(i) La supresión o sustitución del deber de publicar en medios escritos y otros sistemas electrónicos, hace parte de la potestad extraordinaria, pues en aras de la eficacia, la economía y la celeridad, se puede ordenar la supresión del uso de medios escritos de publicidad, privilegiando el uso de medios electrónicos. (ii) Ordenar en materia tributaria, aduanera y cambiaria, la notificación en la página web de la DIAN, cuando se ha acudido a otros mecanismos de ubicación del interesado y han resultado éstos infructuosos, no constituye una violación al debido proceso y al derecho de defensa. (iii) Encuentra la Corte admisible que se surta la notificación en la web cuando la notificación por correo, resulte devuelta "por cualquier razón",siempre y cuando se entienda que ésta no releva a la Administración de las eventuales consecuencias que pudiesen generarse, cuando la devolución del correo, estriba en una causa imputable al órgano estata. (iv) No desconoce el principio de la publicidad de las actuaciones de la Administración y, el derecho a la información, ordenar la publicación en el SECOP de actos y sentencias ejecutoriadas en materia contractual, eliminando el mismo mandato en publicaciones escritas impresas u otros medios de publicidad. (v) En cuanto a la supresión de un mecanismo electrónico de publicidad de la actividad contractual, estima la Corte, que se trata de una modificación en el sistema de publicidad de los contratos; la publicidad se preserva. Decreto 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Arts. 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 : Exequibles. Inepta demanda y fallo inhibitorio sobre los mismos artículos por otros cargos - [Resumen automatizado: El demandante estima que las disposiciones objeto de censura constitucional, contenidas en el Decreto Ley 019 de 2012"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", contravienen lo dispuesto en los artículos 3, 13, 20, 29, 121, 150-10, 209 y 228 de la Constitución Política. || Sumado a lo anterior, agrega que esta disposición desconoce el artículo 209 de la Carta Política, el cual establece que la función administrativa se desarrolla respetando el principio de publicidad, por cuanto la información acerca de las decisiones tan solo llegan a quienes tienen acceso al Sistema Electrónico para la Contratación Pública y a los inscritos en alguna Cámara de Comercio del país. || En consecuencia, no observa la Corte razones que permitan prosperar el cargo elevado por el actor contra el artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.Entiende esta Corporación, que no desconoce el principio de la publicidad de las actuaciones de la Administración y, el derecho a la información, ordenar la publicación en el SECOP de actos y sentencias ejecutoriadas en materia contractual, eliminando el mismo mandato en publicaciones escritas impresas u otros medios de publicidad.] - [Palabras claves: corte, medios, publicidad, información, decreto, principio, administración, derecho, en, puede, artículos, publicación, dirección, actos]; Arts. 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 : Exequibles. Inepta demanda y fallo inhibitorio sobre los mismos artículos por otros cargos

Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación Estatal, SICE, el Catálogo Unico de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Unico de Precios de Referencia, RUPR. - Facultades del Contralor - Derecho económico a la libre competencia - Requisito adicional en la publicación de los contratos estatales - Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 598 de 2000 - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Luis Ricardo Gómez Pinto solicitó a la Corte declarar inexequible en su totalidad la Ley 598 de 2000 "por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones." || Al respecto, teniendo en cuenta el texto de la Ley 598 de 2000, entiende la Corte que el cargo de la demanda en este punto se dirige contra las expresiones mediante las cuales el legislador le asignó una competencia reglamentaria al Contralor referidas al Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública, RUPR, en los artículos 1º, 2º, 3º y 5o.] - [Palabras claves: ley, república, servicios, contralor, bienes, control, general, uso, fiscal, constitución, precios, potestad]

Vigencia de la ley 598 de 2000, "por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación Estatal, SICE, el Catálogo Unico de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Unico de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones" - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Diego Hernán Gamba Ladino, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40 numeral 6 y 95 numeral 7 de la Constitución Política, presentó ante la Corte Constitucional demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 598 de 2000 (con excepción de la expresión "transcurrido 90 días de la fecha establecida para los pagos", contenida en el parágrafo único del artículo 6° de la Ley 598 de 2000, que fue declarado inexequible mediante Sentencia C-892 de 2001), "Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones." || La demanda de esta referencia plantea un problema jurídico preciso: ¿puede la Contraloría General de la República, órgano encargado del control del ejercicio fiscal -cuya característica constitucional más relevante es la de ser control posterior y selectivo- administrar el Sistema de Información para la vigilancia y Contratación Estatal SICE-, el Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS- y el Registro Único de Precios de Referencia RUPR-, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública, tomando en consideración la función que dicho sistema cumple en el proceso de contratación de las entidades públicas?] - [Palabras claves: control, fiscal, general, contraloría, previo, ley, sistema, república, entidades, administración, funciones, públicos, bienes]

Reconocimiento de intereses de mora por parte de la entidad estatal - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del Artículo 6o. de la Ley 598 de 2000 - [Resumen automatizado: La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe interpretarse en concordancia con los artículos del mismo ordenamiento Superior que, por un lado, le imponen a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra y bienes y, por el otro, la obligación de promover la igualdad de los particulares ante las cargas públicas y de garantizar la confianza, la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. || Los principios de reciprocidad de prestaciones y de buena fe en materia contractual, constituyen claros criterios de imputación que persiguen hacer realidad los postulados constitucionales de la justicia conmutativa y de la confianza legítima, garantizando el derecho de los contratistas a ser indemnizados por los daños antijurídicos que sufran como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las entidades públicas; indemnización que, en todos los casos, comprende el pago de intereses de mora.] - [Palabras claves: administración, intereses, responsabilidad, principio, pago, estado, jurídico, obligaciones, corte, contrato, principios, contratación, derecho, contratos]