La expresión "y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente", contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, al disponer un término superior a 10 días para resolver la impugnación en los procesos de tutela, no vulnera el artículo 86 de la Constitución \ Este término no menoscaba la protección inmediata de los derechos fundamentales, por cuanto la decisión que se profiere en primera instancia es de inmediato cumplimiento (art. 31 del Decreto 2591 de 1991) la impugnación se concede en el efecto devolutivo. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 32 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: En su criterio, la impugnación debe “ser tenida en cuenta como una solicitud que se hace al juez [para] que se continúe con el proceso de tutela en una segunda instancia, regularmente con el fin, en el caso del accionante, de que se amparen sus derechos fundamentales o se amplíe la protección de los mismos, frente al fallo de primera instancia”. || El Procurador solicitó que se declare la exequibilidad del aparte normativo acusado con base en los siguientes 4 argumentos, a saber: (i) la expresión “'solicitud' se refiere a la invocación inicial ante el juez de tutela de una medida de protección de derechos (…), y no se extiende, como lo estima el demandante, al trámite de la impugnación”; (ii) el artículo transitorio 5 de la Constitución “reconoció necesariamente la potestad de configuración normativa al Presidente de la República para diseñar el procedimiento de este mecanismo especial”; (iii) la Constitución no previó un término específico para resolver la impugnación en los procesos de tutela; y, en todo caso, (iv) “la norma acusada no desdibuja el diseño constitucional de una garantía caracterizada por el principio de inmediatez”, por cuanto (a) la impugnación se concede en el efecto devolutivo y (b) el fallo es de inmediato cumplimiento.] - [Palabras claves: tutela, impugnación, término, días, constitución, fallo, instancia, protección, resolver, derechos, corte, juez]; Art. 32 (parcial) : Exequible

¿El legislador, al no establecer un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela; afectó la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales? Acorde con el principio pro legislatoris, la Corporación consideró que la norma acusada es constitucional siempre y cuando integre un término aplicable para la decisión del incidente de desacato a un fallo de tutela, por las razones expuestas, a las que se agrega el mandato 228 de la Constitución, según el cual todas las actuaciones procesales deben tener un término que se observe con diligencia. Habida cuenta que la Corte no tiene competencia para establecer ese plazo que subsane el vacío normativo violatorio de la Carta Política, la Corporación acudió a la propia Constitución, concretamente, al artículo 86 que regula la acción de tutela, de manera que declaró exequible el inciso primero del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el entendido que el incidente de desacato allí previsto debe resolverse en el término establecido en el citado artículo 86 superior para el fallo de tutela, de manera que se garantice la inmediatez de la protección y la efectividad de los derechos fundamentales y de los mecanismos de protección, mientras el Congreso no establezca otro término. Decreto 2591 de 1991, "por la cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 52 : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Y no lo son porque: (i) en la Sentencia C-1006 de 2008 este tribunal se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de una interpretación del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, según la cual era posible sancionar el desacato incluso después de que se haya cumplido la orden del juez, dado que los fallos aportados como prueba de lo dicho en la demanda, se encontró que "ninguno de ellos da cuenta fehaciente de la existencia de la hermenéutica censurada, única forma de que la acción pública de inconstitucionalidad contra la interpretación judicial de las normas legales se abra paso"; (ii) en la Sentencia C-542 de 2010 se da cuenta de que si bien la demanda iba dirigida, entre otras normas, contra el artículo 52 (parcial) del Decreto 2591 de 1991, por medio de Auto del 2 de octubre de 2009 se resolvió rechazarla, en lo que atañe a este artículo, por haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, ya que la materia de la controversia y los cargos eran los mismos planteados y resueltos en la Sentencia C-243 de 1996.] - [Palabras claves: tutela, desacato, juez, trámite, fallo, cumplimiento, si, término, decreto, derecho, puede]; Art. 52 : CONDICIONALMENTE exequible

¿El carácter eventual de la revisión de los fallos de tutela prevista en los artículos 32 y 33 del Decreto ley 2591 de 1991, vulneraría el principio de igualdad, pues los demandantes cuyos fallos no son seleccionados se verían desfavorecidos respecto de aquéllos a quienes la Corte Constitucional sí les revisa las decisiones? Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política": Arts. 32 y 33 : Cosa juzgada - [Resumen automatizado: El demandante explica que tanto el artículo 32 como el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, hacen referencia al carácter eventual de la selección de las tutelas para revisión por parte de la Corte Constitucional. || Así, la intervención consigna in extenso los apartes de dichas sentencias en los se explica que ninguna cláusula constitucional establece la obligatoriedad de la selección de todas las tutelas para efectos de revisión, y por el contrario la misma Constitución establece que la revisión será eventual. || 2.- El demandante considera que el contenido de los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991 al disponer el carácter eventual de la selección de las tutelas para revisión por parte de la Corte Constitucional, es decir que se seleccionen sólo algunos fallos para revisar y otros no, implica una clara vulneración del principio de igualdad (art. || Por todo lo anterior esta Sala Plena se estará a lo resuelto en las sentencia C-018 de 1991 y C-1716 de 2000, en las cuales se declararon exequibles los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, en su contenido normativo relativo al carácter eventual de la revisión de los fallos de tutela por parte de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: corte, tutela, revisión, constitucional, casos, eventual, constitución, anterior, juez, fallos, selección]

¿La fijación de la regla especial de competencia de los jueces de circuito para conocer de las acciones de tutela contra medios de comunicación constituye una vulneración de los derechos al acceso a la administración de justicia, en cuanto excluye el trámite de la tutela contra los medios de comunicación en los municipios en los que no existen juzgados de circuito? La regla es en general, razonable y proporcionada y por ello se ajusta a la Constitución. Sin embargo, en atención a la limitación que la misma puede dar lugar en ciertos casos, procedió a declarar una exequibilidad condicionada, en el sentido que permita instaurar la acción de tutela contra medios de comunicación ante cualquier juez del lugar, cuando no exista juzgado de circuito, quien deberá remitirla al competente; así como, surtir las actuaciones y comunicaciones a través del juzgado ante el cual se presentó dicha acción. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 37, Inc. 3 : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: El 14 de mayo de 2010, en cumplimiento del reparto efectuado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión del 12 de mayo del mismo año, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al despacho del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, quien, mediante Auto del 31 de mayo de 2010, resolvió admitir la demanda y comunicarla al Ministerio del Interior y de Justicia, al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMEDIOS y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Nacional, del Atlántico, Libre, y Simón Bolívar para que, si lo consideran conveniente, intervengan con el propósito de pronunciarse respecto de la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición acusada. || De acuerdo con las pretensiones de la demanda, en este caso sería preciso establecer si el inciso 3º del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, al establecer la competencia exclusiva de los jueces del circuito para conocer en primera instancia de las acciones de tutela dirigidas contra medios de comunicación, vulnera la Constitución, en particular la normas superiores que definen la acción de tutela y consagran el derecho de acceso a la administración de justicia, así como la que garantiza la igualdad, al restringir de manera desproporcionada la posibilidad de acudir a la acción de tutela como mecanismo expedito para la defensa judicial de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves: corte, derechos, tutela, competencia, acción, constitucional, juzgada, sentencia, lugar, cosa, jueces, comunicación, circuito, constitución]; Art. 37, Inc. 3 : CONDICIONALMENTE exequible

¿Limitar la procedencia de la tutela contra particulares que brindan servicio públicos, exclusivamente sobre aquellos que tengan el carácter de "domiciliarios", resulta contraria a los artículos 4º y 86 de la Carta Política? La acción de tutela procede siempre contra el particular que está prestando "cualquier" servicio público y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 42, Num 3 "domiciliario": INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La Corte considera que la acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de cualquier servicio público se sustenta en el hecho de que en todos los casos existe una ruptura en las condiciones de igualdad bajo las cuales normalmente interactúan los particulares en sus relaciones de derecho privado. || La Corte Constitucional mediante sentencia C-134 de 1994 analizó algunas expresiones de los numerales 1º, 2º y 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 que limitaban la posibilidad de acudir a la acción de tutela contra particulares respecto de ciertos servicios públicos y sólo para proteger determinados derechos fundamentales, concluyendo la Corte que las limitaciones respecto de los derechos fundamentales resultaban arbitrarias e injustificadas y que la tutela debía proceder contra particulares por la prestación de cualquier servicio público, pues en estos casos siempre se presenta una ruptura de la igualdad que puede dar lugar a abusos de poder que hay necesidad de controlar. || En aquella oportunidad la Corte analizó algunas expresiones de los numerales 1º, 2º y 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que limitaban la posibilidad de acudir a la acción de tutela contra particulares únicamente cuando estuvieran encargados de la prestación de servicios públicos de salud y educación y sólo para proteger ciertos derechos fundamentales.] - [Palabras claves: particulares, derechos, tutela, acción, público, corte, servicio, públicos, fundamentales, constitucional, servicios]; Art. 42, Num 3 "domiciliario": INEXEQUIBLE

Desacato. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". Art. 52 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Sentado lo anterior, analiza la razonabilidad y proporcionalidad del arresto posterior al cumplimiento de la orden del juez de tutela precisando que: (i) la norma contentiva de una sanción administrativa debe regirse por los fines de ésta, por lo cual el arresto por desacato se convierte en inútil cuando no cumple esa finalidad; (ii) las sanciones inútiles contra la libertad personal son contrarias a la Constitución Nacional; (iii) si el arresto por desacato tiene como finalidad lograr la eficacia de las órdenes impartidas para proteger un derecho fundamental, una vez éstas han sido acatadas, el arresto o su prolongación implica una alteración al derecho fundamental a la libertad que no resulta acorde con la Carta; (iv) en la sentencia C-092 de 1997 la Corte así lo entiende al señalar que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 “confiere al juez la facultad de sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar”.] - [Palabras claves: cumplimiento, desacato, corte, sanción, tutela, orden, juez, interpretación, norma, constitucional, acción, fallo]

¿Al contemplar la norma acusada la posibilidad de rechazo de la demanda para el trámite de la acción de tutela, desconoce el alcance que el artículo 86 de la Constitución Política le reconoce a dicha acción y limita el derecho de acceso a la administración de justicia? La decisión de rechazo de la acción de tutela no hace transito a cosa juzgada. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 17, Inciso 1 : Exequible - [Resumen automatizado: El principio de oficiosidad se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento para tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello. || P. José Gregorio Hernández Galindo) la Sala Quinta de Revisión consideró, en la acción de tutela presentada por Liberto Rodríguez Rodríguez contra la Caja Nacional de Previsión -CAJANAL-, que el juez de instancia no había cumplido con su deber de interpretar la solicitud de protección, ni había ejercido durante el trámite del proceso sus poderes y facultades con el propósito de establecer las razones que la motivaron, así manifestó esta Corporación en la citada oportunidad :] - [Palabras claves: tutela, acción, solicitud, derechos, juez, rechazo, protección, derecho, fundamentales, justicia]; Art. 17, Inciso 1 : Exequible

Trámite de la impugnación, remisión del expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 32 (parcial) del Decreto 2591 de 1.991 - [Resumen automatizado: El actor considera que las normas acusadas violan los artículos 13 y 29 de la Constitución, por cuanto no se estudia a fondo la vulneración de derechos fundamentales en los casos de tutela que se niegan por improcedencia: "de la revisión eventual a fallos de tutela anteriores - selección al azar para revisión - queda sin revisión una cantidad mayor a la seleccionada. || Considera que en este caso ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, puesto que si bien la norma demandada no fue estudiada en su totalidad en la sentencia aludida, "atendiendo a los fundamentos de la acusación y al análisis realizado por la Corte con relación a la 'eventual' revisión de las tutelas por la Corte Constitucional, puede observarse que se dió cuenta del cuestionamiento de constitucionalidad planteado en la presente demanda". || Resta a la Corte pronunciarse sobre las demás partes de la norma acusada, que disponen la remisión del expediente a la Corte Constitucional por parte del juez de instancia, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo, para su revisión.] - [Palabras claves: corte, revisión, tutela, juez, casos, constitucional, proceso, derechos, constitución, eventual, instancia, cada, derecho, fallo, fallos]

Desacato de la tutela - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 52 (parcial) del Decreto 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: El hecho de que la consulta se haga en el efecto devolutivo se debe a la necesidad de que se cumplan inmediatamente las órdenes del juez por cuanto se trata de la protección inmediata de derechos fundamentales"; c) asigna la competencia al juez de tutela, lo cual no se opone a ninguna garantía constitucional, pues se trata del ejercicio de los poderes correccionales del juez que son de naturaleza administrativa y no penal y, d) la norma prevé la presunción de inocencia y el derecho de defensa, ya que "parte del supuesto de que el desacato se encuentra probado dentro del proceso y el procedimiento para la imposición de la sanción incorpora mecanismos que garantizan la defensa de quien va a ser sancionado". || El Procurador General de la Nación (E) emitió el concepto de rigor, en el que solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia número C-243 de 1996 en relación con la frase "La sanción será impuesta por el mismo juez, mediante trámite incidental", contenida en el inciso segundo del artículo 52 acusado, y declarar exequible la expresión "La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales", contenida en el primer inciso de la norma.] - [Palabras claves: juez, tutela, sanción, desacato, orden, decreto, fallo, sanciones, incumplimiento, penal, órdenes, derecho]

Desacato de la tutela, imposición de sanción, consulta al superior jerárquico - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) del Decreto 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. || Estima la Corte que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece un procedimiento especial aplicable específicamente al caso en él contemplado, en cuanto dispone que la persona que incumpla una orden judicial proferida dentro del trámite de un proceso de tutela puede ser sancionada por el mismo juez mediante trámite incidental, otorgando el grado de jurisdicción llamado consulta solamente para la providencia que decide el incidente y, si es del caso, impone la sanción.] - [Palabras claves: consulta, norma, sanción, juez, apelación, trámite, desacato, legislador, puede, corte, principio, debe, efecto, proceso, si]

Procedencia de la acción de tutela contra acciones u omisiones de particulares - Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1, 2 y 9 del Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: La acción de tutela es un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso y a falta de otro medio de orden legal que permita el debido amparo de los derechos, éstos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que señale la ley. || Finalmente, señala el Defensor del Pueblo que las normas acusadas vulneran el artículo 86 superior, ya que se excluyeron del campo de protección de la acción de tutela aquellos derechos no enunciados en las disposiciones demandadas, que en algún momento pueden ser amenazados o vulnerados por acciones u omisiones de aquellos particulares encargados de prestar los servicios públicos de educación o salud, o por aquellos ante los cuales otras personas se encuentren en estado de indefensión o subordinación.] - [Palabras claves: acción, tutela, derechos, particulares, fundamentales, derecho, particular, público, procede, protección, servicio, constitucional]

Sanción al abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos - Acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: El examen de los aspectos de forma de las disposiciones acusadas, se verifica en esta Corporación frente a las especiales condiciones que para el ejercicio de las mencionadas facultades estableció el mismo Constituyente, y nó frente a los requisitos ordinarios y generales que también contempla la Carta, para el caso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador, a la luz de lo dispuesto por el artículo 150 de aquella. || Se advierte que el actor incurre en la formulación parcialmente errónea de la solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad, pues en algunos apartes de su demanda se refiere a la nulidad de la parte acusada del citado artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 y, además, pretende la orden de suspensión provisional de la misma, todo lo cual corresponde a otros presupuestos jurisdiccionales bien diversos de los que competen a esta Corporación; empero, dado el carácter ciudadano y público de la citada acción que consagra el artículo 242 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional procede a examinar la cuestión planteada ya que cumple con los requisitos formales que se exigen por el Decreto 2067 de 1991.] - [Palabras claves: acción, derecho, carta, tutela, ejercicio, constitución, derechos, debe, constitucional, facultades]

Concepto de perjuicio irremediable - Demanda de inconstitucionalidad contra el Inciso 2, Numeral 1, Artículo 6 del Decreto-Ley 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Hernando Herrera Vergara y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Si idealmente se integrasen - de ser ello posible -, los dos preceptos, el constitucional y el legal, la norma material quedaría así: "La acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización". || La procedencia de la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable únicamente en el caso de que éste sea de aquéllos que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización, devela la más paladina subordinación de la dimensión humana (mundo del ser) a la dimensión patrimonial (mundo de las cosas).] - [Palabras claves: perjuicio, tutela, acción, derecho, irremediable, norma, constitucional, constitución, derechos, puede, legal]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25, 29, 33, 37, 38 y 40 del Decreto 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: Cuando el Decreto 2591 de 1991, expedido por autorización y de conformidad con la Constitución, estableció la competencia de los jueces para conocer de las acciones de tutela, no violó el artículo 86 de la Carta sino que justamente hizo viable su realización en la medida en que fijó parámetros racionales para la realización de este mecanismo tutelar y así garantizar la efectiva protección de los derechos, que es uno de los fines del Estado. || Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. || Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente.] - [Palabras claves: tutela, acción, corte, constitución, constitucional, decreto, judicial, artículos, derechos, corporación, derecho, jueces, parte, carta]

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: Se ataca también el aparte final del segundo inciso de este artículo que prescribe "cuando la medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción", porque se estima que desconoce la prohibición constitucional de suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales en los estados de excepción, contenida en el artículo 214 numeral 2 de la Carta. || Al respecto se asegura que aunque la palabra "eventual" acusada aparece también consagrada en el artículo 86 de la Constitución, la Corte incurriría en responsabilidad por omisión (artículo 6º ibídem), si no observa la preceptiva del artículo 241.9, que le impone el revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, revisión que le imprime con su fallo el valor de cosa juzgada constitucional a la controversia, de conformidad con el artículo 243 constitucional.] - [Palabras claves: tutela, corte, derechos, acción, constitucional, sentencias, constitución, fundamentales, decreto, norma, carta, revisión, derecho]

Caducidad - Indemnizaciones y costas - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991 - [Resumen automatizado: La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[6] Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.] - [Palabras claves: tutela, constitución, derechos, acción, derecho, corte, constitucional, fundamentales, sentencias, puede, cosa, justicia, proceso]