Derecho de acceso a la administración de justicia de persona en situación de discapacidad-Caso en que Tribunal niega transcripción de sentencia y en su lugar hace entrega de un CD con la audiencia celebrada, cuyo conocimiento por el actor no ha sido posible por tener discapacidad auditiva. A pesar de que la decisión adoptada por el Tribunal no fue arbitraria, ni subjetiva, ni contraria a la ley, considera la Corte que la autoridad demandada debió recurrir a un juicio de proporcionalidad, en tanto los jueces en un Estado Social del Derecho no se limitan tan solo a aplicar la ley, porque están autorizados para controlar su constitucionalidad con el deber de inaplicar aquellos textos que conduzcan a que su rigor normativo se oponga a la obligación de protección que subyace en el Texto Superior respecto de los derechos fundamentales de las personas. Se concede el amparo invocado, se dispone para el caso concreto la inaplicación del inciso 5º del artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, se ordena la entrega de la copia escrita de la sentencia que resolvió la apelación del proceso ordinario referido - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente: || A partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las pruebas recaudadas y de la decisión adoptada por el juez de instancia, este Tribunal debe determinar si se configura una vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia e igualdad del señor Alirio Salamanca Castillo, como consecuencia de la postura asumida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, consistente en negar la transcripción de la sentencia proferida, en segunda instancia, el 23 de enero de 2017.] - [Palabras claves: personas, discapacidad, justicia, derechos, acceso, derecho, administración, medida, proceso, tribunal, corte, judicial, sala]

¿El Tribunal Administrativo vulneró los derechos al debido proceso y de defensa del actor, al anular los autos que anulaban todo lo realizado en el proceso que resolvió la acción de cumplimiento que se estaba llevando en su contra? Negada. Garantizar la efectividad de los fallos proferidos por las autoridades judiciales es una de las formas más importantes de concreción del derecho de acceso a la administración de justicia, que no tendría sentido en un Estado social si no asegurase la ejecución de las sentencias proferidas, superando el concepto meramente declarativo del proceso y llevando a la realidad fáctica los razonamientos y conclusiones judiciales. Una interpretación conforme al artículo 25 de la Constitución conduce a la conclusión que el juez, ante el incumplimiento de su fallo por parte del obligado puede implementar las medidas necesarias para lograr la eficacia de la parte resolutiva de su sentencia, siendo un asunto anexo -aunque diferente- la competencia y el procedimiento del incidente de desacato, así como las consecuencias disciplinarias que del mismo puedan derivarse para la autoridad incumplida - [Resumen automatizado: Garantizar la efectividad de los fallos proferidos por las autoridades judiciales es una de las formas más importantes de concreción del derecho de acceso a la administración de justicia, que no tendría sentido en un Estado social si no asegurase la ejecución de las sentencias proferidas, superando el concepto meramente declarativo del proceso y llevando a la realidad fáctica los razonamientos y conclusiones judiciales, como lo ha reconocido tanto la jurisprudencia constitucional, como la proferida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” || Por esta razón considera que “sólo por vía del incidente de desacato, y previo agotamiento de su trámite en los términos señalados en el artículo 29 de la ley 393 de 1997, el Tribunal Administrativo de Bolívar, como juez de segunda instancia (resolviendo el recurso de apelación o el grado jurisdiccional de consulta), adquiere la competencia para adoptar las medidas contra las autoridades ECOPETROL y el mismo juez de primera instancia- que han incumplido la orden por él emitida y reiterar las órdenes impartidas en la sentencia del 12 de marzo de 2007, incidente que debe ser impulsado por la Universidad de Cartagena y de [sic] la Junta Especial de la Estampilla 'Universidad de Cartagena Siempre a la altura de los tiempos'.] - [Palabras claves: cumplimiento, tutela, sentencia, derecho, tribunal, acción, proceso, corte, cartagena, fallo]