¿El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, salud, mínimo vital y seguridad social en conexidad con el derecho a la vida del actor, en tanto dispuso reconocer el derecho a la pensión vitalicia de jubilación, desconociendo el régimen especial de pensiones aplicable a los congresistas y apoyándose en disposiciones que se encontraban suspendidas provisionalmente por el Consejo de Estado? Improcedente. Requisito de subsidiariedad. No agotamiento de vía gubernativa. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo y eficaz. Inexistencia de perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: El 11 de mayo de 2009, el señor Luis Eduardo Vargas Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, salud, mínimo vital y seguridad social en conexidad con el derecho a la vida, supuestamente vulnerados con el acto administrativo que dispuso reconocer el derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en tanto se desconoció el régimen especial de pensiones aplicable a los congresistas y se apoyó en disposiciones que se encontraban suspendidas provisionalmente por el Consejo de Estado. || Le corresponde a la Sala de Revisión establecer en esta ocasión, si la acción de tutela presentada por el señor Luis Eduardo Vargas Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, es procedente para ordenar el restablecimiento de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados con la Resolución N° 113 del dieciséis (16) de febrero de dos mil nueve (2009), que dispuso reconocer bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988 la pensión vitalicia de jubilación por aportes, en tanto desconoció el régimen especial de los congresistas previsto en el Decreto 1359 de 1993 y de transición del Decreto 1293 de 1994, así como también por apoyarse en el artículo 17 del Decreto 816 de 2002 modificado por el artículo 1° del Decreto 1622 de 2002, que para ese momento se encontraba suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.[13]] - [Palabras claves: tutela, mil, constitucional, acción, derechos, decreto, dos, fundamentales, judicial]

¿Las Corporaciones demandadas vulneraron el derecho al debido proceso de la entidad accionante, al incurrir en una vía de hecho en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la misma? Negada. Defecto procedimental. Defecto sustancial o material. Excepción de inconstitucionalidad. No existe incompatibilidad entre la excepción de inconstitucionalidad y la competencia de la Corte Constitucional para determinar de manera definitiva, acerca de la inexequibilidad de una norma. Pero cuando ya se ha dictado una sentencia con alcance erga omnes, es esta decisión la que debe prevalecer. Impuesto de alumbrado público. Los concejos municipales están autorizados legalmente para la creación y regulación del impuesto de Alumbrado Público. Resulta inviable entrar a analizar la legalidad de un Acuerdo Municipal por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho - [Resumen automatizado: 1.1.4 Frente a la anterior decisión, la empresa SURTIGAS interpuso el recurso de apelación, y alegó la excepción de inconstitucionalidad al solicitarle al Tribunal Administrativo de Córdoba inaplicar el Acuerdo 017 del 4 de junio de 2004, en tanto esta norma no solo excede las facultades constitucionales que le corresponde a los concejos municipales, sino porque al servir de sustento para la expedición de los actos administrativos acusados, el IAP que se pretende imponer carece de base constitucional y legal para subsistir de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se señala que no le es dable a los concejos municipales determinar todos los elementos constitutivos de un impuesto (hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos activo y pasivo), en tanto el principio de predeterminación tributaria señala que es en la Ley en donde deben estar delineados cuando menos los rudimentos del impuesto, razón por la cual no es aceptable una simple autorización como la que plantean las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.] - [Palabras claves: acción, tutela, corte, sentencia, proceso, hecho, constitucional, consejo, decisión, judiciales, judicial, administrativo, empresa, ley, derecho, constitución, excepción]

¿La decisión de un tribunal de reducir la pensión de jubilación en acatamiento de una medida de suspensión, consistente en la exclusión de los montos correspondientes a viáticos y tiquetes aéreos como parte de los componentes a tener en cuenta en la liquidación pensional, que supuestamente no se encontraba en firme por no haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto, vulnera el debido proceso? No se percibe el daño irreparable a un derecho fundamental. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es mecanismo idóneo. Negada - [Resumen automatizado: Por último, basada en jurisprudencia de la sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la parte accionada concluye afirmando que “ no existe violación al debido proceso, por cuanto en desarrollo de éste puede el peticionario demostrar si el acto administrativo, cuya nulidad parcial se ha invocado, es o no ilegal, situación que no puede esperar la entidad demandante habida cuenta del perjuicio irremediable que ha advertido al incoar la respectiva demanda, además porque el artículo 158 del C.C.A., inciso segundo faculta para cumplir con la determinación adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo, a través del auto admisorio de la demanda que ordena la suspensión provisional de la Resolución 1106 de 1995”. || 2- De conformidad con los antecedentes expuestos, será menester para la Corte en esta oportunidad dar solución al siguiente problema jurídico: ¿Es procedente la acción de tutela por violación al debido proceso de un pensionado del Congreso, cuando una entidad del Estado ejecuta por medio de un acto, una decisión judicial que decreta la suspensión provisional parcial de la resolución que reconoció la pensión, suspendiendo el pago relativo a viáticos y pasajes, si se sabe que aquella decisión judicial, en el momento en que se empezó a ejecutar, aún no había sido notificada, ni estaba ejecutoriada?] - [Palabras claves: tutela, acción, provisional, suspensión, derecho, judicial, si, acto, proceso, decisión, parte, derechos, mediante, tribunal]

Confianza legítima ¿Desconoció el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC - los derechos fundamentales del actor, al trasladarlo de establecimiento y de ciudad, a pesar de ya haber iniciado el estudio de una carrera universitaria a distancia, contando con la previa autorización de las mismas directivas? Traslado de reclusos. La administración penitenciaria le modificó al actor las condiciones que le había ofrecido para desarrollar sus estudios y nunca lo previno sobre la posibilidad de un traslado que le impidiera continuarlos. Concedida - [Resumen automatizado: Argumenta también que: (i) el traslado se autorizó con base en las facultades que la ley le otorga al Director del INPEC, por razones de orden interno y de seguridad; (ii) el hecho de que el interno estuviera matriculado en la Universidad no lo revestía de inmunidad para impedir su traslado a otro centro penitenciario; (iii) la autorización para adelantar los estudios universitarios proferida por la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza de La Picota solamente tiene funcionalidad y competencia dentro de ese establecimiento carcelario; y (iv) para efectos de redención de la pena, la educación superior no es la única forma de ocuparse productiva e intelectualmente dentro del penal[7]. || 2. Corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente interrogante: ¿desconoció el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - los derechos fundamentales del actor, al disponer su traslado al establecimiento carcelario de Cómbita, a pesar de que ya había iniciado el estudio de una carrera universitaria a distancia en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, de Bogotá, contando con la autorización de las Directivas del mismo?] - [Palabras claves: inpec, derechos, actor, sentencia, educación, principio, si, derecho, estudios, traslado, interno, fundamentales, carcelario, corte, penitenciario]

¿Incurre en vía de hecho la decisión judicial que decreta la existencia de un error aritmético en la sentencia que revisa y en consecuencia ordena, de un lado, la imposibilidad de descontar las sumas que el tutelante hubiese devengado en otro empleo durante el término de duración del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, y de otro, la actualización de la condena, conforme al régimen de lo contencioso administrativo? Preclusión procesal, la imposición de la obligación de realizar los actos procesales en un momento determinado. Las formas propias de cada juicio y la consolidación de una situación, derecho u obligación. Se incurre en vía de hecho por defectos orgánico y procedimental cuando se utiliza erróneamente la institución procesal de la corrección de errores aritméticos, de omisión o de alteración o cambio de palabras, con el propósito de complementar, reformar o revocar las sentencias que se encuentran plenamente ejecutoriadas. Concedida - [Resumen automatizado: 3. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Sala de Revisión debe determinar si la Subsección “B”, de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, vulneró el derecho fundamental al debido proceso en la providencia proferida el 2 de diciembre de 1999, al decretar la existencia de un error aritmético en la sentencia de noviembre 5 de 1998 dictada por la misma autoridad judicial, y por ende ordenar, de un lado, la imposibilidad de descontar las sumas que el señor Reina Caro hubiese devengado en otro empleo durante el término de duración del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, y de otro, la actualización de la condena, conforme a la indexación prevista en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.] - [Palabras claves: sentencia, proceso, parte, derecho, consejo, estado, administrativo, sala, corrección, hecho, debido, decisión, pues]

Vía de hecho ¿Procede vía tutela solicitar la interrupción del proceso acción de nulidad y restablecimiento del derecho dada la enfermedad grave del apoderado de una de las partes? El principio de la buena fe y la certificación de un médico. El secreto profesional - [Resumen automatizado: La sociedad Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A., María Carrizosa de López, Alfonso López Michelsen, y Juan Manuel López Caballero por intermedio de apoderado, reclaman la protección del Juez constitucional dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida por los mismos contra La Nación Superintendencia Bancaria y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la providencia de la Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la interrupción del proceso, la restitución del término procesal para impugnar la sentencia de primera instancia y la nulidad de lo actuado, quebrantando sus garantías constitucionales al debido proceso, a la non reformatio in peius y al acceso a la administración de justicia. || En armonía con lo expuesto, el apoderado de los demandantes solicita que el juez constitucional revoque el auto del 27 de mayo de 2004, proferido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y que, en su lugar, se disponga que la accionada i) decrete la interrupción de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A. y otros contra La Nación Superintendencia Bancaria, a partir del 3 de marzo de 2003 y hasta el siguiente día 6, ii) declare la nulidad de lo actuado durante este lapso; y iii) restablezca el último día de fijación del edicto que notificó la sentencia proferida el 20 de febrero de 2003 y el término de tres días de ejecutoria de la misma decisión.] - [Palabras claves: apoderado, proceso, sala, interrupción, enfermedad, marzo, nulidad, administrativo, consejo, constitucional, dentro, derecho, actores]

¿La desvinculación de una persona que se encontraba cobijada por el denominado Retén Social por ser madre cabeza de familia, vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la protección constitucional que se debe a los menores de edad? ¿Una persona pierde el derecho al pago de una indemnización cuando en razón a una reestructuración administrativa se suprime un cargo de carrera que se ejercía en provisionalidad? Las madres cabeza de familia gozan de una protección constitucional reforzada, lo cual tiene como objetivo proteger a su núcleo familiar. Para aplicar el beneficio de la retención social se deben observar, entre otras cosas, la condición de madre cabeza de hogar y la falta de alternativa económica distinta a la representada en la entidad con la que labora. El límite fijado para la desvinculación de las personas que se encontraban cubiertas por los beneficios del Retén Social fue declarado inexequible. Concedida - [Resumen automatizado: Sentadas las anteriores premisas, ha de señalarse en primer lugar que el problema jurídico que presenta la tutela ha sido abordado por la Corte en fallos pasados, que resolvieron garantizar de manera efectiva los derechos de las personas que fueron retiradas de sus cargos, porque TELECOM, empresa demandada en varias ocasiones y quien igualmente estaba cobijada por los preceptos de la Ley 790 de 2002, tal como sucede ahora con el SENA, aplicó, no obstante sus circunstancias - madres cabeza de familia, y personas discapacitadas - los artículos 14 y 16 del Decreto 190 de 2003 que fijaron un límite en el tiempo a la protección de su empleo establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002. || En desarrollo de este objetivo, el capitulo II de esta ley establece una protección especial con el fin de que no puedan ser retirados del servicio en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.] - [Palabras claves: familia, cabeza, especial, protección, cargo, derechos, decreto, ley, corte, tutela, personas, derecho, carrera, administrativa, constitución, social, indemnización]

(ANULADA mediante Auto 135 de 2005, reemplazada por la Sentencia T-1097-95) Proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho. Resolución que aceptaba renuncia de cargo. ¿Procede la acción de tutela contra fallo judicial al considerar que el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho en recurso de apelación en que se solicitaba la revisión de calculo aritmético y en su lugar modificó y adicionó el fallo, al decidir la imposibilidad de descontar lo devengado en cualquier otro empleo durante el trámite del proceso ordinario de nulidad y la actualización o indexación de las sumas debidas? ¿Qué sucede cuando el ad quem modifica la orden proferida por el a quo, vulnerando el principio de la no reformatio in pejus en contra del apelante único? ¿Qué medio de defensa judicial reconoce el Código Contencioso Administrativo, para defender los derechos del impugnante, ante la existencia de una posible nulidad procesal en el contenido de una sentencia proferida por una Subsección del Consejo de Estado? Negada: Caducidad del recurso extraordinario de revisión. Falta de inmediatez de la acción - [Resumen automatizado: 3. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Sala de Revisión debe determinar si la Subsección "B", de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, incurrió en una vía de hecho en la providencia proferida el 2 de diciembre de 1999, al decretar la existencia de un error aritmético en la sentencia de noviembre 5 de 1998 dictada por la misma autoridad judicial, y por ende ordenar, de un lado, la imposibilidad de descontar las sumas que el señor Reina Caro hubiese devengado en otro empleo durante el término de duración el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, y de otro, la actualización de la condena, conforme a la indexación prevista en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.] - [Palabras claves: sentencia, consejo, nulidad, sala, administrativo, parte, estado, tutela, recurso, proceso, derecho, acción]

¿Incurrió tribunal en vía de hecho al negar demanda de nulidad interpuesta por sociedad así como el recurso de reposición, al considerar dicho ente que lo que debió interponerse fue una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la simple acción de nulidad, y que el término para esta ya había caducado? Mediante la demanda de nulidad, la Sociedad persigue dejar sin efecto dos resoluciones que establecen el requerimiento de las obras reclamadas en la licencia y el plan de manejo ambiental. Procedimiento sancionatorio iniciado por la Corporación Autónoma Regional, contra la sociedad Surabastos por contaminación del recurso hídrico al no tratar sus aguas residuales. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia proferida el 11 de noviembre de 2003, rechazó la demanda de nulidad presentada por la Sociedad Central de Abastos del Sur - Surabastos, a través de su representante, contra las dos resoluciones arriba mencionadas. || Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia proferida por la sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, de fecha veintidós (22) de abril de dos mil cuatro 2004, que denegó la acción de tutela presentada por el representante legal de la Sociedad Central de Abastos del Sur. || Confírmase por las razones expuestas en esta sentencia, el fallo de fecha veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004), proferido por la sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, que denegó la acción de tutela interpuesta el representante legal de la Sociedad Central de Abastos del Sur contra el Tribunal Administrativo del Huila.] - [Palabras claves: acción, nulidad, tribunal, administrativo, tutela, sociedad, recurso, demanda, dos, derecho, restablecimiento, reposición]

¿Incurrió el Consejo de Estado en vía de hecho al considerar que no era posible darle trámite a la demanda porque la pretensión del demandante correspondía a la propia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que para la fecha había caducado, y no en la acción de simple nulidad? Concedida: Decisión contraría el contenido de la parte resolutiva de la Sentencia C-426 de 2002 de la Corte Constitucional, pues al tenor de lo dispuesto en ésta, la acción de simple nulidad puede ser interpuesta contra actos administrativos de contenido particular cuando la pretensión de la misma sea la simple nulidad del acto. El demandante estructuró su demanda según los cánones de la acción de simple nulidad, dado que sus pretensiones iban dirigidas exclusivamente a obtener la anulación de los actos administrativos emitidos por la autoridad distrital - [Resumen automatizado: En consecuencia, la Sala procederá a revocar la decisión del Consejo de Estado revisada en esta providencia y decretará la nulidad del proceso en cuestión a partir del Auto del 2 de septiembre de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por el cual se rechazó la demanda presentada por la persona jurídica extranjera Pro Niños Pobres, como consecuencia de la vía de hecho en que se incurrió al desconocer el contenido de la Sentencia C-426 de 2002 de la Corte Constitucional, para que en su lugar se tramite según las previsiones de la misma.] - [Palabras claves: nulidad, acción, derecho, sentencia, corte, acto, consejo, pues, particular, restablecimiento, actos, jurídica, puede, contenido, simple]

Tutela como mecanismo transitorio. ¿Viola el debido proceso administrativo, municipio a empresa de servicios públicos que presentó demanda de nulidad y reestablecimiento del derecho ante lo contencioso administrativo contra resoluciones de aforo y el municipio no procede al levantamiento de las medidas cautelares ordenadas contra la mencionada empresa? En municipio basa su decisión en que ninguna de las resoluciones objeto de demanda de nulidad era contentiva del mandamiento de pago. Concedida: Distinción entre proceso administrativo de cobro coactivo y proceso contencioso administrativo del contribuyente contra actos que prestan merito ejecutivo. Liquidaciones oficiales no ejecutoriadas - Títulos que no presten mérito ejecutivo. Título VIII del Estatuto Tributario - [Resumen automatizado: “Las resoluciones administrativas 017 de julio de 2003 y 20 de septiembre 11 de 2003, como bien las enuncia EPSA S.A. E.P.S., fueron el objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento ante la jurisdicción contencioso administrativo, pero observando las mismas, ninguna de ellas es contentiva del mandamiento de pago, porque la Tesorería encuentra que la excepción otorgada por el artículo 831 numeral 5, no fue actuada por parte de la empresa EPSA S.A. E.S.P. y que su actuar procesal es inconducente para ser invocada como tal en este evento procesal y para el caso sub judice, pues la misma es improcedente, al no constituir las resoluciones la esencia frente a la cual es permisible la excepción propuesta, por lo que lo actuado igualmente conduce a sustracción de materia, al referirse aquellas a las Resoluciones de Aforo y la Resolución que desató el Recurso de Reconsideración”. || Para el ad quem está demostrado que la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones oficiales de aforo, la misma fue admitida y de este hecho se dio aviso oportuno al municipio de Dagua, entidad que debió proceder a declarar como probada la excepción contemplada en el artículo 837 del Estatuto Tributario, que en el parágrafo establece:] - [Palabras claves: administrativo, proceso, derecho, pago, cobro, municipio, debido, demanda, tutela, medidas, acción, resoluciones, ejecutivo, estatuto]

Conjunto residencial - Derrumbe de muros y cerramientos - Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Procedencia contra actos administrativos que ordenan derrumbe de muros y cerramientos - [Resumen automatizado: La acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante estas circunstancias específicas si es idónea para proteger sus derechos alegados como conculcados, pues el juez de la legalidad examina el acto administrativo en su forma y contenido, verificando si la autoridad lo expidió respetando la legalidad o por el contrario si infringe normas en que debería fundarse, si ha sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, en forma irregular, desconociendo el derecho de audiencias y defensa, falsamente motivados o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. || La Sala Quinta de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Rodrigo Escobar Gil, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales || Con base en la anterior certificación, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de la ciudad, inicio un proceso administrativo de restitución del espacio público y para ello realizó una inspección judicial con peritos para determinar las zonas invadidas por la Urbanización Entre Ríos. || Posteriormente, los demandantes en julio de 2000 recibieron una comunicación por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, manifestándoles que derribarían el cerramiento de las respectivas unidades para dar cumplimiento a la Resolución No. 270 del 29 de septiembre de 1999, que ordena la restitución del espacio público.] - [Palabras claves: tutela, público, perjuicio, derecho, acción, derechos, urbanización, fundamentales, si, espacio, mediante, demandantes]