¿Las sentencias proferidas por las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante por incurrir en un defecto fáctico al (i) omitir la valoración de material probatorio relevante y (ii) valorar de forma indebida otras pruebas del proceso de reparación directa promovido por la accionante y otros, en contra de la Policía Nacional? La Sala encuentra que las decisiones objeto de cuestionamiento configuraron un defecto fáctico por no valoración probatoria del 'Manual de Operaciones de Orden Abierto de la Policía Nacional' el cual, además de haber sido legal y oportunamente aportado al proceso, constituía una prueba de gran trascendencia capaz de determinar el sentido y contenido del fallo. Además, constituyeron un defecto fáctico por indebida valoración probatoria de los restantes elementos probatorios que obraban en el expediente, como la entrevista realizada el 1º de marzo de 2007 a X, Comandante de la Comisión CELHI Puerto Berrio No. 4 y la practicada el 1º de marzo de 2007 por la Policía Judicial al patrullero XX.Las decisiones demandadas que incurrieron en defecto fáctico no se sustentaron debidamente en los principios de la sana crítica y en las reglas de la experiencia al realizar la valoración probatoria. Primero, porque podía inferirse de forma razonable y lógica que la no aplicación del manual por parte del comandante el día del suceso, constituía una falla del servicio por omisión. Además, porque un análisis lógico de los hechos permitía inferir que tal negligencia del comandante, al no prever los riesgos adicionales a los que exponía a los patrulleros, incidió de manera relevante en la causación material del daño del señor Arias Galeano. Segundo, porque las decisiones desconocieron que lo que normalmente ocurre en la práctica cuando no se aplican los protocolos y las medidas de seguridad previstas para el desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública, es la generación de un riesgo mucho mayor que facilita la ocurrencia del daño. La Policía Nacional tenía un deber positivo de protección respecto del patrullero XXX, pese a que este se había vinculado como profesional a la institución de forma libre y voluntaria, y una obligación de brindarle las condiciones de seguridad necesarias y los elementos indispensables para cumplir con sus obligaciones de forma segura - [Resumen automatizado: En concreto, señaló que los jueces de instancia incurrieron en defecto fáctico pues no tuvieron en cuenta (i) el 'Manual de Operaciones de Orden Abierto de la Policía Nacional' en el cual se relacionan los acuerdos y técnicas que los comandantes deben emplear al momento de cruzar los ríos, y se estipula su deber de proteger la vida de sus subalternos como primera medida; y (ii) el testimonio del patrullero Mosquera quien explicó cómo ocurrieron los hechos e informó que, después del fallecimiento de Arias Galeano, las órdenes de llevar los elementos para los operativos que implicaran riesgos por cruce de cursos de agua se hicieron más estrictas. || 4. En tanto la presente acción de tutela se interpone en contra de decisiones de carácter judicial proferidas en el marco de la jurisdicción contenciosa administrativa, será necesario que la Corte Constitucional aborde: (i) las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el examen de los requisitos generales de procedencia; (iii) los requisitos específicos de procedibilidad con énfasis en el defecto fáctico; (iv) la acción de reparación directa y los elementos de la responsabilidad del Estado; (v) la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el riesgo propio del servicio, y los títulos de imputación en tratándose de daños padecidos por personas vinculadas voluntariamente a la Fuerza Pública, y finalmente, (v) la solución al caso concreto.] - [Palabras claves: reparación, consejo, expediente, daño, directa, administrativo, servicio, tutela, responsabilidad, proceso, sala, nacional, policía, riesgo, juez]

¿Vulneró el Tribunal Administrativo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes por presuntamente haber incurrido en defecto fáctico, toda vez que omitió valorar y-o valoró equívocamente elementos materiales de prueba obrantes en el expediente contentivo del trámite que adelantaron los peticionarios a través del medio de control de reparación directa contra las autoridades demandadas? el Tribunal demandado erró al clasificar el informe policial de accidente de tránsito como informe pericial y al no evaluar el mismo conforme a lo establecido por la normatividad colombiana. En otras palabras, el Tribunal no debió preguntar si el agente que elaboró el informe era un experto en un tema determinado, como si fuese un perito (acción de reparación, c. 3, f. 412), sino si él siguió el protocolo establecido por la Resolución 11268 de 2012; asimismo, el Tribunal debió determinar si el informe mantenía su integridad. Resueltas estas inquietudes, el Tribunal debió valorar el informe policial de accidente de tránsito con otras pruebas, tales como las remisiones a hospitales, las historias clínicas, entre otros. Dicho Tribunal valoró defectuosamente el informe policial de accidente de tránsito arrimado con la demanda, pues simplemente se limitó a restarle valor probatorio en cuanto a los hechos que rodearon el caso, porque no se trataba de un dictamen pericial. Por el contrario, el referido documento demuestra con claridad y suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, sin que el mismo haya sido puesto en duda, ni tachado de falso por la demandada en el trámite ordinario, es decir, no se alegó que lo allí declarado y representado por el Agente de la Policía Nacional de Carreteras no hubiese correspondido a lo sucedido, conforme a lo estatuido en los artículos 243 a 274 del Código General del Proceso - [Resumen automatizado: 5. La Sala observa que el presente caso es de evidente relevancia constitucional, por cuanto está inmerso en una controversia iusfundamental que gira en torno al presunto desconocimiento del derecho al debido proceso de los demandantes, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima en el marco del trámite que promovieron los accionantes a través del medio de control de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, con el propósito de que se declarara la responsabilidad extracontractual patrimonial por los perjuicios materiales e inmateriales que sufrieron Mayerly Castellano Rojas, Rigoberto Cruz Rico, Lyda Cristina Malagón Velásquez, Leidy Johana Cruz Velásquez, Dilan Santiago Asencio Cruz, Yoiner David Cruz Velásquez y María Irma Velásquez Rincón, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 18 de julio de 2011. || Según los antecedentes reseñados en este pronunciamiento, corresponde a la Sala Novena de Revisión resolver el problema jurídico que a continuación se plantea: ¿vulneró el Tribunal Administrativo del Tolima el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes por presuntamente haber incurrido en defecto fáctico, toda vez que omitió valorar y/o valoró equívocamente elementos materiales de prueba obrantes en el expediente contentivo del trámite que adelantaron los peticionarios a través del medio de control de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, cuyo radicado es el número 73001-3333-005-2013-00070-00?] - [Palabras claves: proceso, tránsito, informe, tribunal, administrativo, sentencia, nacional, cruz, directa, tutela, vehículo, prueba, decisión]