¿Se configura violación al debido proceso y al libre desarrollo de la personalidad jurídica cuando la Registraduría General de la Nación realiza cancelación de cédulas? - Sí, para la entidad la persona implicada en el proceso administrativo de cancelación de cédulas de ciudadanía, sin perjuicio de la oportunidad posterior contenida en el artículo 74 del Código Electoral de impugnar la decisión, debe contar con la posibilidad procesal de intervenir previa a la decisión de cancelación de la cédula de ciudadanía, con miras a evitar errores que conduzcan a conculcar el derecho a la personalidad jurídica del implicado. Esta oportunidad debe otorgarse pese a no encontrarse prevista en la normatividad que trata el procedimiento oficioso de cancelación de cédulas de ciudadanía, pues esa "laguna normativa", sinónimo de "silencio legislativo", no puede interpretarse en el sentido inconstitucional, de suponer que la persona implicada debe asumir primero el riesgo de que sean violentados sus derechos fundamentales, antes de contar con la posibilidad de ser escuchado en el proceso - DESARROLLO JURISPRUDENCIAL

¿Procede la acción de tutela como mecanismo para que un ente territorial controvierta acciones relacionadas con el presupuesto? -No, la acción de tutela no es procedente para procurar el efectivo giro de unos rubros con cargo al Presupuesto Nacional, pues dicha situación puede ser requerida mediante los procedimientos propios que ha estipulado la misma Administración para tal finalidad y el Estatuto Orgánico del Presupuesto. No es la acción de tutela un mecanismo pertinente para discutir o controvertir actuaciones propias de la Administración concernientes a temas relacionados con el Presupuesto Nacional, pues se perdería la esencia natural de este mecanismo constitucional, el cual es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos efectivamente vulnerados, situación que en ningún momento se vislumbra en el caso de marras… Es evidente que la acción de tutela sería procedente, si eventualmente se hubiese demostrado dentro del proceso que los recursos reclamados estuviesen legalmente comprometidos y destinados a la satisfacción de necesidades claramente determinables y que frente a la ausencia de dichos dineros se hubiese presentado una conculcación visible e identificable de los derechos fundamentales de parte de los habitantes del municipio demandante