El Consejo de Estado no accedió a las pretensiones de la demanda que interpuso la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional para recuperar los 1.600 millones pesos que tuvieron que pagar estas entidades para reparar a unas familias víctimas de los llamados 'falsos positivos. La Sala ratificó el fallo de primera instancia y no accedió a las pretensiones de repetición. Sostuvo que las entidades accionantes no acreditaron el pago de la reparación, lo cual es un requisito indispensable. Es inadmisible que en esta instancia tal entidad alegue la imposibilidad de acceder a dicha prueba, toda vez que es incuestionable que el supuesto soporte del pago debe reposar en sus archivos al haber sido materializado el desembolso a través del sistema financiero nacional. Precisó que, a pesar de la gravedad de los hechos que se les imputan a estos tres militares, tampoco se aportó elemento alguno que busque acreditar su actuar doloso en la producción del daño que las entidades se vieron obligadas a reparar. El Consejo de Estado sostuvo que el Consejo Seccional de la Judicatura y Oficina de Control Interno deben examinar, si a bien lo tienen, la conducta de los apoderados de las demandantes, pues, a pesar de los llamados de los jueces que conocieron esta acción de repetición, no ejercieron las actuaciones necesarias para integrar en debida forma el acervo probatorio al que había lugar para que se estudiara de fondo esta demanda

Se negaron las pretensiones de una demanda por medio de la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil pretendía que el ex registrador Iván Duque Escobar (QEPD) asumiera los costos de una sentencia que obligó a la entidad a indemnizar por casi 540 millones de pesos a un funcionario que había sido desvinculado de esa institución de manera ilegal. Los hechos tienen origen en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso un funcionario contra la decisión por medio de la cual la Registraduría lo declaró insubsistente en 1999. El Tribunal emitió un fallo favorable y ordenó reintegrarlo y cancelarle los emolumentos desde el momento de su retiro de la entidad. Este organismo interpuso demanda de repetición, contra el registrador y el director de Recursos Humanos de la época. El Consejo de Estado negó las pretensiones, al advertir que no se cumplieron con los requisitos para probar que la persona a indemnizar recibió los dineros a satisfacción, debido a que no se incluyeron en el expediente una certificación bancaria o una constancia de recibo del pago a favor del beneficiario y en virtud a que en los comprobantes de egreso aportado como prueba de pago por parte de la Registraduría aparecen casillas correspondientes a la firma y sello del beneficiario y las de la Tesorería, sin que ninguno de los espacios hubiese sido diligenciado

La acción de repetición como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, de manera que la finalidad de la misma la constituye la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. Los requisitos de la acción de repetición son: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico

La acción de repetición encuentra su principal sustento normativo en el inciso 2 del artículo 90 de la Constitución Política, que indica que las entidades estatales deben obtener de sus agentes el reembolso de las indemnizaciones por condenas que declaren su responsabilidad patrimonial, cuando ello se haya producido en virtud de su actuación dolosa o gravemente culposa. Sin embargo, aunque la acción de repetición se elevó a rango constitucional en virtud de dicha norma, la acción no se originó con ella, pues ya se encontraba prevista en el ordenamiento jurídico colombiano desde mucho antes. El Decreto 150 de 1976, en el que se establecieron normas relativas a la contratación con la Nación y sus entidades descentralizadas, previó la responsabilidad civil de los funcionarios por sus actuaciones, siempre que se demostrara su culpa grave o dolo, según se dispuso en sus artículos 198 y 201. El Código Contencioso Administrativo, extendió esta responsabilidad al ámbito extracontractual en cabeza de los servidores y agentes por daños causados en el ejercicio de sus funciones y creó la acción de repetición como mecanismo judicial para hacerla efectiva al indicar en sus artículos 77 y 78. Puede concluirse que para que la acción de repetición prospere en eventos como el presente es necesario acreditar: i) la conducta desplegada por el agente estatal, la cual debe ser determinante en la producción de la condena o la conciliación; ii) la existencia de una condena judicial en contra de la entidad pública, o una conciliación, en la que conste la obligación de pagar una suma de dinero; iii) el pago realizado por la entidad y iv) la calificación de la conducta del agente estatal como dolosa o gravemente culposa. Posteriormente el legislador profirió la Ley 678 del 3 de agosto del 2001, en la cual se reguló específicamente la acción de repetición y el llamamiento en garantía de agentes estatales con fines de repetición, se concretaron los conceptos de dolo y culpa grave para efectos de determinar la responsabilidad del agente, y se establecieron algunos requisitos para la procedencia de la acción, así como elementos de procedimiento aplicables a los procesos de este tipo

Evolución normativa de la acción de repetición. Concepto y objeto de la acción de repetición. Naturaleza jurídica indemnizatoria de la acción de repetición. Requisitos de procedibilidad de la acción de repetición. Actuación dolosa o gravemente culposa en acción de repetición. Cómputo del término de caducidad de la acción de repetición. Tránsito legislativo en la acción de repetición, principio de irretroactividad de la ley. Llamamiento en garantía con fines de repetición. Requisitos para la configuración de excepción previa de pleito pendiente. Concepto de dolo malo.

La acción de repetición es una acción autónoma, por medio de la cual la administración puede obtener de sus agentes el reintegró del monto de la indemnización, que ésta ha debido reconocer a un particular en virtud de una condena judicial. Acción de repetición - Objeto. Responsabilidad patrimonial del Estado. Agentes estatales - Responsabilidad solidaria