER que transgreda los derechos del accionante, que la entidad demandada indicó que tendrá en cuenta al gestor del amparo en futuros procesos de adjudicación y que este último dejó caducar los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance, la Sala revocará la sentencia que denegó el amparo y en su lugar la declarará improcedente.] - [Palabras claves: mil, dos, tutela, nueve, acción, villavicencio, predio, amparo, expediente, judicial, proceso, acto, administrativo, penal, sala, revocatoria, defensa]

¿La EPS y el Hospital han vulnerado o amenazan vulnerar los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de la actora, al no autorizar y practicar respectivamente, los exámenes de progesterona y la citología cervico uterina, prescritos por el médico tratante? Negada. Hay lugar a declarar la existencia de un hecho superado, tornándose inocua cualquier orden que en este caso se pudiese emitir - [Resumen automatizado: Adiela Tamayo Bedoya presentó acción de tutela en septiembre 30 de 2009, contra Cafesalud EPS-S y el Hospital San Francisco ESE, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social, por los hechos que a continuación son resumidos. || A partir de los hechos expuestos, la señora Tamayo Bedoya solicita al juez de tutela la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social y que en consecuencia, se ordene a las entidades demandadas la realización de los exámenes de progesterona, la citología cervico uterina y los demás procedimientos que sean prescritos dentro del tratamiento de fertilidad al que se encuentra sometida, así como los necesarios en el mejoramiento de su salud integral "para poder asumir clínicamente y en las mejores condiciones la posibilidad de procrear". || En el presente caso correspondería a esta Sala de Revisión determinar si Cafesalud EPS y el Hospital San Francisco ESE de Ibagué, han vulnerado o amenazan vulnerar los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de la señora Adiela Tamayo Bedoya, al no autorizar y practicar respectivamente, los exámenes de progesterona y la citología cervico uterina, prescritos por el médico tratante del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de la misma ciudad.] - [Palabras claves: san, tutela, acción, ibagué, exámenes, derecho, salud, tratamiento, en, autorización, derechos]

¿El Tribunal vulneró los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso del actor, al negar la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio? Improcedente. Requisito de inmediatez. La oportunidad para instaurar la acción de tutela debe contabilizarse a partir del conocimiento que tuvo el actor del hecho que originó la vulneración. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto - [Resumen automatizado: 6. En virtud de lo expuesto, el apoderado del señor César Augusto Jiménez Olea interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el propósito de que se deje sin efecto la providencia proferida el 6 de marzo de 2008, pues en su concepto dicha decisión constituye una “vía de hecho” porque “(…) permitió que el Acto Administrativo proferido por la Policía Nacional, retirara del Servicio Activo, a mi prohijado, basado en una facultada (sic) legal, pero ilegalmente utilizada, por cuanto la facultad discrecional se creo para mejorar el servicio, en este caso en concreto no se cumplía la finalidad para la cual estaba creado. || 5.2 Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales[11], que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[12]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[13]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.] - [Palabras claves: acción, administrativo, tutela, sentencia, derechos, judiciales, decisión, sala, fundamentales, tribunal, corte, judicial]

¿La Corporación accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido del actor, al declarar la pérdida de su investidura como concejal? Improcedente. Defecto sustantivo. Defecto fáctico - [Resumen automatizado: Javier Alonso Lastra Fuscaldo, presentó, mediante apoderado judicial, el 6 de agosto de 2009, acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, para la protección inmediata de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, que considera vulnerados por la entidad accionada dentro del proceso por virtud del cual se declaró la pérdida de su investidura como concejal de Bogotá. || Por una parte, siguiendo las pautas trazadas desde la Sentencia SU-1159 de 2003, se ha señalado que contra las sentencias proferidas en segunda instancia por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en los procesos de pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones de elección popular de las entidades territoriales, procede el recurso extraordinario especial de revisión previsto por la Ley 144 de 1994[19], y que es preciso agotar este medio de defensa judicial antes de acudir a la acción de tutela.] - [Palabras claves: consejo, recurso, investidura, contratos, sala, tutela, propio, pérdida, interés, corte, sentencia, decisión, ley, acción, revisión]

¿La entidad demandada vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al debido proceso y a la defensa, al clasificar las acreencias representadas por la actora como deudas inciertas? Improcedente. Ausencia del principio de subsidiariedad. Al ser rechazada la demanda presentada no puede decirse que el recurso ordinario se agotó, pues no se presentó la oportunidad para que, en sede jurisdiccional, se pronunciara la Superintendencia de Sociedades respecto de la divergencia en la clasificación como inciertas de las acreencias. El no agotamiento de la etapa judicial por parte de la actora inhibe su posibilidad solicitar la solución del asunto por intermedio de la acción de tutela - [Resumen automatizado: Respecto de este punto concluyó que “si bien es cierto que legalmente están instituidos otros medios de defensa, la accionante no cuenta con ellos en estos momentos para proteger los derechos fundamentales que considera vulnerados, pues en el primero de los casos y en estricto sentido, la vía administrativa debidamente agotada para la primera acción, no se erige como vía en sede judicial y era la única opción posible para lograr el reconocimiento y fines perseguidos con relación a las acreencias laborales de los representados por la actora una vez iniciado el proceso de reestructuración de pasivos por parte de Departamento de Córdoba; y a través de ella, no hubo pronunciamiento de fondo que resolviera su petición, pues la Superintendencia de Sociedades, amparados en un error no atribuible a la tutelante optó por rechazar la demanda. || En el presente caso la Sala analiza si se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al debido proceso y a la defensa con la acción del promotor del acuerdo de reestructuración de acreencias del Departamento de Córdoba al clasificar las acreencias representadas por la señora Garcés Carrasco como deudas inciertas, lo que, de acuerdo con la actora, desconoce los derechos fundamentales antes mencionados de sus representados.] - [Palabras claves: proceso, acuerdo, promotor, ley, tutela, acción, superintendencia, departamento, derechos, sociedades, votos]

¿Las Corporaciones demandadas vulneraron los derechos al debido proceso e igualdad para acceder a cargos públicos, al incluir la Notaría que ocupaba en propiedad, dentro de la convocatoria a concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad? Improcedente. Requisitos para que se configure la actuación temeraria. Ausencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. la acción de tutela no puede tener la virtualidad de revivir términos de caducidad, más aún cuando ha existido negligencia, o desidia en el ejercicio de los medios de defensa judiciales proporcionados por el ordenamiento jurídico - [Resumen automatizado: El señor Eduardo Ramón Tous Buelvas, actuando a través de apoderado judicial, incoó acción de amparo constitucional contra el Ministerio del Interior y de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Carrera Notarial, con el fin de que sean protegidos los derechos fundamentales al debido proceso administrativo e igualdad para acceder a cargos públicos, supuestamente vulnerados “al convocar a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial a la Notaría Única del Circuito de Sahagún (Córdoba), e incluirla en listado correspondiente”.[1] La solicitud de tutela está fundamentada en los siguientes: || Comenta que aunque el tutelante indicó que si bien se encuentra relacionado en la Resolución N° 007 de 1989, esta situación per se no lo vincula en la carrera notarial teniendo en cuenta que la convocatoria realizada en ese momento por el Consejo Superior de la Administración de Justicia vulneró la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, en tanto “el concurso se debió realizar de forma pública y abierta e invitar a todas las personas interesadas, con los requisitos exigidos a participar en el concurso y así no violar el derecho a la igualdad (…) es decir fue concurso privado y cerrado hecho solo para notarios, por lo que las personas que se encuentran relacionadas en dicha resolución no son consideradas como notarios de carrera”.[8]] - [Palabras claves: tutela, acción, consejo, superior, fundamentales, concurso, derechos, derecho, constitucional, protección, sentencia, notarial, corte]

¿Las entidades demandas vulneraron el derecho al debido proceso y a la igualdad del accionante, al no respetar que el mecanismo pactado para la solución de conflictos era la conciliación y no la amigable composición, y al haberse atribuido una competencia que no tienen? Negada. Improcedencia de la acción de tutela por existencia de cosa juzgada constitucional. Identidad de partes, hechos y pretensiones - [Resumen automatizado: En consecuencia, se ordene la cancelación de la instancia de “amigable composición”, llevada a cabo por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los Amigables Componedores por iniciativa de la empresa Vargas Velandia LTDA., hoy XIE S.A., con la que la accionante celebró contrato de obra pública el 21 de septiembre de 2006, toda vez que no son ellos competentes para conocer de los conflictos suscitados entre las partes, en razón a que el mecanismo pactado era la conciliación y no la amigable composición. || Conforme a lo anterior, la Sala considera que en relación con la materia objeto de debate existe cosa juzgada formal y material, dado que la Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de enero de 2009, proferido por la Sala de Selección Número Uno, decidió no seleccionar para revisión el expediente de tutela de referencia T-2.106.229, contentivo de la acción de amparo constitucional promovida por METROLINEA S.A. contra el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los amigables componedores y XIE S.A., con motivo de la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la autonomía de la voluntad, en relación con la conformación de la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de conflictos sin que la accionante estuviera de acuerdo, incumpliendo los términos del contrato de obra público No. 006 de 2006.] - [Palabras claves: tutela, acción, derechos, composición, hechos, partes, sociedad, contrato, instancia, no, bogotá, corte, septiembre]

¿El Juzgado vulneró el derecho al debido proceso al incurrir en una vía de hecho, al interior del proceso ejecutivo que se estaba adelantando por parte del actor? Negada. Improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela. Requisito de temeridad - [Resumen automatizado: El 12 de diciembre de 2008, el Edificio Ana María P.H., por conducto de apoderado, presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, contra el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, aduciendo que incurrió en vía de hecho al dictar sentencia el 19 de agosto de 2008, dentro del proceso ejecutivo singular de única instancia, radicado bajo el N° 2006-0589. || La citada providencia del Tribunal Superior de Bogotá estableció que, (i) la actuación del Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo singular de única instancia, radicado con el N° 2006-0589, no evidenció violación de alguna garantía fundamental, siendo una decisión judicial debidamente sustentada, de acuerdo con las pruebas allegadas y la aplicación de la normatividad prevista al efecto, y (ii) el juez constitucional no se encuentra habilitado para modificar decisiones proferidas por autoridad judicial, cuando lo que se pretende por vía de tutela es obtener una interpretación distinta de la ley. || Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela - bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él - la Corte Constitucional - y por un medio establecido también por él la revisión.] - [Palabras claves: tutela, corte, bogotá, civil, revisión, acción, juzgado, fallo, sentencia, constitucional, proceso, sala]

¿Se plantea otra acción constitucional en relación con hechos que de una u otra forma ya han sido decididos en ese mismo escenario de la tutela? Negada. Reiteración de jurisprudencia. Cuando se revive un debate ya resuelto en acciones anteriores y, por tanto, lo que se propone es una tutela contra tutela, la jurisprudencia constitucional sobre la materia ha establecido que resulta del todo improcedente. Principios de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional - [Resumen automatizado: La Sala Plena de esta Corporación, unificó su posición frente a la materia, señalando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se adopten en el trámite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional a través de la formulación de una nueva solicitud de amparo, pues tal proceder, además de transmutar la naturaleza jurídica del amparo constitucional, estaría permitiendo un carácter indefinido a los conflictos jurídicos que se discuten por esa vía, lo cual de manera palmaria no sólo atenta contra los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada sino que además también ocasiona un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos fundamentales, frente a los cuales, la tutela está llamada a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. || El ocho (8) de julio de 2009, el señor Roberto Horacio Torres Serrano, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y la Caja de Crédito Agrario en Liquidación, por los hechos que a continuación son resumidos: || El señor Torres Serrano, el 13 de abril de 2005, impetró acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, entre otros, al negarle dichas autoridades judiciales la indexación de la primera mesada pensional.] - [Palabras claves: tutela, sala, corte, bogotá, primera, tribunal, mediante, revisión, acción, superior, constitucional, judicial, distrito, proceso, circuito]

¿Las autoridades demandadas vulneraron el derecho al debido proceso administrativo del actor, al excluirlo de la lista de elegibles para ocupar una de las vacantes de Magistrado de Tribunal Superior Militar? Improcedente. Ausencia del requisito de subsidiariedad. Inexistencia de un perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: El 5 de junio de 2009, el señor Coronel Germán Contreras Meléndez formuló, a través de apoderado, acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y el Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar, por una presunta violación de su derecho constitucional fundamental al debido proceso administrativo, en la que considera incurrieron las entidades demandadas, al excluirlo del proceso de construcción de referentes de calidad por medio del cual se elaboraría la lista de elegibles presentada ante el Presidente de la República, para efectos de proveer 5 cargos actualmente vacantes, correspondientes a los de Magistrado del Tribunal Superior Militar. || Manifiesta el actor, a través de su apoderado, que la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, a través de oficio No. 76824 MDMDEJPM-GAP de 3 de octubre de 2008, solicitó a todas las Fuerzas (Ejército, Armada, Polícía y Fuerza Aérea) y al Comando General de las Fuerzas Militares, presentar la lista de los candidatos para participar en el proceso de construcción de referentes de calidad, a fin de configurar una lista de elegibles que sería enviada al Presidente de la República con el propósito de proveer las vacantes existentes relacionadas con el cargo de Magistrado del Tribunal Superior Militar.] - [Palabras claves: militar, penal, proceso, tribunal, justicia, calidad, derecho, superior, tutela, acción, magistrado, general, cargos, actor]

¿Las Corporaciones demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la favorabilidad del actor, al proferir un auto mediante el cual decidió no dar trámite a un recurso de reposición interpuesto contra una providencia en la que se inadmitió una demanda de casación. Improcedente. No puede acudirse al amparo pretendiendo que en sede de tutela se cambien los procedimientos establecidos, pues ello comportaría quebrantar abierta y gravemente el debido proceso. Tampoco puede emplearse para suplir el diligente empleo de los mecanismos idóneos de defensa, establecidos al interior del proceso respectivo. Improcedencia de recurso alguno contra el auto que inadmite la casación, en los procedimientos adelantados bajo la Ley 600 de 2000 - [Resumen automatizado: Así, indicó que en el presente evento el demandante realizó un desmedido ejercicio de la acción, por ende “la Sala se aparta diametralmente de la postura asumida por el Seccional de instancia, pues la acción de tutela no supera el test de procedencia y ante tal situación procesal mal puede- el juez constitucional entrar a realizar consideraciones sustantivas frente a los derechos alegados, pues está claro en el presente caso- que lo pretendido por el actor es alegar la violación de un derecho fundamental, cuando el mismo no fue diligente en el uso de los medios judiciales de defensa que el sistema jurídico le ofrece al efecto, toda vez que le fue inadmitida la demanda de casación por defectos formales y es ante esta situación que aboga por la procedencia de un recurso de reposición contra dicha decisión, dando una particular- interpretación a las normas procesales que regulan la materia, cuando lo que está demostrado es el ejercicio inapropiado de los medios de defensa a ejercer en debida forma al interior del proceso penal”.] - [Palabras claves: recurso, sala, casación, proceso, tutela, auto, penal, demanda, corte, ley, derechos, decisión, acción]

¿El ICFES vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso del actor, al excluirlo del listado oficial que relacionó los 50 mejores bachilleres del país durante 2008 y al aplicar la Resolución 489 de 2008? Concedida. Daño consumado. A efectos de proteger los efectos morales del reconocimiento, se ordena al ICFES que proceda a incluir al estudiante en el listado oficial que lo acredita como uno de los 50 bachilleres que obtuvieron el mejor puntaje, en las pruebas de estado correspondientes a 2008 - [Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || Mediante providencia dictada en junio 10 de 2009, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá concedió el amparo solicitado, al estimar vulnerado en este caso el debido proceso, pues conforme señala el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos “de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto” (f. || Segundo: ORDENAR al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces y si hubiere actuado en contrario, proceda a incluir nuevamente a Sebastián Federico Brunal Milanés en el listado oficial que lo acredita como uno de los 50 bachilleres que obtuvieron el mejor puntaje, en las pruebas de estado correspondientes a 2008.] - [Palabras claves: tutela, mejores, acto, superior, administrativo, bogotá, efectos, acción, sala, civil, listado, dentro, frente, actor, corte, incluir]

¿Desconoce un juez el derecho al debido proceso de una entidad territorial, al haber tomado una decisión con base en una interpretación de las normas legales aplicables que, se alega, desconoce el orden constitucional vigente e impacta negativamente el goce efectivo de otros derechos fundamentales como la autonomía territorial y el derecho a la salud? Negada. Un juez de la República no viola el derecho al debido proceso de una persona cuando, prima facie, su lectura de las normas jurídicas aplicables, o no aplicables, se encuentra dentro del margen de interpretación razonable. La acción de tutela no procede contra una sentencia a la cual se acusa de haber violado el derecho al debido proceso, por no haber aplicado una norma legal que debía aplicarse, cuando el accionante no solicitó dentro del proceso a la autoridad judicial acusada que aplicara la norma en cuestión, habiendo tenido la oportunidad procesal para hacerlo y la carga de solicitarlo - [Resumen automatizado: Luego la norma contenida en el artículo de la nueva ley del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se erige en una nueva posibilidad de creación de Empresas Sociales del Estado por parte de los entes municipales y, por lo mismo, no deja sin efectos la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, prohibición que por demás es contundente, que no ha sido objeto de declaratoria de inexequibilidad alguna por parte de la Corte Constitucional, que no ha sido materia de derogatoria expresa por parte de la Ley 1122 de 2007, ni resulta contraria a ésta como pudo analizarse, y que constituye la disposición de orden 'legal' que la Constitución ha señalado como el instrumento idóneo para la distribución de las competencias en materia de servicios público de salud entre la Nación y las distintas entidades territoriales."] - [Palabras claves: salud, servicios, tutela, sentencia, ley, tribunal, proceso, prestación, acción, derecho, corte, dentro, sala, administrativo, servicio]

¿La Inspección de Policía vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción de la actora, e incurrió en una vía de hecho, al no acceder a las pruebas solicitadas y a la oposición presentada como poseedora dentro de la diligencia de lanzamiento que se llevó a cabo? Improcedente. Ausencia del requisito de subsidiariedad. El artículo 338 del Código de Procedimiento Civil brinda la posibilidad de ejercer el recurso de apelación en el mismo auto que rechaza la oposición. La acción de tutela no ha sido diseñada para corregir la falta de cuidado de los litigantes al interior de los procesos judiciales, ni para reemplazar los medios judiciales de defensa ordinarios - [Resumen automatizado: El Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de Itagüí, mediante sentencia proferida el 8 de septiembre de 2009, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados por la actora, por cuanto el inspector actuó dentro del marco de la legalidad y la actora tenía a su alcance otras vías judiciales que omitió, guardando silencio frente a los recursos que podía ejercer ante el juzgado de conocimiento antes de decretarse la diligencia de entrega del inmueble. || De acuerdo a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Inspección de Policía Primera Urbana de Itagüí vulneró los derechos fundamentales al derecho al debido proceso, de defensa y de contradicción de la señora Fanny Cifuentes Ospina, e incurrió en una vía de hecho que haga procedente la acción de tutela, al no acceder a las pruebas solicitadas y a la oposición presentada como poseedora dentro de la diligencia de lanzamiento que se llevó a cabo por comisión conferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí, ante el cual cursa el proceso de restitución de inmueble arrendado.] - [Palabras claves: tutela, acción, diligencia, derechos, judiciales, fundamentales, lanzamiento, juez, proceso, inmueble, constitucional, decisión]

¿La Superintendencia de Sociedades vulneró los derechos constitucionales a la propiedad, la igualdad, el debido proceso y la vivienda digna de la actora, al proferir auto de graduación y calificación de créditos en el proceso de liquidación forzosa de la constructora y rechazar su crédito por considerar que no fue posible establecer la cuantía de la obligación reclamada? Improcedente. La jurisprudencia constitucional ha establecido que existen materias que, por haber sido ampliamente configuradas por el legislador no resultan discutibles, en principio, ante el juez de tutela, como sucede con los conflictos de carácter económico. Si se considera aisladamente el derecho a la propiedad, su protección no es viable por vía de tutela, salvo que se demuestre que en el auto controvertido se incurrió en violación al debido proceso. La protección del derecho a la igualdad es imperativa para el juez de tutela, siempre que ella no esté prevista por las normas que rigen los distintos procedimientos, o que el derecho - principio sea limitado o afectado por las distintas autoridades públicas. Ausencia del principio de inmediatez - [Resumen automatizado: De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, determinar si la Superintendencia de Sociedades, Intendencia Regional de Cali, al proferir auto de graduación y calificación de créditos en el proceso de liquidación forzosa de Construcciones Guaymaral Ltda., vulneró los derechos constitucionales a la propiedad, la igualdad, el debido proceso y la vivienda digna de la señora Senide López Orozco, al rechazar su crédito por considerar que no fue posible establecer la cuantía de la obligación reclamada, a partir de las pruebas aportadas por la accionante al trámite concursal. || Es posible, entonces, encontrar una estructura decisional armónica en los fallos de la Corte, así: cuando solo se discuta la protección al derecho a la propiedad, esta deberá adelantarse por las vías legales, ante el juez de conocimiento del caso, que es precisamente la Superintendencia de Sociedades; de igual forma, la tutela no procede, en general, para discutir la interpretación de las normas que rigen el concurso, o cuando se pretende hacer valer extemporáneamente un crédito en el trámite concursal, aún tratándose de créditos originados en relaciones laborales, pues la ley prevé el momento en el que deben presentarse derechos sujetos al resultado de un litigio, así que si el peticionario no se presenta en tiempo, los principios de subsidiariedad en la acción de tutela, y la prohibición de beneficiarse de la propia negligencia truncan la prosperidad de la tutela.] - [Palabras claves: derechos, tutela, juez, proceso, constitucional, igualdad, superintendencia, derecho, corte, liquidación, sala, acción, parte]

¿Es procedente la acción de tutela, para atacar el fallo de tutela mediante el cual se declaró que no existía vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y la contradicción del actor por parte del Juzgado Administrativo, al negar el incidente de nulidad interpuesto por éste, contra el edicto que notificó la sentencia de primera instancia, por haber sido identificado con un código único de radicación diferente al que se llevaba, y en consecuencia no haber tenido la oportunidad de interponer los correspondientes recursos? Negada. Reiteración de jurisprudencia. Improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela. Vía de hecho - [Resumen automatizado: Agrega que impugnado el fallo de tutela de primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de agosto 14 de 2008, declaró improcedente la acción interpuesta, simplemente por considerar que no procede contra decisiones judiciales, sin haber analizado de fondo los argumentos presentados ni revisado el caso concreto. || El demandante solicita se conceda el amparo de los derechos constitucionales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado declarar la nulidad de la notificación por edicto de la sentencia de primera instancia del Juzgado 26 Administrativo de Bogotá, procediendo a (i) revocar la decisión de éste que en proceso 2002-11491 negó el incidente de nulidad y (ii) ordenar que dicho juzgado realice nuevamente el trámite de notificación del fallo para la presentación de los recursos a que haya lugar.] - [Palabras claves: tutela, corte, acción, sentencia, derechos, administrativo, proceso, decisión, constitucional, fallo, consejo, revisión, nulidad, derecho]

¿Las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia del actor, al incurrir en una vía de hecho en el trámite de una acción popular interpuesta por él contra un banco, con el fin de que adecuara las obras para facilitar el acceso de los discapacitados al lugar? Improcedente. Requisito de subsidiariedad. Defectos por desconocimiento del precedente e interpretación inadecuada. La acción de tutela no es una instancia para subsanar los yerros producto de la falta de diligencia en el proceso contencioso administrativo - [Resumen automatizado: Un error en la interpretación podría conducir a la materialización de una causal especial de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en las siguientes hipótesis: i) la contradicción de la Constitución Política, los principios superiores y el bloque de constitucionalidad; ii) la contradicción de un criterio hermenéutico establecido por esta Corporación; iii) el desconocimiento injustificado de un precedente establecido por este Tribunal o un órgano judicial superior; iv) que el sentido fijado por el 'juez natural' resulte caprichoso sin fundamento jurídico adecuado o suficiente- o arbitrario carente de justificación-; y v) que la interpretación fijada desconozca el derecho a la igualdad porque se adopten decisiones dispares frente a casos similares. || Néstor Gregory Díaz Rodríguez demanda la protección de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados con las actuaciones surtidas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Quinto Civil de Circuito de Manizales en el trámite de una acción popular, con base en los hechos que a continuación se exponen:] - [Palabras claves: tutela, manizales, acción, interpretación, sala, juez, judicial, derechos, defecto, sentencia, civil, cuaderno, popular]

¿Puede hablarse de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra las decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato por el supuesto desconocimiento de una sentencia de tutela en firme, por parte del mismo juez que la profirió? Concedida. En principio, la acción de tutela no procede para atacar las decisiones proferidas durante el trámite incidental de desacato a órdenes dadas por el juez de tutela. Sin embargo, procede de manera excepcional, cuando se reúnan los requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en cuyo caso, el juez no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior. La única autoridad judicial que puede modificar una decisión de tutela que se encuentra en firme es la Corte Constitucional cuando decide seleccionar un expediente para surtir el trámite de revisión. De lo contrario, esto es, en caso de que la tutela no sea seleccionada, ésta adquiere el carácter de cosa juzgada y ninguna autoridad podría modificarla, ni siquiera el juez de instancia que la profirió - [Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente || Ante la falta de respuesta del Seguro Social, el señor Rafael José Arango Restrepo interpuso acción de tutela y solicitó que “conforme la Ley 33 de 1985 como norma anterior aplicable en virtud al régimen de transición (…), se ordene al ISS para que de manera inmediata se me incluya en nómina y se me comience a pagar mi derecho pensional en cuantía igual al 75% del último salario promedio mensual el cual fue certificado por las Empresas Públicas de Medellín”. || En el presente caso, corresponde a la sala determinar: si podría hablarse de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra las decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato por el supuesto desconocimiento de una sentencia de tutela en firme, por parte del mismo juez que la profirió.] - [Palabras claves: tutela, acción, constitucional, corte, decisión, derechos, cosa, sentencia, juez, desacato, juzgada, recurso]

¿Se vulnera los derechos fundamentales de la actora, cuando una autoridad administrativa adjudicó la venta del bien inmueble que ocupaba como arrendataria, a un oferente distinto, cuya oferta fue presentada dada la ampliación del plazo inicialmente previsto en la reglamentación interna, al interpretar el artículo 70 del Código Civil? ¿Una autoridad administrativa al interpretar la normatividad que regula un asunto concreto en materia civil, incurre en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la actora? Autonomía interpretativa de las autoridades administrativas. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos. La interpretación se efectúo dentro del ámbito de la autonomía interpretativa de que gozaba como autoridad administrativa y por tanto no puede ser reprochada constitucionalmente, en tanto que no plantea un problema de trascendencia constitucional, ni vulneran principios ni valores constitucionales, ya que son el resultado de un análisis razonado y jurídicamente admisible. - [Resumen automatizado: 2.- Señala la demandante que, en diciembre de 2006 la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió vender el bien inmueble, así como otros que se encuentran en la misma situación, por medio del mecanismo de la enajenación directa regulado en el “Instructivo que debe seguir la Dirección Nacional de Estupefacientes para la enajenación y administración de activos y demás que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen Organizado (FRISCO)”, el cual dispone que una vez recibida y publicada la primera oferta para la compra del bien inmueble, se da inicio a un término de diez (10) días calendario para que el público en general presente sus propuestas. || En primer lugar, alega que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso por no aplicar al caso las normas que regulan la adjudicación de bienes objeto de extinción de dominio, pues como se explicó en los hechos narrados, la entidad demandada amplió el plazo para la postulación de ofertas, “para permitir que personas que no se habían presentado al procedimiento en los tiempos establecidos, hicieran unas ofertas extemporáneas, una de las cuales, como se relató, resultó beneficiada con la adjudicación del inmueble.” Por ello, considera que la Dirección Nacional de Estupefacientes desconoció el principio de legalidad de las actuaciones administrativas de carácter precontractual y contractual.] - [Palabras claves: días, dirección, día, estupefacientes, nacional, oferta, término, derechos, inmueble, bienes, plazo]

¿Es procedente dejar sin efecto, a través de tutela, la sentencia del Consejo de Estado que decidió anular la totalidad de los votos de una mesa de votación, por considerar el actor que la Registraduría Nacional informó erróneamente un caso de suplantación electoral y como consecuencia no se tuvieron en cuenta votos que hubieran alcanzado para obtener una curul en el Senado? Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando no se han ejercido o agotado los medios ordinarios de defensa. El derecho a elegir y ser elegido. El carácter público del proceso electoral para el control de los actos de elección. Los derechos a la honra y al buen nombre y su relación con el hábeas data. Negada - [Resumen automatizado: 1.1.9