Se promueve acción de tutela donde el actor manifestó que por el Municipio de Güepsa pasa la línea principal de gas natural, que se encuentra a cargo de la empresa TGI S.A., la cual quiere ampliar la servidumbre en la que se ubica el tubo que conduce el gas, que afectaría a la ciudadanía en general y la propiedad de su familia y, por ende, su vida, por cuanto está cerca del casco urbano del Municipio y de su residencia. En relación con los hechos relacionados con la presunta vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del Municipio de Güepsa, por la presencia y circulación de la línea principal de gas natural cerca al casco urbano, la Sala le pone de presente al actor que, pese a que la acción popular 2019-0177-00 fue rechazada por el Juzgado por no agotar el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 144 del CPACA, puede acercarse nuevamente a la Jurisdicción para reclamar la protección de los derechos colectivos que estime vulnerados, pero esta vez con el lleno de los requisitos exigidos y en la Ley 472, pues este es el mecanismo de defensa judicial idóneo para ventilar dicho asunto

¿Se vulneró a la accionante el derecho fundamental al debido proceso al no notificarle la decisión de archivo de las diligencias de investigación adelantadas en contra del Patrullero quien perpetró actos sexuales abusivos en su contra? Los hechos denunciados por la accionante constituyen una clara violación a los derechos humanos y, además son constitutivos de violencia de género, cuya comisión deviene en una falta disciplinaria, la entidad demandada debió darle la calidad de sujeto procesal, y por ende, le asisten los derechos de que goza tal reconocimiento, pues de admitir lo contrario, se le estaría vulnerando abiertamente el derecho al debido proceso, como en efecto ocurrió

Inmediatez en acciones de tutela contra providencias que involucran prestaciones periódicas - Siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta

¿Debe demostrarse el requisito de inmediatez en la tutela contra sentencias y qué término resulta razonable para interponer la tutela? Sí, debe demostrarse el requisito de inmediatez. El término razonable se ha dicho es de cuatro meses. Se ha reiterado el carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que el estudio del requisito de inmediatez (…) debe ser más estricto atendiendo la necesidad de conciliación que debe hacerse entre los derechos fundamentales y los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, los cuales pueden verse comprometidos si esta práctica se torna generalizada. Por lo anterior esta Sala ha concluido en casos similares que el requisito analizado debe reflejarse en un término que, en principio, debe ser el mismo con que se cuenta para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; y que desde luego puede ser mayor, dependiendo de cada caso en concreto y de sus circunstancias específicas. Lo anterior, ha sido reiterado por la Sala en sentencias de 6 y 27 de marzo de 2014, explicando que el término de los cuatro (4) meses resulta razonable, toda vez que: los mayores requisitos técnicos-jurídicos y de forma que impone la ley a quien acude al Juez Contencioso para presentar una reclamación de esta índole (de nulidad y restablecimiento del derecho), sin que ello obste para que se trate de un plazo razonable y suficiente para hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, sumado al hecho de tratarse de una solicitud de amparo frente a una providencia judicial, lo cual supone la preexistencia de una relación jurídico-procesal y unas cargas especiales de vigilancia y fiscalización del proceso que se deben atender, ofrecen a la Sala un fundamento adecuado para sustentar esta exigencia

¿Es importante para el Consejo de Estado estudiar la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? - No, para la sección resulta irrelevante estudiar como causal propia y autónoma de procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales, la relevancia constitucional a la que se refiere la jurisprudencia referente porque ésta tiene su propia justificación y dinámica en el estudio que realiza la Corte Constitucional para efectos de seleccionar o no para revision un determinado fallo de tutela, mientras que la sección, estudia en armonía con los demás elementos generales y particulares de procedibilidad, dentro del marco de la sentencia c-590-05, en ejercicio de su funciones de juez constitucional de instancia, la eventual violacion de un derecho fundamental y su consecuente amparo que es su propia relevancia o importancia constitucional

¿Puede exigir el juez la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una demanda en asuntos aduaneros? - No, se vislumbra la vulneración al derecho fundamental de la actora al exigirle un requisito que no le era dable solicitar al juez ordinario. Al ser el objeto de la conciliación una suma de aranceles, la Sala concluye, que el asunto bajo estudio no es de aquellos que sea conciliable por tratarse de un asunto tributario, y por tanto, no le era dable al juez de primera instancia exigir el cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. En consecuencia el rechazo de la demanda interpuesta contra una resolución expedida por la DIAN, no cuente con sustento legal, es más, resulte abiertamente contrario a las disposiciones contenidas en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991

¿No descontar los días de paro judicial al momento de realizar el cálculo de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, constituye violación al acceso al derecho de acceso a la administración de justicia? ¿Vulneró del derecho de acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal al haber rechazado el recurso de reposición interpuesto por la actora, contra la providencia que rechazó su demanda con sustento en la configuración de la caducidad, al no dar prevalencia al derecho sustancial y interpretar el recurso como recurso ordinario de súplica?