La parte demandante tiene la carga de probar el mejor derecho, esto es, que la entidad demandada vinculó a la nueva planta de personal a personas que carecían de las calidades suyas o que no cumplían los requisitos exigidos para el nuevo cargo. No basta con la afirmación genérica de que el empleado estaba inscrito en carrera administrativa o que la entidad demandada vulneró sus derechos incorporando personas con un derecho más precario al suyo, si no se demuestra por los medios idóneos que tales empleados gozaban de inferior derecho al del reclamante.