Facultades ultra y extra petita. Estas facultades no deben ser comprendidas como omnímodas o irrestrictas, pues su ejercicio presupone una actitud mesurada y responsable por parte del juez constitucional, en virtud de la cual deben estar única y concretamente dirigidas a obtener la protección de los derechos fundamentales de una persona, cuando se estime que estos ha sido evidentemente afectados con ocasión al contexto fáctico puesto de presente en el trámite de tutela. Ello, so pena de irrumpir en el debido proceso de la contraparte, quien se podría ver sorprendido por decisiones que nada tienen que ver con el litigio planteado. Es decir, a pesar de que el ejercicio de las facultades ultra y extra petita implica, por definición, que las autoridades judiciales se encuentran en la capacidad, y el deber, de tener en consideración elementos de juicio, situaciones de hecho e incluso pretensiones que no fueron invocadas por las partes, con el objetivo de dictar medidas que permitan el restablecimiento de derechos que puedan encontrarse desconocidos, ello no significa que el juez pueda arbitrariamente abordar asuntos que no se deriven razonablemente de los hechos y situaciones puestas de presente en la acción de tutela - [Resumen automatizado: El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, mediante sentencia del 28 de junio de 2019 declaró la improcedencia del amparo invocado por considerar que la pretensión del actor es obtener que se retire el registro que existe en el departamento a nombre de la sociedad Médicos Asociados SA y que, para ello, cuenta con otros medios judiciales de defensa a los que puede acudir, en específico, resalta que existe un conflicto pendiente (que inicialmente tuvo trámite ante la Superintendencia de Sociedades y fue impugnado) que debe ser resuelto antes de que sea posible realizar cualquier pronunciamiento en relación con la problemática. || Impugnación del Accionado a la Medida Cautelar: Por su parte, el accionado, Mayid Alfonso Castillo Melo, mediante escrito del 12 de julio de 2019[5], manifestó impugnar la medida cautelar ordenada en Auto del 11 de julio de 2019 y, adicionalmente, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia dictada, en razón a que estima que, conforme lo encontró el juez de primera instancia, el amparo pretendido es improcedente, pues el actor cuenta con otros medios de defensa a los que puede acudir, sin que resulte admisible que el juez constitucional, en una medida provisional adoptada sin la debida justificación, pueda ordenar que la IPS pueda ser habilitada sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos para el efecto.] - [Palabras claves: tutela, juez, derecho, salud, acción, derechos, servicio, sociedad, protección, servicios, relación, si, constitucional]

No le corresponde al juez constitucional entrar a investigar si se presentó o no un caso de acoso sexual y menos aún entrar a determinar responsabilidades penales. No es viable es que el juez constitucional asuma funciones propias de otras autoridades judiciales o administrativas como lo es la imposición de sanciones. Es decir, no le corresponde al juez constitucional entrar a investigar si se presentó o no un caso de acoso sexual y menos aún entrar a determinar responsabilidades penales o imponer sanciones disciplinarias, su papel consiste en verificar que existan rutas de atención para que las autoridades correspondientes escuchen, den un adecuado manejo a las denuncias que se presenten y, a su vez, le corresponde la comprobación de que dichas rutas resulten eficaces e idóneas y no exista una omisión o mora en su activación. En ese sentido, no es aceptable, como pretende la parte activa de la tutela, que esta Sala asuma la labor de investigar, encuadrar, juzgar y sancionar la presunta configuración de un hecho punible, desbordando por completo esta actuación la esfera del juez constitucional. Este tipo de pretensiones incumplen el requisito de subsidiariedad, pues se debe acudir ante las autoridades competentes -como la Fiscalía y los jueces penales- para surtir el proceso adecuado - [Resumen automatizado: (vii) La comisaría acudió al colegio el 22 de noviembre de 2017 para adelantar una actividad de prevención del matoneo, en la cual la comisaria se refirió a la estudiante a través de un diminutivo “Mar” y por un nombre erróneo “Mari”[23] en vez de utilizar su nombre María, lo que presuntamente habría ocasionado nuevas burlas y bullying por parte de sus compañeros, sin que, a juicio del agente oficioso y la menor, dicha situación se atendiera en debida forma. || Para arribar a esta conclusión la Corte tiene en cuenta que la comisaría de familia accionada dio respuesta, el 10 de diciembre de 2017[77], a la petición elevada por el agente oficioso y en cuanto a la respuesta eficaz a la problemática se encuentra que: (a) a finales de octubre del año 2017 le fue dada a conocer una denuncia por hechos de “bullying, ciberbillying, matoneo y cibermatoneo”[78]; (b) a partir de ese momento se empezaron a surtir diferentes actuaciones tendientes a superar la situación expuesta; (c) la parte activa considera que no se dio un adecuado manejo de la situación y no se le brindó un acompañamiento real y eficaz.] - [Palabras claves: menor, cuaderno, revisión, tutela, acción, parte, hechos, padres, derechos, amparo, actuaciones, estudiante, pues, mismo]

Improcedencia de la acción de tutela para sustituir al Gobierno Nacional en las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política. En materia de educación, las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 determinan que a nivel nacional le corresponde al Gobierno la formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos para su desarrollo. Así como, la distribución de los recursos destinados a ese sector del Sistema General de Participaciones. La Sala reitera que la competencia para formular la política fiscal para la educación y la distribución de los recursos requeridos por ese sector le corresponden al Gobierno Nacional, quien de forma autónoma y discrecional y en ejercicio de la iniciativa legislativa privativa presenta el Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que incluye la asignación del gasto social en educación, materia de su exclusiva competencia. La intervención del juez de tutela en la política fiscal en educación no está constitucionalmente justificada, pues a pesar de que el objetivo de reducir el déficit es imperioso y relevante a la luz de los postulados del Estado social de derecho, no existe una razón válida que haga procedente la acción de amparo para sustituir al Gobierno Nacional en las competencias asignadas por la Constitución Política - [Resumen automatizado: A través de Auto del primero (1º) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió admitir la acción de tutela instaurada por Julián Gratz Vargas en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Educación Nacional y ordenó vincular al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a los Presidentes de la Comisión Tercera y Cuarta del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Rector de la Universidad del Tolima, para que se pronunciaran respecto de los hechos a los cuales se hace alusión en el escrito de tutela y ejercieran su derecho de defensa y contradicción. || Mediante providencia del catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) el Tribunal Administrativo del Tolima concedió el amparo de los derechos fundamentales deprecados en las acciones de tutela promovidas por Julián Gratz Vargas y otros en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Educación Nacional.] - [Palabras claves: tutela, nacional, educación, gobierno, ministerio, derechos, acción, ley, república, constitución, fundamentales, recursos, fiscal]

¿El Juzgado 8° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al contar el término para presentar el escrito de impugnación del fallo de tutela, a partir de la llamada telefónica realizada el 4 de septiembre de 2017, pese a haber sido notificada personalmente el 5 de septiembre de 2017? Se aseveró que "el acto procesal de notificación" es el medio por el cual se pone en conocimiento de las partes o terceros con interés la iniciación de un proceso de tutela y el contenido de las decisiones adoptadas en el trámite del mismo. En este sentido, el juez, en ejercicio de las facultades constitucionales otorgadas, debe notificar determinar cuál es la forma más expedita, que no dilate innecesariamente el trámite y, eficaz, que ponga en conocimiento a la persona el contenido real de la providencia, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y hacer efectivo el principio de publicidad. Con fundamento en lo anterior, se concluyó que la acción de tutela objeto de revisión es procedente y que la comunicación telefónica del 4 de septiembre de 2017, no cumple con la finalidad para la cual fue instituida la notificación, esto es, hacer efectivo el principio de publicidad y garantizar el derecho a la defensa. En este sentido, la notificación del fallo de tutela se efectuó el 5 de septiembre de 2017, fecha en la cual la peticionaria conoció el contenido de la sentencia - [Resumen automatizado: Conforme con la situación fáctica expuesta, corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar ¿el Juzgado 8° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz Bernelicia Díaz Núñez, al contar el término para presentar el escrito de impugnación del fallo de tutela, a partir de la llamada telefónica realizada el 4 de septiembre de 2017, pese a haber sido notificada personalmente el 5 de septiembre de 2017? || No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.] - [Palabras claves: tutela, derecho, acción, notificación, proceso, impugnación, fallo, septiembre, corte, defensa, medio, juzgado]

¿Es procedente vía tutela solicitar que se ordene a la empresa demandada retirar el tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas que atraviesa el casco urbano de Chinácota porque amenaza los derechos fundamentales de los residentes del municipio? Derecho colectivo del medio ambiente. Las acciones de tutela y popular frente a la protección de derechos colectivos: carácter residual de la acción de tutela. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Alvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política ha proferido la siguiente || El señor Jaime Rico Ramírez instauró acción de tutela en contra de Ecopetrol S.A., para solicitar la protección de los derechos a la vida y al medio ambiente de los habitantes del municipio de Chinacota, amenazados por el recorrido del oleoducto Caño Limón Coveñas a través de la cabecera municipal. || El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en su Sala Única de Decisión, profirió fallo de segunda instancia el veintisiete (27) de octubre de 2005, en el cual decidió confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que las pretensiones incoadas en la demanda deben tramitarse por medio de la acción popular, la cual tiene una naturaleza particular distinta a la acción de tutela, y permite “el ejercicio pleno con carácter preventivo”, para la protección del derecho colectivo a la seguridad pública.] - [Palabras claves: derechos, acción, tutela, derecho, oleoducto, colectivos, corte, parte, sala, municipio, demandante, instancia, debe, popular]

¿La omisión en la que incurrió el juez de instancia, según el actor, al no emitir respuesta de fondo al derecho de petición, en el cual solicitó se expidiera copia auténtica del oficio de envío de tutela para revisión de la Corte Constitucional, vulnera el derecho de petición y el debido proceso? El derecho de petición y la acción de tutela no pueden obligar a lo imposible. Derecho de petición ante juez. No se remitió el expediente. No existe un derecho en peligro inminente. Negada - [Resumen automatizado: Si bien es cierto el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale, y de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el juez que conduce un proceso judicial está sometido a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le presentan peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio.] - [Palabras claves: acción, petición, corte, tutela, constitucional, actor, sala, respuesta, derecho, cartagena, revisión, penal]

¿Procede tutela para hacer efectivo los dictámenes del CDHNU, dentro del marco de las solicitudes que pueden presentar los individuos por violación del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos? La jurisdicción constitucional no fue instituida para ordenar la ejecución de los actos internacionales así como tampoco para decidir sobre la procedencia o no de los recursos que presente el Estado colombiano como parte de su defensa en el plano internacional. Cuando las circunstancias alegadas ante el organismo internacional continúan produciendo efectos perjudiciales en el momento en que se presentó la acción de tutela, el juez constitucional debe entrar a adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales del accionante. No se encuentra comprobada la existencia de una vulneración ni de una amenaza actual, que haya implicado una omisión de los deberes de protección de las entidades demandadas. Negada - [Resumen automatizado: En consecuencia, y con fundamento en el literal a) del párrafo 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité decidió que el Estado Colombiano "tiene la obligación de proporcionar al Sr. Luis Asdrúbal Jiménez Vaca un recurso efectivo, que incluya una indemnización y de adoptar medidas adecuadas para proteger su seguridad personal y su vida de manera que sea posible su regreso al país." Así mismo, "(...) insta al Estado Parte a realizar investigaciones independientes sobre el atentado y a acelerar las actuaciones penales contra las personas responsables del mismo. || Cabe constatar, entonces, cual ha sido la actuación del Estado colombiano frente a los hechos que dieron lugar a las recomendaciones anteriores, para determinar si los Ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- o cualquier otra autoridad han omitido cumplir con sus deberes de protección de los derechos fundamentales del actor.] - [Palabras claves: comité, derechos, humanos, tutela, actor, protección, ministerio, acción, cumplimiento, nacional, unidas, fundamentales, naciones]

¿Procede la tutela como mecanismo para impedir la ejecución de acto administrativo que ordena desalojo del espacio público? Invasión de personas que argumentan ser desplazadas. El municipio sostiene que la invasión es reciente, que en el mismo lugar se han efectuado ya 3 desalojos, y que los ocupantes no ostentan la calidad de desplazados. Concedida para quienes mediante encuesta que realice la Red de Solidaridad acrediten su calidad de desplazados. Para ellos se ordena dar albergue y auxilio del estado - [Resumen automatizado: Debe precisarse que las personas respecto de las cuales se acredite su condición de desplazados tendrán derecho al suministro de un albergue provisional compatible con la dignidad de todo ser humano, a la ayuda humanitaria suministrada a través de la Red de Solidaridad Social y a ser vinculados a los programas de salud, educación, vivienda y créditos productivos concebidos para tal población. || dentro del trámite de revisión de la tutela instaurada por EMILSE ACOSTA CONTRERAS, MARIA GRACIELA AGUDELO DE CASTRILLON, MARIA PATRICIA AMAYA MERCHAN, EDUARDO CESAR ARIZA, LINA MARIA BLANDON GARCIA, FRANCISCO HENRY CARDONA CARDONA, WILLIAM DARIO CARDONA VALENZUELA, SONIA ESTELLA CARVAJAL HERNANDEZ, ELVIA AMPARO DURANGO TABORDA, JOSE JOAQUIN FRANCO ALZATE, MARIA CONSULEO GALLEGO ALVAREZ, RIGOBERTO GARCIA GUEVARA, JOHN JAIRO HERNANDEZ, GONZALO ALBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ, MIRYAM DEL SOCORRO JARAMILLO, TERESA DE JESUS LONDOÑO VILLA, CARLOS MARIO LONDOÑO VILLA, ALEJANDRO LOPERA GIRALDO, FERNEY LOPEZ, HERIBERTO MALDONADO, IVAN ARLEY MARIN VALLEJO, JOSE VIDAL MUÑOZ RINCON, ONEIDA ORTEGA ADRIANA, ADALIZA OSORIO, OSCAR DARIO PINEDA MURILLO, SILA RAMOS HERNANDEZ, NICOLAS RINCON, WILLIAM HERNAN RODRIGUEZ BEDOYA, JORGE ROJAS, RODOLFO RUIZ MARIN, ALBA ROSA SILVA SERNA e HILDA NORA SUASA LONDOÑO contra el Alcalde Municipal de Bello y la Red de Solidaridad Social.] - [Palabras claves: actores, personas, terreno, desplazamiento, población, tal, protección, derechos, fundamentales, condición, hecho, parte, ello, medellín]

Grupo de personas que ostentan la condición de ser damnificados de los hechos acontecidos del municipio de Bojayá, y en el municipio de Vigía del Fuerte interpusieron acciones de grupo contra la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército, Armada y Policía Nacional por la omisión en la prestación del servicio de seguridad y protección a los residentes. ¿Se violan los derechos de los accionantes al declarárseles la nulidad de lo actuado y ordenárseles tramitar las Acciones de Grupo, que los mismos instauraron, como acciones de reparación directa, fundados en que "[a] partir de lo preceptuado en los artículo 3° y 46 de la ley 472 de 1998, esta Sala ha deducido que el grupo debe existir con anterioridad al daño causado "? Concedida: Con la inexequibilidad de la expresión "Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad" "la doctrina de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad desarrollada como derecho viviente por el Consejo de Estado pierde todo sustento normativo" - [Resumen automatizado: Pretenden los accionantes que la jurisdicción de lo contencioso administrativo i) declare que la Nación Ministerio de Defensa Ejército, Armada y Policía Nacional violaron el ordenamiento jurídico “al omitir prestar el servicio de seguridad y protección a los residentes en Bojayá (Chocó) a pesar de haber sido advertidos por la ONU y la DEFENSORIA DEL PUEBLO”, ii) que la demandada sea señalada como “administrativamente y extracontractualmente responsable de los daños y perjuicios individuales materiales y extramateriales, causados, presentes y futuros de los que son víctimas el grupo señalado como parte demandante incluyendo aquellos derivados de la alteración de sus vidas de relación familiar, social y afectiva ocasionados así como de las personas que se constituyan como partes en el proceso, se integren al grupo o se acojan a los efectos de la sentencia de conformidad con lo normado por el Art.55 de la Ley 472 de 1998”; y iii) que, en consecuencia, la Nación sea condenada a reconocer, a cada uno de los demandantes, el valor de cien (100) salarios mínimos legales vigentes mensuales, por concepto de perjuicios económicos y una suma igual en razón de los perjuicios materiales causados.] - [Palabras claves: grupo, personas, acción, acciones, número, sala, respecto, mayo, derechos, condiciones, responsabilidad, administrativo, hechos, consejo, misma]

¿Viola los derechos invocados por los actores la expedición de actos administrativos relacionados con la concesión para el suministro de agua potable y de riego, por estar basados en estudios deficientes? ¿Es la acción de tutela el mecanismo para resolverlo? Negada: La Corte considera que la controversia acerca de si las actuaciones administrativas de la Alcaldía fueron arbitrarias, violaron uno o varios derechos, estuvieron fundamentadas en estudios técnicos deficientes y si produjeron a los accionantes daños y perjuicios, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y no pueden ser resueltas en sede de tutela - [Resumen automatizado: Sustentó dicha solicitud en que (i) la entidad accionante ya había interpuesto una acción de tutela contra las decisiones de la CAR, fundamentándose en las mismas razones, (ii) que existen otros mecanismos judiciales de acuerdo a los cuales puede ser resuelto el conflicto planteado por el demandante y (iii) que la prestación del servicio de acueducto por el LSP, mejoraría la calidad del agua potable del conjunto CCP. || Mediante sentencia fechada el día 16 de enero de 2003, el Juzgado Primero Civil del Circuito, decidió (i) negar el amparo respecto de las resoluciones proferidas por la CAR, pues contra éstas la misma sociedad ya había interpuesto una acción de tutela con las mismas pretensiones, y (ii) conceder la acción de tutela frente a los actos administrativos de la Alcaldía de Girardot, ordenando “dejar sin efectos de ninguna naturaleza la Resolución 049 de 2001, al igual que los actos emitidos como consecuencia de dicha Resolución.” El Juzgado consideró que la emergencia sanitaria no podía ser ilimitada en el tiempo y que ésta ya había cesado.] - [Palabras claves: expediente, servicio, acción, tutela, agua, cuaderno, sociedad, prestación, acueducto, alcalde, mediante, ii]

Tutela contra actuaciones administrativas. Decomiso por parte de la DIAN de aeronave. Existencia de otros mecanismos de defensa. Denegada - [Resumen automatizado: que son constitutivos de vías de hecho”, (iii) entre estas conductas se cuenta: la ausencia de motivación del acta mediante la cual se realizó la aprehensión de la aeronave, el decomiso de la aeronave sin tener en cuenta las pruebas aportadas y el auto de cierre en el que no aparece por ninguna parte una comunicación escrita en la que se solicite a la Aeronáutica Civil información sobre cómo se realizó el ingreso de la aeronave al país; (iv) que lo anterior implica que la DIAN actúo por fuera del sistema jurídico “llevándose de calle el ordenamiento constitucional (...) o la aplicación de normas de Estatuto Tributario” y que incluso desconoció las convenciones de Varsovia de 1929 y de Chicago de 1944 sobre navegación aérea y aviación civil internacional, sobre todo si se tiene en cuenta que la avioneta tenía autorización para navegar por el espacio aéreo colombiano debidamente expedida por la Aeronáutica Civil, lo que al ser inadvertido implicó el desconocimiento del principio de buena fe en perjuicio del señor Franco Berón; y finalmente (v) que la DIAN después de actuar de manera “abusiva y arbitraria” decidió donar la aeronave, violando una vez más la Constitución y los Tratados internacionales “siendo que la aeronave ni siquiera es colombiana, pues está legalmente registrada en la República de la Argentina” (folios 167 a 174).] - [Palabras claves: tutela, acción, derechos, juez, fundamentales, corte, dian, aeronave, protección, administrativo, mecanismo]

Tutela contra acto administrativo por el cual se daba por terminado el contrato de arrendamiento del coliseo el Campín - [Resumen automatizado: 3. El 26 de abril de 2001, el Alcalde Local de Teusaquillo, por petición de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá, avocó nuevamente el expediente No. 002 de 1994 y expidió la Resolución No. 308, ordenando el archivo de las diligencias con fundamento en la falta de competencia de las Alcaldías Locales para restituir bienes de uso fiscal dados en arrendamiento, decisión que fue recurrida por la Defensoría del Espacio Público y por la Personería Local de Teusaquillo, negándose la reposición, motivo por el cual la actuación fue remitida al Consejo de Justicia Distrital, entidad que mediante acto administrativo No. 888 de 4 de diciembre de 2001 desató el recurso interpuesto revocando la resolución citada y ordenando adelantar la actuación necesaria con el fin de restituir el Coliseo Cubierto El Campín en el menor tiempo posible. || 1. El Consejo de Justicia de Bogotá, solicitó desestimar las pretensiones de la Compañía Coinverpro Ltda., aduciendo en primer lugar que la diligencia del 24 de agosto de 1994, mediante la cual la Alcaldía Local de Teusaquillo se declaró incompetente para realizar la diligencia de restitución del Coliseo el Campín, no cumplió con lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual dicho acto administrativo nunca cobro ejecutoria y, por tanto, la interposición del recurso de reposición no fue extemporáneo como se señaló en esa oportunidad.] - [Palabras claves: acto, restitución, administrativo, proceso, acción, no, diligencia, debido, bogotá, local, agosto, consejo, tutela, competencia]

Legitimación por activa en tutela - [Resumen automatizado: Por lo tanto, al ser la salud un servicio público no puede interrumpirse su prestación por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su dignidad." En el presente caso, no se puede invocar la continuidad por la sencilla razón de que la señora ni siquiera había sido inscrita en el I.S.S.. || "que a la fecha de la contestación de la demanda el Hospital Francisco de Paula Santander se encuentra en mora por no haber cancelado los aporte correspondientes entre el mes de junio de 1994 y el mes de enero de 1995; que dicho hospital, canceló el 4 de marzo del año en curso los aportes correspondientes al ciclo de cotización de febrero de 1995 y en dicha autoliquidación figura el señor Orlando Velasco García como trabajador al servicio de ese hospital y que en consecuencia, como todos los afiliados al seguro, al cotizar por el sistema general de seguridad social en salud, tiene cobertura familiar en los términos del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que incluye al cónyuge.] - [Palabras claves: servicio, público, tutela, salud, continuidad, puede, social, servicios, sentencia, sala, prestación, instituto, acción]