Señala la Sala que cuando el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en alguna de las hipótesis consignadas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó una serie de presunciones legales como mecanismos procesales enderezados a tornar efectiva la acción de repetición prevista en la Constitución y así hacer eficaz la responsabilidad civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u omisión generen. En tal virtud, concluye la Sala que las presunciones consagradas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, la administración demandante tiene la carga de probar únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que "la parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho contrario. Así también lo dejó claro la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 la Ley 678, pues indicó que, para hacer efectivo el precepto del artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de proteger la moralidad y el patrimonio público, se buscó relevar al Estado de la carga de la prueba cuando ejercía la acción de repetición y alegaba en su favor una presunción de dolo y - o culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario, ya que aquella no constituye un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia

Frente a los agentes estatales la condena penal con fundamento en el dolo hace tránsito a cosa juzgada y en la acción de repetición no podrá desconocerse la sentencia penal para absolver al agente que ha sido condenado a ese título. Ello también quiere decir que, para condenar al agente en la acción de repetición, la sentencia de condena a título de dolo es prueba suficiente para dar por demostrado este elemento. No puede afirmarse lo mismo en relación con la sentencia penal de condena a título de culpa, en la medida en el artículo 90 de la C.P. exige la prueba de la culpa grave y no simplemente de la culpa que exige el Código Penal, razón por la cual, aun si el agente estatal fue condenado penalmente a título de culpa, será el Juez de la acción de repetición quien deberá determinar si el daño por el cual se persigue su responsabilidad fue causado con la culpa grave que exige la norma constitucional

¿Cuál es la normatividad aplicable para el computo de caducidad del medio de control de repetición de una condena impuesta a vigencia del anterior Código Contencioso? El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular el medio de control de repetición, de conformidad con el literal l) del artículo 164 del CPACA, es de 2 años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en ese código. Ahora bien, no se tomarán los 10 meses establecidos en el inciso segundo del artículo 192 del CPACA, pues respecto del plazo para el pago de la condena que se pretende repetir en la demanda rige el CCA, de conformidad con el artículo 308 del CPACA que dispone que este código aplica a los procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. De modo que, el término para formular la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se haga el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA

Acción de reparación, fundamento normativo y constitucional. Los Demandados, quienes hacían parte del Ejército Nacional, obraron con dolo, pues ejecutaron al señor ACC y lo hicieron pasar como guerrillero dado de baja en combate, lo cual dio lugar a un proceso de reparación directa contra el Ministerio de Defensa y a que éste fuera condenado a pagar los perjuicios causados a los familiares de la víctima, de la cual derivó la demanda de repetición. Según el artículo 90 (inciso segundo) de la C. Política, el Estado debe repetir contra los servidores públicos que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, ocasionen que aquél sea condenado patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En igual sentido, el artículo 77 del CCA. dispone que, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al Estado, los funcionarios públicos son responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. El inciso segundo del ya citado artículo 90 de la C.P. fue desarrollado por la Ley 678 de 2001, norma que definió la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial dirigida contra el servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto

El Consejo de Estado condenó en repetición a un soldado profesional del Ejército que deberá reintegrar a la Nación más de 68 millones de pesos, por ser el responsable del daño que esas entidades se vieron obligadas a resarcir por las heridas que sufrieron dos civiles a su paso por un retén militar. Los hechos se produjeron en septiembre del 2002, cuando un conductor y su acompañante se desplazaban en un vehículo en estado de embriaguez, no hicieron caso a la señal de alto que le hicieron dos soldados, frente a lo cual uno de los militares disparó. Por estos hechos las entidades demandadas fueron condenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que las motivó a interponer una demanda de repetición, al considerar que esta fue ocasionada por la actuación gravemente culposa de los uniformados implicados en los hechos. Si bien las víctimas hicieron caso omiso de la orden para detener el automóvil, uno de los dos soldados implicados hizo uso desproporcionado e indiscriminado de su arma de dotación, causando heridas a dos civiles, pese a que no se encontraba en una situación de inminente peligro y aún después de haber recibido órdenes de su superior de no disparar

Para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. Si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado. En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil. Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo. En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia

Acción de repetición. El legislador expidió la Ley 678 de 2001, que definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. También reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso

Dentro de un contrato de obra, una entidad oficial pagó al contratista un mayor valor causado por un tiempo de ejecución superior al pactado, el cual se generó porque la entidad pública no negoció ni legalizó en debida forma las servidumbres necesarias. La entidad interpuso acción de repetición en contra de varios exfuncionarios, aportando certificados de sus funciones y documentos relacionados con el contrato de obra. ¿Corresponde al juez contencioso administrativo acreditar qué conducta configura dolo o culpa grave dentro del trámite de la acción de repetición? Si bien al proceso se anexaron los documentos que certificaban las funciones de los demandados, no se observa que ninguno de ellos tuviera la obligación jurídica o el deber legal de garantizar que se cumplieran todos los términos del contrato, y menos tenían que garantizar que la obra no sufriera contingencias que forzaran su prolongación. No informan cuáles eran las funciones concretas que tenía cada uno de los servidores demandados, en materia de legalización de servidumbres para la contratación de las redes y del cableado eléctrico. Finalmente, resulta oportuno destacar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del CPC: "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", por lo que, en casos como el presente, es a la parte demandante a quien corresponde la carga de acreditar cual fue la conducta específica de cada demandado para inferir su responsabilidad, y no simplemente llevarle al juez, como en el presente caso, todos los documentos relacionados con un contrato de licitación, para que sea el juez el que determine y estudie si "los funcionarios podían haberse visto incursos en conducta dolosa o gravemente culposa" como lo expresó en el corto escrito de apelación

Vinculación procesal de los contratistas del estado. A diferencia de lo que sucede con los funcionarios públicos o con los particulares que cumplen funciones públicas, tratándose de contratistas del Estado, es factible desde la demanda trabar la relación jurídico-procesal para vincularlos de manera directa como partes originales del proceso, ya que la interpretación sistemática del art. 78 del CCA., no resulta extensiva ni aplicable a los contratistas del Estado. La Ley 678 de 2001, parág. 1 artículo 2, dispuso: "Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a lo contemplado en esta ley", con lo cual, pudiera pensarse que lo que se predica de los funcionarios públicos, por vía de la equiparación también se predica de los contratistas, interventores, consultores y asesores; sin embargo, tal entendimiento no resulta plausible. Es viable demandar de manera directa y concurrente al Estado y al contratista, esta posibilidad no quedó enmarcada en los alcances de la sentencia C-484 de 2002. Si no se vincula inicialmente al contratista, en cualquier caso, le queda a la entidad la posibilidad de hacerlo vía llamamiento o repetición, en los términos de la Ley 678 de 2001

Caducidad de la acción de repetición. La ley consagra un término de dos años para intentar la acción de repetición, contados desde el día siguiente a la fecha en la que se efectuó por parte de la entidad pública el pago definitivo del monto total de la condena impuesta por el juez, disposición legal que se explica en el hecho de que el presupuesto central para impetrar esta acción es que ésta haya realizado ese pago, es decir, el instante en el que se materializa el daño irrogado a ella y sufrido directamente por el hecho de haber sido obligada a indemnizar por la acción u omisión con culpa grave o dolo del funcionario

No puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. Fue así como, la entidad demandada (Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) teniendo en cuenta la condena impuesta en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y en ejercicio de los mecanismos legales, instauró acción de repetición buscando la recuperación de los dineros cancelados por la entidad pública, contra los Magistrados del Tribunal Administrativo que profirieron el acto administrativo de abandono injustificado omitiendo realizar la audiencia previa, y que no lograron desvirtuar la presunción contenida en el numeral 1 del artículo 6 "violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho" de la Ley 678 de 2001, que establece que la conducta de un agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley

¿Puede la entidad demandada repetir contra el director financiero y administrativo de la entidad por los valores de naturaleza indexatoria ante la mora en el pago de la suma pactada en un acuerdo conciliatorio? Negada. Si bien en algunas ocasiones esta Sección ha asimilado la indexación al daño emergente, lo cierto es que conforme al criterio mayoritario y reiterado de la Corporación la indexación responde al fenómeno de la devaluación de la moneda por efectos inflacionarios, el cual ocurre por hechos de la vida económica, que imponen el reajuste en aplicación del principio de equidad con el propósito de garantizar la reparación íntegra del daño. \ Naturaleza de la indexación \ Acción de repetición

Se presenta desviación de poder siempre que se ejercen las potestades administrativas con fines diferentes a los fijados por el ordenamiento jurídico. El acto, aunque es aparentemente legal, en realidad no se dirige a cumplir el objetivo trazado por la ley para el ejercicio de esa competencia. Para que se pueda predicar la existencia del dolo o la culpa grave en relación con el acto administrativo anulado por desviación de poder, resulta necesario indagar en la intención del sujeto que actuando a nombre de la administración lo expidió, para identificar el querer oculto y compararlo con la verdadera finalidad de servicio público que debe orientar sus actuaciones. Por ello, resulta necesario establecer si, además de estar orientado el acto administrativo a una finalidad distinta a aquella que el ordenamiento ha marcado para el ejercicio de esa específica competencia, esa orientación desviada fue consciente y determinada por la intención del autor de la decisión de causar un daño, o fruto de una grave negligencia de su parte

La acción de repetición encuentra su principal sustento normativo en el inciso 2 del artículo 90 de la Constitución Política, que indica que las entidades estatales deben obtener de sus agentes el reembolso de las indemnizaciones por condenas que declaren su responsabilidad patrimonial, cuando ello se haya producido en virtud de su actuación dolosa o gravemente culposa. Sin embargo, aunque la acción de repetición se elevó a rango constitucional en virtud de dicha norma, la acción no se originó con ella, pues ya se encontraba prevista en el ordenamiento jurídico colombiano desde mucho antes. El Decreto 150 de 1976, en el que se establecieron normas relativas a la contratación con la Nación y sus entidades descentralizadas, previó la responsabilidad civil de los funcionarios por sus actuaciones, siempre que se demostrara su culpa grave o dolo, según se dispuso en sus artículos 198 y 201. El Código Contencioso Administrativo, extendió esta responsabilidad al ámbito extracontractual en cabeza de los servidores y agentes por daños causados en el ejercicio de sus funciones y creó la acción de repetición como mecanismo judicial para hacerla efectiva al indicar en sus artículos 77 y 78. Puede concluirse que para que la acción de repetición prospere en eventos como el presente es necesario acreditar: i) la conducta desplegada por el agente estatal, la cual debe ser determinante en la producción de la condena o la conciliación; ii) la existencia de una condena judicial en contra de la entidad pública, o una conciliación, en la que conste la obligación de pagar una suma de dinero; iii) el pago realizado por la entidad y iv) la calificación de la conducta del agente estatal como dolosa o gravemente culposa. Posteriormente el legislador profirió la Ley 678 del 3 de agosto del 2001, en la cual se reguló específicamente la acción de repetición y el llamamiento en garantía de agentes estatales con fines de repetición, se concretaron los conceptos de dolo y culpa grave para efectos de determinar la responsabilidad del agente, y se establecieron algunos requisitos para la procedencia de la acción, así como elementos de procedimiento aplicables a los procesos de este tipo

Con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 "CPACA" surgen los siguientes interrogantes: ¿cuál o cuáles normas de competencia funcional son aplicables a los medios de control de repetición presentados con posterioridad a la entrada en vigencia del CPACA? , ¿son los artículos 149.13, 152.11 y 155.8 del CPACA o, por el contrario, el artículo 7 de la Ley 678 de 2001? En los medios de control de repetición las normas de competencia aplicable son las contenidas en los artículos 149, 152 y 155 del CPACA, que establecen, para esos efectos, el factor subjetivo y el factor objetivo por cuantía, por lo que el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 está derogado y resulta inaplicable

DAS formuló demanda de repetición en contra de ex director de la entidad, por que actuó con dolo o culpa grave al expedir Resolución aceptando renuncia -no voluntaria- de un Oficial de Inteligencia, acto administrativo que dio lugar a una sentencia condenatoria en contra suya, por la que tuvo que pagar a la funcionaria desvinculada irregularmente una suma. Acción de repetición. Competencia Consejo de Estado. Normatividad. Presupuestos. Finalidad. Llamamiento en garantía. Con fines de repetición. Acción de repetición. Definición. Busca responsabilizar patrimonialmente al funcionario que en ejercicio de sus funciones actúa con dolo o culpa grave causando un daño antijurídico. Precedente jurisprudencial. Presupuestos y requisitos. Prosperidad de la acción. Prueba que acredite que la entidad pública demandante haya sido condenada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Prueba. Deficiencias probatorias. Documentos. Valor probatorio. Documento en copia simple. Valor probatorio No son medios de convicción. Copia. Autenticación. Dolo. Conductas. Culpa grave. Conductas. Presunción. Praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit. Presunción. Definición normativa. Definición doctrinaria. Acto administrativo. Nulidad. Ejercicio del derecho de repetición. Comporta el desarrollo efectivo de la carga de la prueba

Nociones de legitimación en la causa por activa y legitimación en la causa por pasiva. La entidad demandada cuenta con dos mecanismos procesales para vincular a sus agentes y así lograr el pago de la suma a la que fue condenada como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de los mismos: el llamamiento en garantía y la acción de repetición. El hecho de no efectuar el llamamiento en garantía no es óbice para que una vez efectuado el pago total de la condena por parte de la demandada, esta pueda repetir contra dichas funcionarias.

Evolución normativa de la acción de repetición. Concepto y objeto de la acción de repetición. Naturaleza jurídica indemnizatoria de la acción de repetición. Requisitos de procedibilidad de la acción de repetición. Actuación dolosa o gravemente culposa en acción de repetición. Cómputo del término de caducidad de la acción de repetición. Tránsito legislativo en la acción de repetición, principio de irretroactividad de la ley. Llamamiento en garantía con fines de repetición. Requisitos para la configuración de excepción previa de pleito pendiente. Concepto de dolo malo.

¿La perención es una forma de terminación anormal del proceso que se aplica como sanción al incumplimiento del deber que tiene el actor relacionado con la supervisión, el impulso y la vigilancia de los distintos trámites que vayan surgiendo de acuerdo al desarrollo normal de la actuación, siempre que tal incumplimiento acarree la parálisis del proceso? Proceso contencioso - Perención. Acción de repetición

Generalidades y definición legal de la acción de repetición. Tránsito legislativo: Si los hechos que dieron lugar a la acción de repetición ocurrieron antes de la Ley 678 de 2001, deberá continuarse aplicando la legislación anterior. Culpa grave por inobservancia del procedimiento para declarar insubsistente a una persona que se encontraba en período de prueba.

¿Los dos momentos en que comienza a contarse el término de dos años para impetrar la acción de repetición son: a) A partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y b) Desde el día siguiente del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C. C. A.? ¿Para que se pueda imputar responsabilidad al agente público se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio? Acción de repetición - Término de caducidad. Requisitos. Régimen legal aplicable. Responsabilidad del agente público

¿Corresponde a la entidad demandante la carga de probar el dolo o la culpa grave que amerita responsabilidad administrativa del agente público en la desvinculación de un funcionario que se ordena reintegrar a su cargo? Acción de repetición - Término de caducidad. Requisitos. Régimen legal aplicable. Responsabilidad del agente público. Empleado de carrera - Declaratoria de insubsistencia

El régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro. Acción contractual - LLamamiento en garantía. Contrato estatal de obra - Responsabilidad solidaria. Garantías. Contratista - Responsabilidad. Acción de repetición

¿Frente a los actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas, no caduca la acción de reparación directa? Ministerio de hacienda y crédito público - Mora en el giro de transferencias por parte de la Nación. Municipios - Transferencias bimensuales de la Nación. Cuota parte de reserva o de reaforo. Lucro cesante por mora en transferencias de la Nación. Acción de reparación directa - Término de caducidad. Ingresos corrientes de la Nación - Participación de entidades territoriales

¿La norma que le otorga competencia al Consejo de Estado para conocer en única instancia de la acción de repetición en contra de altos funcionarios del Estado, no menciona la investidura del Alcalde Mayor de Bogotá? Acción de repetición. Consejo de Estado - Competencia en acción de repetición. Jurisdicción contenciosa - Competencia en acción de repetición

¿La moral administrativa consiste en la justificación de la conducta de quien ejerce función pública, frente a la colectividad? Proceso de responsabilidad fiscal. Patrimonio público. Indemnización de perjuicios. Contraloría General de la República. Acción de repetición. Responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado. Llamamiento en garantía con fines de repetición. Principio de moralidad administrativa

¿La acción de grupo permite el llamamiento en garantía? Acción de grupo - Llamamiento en garantía. Acción de repetición. Responsabilidad patrimonial del Estado. Responsabilidad de la persona llamada en garantía

Afirmó que estuvo vinculado como abogado externo de la entidad demandada hasta diciembre de 1999, mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, en cumplimiento de los cuales brindó asesoría en asuntos jurídicos, judiciales y extrajudiciales de naturaleza administrativa, civil, penal, etc. a los hospitales y centros de salud que dependieran del Instituto. A pesar de que en el año 2000 no celebró ningún contrato con la entidad, continuó prestándole sus servicios hasta el día 31 de julio de ese año, sin que por esa labor haya recibido remuneración alguna. Jurisdicción contenciosa - Rechazo de demandas por error en la acción interpuesta. Acción de reparación directa. Enriquecimiento sin causa - Actio in rem verso. Funcionarios públicos - Responsabilidad patrimonial. Acción de repetición - Legitimación