Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. En relación con la procedencia de las solicitudes de amparo en las que se pretenda controvertir un acto administrativo, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el juez debe tener en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció también el medio de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismos de control de las decisiones de las autoridades estatales. Por tanto, en el evento en que un sujeto considere que hay una afectación de un derecho subjetivo por causa de un acto administrativo, este cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa y promover la nulidad de la decisión y, adicionalmente, también puede solicitar el restablecimiento de la garantía vulnerada. Bajo ese orden, se podría afirmar que la tutela en estos casos es improcedente, al existir otros mecanismos judiciales para conjurar la vulneración. En consecuencia, este Tribunal advierte que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para controvertir actos administrativos en vista de que en el ordenamiento jurídico existen mecanismos judiciales ordinarios para discutir las actuaciones de las autoridades administrativas; dichas decisiones se presumen legales; y, además, se cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, mediante las cuales se pueden adoptar los correctivos necesarios para salvaguardar los derechos vulnerados mientras se decide el proceso de manera definitiva - [Resumen automatizado: En la revisión del fallo proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de septiembre de 2018, que confirmó el dictado por el Juzgado 6º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el 2 de agosto de 2018, en el trámite de la acción de tutela promovido por Ramiro Vásquez de Moya, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte Aéreo -Sinditra-, subdirectiva Barranquilla, contra el Ministerio del Trabajo. || Ramiro Vásquez de Moya, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte Aéreo -Sinditra-, subdirectiva Barranquilla, presentó acción de tutela contra el Ministerio del Trabajo con el objeto de que fueran protegidos los derechos fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva del sindicato que representa, los cuales estima vulnerados por la entidad demandada, al decidir archivar la solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento para dar solución a un conflicto colectivo, a pesar de que ya se había procedido a convocarlo.] - [Palabras claves: tutela, acción, derechos, en, tribunal, decisión, solicitud, derecho, empresa, trabajadores, trabajo, debe, juez, respecto, mecanismos, fundamentales, ministerio]

¿Es procedente la acción de tutela para subsanar los recursos dejados de ejercer o controvertir un acto administrativo? Es improcedente la acción de tutela para subsanar los recursos dejados de ejercer reposición y en subsidio apelación o controvertir un acto administrativo sin que previamente se haya empleado el medio judicial idóneo acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Máxime cuando el accionante no se encuentra frente a un perjuicio irremediable o pertenece a un grupo de especial protección. La acción de tutela es improcedente cuando existe un medio judicial de defensa idóneo y eficaz, que no ha sido ejercido por el tutelante. Y en virtud del carácter excepcional y residual de esta acción constitucional se imposibilita su ejercicio como un mecanismo paralelo, alterno o complementario a los medios ordinarios consagrados en el ordenamiento jurídico - [Resumen automatizado: El Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa en su intervención[4] solicitó negar la acción de amparo por improcedente, en la medida que se busca controvertir mediante el recurso constitucional un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, pues la Resolución No. 9074 de 2012 quedó ejecutoriada sin que fuera apelada o demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || El juez de instancia negó la demanda por improcedente al considerar que la accionante persigue atacar una decisión administrativa a través de la acción de tutela, sin que se haya acudido primero a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Mediante Resolución No. 9074 del 21 de diciembre de 2012 el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa negó el reconocimiento de la pensión por muerte a la tutelante, y la demanda de tutela fue interpuesta el 30 de mayo de 2013. || CONFIRMAR la sentencia proferida en única instancia por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Armenia, Quindío, del 13 de junio de 2013 que DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Rosa Laura Ruíz Martínez contra el Ministerio de Defensa Nacional y otros, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.] - [Palabras claves: tutela, acción, demanda, no, ministerio, defensa, administrativo, jurisdicción, nacional, derecho, cuaderno, acto, corte, instancia, sala, reconocimiento]

La acción de tutela es improcedente para controvertir los actos administrativos, sean ellos de carácter general, impersonal o abstracto o de carácter particular, al existir otros mecanismos de defensa judicial idóneos, como lo son las acciones contenciosas, a menos que se demuestre que la aplicación de dichos actos generan la vulneración de derechos fundamentales y se esté ante la existencia o amenaza de un perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: Que como consecuencia de ello, se inició en el año 2003 un proceso de acción popular ante el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, por la presunta amenaza y vulneración de los derechos colectivos al equilibrio ecológico, y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales que garanticen el desarrollo sostenible, en razón de la construcción de viviendas en las inmediaciones del Parque Natural Distrital Dumbira, en el corregimiento de Taganga, sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. || En el caso sub examine, la acción de tutela se dirige contra el Acuerdo 005 de 2000 por el cual el Concejo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta expidió el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta “Jate Matuna” que estableció los usos del suelo, las áreas de protección ambiental y creó y delimitó el Parque Dumbira[18]; el Decreto 392 de 2010 mediante el cual el Alcalde de la ciudad de Santa Marta, en cumplimiento del fallo de acción popular, decretó el statu quo de las nuevas construcciones que se desarrollaren en el corregimiento de Taganga y la Resolución de agosto 14 de 2006, que ordenó la restitución de un bien de uso público a la Asociación de Pescadores de Taganga como consecuencia de la construcción de un kiosco en la playa.] - [Palabras claves: acción, santa, tutela, marta, derechos, protección, perjuicio, actos, defensa, fundamentales, acciones, público, distrito, accionantes, general]

¿Procede la acción de tutela contra actos administrativos? La acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos presuntamente amenazados o vulnerados como consecuencia de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen mecanismos ordinarios de defensa, a menos que estos resulten ineficaces o se esté ante la posibilidad de un perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: Así las cosas esta entidad procederá a declarar que en el presente caso se produjo el fenómeno jurídico del decaimiento de la resolución no: 55190 del 26 de noviembre de 2007 por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales (Caldas) de fecha 22 de febrero de 2007, esto como consecuencia de la desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a dicho acto administrativo al haber sido decretada la nulidad del fallo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales (Caldas).” || Mediante escrito del 9 de mayo de 2012, CAJANAL impugnó la decisión de primera instancia, de mayo de 2012, al considerar que la acción de tutela no procede para dejar sin efectos la resolución UGM 32017 de febrero 9 de 2012, por existir mecanismos de defensa ordinarios, ser competencia del juez natural de la causa y por cuanto no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la participación del juez constitucional.] - [Palabras claves: tutela, manizales, juzgado, acción, circuito, derechos, penal, defensa, sala, proceso, fundamentales, fallo, noviembre]

la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía vulneró el derecho al debido proceso, al bloquear el código SICOM correspondiente a la Distribuidora XXX, sin previo tramite administrativo, impidiendo de está forma el ejercicio de la actividad comercial para la cual se constituyó la sociedad. Para la Sala la presente acción de tutela resulta procedente, debido a que con el bloqueo del código SICOM no se ha generado un acto administrativo motivado que permita acudir al accionante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de controvertir la decisión de la administración y hacer valer sus derechos. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones administrativas. Derecho al debido proceso administrativo. Normatividad que regula el Código SICOM - [Resumen automatizado: Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvieron la acción de tutela promovida por Luís Eduardo Díaz Barragán, representante legal de la Distribuidora de Combustibles Luriger Ltda, contra el Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Hidrocarburos. || El 18 de Junio de 2010, el señor Luís Eduardo Díaz Barragán[1] en calidad de propietario y representante legal de la Distribuidora de Combustibles Luriger Ltda., interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía[2], Dirección de Hidrocarburos, aduciendo la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, atendiendo los siguientes hechos: || Sin embargo, a folios 87 a 98 del cuaderno 2 (ver cuadro 1), se observa que la sociedad Luriger San Blas realizó compras de combustible (corriente y biodiesel) sin ninguna clase de problema, entre enero de 2010 y febrero de 2011, razón por la cual la estación de servicios que representa el peticionario, operó durante este periodo sin que el código SICOM se encontrara bloqueado.] - [Palabras claves: ministerio, proceso, dirección, combustibles, código, debido, administrativo, derecho, información, san, tutela, legal, agentes]

¿Es la tutela el mecanismo idóneo para controvertir la medida sanitaria de seguridad adoptada por el INVIMA y determinar si con ella la entidad incurrió en la vulneración de los derechos al debido proceso, la propiedad, la salud, vida digna, el trabajo y el mínimo vital, generando así un perjuicio irremediable?. Improcedente. Subsidiariedad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia - [Resumen automatizado: Para desvirtuar la vulneración de los derechos reclamados, manifestó que (i) las actuaciones administrativas se ajustaron a las disposiciones sanitarias aplicables y al código contencioso administrativo; (ii) la medida sanitaria de seguridad no ha podido definirse por haberse impedido la realización de la diligencia en las visitas de diciembre 14 y 21 de 2009 y febrero 19 de 2010; (iii) la empresa rompió el principio de buena fe, al inducir en error a la entidad en el procedimiento de importación, que es inmediato a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE; (iv) el acto administrativo que resolvió la solicitud de revocatoria de la medida de seguridad dio respuesta conforme a los ordenamientos legales, razón por la cual no se causó agravio injustificado; (v) los registros de importación no impiden a INVIMA el ejercicio de sus facultades otorgadas por la ley y los reglamentos; (vi) el derecho a la propiedad no es susceptible de protección tutelar cuando prima el interés general sobre el particular al haber actuado la entidad “en representación del pueblo colombiano en protección directa de la salud”; (vii) la decisión adoptada, contrario a afectar el mínimo vital de quienes laboran en la empresa, protege la salud y la vida de las personas necesitadas de injertos óseos, desconociéndose su trazabilidad y calidad, que ordena el artículo 39 del Decreto 2493 de 2004, desatendido por la actora; y (viii) la medida sanitaria de seguridad “no es una situación irreparable ni constituye una inminente destrucción grave de un bien jurídicamente protegido”, menos cuando la empresa ha impedido el ingreso a las instalaciones para proceder a su definición.] - [Palabras claves: medida, sala, empresa, importación, tutela, acción, sas, perjuicio, sanitaria, derechos, decreto, salud]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para demandar la legalidad de un acto administrativo como lo es un Decreto Departamental, al haber sido el responsable de la vulneración de derechos fundamentales de una empleada al no haberle ni reconocido ni pagado, a causa de la supresión de su cargo de carrera administrativa, la indemnización estipulada en él?. Negada. La existencia de otro mecanismo de defensa judicial para reclamar la defensa de los derechos. Inexistencia de un perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: El 16 de marzo de 2010, la señora María Antonia Arévalo Sierra acudió a la acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, presuntamente transgredidos por la Fiduciaria La Previsora S.A., al negarse a reconocer a su favor, una indemnización como consecuencia de la supresión del cargo de carrera administrativa que, desde hace más de 28 años, ocupaba en provisionalidad en la E.S.E. San Juan de Dios de Zipaquirá -en liquidación-. || Una vez delimitados en el acápite de antecedentes los elementos de juicio que reúnen los hechos materiales del caso, la problemática de índole jurídica por resolver, en sede de revisión, se contrae a la necesidad de determinar si, efectivamente, la Fiduciaria La Previsora S.A. quebrantó los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital de la señora María Antonia Arévalo Sierra, al no haber reconocido ni pagado la indemnización consagrada en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, a causa de la supresión del cargo de carrera administrativa que, desde hace más de 28 años, ocupaba en provisionalidad en la E.S.E. San Juan de Dios de Zipaquirá -en liquidación-.] - [Palabras claves: indemnización, carrera, entidad, derechos, tutela, acción, mecanismo, supresión, derecho, administrativa, cargo, perjuicio, san, defensa, constitucional]

¿La Secretaría Distrital de Ambiente vulneró los derechos fundamentales a la efectividad de los derechos, de petición, al debido proceso, a interponer acciones públicas y al acceso a la administración de justicia, con la omisión de publicar una Resolución en el Registro Distrital? Negada. Cuando un supuesto afectado con un acto administrativo tiene a su alcance otro medio de defensa judicial, la acción de tutela se torna improcedente, salvo que esté probado que hay un perjuicio irremediable y se demuestre que ese otro medio de defensa judicial no es suficiente para impedir que tal hecho ocurra. Decisión administrativa de carácter general y abstracto - [Resumen automatizado: Para esta Sala de Revisión no existe la menor duda sobre la improcedencia de la acción de tutela en el presente caso, dado que en ella se plantea una discusión que debe ser resuelta por el juez administrativo y no por el juez constitucional, pues la inconformidad del demandante se refiere a una decisión administrativa de carácter general y abstracto, proferida por la Secretaria de Ambiente de Bogotá. || Con fundamento en lo expuesto, el Despacho Judicial considera que la Resolución 0927 de 2008 se encuentra vigente, así como los pronunciamientos que la modifican, en razón a que si bien no se publicaron en el Registro Distrital, conforme al Acuerdo 03 de 1987, sus puntos más importantes fueron publicados en un diario de amplia circulación del lugar de competencia de la autoridad respectiva, diario “El Espectador” del 12 de mayo de 2008, conforme lo ordena el Art. 43 del C.C.A. que establece: “Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto (..)”. || Con tal propósito, la Sala se referirá a: i) la jurisprudencia que existe sobre los derechos fundamentales de las personas jurídicas, ii) la procedencia de acciones de tutela cuando existe otro medio de defensa judicial, iii) los requisitos exigidos para que sea procedente el amparo constitucional frente un acto administrativo de carácter general, iv) para luego entrar a analizar el caso concreto.] - [Palabras claves: tutela, publicación, derechos, actos, acto, derecho, administrativos, acción, no, fundamentales, perjuicio, medio, defensa]

¿Una alcaldía, al expedir el Decreto 107 del 20 de diciembre de 2007, por medio del cual ordenó la restructuración de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP, vulneró los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y mínimo vital, de los accionantes? Improcedente. Procedibilidad excepcional de la acción tutela contra actos administrativos. - [Resumen automatizado: "El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión.] - [Palabras claves: tutela, protección, derechos, acción, derecho, corte, perjuicio, prestación, acto, situación, personas, mecanismo, fundamentales, especial, proceso, constitucional]

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de carácter general y abstracto. Los mensajes de información al público para garantía y restablecimiento de derechos de los menores deben ser mecanismos idóneos para dicho fin. Concedida. - [Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Manifiesta que el 30 de Abril de 2007 fue aprobado en el Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo 272, “Por medio del cual se crean los Muros de la Infamia”, cuyo objetivo es llevar al escarnio público las fotos, con su respectivo nombre, de aquellas personas involucradas con delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual de menores de edad. || En efecto, con el fin de protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños, este acto administrativo regula la difusión de información personal en la ciudad de Bogotá, a través de vallas, muros y volantes, de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales[17].] - [Palabras claves: derechos, bogotá, protección, acción, medida, acuerdo, menores, delitos, general, fundamentales, corte, tutela, sala, niños]

¿Se vulnera los derechos fundamentales de la actora, cuando una autoridad administrativa adjudicó la venta del bien inmueble que ocupaba como arrendataria, a un oferente distinto, cuya oferta fue presentada dada la ampliación del plazo inicialmente previsto en la reglamentación interna, al interpretar el artículo 70 del Código Civil? ¿Una autoridad administrativa al interpretar la normatividad que regula un asunto concreto en materia civil, incurre en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la actora? Autonomía interpretativa de las autoridades administrativas. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos. La interpretación se efectúo dentro del ámbito de la autonomía interpretativa de que gozaba como autoridad administrativa y por tanto no puede ser reprochada constitucionalmente, en tanto que no plantea un problema de trascendencia constitucional, ni vulneran principios ni valores constitucionales, ya que son el resultado de un análisis razonado y jurídicamente admisible. - [Resumen automatizado: 2.- Señala la demandante que, en diciembre de 2006 la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió vender el bien inmueble, así como otros que se encuentran en la misma situación, por medio del mecanismo de la enajenación directa regulado en el “Instructivo que debe seguir la Dirección Nacional de Estupefacientes para la enajenación y administración de activos y demás que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen Organizado (FRISCO)”, el cual dispone que una vez recibida y publicada la primera oferta para la compra del bien inmueble, se da inicio a un término de diez (10) días calendario para que el público en general presente sus propuestas. || En primer lugar, alega que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso por no aplicar al caso las normas que regulan la adjudicación de bienes objeto de extinción de dominio, pues como se explicó en los hechos narrados, la entidad demandada amplió el plazo para la postulación de ofertas, “para permitir que personas que no se habían presentado al procedimiento en los tiempos establecidos, hicieran unas ofertas extemporáneas, una de las cuales, como se relató, resultó beneficiada con la adjudicación del inmueble.” Por ello, considera que la Dirección Nacional de Estupefacientes desconoció el principio de legalidad de las actuaciones administrativas de carácter precontractual y contractual.] - [Palabras claves: días, dirección, día, estupefacientes, nacional, oferta, término, derechos, inmueble, bienes, plazo]

¿Es procedente la tutela para suspender los efectos de una resolución? Concedida. Tutela como mecanismo definitivo o transitorio para la protección de los derechos fundamentales. La tutela es procedente frente a actos administrativos de ejecución de una providencia judicial. - [Resumen automatizado: El Sr. Ortiz Calle, mediante apoderado judicial, impetra acción de tutela para solicitar la revocatoria de la Resolución No. 1083 de 2007, alega que este acto administrativo vulnera el derecho al debido proceso por dos razones, en primer lugar porque la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decretó la suspensión provisional de la Resolución 1543 de 1994 no está ejecutoriada pues fue apelada de manera oportuna y actualmente se está surtiendo el trámite de la segunda instancia ante el Consejo de Estado, considera por lo tanto que no se podía expedir un acto administrativo para dar cumplimiento a una decisión judicial que no está en firme. || Para dar cumplimiento al Auto de 22 de febrero de 2007 FONPRECON expidió la Resolución 1083 de 2007, mediante la cual redujo el monto de la mesada pensional del Sr. Ortiz Calle, quien a su vez impetró acción de tutela contra este último acto administrativo por estimar que vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, pues a su juicio la mentada resolución daba ejecución a una decisión judicial que no se encontraba ejecutoriada.] - [Palabras claves: acto, tutela, judicial, acción, administrativo, derecho, perjuicio, provisional, ejecución, protección, defensa, derechos]

¿La negativa de Metrovivienda de otorgamiento del subsidio familiar de vivienda solicitado por el actor -pensionado- vulneró su derecho a la vivienda digna? Negada. Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. Derecho a la vivienda digna y su conexidad con el derecho a la vida digna. Régimen normativo del subsidio demandado. - [Resumen automatizado: La Sala estima, que el amparo debe denegarse por cuanto para el caso concreto: i) el actor no demostró que por el hecho de vivir en arriendo, su vida digna o las de sus parientes se vean afectados; ii) se encuentra acreditado que el mismo no se sometió al trámite de postulación a través de los canales institucionales que las normas jurídicas contemplan para el efecto; iii) la sola circunstancia de vivir en arriendo no configura un perjuicio irremediable, ni otorga el derecho de que se le asigne un subsidio de vivienda sin ahorro previo, para acceder a la propiedad de un bien inmueble; iv) la presunta imposibilidad del actor para postularse a la Bolsa de Independientes ante las Cajas de Compensación, no se considera razón suficiente para la concesión del amparo constitucional. || Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla.] - [Palabras claves: vivienda, derecho, subsidio, condiciones, social, acción, tutela, constitucional, ley, actor, recursos, personas, debe]

¿Vulnera los derechos a la igualdad y al debido proceso de una persona jurídica, el decreto que convierte a los operadores de trunking en nuevos operadores de telefonía móvil sin exigirles los requisitos y obligaciones plasmadas en las normas que para el efecto expidio el gobierno nacional? Los perjuicios de carácter económico. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. La reglamentación para la conexión entre las redes trunking, pcs y tmc. Las personas jurídicas como sujetos de derechos fundamentales. La confianza legítima. La actuación administrativa y el perjuicio irremediable. Los actos de carácter general, impersonal y abstracto. Negada - [Resumen automatizado: En el caso concreto, se tiene que i.) la sociedad demandante no probó la existencia de un perjuicio cierto e inminente que afecte sus derechos fundamentales, comoquiera que el menoscabo alegado es de índole económica, cuya solución y reestablecimiento corresponde verificar al juez de la causa y no al constitucional; ii.) de contera, el calculó de dicho perjuicio lo realizó de una manera irreal, pues partió de la comparación de situaciones que no eran comparables, ellas son: los costos en que la sociedad actora ha incurrido en desarrollo del contrato de concesión No. 008 -para la prestación de servicios PCS- que firmó en el año 2003 con el Ministerio accionado frente a los eventuales costos de quienes se acojan a las disposiciones del Decreto 4239 de 2004, que regula el ejercicio del derecho a la interconexión, acceso y uso por parte de los operadores de trunking; iii.) que la incidencia del perjuicio en el equilibrio financiero del contrato solo se daría como consecuencia de favorecer a otros operadores con menoscabo directo de las cláusulas contractuales que imponen obligaciones directas al Ministerio, lo que en el momento actual tiene un carácter meramente eventual y iv.) como se indicó anteriormente, ese daño es reparable, si se verifica su ocurrencia, por el juez del contencioso contractual, habida cuenta de las características ya señaladas.] - [Palabras claves: tutela, derechos, derecho, ministerio, servicios, decreto, acceso, corte, acción, fundamentales, proceso]

¿Se vulnera por parte de COLDEPORTES, el derecho a la defensa, al debido proceso, al trabajo, a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger y ejercer profesiones y oficios, en razón a que el ente accionado no permitió participación en los XVII Juegos Deportivos Nacionales a los accionantes, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios para la realización de las pruebas deportivas en las que iban a competir? Inscripción de los peticionarios en los juegos, modificación a la tabla de medallería y entrega de las preseas correspondientes. Procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. No existían elementos fácticos suficientes que indicaran el riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable. Regulación del deporte como derecho fundamental. Capacidad de la Corporación para pronunciarse así exista carencia de objeto. Negada - [Resumen automatizado: RIVAS, NAZLY PEREA, CATHERINE IBARGUEN M., GILMAR MAYO, MANUEL OREJUELA M., DIANA YEPES TEJADA, DIANA MARIA VERGARA JARAMILLO, ADRIANA MONSALVE Y TULIA ANGELA MEDINA ALCALDE, y los menores WANNER MILLER MORENO Y YERLY TATIANA MUÑOZ RUA, actuando a través de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, presidido por el Dr. DANIEL ANDRES GARCIA ARIZABALETA, Director General, por considerar vulnerados sus derechos de defensa, al debido proceso, al trabajo, a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger y ejercer profesiones y oficios, en razón a que el ente accionado no les permitió su participación en los XVII Juegos Deportivos Nacionales argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios para la realización de las pruebas deportivas en las que iban a competir.] - [Palabras claves: tutela, derechos, deporte, derecho, acción, protección, corte, nacionales, fundamentales, departamentos, juez, proceso, práctica, accionantes, xvii]

¿Incurre en vía de hecho el acto administrativo que resuelve una pensión, sin dar aplicación a un régimen especial cobijado por el régimen de transición? - [Resumen automatizado: Por el contrario, era necesario que se tuviera en cuenta que en virtud del régimen de transición que cobija a la actora, ésta constituyó su derecho pensional al momento de cumplir 55 años de edad y con un tiempo de cotización de 20 años de servicios, los cuales la actora cumple a cabalidad, pues al momento de solicitar su pensión, el 12 de abril de 1999, la demandante tenía más de 55 años de edad y había cotizado al Seguro Social para completar los 20 años de servicios exigidos por la normatividad.] - [Palabras claves: años, derecho, corte, demandante, régimen, acción, tutela, transición, ley, tiempo, edad, si, en]

¿Procede la acción de tutela como mecanismo para impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio? Sanción disciplinaria por presunto abandono de cargo. Negada: Existencia de otro medio de defensa. Inexistencia de perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: La demandante sostiene que el 8 de julio de 2003, el embajador de Colombia en Brasil solicitó a la señora Ministra de Relaciones Exteriores la suspensión de las vacaciones para atender asuntos de la embajada, suspensión que fue autorizada por Resolución N° 2489 del 9 de julio de ese año, pero que dicho Ministerio no autorizó la suspensión para atender una calamidad doméstica. || Adicionalmente, el Ministerio afirma que las resoluciones por las cuales se sancionó disciplinariamente a la peticionaria no incurrieron en vía de hecho, pues la Administración actuó en ejercicio legítimo de sus competencias, respetando íntegramente el procedimiento administrativo sancionatorio previsto por la ley para estos casos, así como el derecho de defensa de la sancionada. || Compartiendo los mismos argumentos de la primera instancia, la Corte señaló que la tutela no opera cuando existen otros mecanismos de defensa judicial, por lo cual, descartado en el caso particular la existencia de un perjuicio irremediable, no puede el juez constitucional analizar un asunto que es de reserva exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, cual es la legalidad del acto administrativo sancionatorio. || En el caso particular, la peticionaria asegura que la decisión por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores la destituyó del cargo que venía ejerciendo la afecta de manera grave pues la enfrenta a un perjuicio irremediable que únicamente la tutela, concedida como mecanismo transitorio de protección, podría disipar.] - [Palabras claves: demandante, tutela, perjuicio, sala, ministerio, acción, exteriores, relaciones, mecanismo, pues, corte, colombia, administrativo, derecho, acto, hecho]

Hipótesis fácticas de procedibilidad de la tutela contra actos administrativos - [Resumen automatizado: En ese acto administrativo, la accionada reconoció que si bien la actora se encontraba dentro del régimen de transición establecido por la ley 100 de 1993, adujo que no le son aplicables los requisitos contemplados en el Decreto 546 de 1971, que consagra "el beneficio de acceder a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación, a quienes al llegar a los 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplan veinte años de tiempos de servicio continuos o discontinuos, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente en la Rama Jurisdiccional o al (sic) Ministerio Público, o a ambas actividades" Lo anterior, por cuanto a juicio de Cajanal, "dicha norma habla expresamente de tiempos de servicio, entiéndese esto como tiempos de servicio oficiales, más no de cómputo de tiempos de servicio oficiales con tiempos de aportes o cotizaciones Instituto de Seguro Social (sic) razón por la cual, si bien es cierto la señora VELEZ ESTRADA MARÍA DEL PILAR, cuenta con más de 10 años de servicio en la rama jurisdiccional, también lo es, que no cuenta con 20 años de servicio oficiales, siendo por tanto, no aplicable lo establecido el régimen pensional en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971".] - [Palabras claves: derecho, años, servicio, tutela, corte, administrativo, régimen, fundamental, derechos, tiempo, vía, acto, entidad, dos, sentencia, si]