Caducidad del medio de control de reparación directa. La Sala Segunda de Revisión estableció la siguiente regla de decisión: generalmente, el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa inicia cuando ocurre el hecho dañoso, dado que se presume que, en ese momento, se tiene conocimiento del daño. Sin embargo, el conteo no puede efectuarse de manera rígida, pues, "en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse ciertas flexibilizaciones, necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las víctimas". Ello sucede, principalmente, cuando el afectado advierte el daño "en un momento posterior a aquél en el que se produjo la acción u omisión administrativa, caso en el cual le corresponde al operador judicial efectuar una interpretación razonable del instante a partir del cual debe iniciarse la contabilización del término de la caducidad de la acción, labor que debe ir necesariamente acompañada de un examen crítico y detallado de los elementos probatorios obrantes en el proceso" - [Resumen automatizado: Jean Carlos Díaz y sus familiares formularon recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que argumentaron que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, tratándose de lesiones sufridas por soldados conscriptos, el conteo del término de caducidad inicia con la notificación del acta de la Junta Médico Laboral para el caso, 24 de noviembre de 2016, toda vez que la magnitud del daño se conoce en ese momento. || De manera similar, los peticionarios sostienen que las autoridades judiciales contrariaron el precedente constitucional según el cual “en el caso de lesiones cuya magnitud se viene a establecer con posterioridad al hecho que ocasiona el daño, y cuya incidencia y concreción se viene a establecer con posterioridad mediante el dictamen sobre pérdida de capacidad laboral proferido por la Junta Médico Laboral, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe hacerse a partir del día siguiente al de la notificación del acta de la Junta Médico Laboral, pues esta interpretación resulta más armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales de los conscriptos, de acuerdo con los principios pro-actione y pro-damnato”[18].] - [Palabras claves: caducidad, daño, tutela, acción, precedente, corte, tribunal, demanda, sala, judicial, administrativo, directa, derecho, momento, consejo, constitucional, hecho]

Término de caducidad del medio de control de reparación directa. Contrario a lo que sucede en las decisiones del Consejo de Estado, esta Corporación ha mantenido una posición constante acerca de la flexibilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa. Adicionalmente, ha señalado que el establecimiento de este plazo no contraría la Constitución, en tanto que no quebranta el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de las víctimas, pues se trata de cargas procesales legítimas orientadas a garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de justicia y a evitar la paralización del tráfico jurídico. A lo largo de sus decisiones esta Corporación ha preferido la interpretación que admite bajo ciertas condiciones la flexibilización del cómputo del término de caducidad, en aras de asegurar la primacía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La segunda, que la regla de decisión que ha sintetizado la Corte sobre este aspecto se encuentra establecida en la sentencia SU-659 de 2015 que, a su vez, fue reiterada a través de la sentencia T-334 de 2018 - [Resumen automatizado: De ser así, examinará (i) si una autoridad judicial desconoce las decisiones de esta Corporación, así como las disposiciones constitucionales pertinentes, al no tener en cuenta el momento en el que se calificó la pérdida de capacidad laboral de un ciudadano a efectos de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y (ii) si, como consecuencia de ello, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos por desconocimiento del precedente constitucional y por violación directa de la Constitución[15]. || Así las cosas, para resolver el problema jurídico planteado este Tribunal abordará su jurisprudencia en relación con los siguientes tópicos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la caracterización de los defectos por desconocimiento del precedente constitucional y por violación directa de la Constitución, y (iii) el término de caducidad del medio de control de reparación directa.] - [Palabras claves: proceso, tutela, directa, sección, término, corte, daño, consejo, sentencia, acción, subsección, reparación, decisión, derechos, administrativo]

El término de caducidad del medio de control de reparación directa. De acuerdo con la postura del Consejo de Estado, el término de caducidad no puede quedar sometido a la realización de eventuales dictámenes médicos, cuando se tiene certeza de un daño, para establecer el estado actual de salud de un paciente; lo anterior en virtud de que, como se señaló anteriormente, cuando se pretende derivar responsabilidad al Estado por daños que continúan de forma indefinida en el tiempo, el hecho de que los efectos de este se extiendan después de su consolidación, no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, pues de ser ello así la acción nunca caducaría. Una autoridad judicial no incurre en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente judicial cuando, en el marco del medio de control de reparación directa, declara la caducidad de la acción aplicando la jurisprudencia vigente en la materia, que admite la iniciación del conteo del término de caducidad a partir de cuando el daño objeto de reclamo se hizo cognoscible o evidente para quien lo padece -lo cual puede suceder en una ulterior oportunidad a la ocurrencia del hecho que lo produjo- y efectúa una valoración razonable de las pruebas que demuestran que la lesión antijurídica primigenia y definitiva -pérdida del ojo- se concretó y fue conocida por el demandante con posterioridad al accidente laboral que sufrió, en concreto, al momento de ser intervenido quirúrgicamente, pues fue cuando se le extrajo la cavidad ocular derecha y se le implantó una prótesis de reemplazo - [Resumen automatizado: El 9 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Quinta negó las pretensiones del accionante, al estimar que, en aplicación directa del artículo 164 del CPCA, no se configuró vulneración alguna del debido proceso pues el Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad respecto de quien se evaluó el reproche, “determinó, razonablemente, con los elementos allegados al proceso, que el término de caducidad no se podía iniciar a contabilizar desde el 29 de septiembre de 2012, día del accidente, sino desde el 3 de octubre siguiente, cuando se le practicó [al ciudadano] la cirugía que le extirpó el ojo derecho; motivo por el cual, para el 7 de [septiembre] de 2015, fecha de solicitud de la conciliación prejudicial y el 10 de octubre de 2016, calenda de presentación de la demanda, el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción ya había operado desde octubre de 2014”[44].] - [Palabras claves: daño, caducidad, acción, reparación, término, hecho, administrativo, derecho, momento, directa, sala, consejo, control]

¿Un Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes al incurrir en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución, al contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa iniciada por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y otros, por la falla en el servicio, en días calendario y declarar la caducidad a pesar de que el daño antijurídico se diera como consecuencia de la muerte del familiar de los accionantes que tuvo lugar en el desarrollo de una misión humanitaria? Niega - cuando se presenta una conciliación extrajudicial, que es un requisito de procedibilidad de la acción de reparación directa , se suspende el término de caducidad de la acción hasta que no haya acuerdo conciliatorio o se expidan las actas declararan fallida la conciliación, y se reanudaran los términos, contabilizándose igualmente en días calendario. \la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dispuesto que cuando el daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la acción de reparación, haya sido acaecido como consecuencia de una grave violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el término de caducidad será el mismo al contemplado en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A. Lo anterior, en la medida en que es diferenciable la imprescriptibilidad de la acción penal de crímenes de lesa humanidad, que busca resguardar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, a las acciones de carácter indemnizatorio que pretenden garantizar el derecho a la reparación. \las acciones civiles y contencioso administrativas cuyo fin es buscar la reparación económica, están sujetas al fenecimiento de un término perentorio fijado por la ley para el ejercicio de éstas y, en todo caso, no excluye la posibilidad de que en el interior de un proceso penal se pueda solicitar a través del incidente de reparación, al patrimonialmente responsable del daño causado - [Resumen automatizado: Afirman los actores que las autoridades judiciales accionadas vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues con la decisión de rechazar la demanda de reparación directa por haber operado la caducidad de la acción, incurrieron en un defecto sustantivo "pues (...) debería haber sido contabilizado como días hábiles.", además, porque estiman que con la decisión de rechazar la demanda "desconoce que el daño antijurídico sufrido por los demandantes es el resultado de una vulneración grave de derechos humanos", lo cual contraria los postulados de la Constitución. || De acuerdo con los antecedentes narrados previamente, corresponde a la Sala establecer si: ¿el Tribunal Administrativo de Caquetá y el Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al incurrir en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución, al contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa iniciada por los aquí accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y otros, por la falla en el servicio, en días calendario y declarar la caducidad a pesar de que el daño antijurídico se diera como consecuencia de la muerte del familiar de los accionantes que tuvo lugar en el desarrollo de una misión humanitaria?] - [Palabras claves: acción, directa, caducidad, reparación, derechos, tutela, judicial, decisión, judiciales, días, sentencia, término, proceso, fundamentales, demanda]

¿El Tribunal Administrativo accionado vulneró los derechos fundamentales de los accionantes al incurrir en un defecto sustantivo y fáctico al decretar la caducidad de la acción de reparación contra el ISS, por contabilizarla tomando como fundamento el momento en el cual se diagnosticó la enfermedad y no el tiempo en el cual se determinó la pérdida de capacidad laboral del 72.5% al menor afectado? Concede - (…)la jurisprudencia contencioso administrativa ha determinado que el término a partir del cual debe contarse la caducidad de la acción de reparación directa en materia médico-sanitaria es, en principio, la misma establecida en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A., esto es, que son dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa(…)sin embargo, señaló que existen dos eventos en los cuales, en aplicación del principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, la regla general sobre la caducidad se debe flexibilizar, que son: "i) hasta tanto la persona no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en que se establece la existencia de la lesión antijurídica y ii) cuando existe un tratamiento médico que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le genera al paciente una expectativa de recuperación. En el segundo escenario el paciente tiene pleno conocimiento del daño pero el servicio médico le brinda esperanzas de recuperación al someterlo a un tratamiento que se prolonga en el tiempo. En este tipo de circunstancias, el conteo de la caducidad no inicia hasta tanto no se haya proferido el diagnóstico definitivo del paciente; entonces, si el paciente padece el daño y, por lo tanto, conoce el hecho o la omisión y el daño antijurídico, pero no ha sido expedido un diagnóstico concluyente, sino que, por el contrario es parcial o temporal, no es posible radicar en cabeza de la persona el deber de demandar o accionar puesto que no conoce, hasta el momento, las condiciones de la lesión, esto es, si es definitiva, temporal, parcial, total, reversible o irreversible(…)el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un defecto sustantivo pues aplicó en el caso concreto el término de caducidad de la acción establecido en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A., desconociendo no solo la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin acudir a principios constitucionales y valorar las pruebas que obran en el expediente - [Resumen automatizado: Los señores Luis Alberto Ramírez Jiménez, Fabián Antonio Ramírez Jiménez, Luis Alberto Ramírez Luna y Guimar Teresa Jimenez Perdomo, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Tolima, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues argumentan que el Tribunal debió contar el término de caducidad para ejercer la acción de reparación directa desde el 1 de julio de 2003, fecha en la que se determinó la pérdida de capacidad laboral del menor y no desde el año 2000, cuando se tuvo conocimiento de que éste sufría de hemartrosis en la rodilla derecha. || De acuerdo con los antecedentes narrados previamente, corresponde a la Sala establecer si: ¿el Tribunal Administrativo accionado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al incurrir en un defecto sustantivo y fáctico al decretar la caducidad de la acción de reparación directa iniciada por los aquí accionantes contra el ISS, por contabilizarla tomando como fundamento el momento en el cual se diagnosticó la hemartrosis y no el tiempo en el cual se determinó la pérdida de capacidad laboral del 72.5% al menor Luis Alberto Ramírez?] - [Palabras claves: acción, caducidad, directa, reparación, judicial, término, daño, hecho, proceso, tutela, administrativo, sentencia, consejo]

¿Un fallo judicial de un Tribunal Administrativo, en el sentido de declarar probada la excepción de caducidad, presenta un defecto fáctico y sustantivo o vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la primacía de los derechos del niño, a la vida digna y a la igualdad del hijo de la actora, por desconocer el cambio de jurisdicción que para la época de los hechos beneficiaba el término de caducidad de las demandas que eran interpuestas en contra del ISS? ¿La decisión del Consejo de Estado, en el sentido de inadmitir el recurso de apelación, presenta un defecto sustantivo y fáctico o vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la primacía de los derechos del niño, a la vida digna y a la igualdad del hijo de la actora, por tasar de forma inadecuada los perjuicios, y por tanto, concluir que el proceso no tenía vocación de segunda instancia? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. Requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra sentencia. Agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. - [Resumen automatizado: La señora Hilda Contreras Rodríguez en representación de su hijo Roberto Luis Castro Contreras, a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar que se vulneraron los derechos al “debido proceso, libre acceso a la administración de justicia, la primacía de los derechos fundamentales del niño, derecho a tener una vida digna, el derecho a la igualdad ante la ley procesal y el derecho a las dos instancias”, con la actuación de las autoridades judiciales demandadas. || 2. De acuerdo con el representante de la accionante, en marzo de 1995 los padres del menor presentaron una acción de reparación directa contra el ISS ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual fue devuelta por el Dr. Aramís García Zúñiga, funcionario del Tribunal, quien le manifestó al abogado de entonces que conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado la jurisdicción competente para tramitar procesos contra el ISS era la justicia ordinaria pues la naturaleza jurídica de ese instituto había cambiado a empresa industrial y comercial del Estado, a partir del Decreto 2148 de 1992.] - [Palabras claves: acción, consejo, derechos, tutela, tribunal, administrativo, proceso, sentencia, juez, reparación, directa, corte, fundamentales]